Monica Michelle Rodriguez Garcia

Expediente 412/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
412/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Monica Michelle Rodriguez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la determinación de trece de noviembre de dos mil veinte, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2, se declara que tal proveído ha causado firmeza legal para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución en comento resulta innecesario hacer el cómputo para el resto de las partes, toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento; por tanto, tal determinación no les causa perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, inciso a) y 18, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión relativo, de depuración, ambos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelar provisional y definitiva, en el entendido que se deberán conservar las determinaciones relativas a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, únicamente para que obre como legalmente corresponde, el oficio que firma la autoridad responsable juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad y su anexo, consistente en copia certificada del proveído de dieciocho de noviembre del año actual, emitido dentro del juicio oral ordinario número F2367/2017 de su estadística; lo anterior, en razón de que mediante proveído de trece de noviembre del año actual, se sobreseyó, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    A sus autos el oficio suscrito por el juez responsable, por el que remite la información y documental requerida en auto de once de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza la prueba documental exhibida. Ahora bien, del análisis de las constancias procesales del sumario, se advierte que se actualiza la causa prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". El texto del precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Esta fracción contempla el supuesto de irreparabilidad jurídica del acto reclamado, no la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquel se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte de la litis constitucional no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio de derechos fundamentales resulte improcedente. Las anteriores consideraciones se contienen en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpretó la fracción X, del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, cuyo precepto legal es, en esencia, de idéntico contenido al de la fracción XVII del artículo 61 de la vigente Ley reglamentaria en comento; tesis publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, del análisis a la demanda y constancias procesales del asunto presente se obtiene que la quejosa Mónica Michelle Rodríguez García acude a esta instancia constitucional en reclamo de la interlocutoria emitida el trece de agosto de dos mil veinte, en el juicio familiar F2368/2017, por la que se dirimió el recurso de revocación que dicha parte interpuso en contra de los acuerdos de nueve, veinticuatro y veintiocho de julio de dos mil veinte. En la decisión cuestionada se confirmó el auto de nueve de julio; modificó el de veinticuatro de julio, asimismo dejó sin materia el de veintiocho de julio, todos de dos mil veinte. Debe precisarse que en el auto de nueve de julio del año en curso, el juez responsable ordenó a la aquí quejosa, exhibir prueba documental relativa al certificado médico de la prueba COVID-19, a practicarse en "C.A.I.S.E.S. General Mariano Jiménez", en esta localidad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, no se proveerá sobre las convivencias que solicitó. Por su parte, en el acuerdo de veinticuatro de julio de esta anualidad -que fue modificado en la resolución que resolvió el recurso de revocación en comento-, se señaló como especialista en materia de psicología a la profesionista Morelia Ivette Piñón Hernández, para practicar el proceso terapéutico ordenado a las partes en el procedimiento de origen con sus menores hijos de nombres con iniciales S.Z.R. y M.Z.R., a efecto de trabajar sobre las cuestiones relacionadas con el restablecimiento de la confianza y el vínculo paterno filial, respeto, esclarecimiento de dudas y manejo de técnicas de comunicación entre los miembros de la familia; además, se estableció que el monto de los honorarios de la profesionista deberá ser cubierto por ambas partes -la quejosa y el tercero interesado-, en igualdad de circunstancias por cuanto ve a sus menores hijos, y por lo que hace al costo derivado del proceso terapéutico a los progenitores, correrá a cuenta de cada una de estos. Mientras que en el proveído de veintiocho de julio del actual año, se determinó, a petición del tercero interesado, dejar contraseña respectiva a disposición de este a fin de que el actuario fedate sobre la entrega-recepción del inmueble, llaves y control remoto -antes habitado por los menores y la quejosa-, que esta última entregó a favor del tercero interesado Mauricio Zavala Díaz, a través del juzgado de origen. Ahora, respecto de las porciones de la resolución en que confirmó el auto de nueve de julio y modificó el proveído de veinticuatro de julio, ambos de dos mil veinte, se considera que ha operado un cambio de situación jurídica, con lo cual se concretiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de le Ley de Amparo. Ciertamente, en relación con el acto reclamado, el juez Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto cuestionado; pues así lo expresó en su informe de ley. Posteriormente, el juez responsable informó, mediante oficio JOFAC/5818 de cinco de noviembre de dos mil veinte, que la quejosa Mónica Michelle Rodríguez García y el tercero interesado Mauricio Zavala Díaz, llegaron a un convenio respecto de la guarda, custodia y convivencias de sus hijos menores de edad, por el tiempo en que dichos menores se encuentren en clases virtuales mediante videoconferencias y hasta que se reanuden las clases presenciales. Al mencionado oficio se anexó copia certificada del convenio suscrito y ratificado -ante presencia judicial-por los contendientes en el juicio natural ahora quejosa y tercero interesado, respectivamente; así como copia certificada del proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, a través del cual el juez civil responsable aprobó dicho convenio provisional. En ese proveído se estableció, en lo que ahora interesa: "(.) Se aprueba el convenio provisional celebrado por las partes del presente juicio sobre la guarda, custodia y convivencias de sus menores hijos de edad, por el tiempo en que dichos menores se encuentren en clases a través de videoconferencias y hasta que se reanuden las clases presenciales, al no contener clausula contraria a derecho y al privilegiar en todo momento el interés superior de sus hijos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 390-A del Código de Procedimientos Civiles para el Estado (.)." De igual forma, al comunicado de cuenta, el juez responsable allegó copia certificada del proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, en donde aclara que el convenio en comento giró en torno a la guarda, custodia y convivencia solo de uno de los dos menores involucrados en la contienda de origen; además, agregó: "(.) En tal sentido, atendiendo al convenio parcial presentado por las partes y aprobado por auto de cinco de noviembre del presente año, en conclusión, quedó implícitamente insubsistente la medida respecto de la prueba de COVID-19 de MÓNICA MICHELLE RODRÍGUEZ GARCÍA, debido a que ya están estableciendo de manera voluntaria y de común acuerdo un régimen de convivencias respecto al hijo menor de edad M.Z.R. con su padre. De suerte que entonces, también de manera tácita corre la misma suerte el desahogo de un proceso de terapia familiar para efecto de que tuvieran verificativo las convivencias entre JOSÉ MAURICIO ZAVALA DÍAZ y sus hijos en un ambiente armonioso; pues implícitamente se entiende que al establecer un régimen de convivencias y al cambiar la guarda y custodia de manera provisional de su hijo menor de edad M.Z.R. a cargo de su padre, y que las convivencias del hijo mayor con su progenitor respecto a días especiales se atenderán conforme a la sentencia; por lo cual, dichas medidas prácticamente quedarían insubsistentes al carecer de materia. (.)". Las relacionadas documentales públicas allegadas al sumario por el juez responsable, cuentan con plena eficacia probatoria acorde a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Lo expuesto conduce a estimar que conforme a lo establecido en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la resolución reclamada, específicamente, en las porciones que confirmó y modificó respectivamente los proveídos nueve y veinticuatro de julio de dos mil veinte, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio constitucional. Es así, habida cuenta que en el subyacente procedimiento civil se aprobó judicialmente un convenio provisional celebrado entre la hoy quejosa y el tercero interesado sobre la guarda, custodia y convivencias respecto de un de los dos hijos menores de edad; empero ello, acarreó implícitamente la insubsistencia de las medidas cuestionadas por la parte agraviada, consistentes en el mandato judicial sobre la práctica la prueba de detección de COVID-19, a cargo de la quejosa Mónica Michelle Rodríguez García, como requisito previo a proveer sobre las convivencias en la forma en que lo solicitó; así como la insubsistencia de la medida relacionada con el desahogo de un proceso de terapia familiar, a fin de que tuvieran verificativo las convivencias entre el tercero interesado José Mauricio Zavala Díaz y sus hijos en un ambiente armonioso. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que, a la postre, conduce a sobreseer en el juicio, lo que imposibilita el examen constitucional de la resolución tildada de inconstitucional, a virtud de que la autoridad responsable, juez natural, aprobó un convenio provisional sobre guarda, custodia y convivencias que modifica el entorno jurídico del acto reclamado, lo que implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones cometidas y reclamadas en el presente juicio de derechos humanos, se consideran irreparablemente consumadas, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a este juzgador entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica de la parte agraviada; en las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. Por otra parte, con relación al acto reclamado, específicamente, en la porción que declaró sin materia el recurso de revocación interpuesto por la agraviada en contra del auto de veintiocho de julio de dos mil veinte -auto en donde se determinó, a petición del tercero interesado, dejar contraseña respectiva a disposición de este a fin de que el actuario fedate sobre la entrega-recepción del inmueble, llaves y control remoto (antes habitado por los menores y la quejosa), que esta última entregó a favor del tercero interesado Mauricio Zavala Díaz, a través del juzgado de origen-, y se dé fe de las condiciones en que se encuentre tal inmueble; actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. La fracción XVI del referido dispositivo 61 de la Ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)". El acto consumado es aquel que ha realizado en forma total sus efectos, entre los cuales se encuentran los reparables e irreparables. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser "reparados" por medio del juicio constitucional, esto es, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida al obtenerse una sentencia de amparo favorable en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; mientras que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos sus efectos, consecuencias y materiales ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, en cuyo caso, cuando se está en presencia de estos, se actualiza la improcedencia en estudio en este apartado; por tanto, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. De las constancias que remitió la responsable para sostener la constitucionalidad de su actuación, se desprende que la parte quejosa se inconformó en contra del auto de veintiocho de julio de dos mil veinte, mediante el recurso de revocación, donde expresó como agravio toral que le paraba perjuicio el que se dejara a disposición del tercero interesado Mauricio Zavala Díaz, contraseña respectiva a fin de que el actuario fedate sobre la entrega-recepción del inmueble, llaves y control remoto (antes habitado por los menores y la quejosa), que esta última entregó a favor del tercero interesado Mauricio Zavala Díaz, mediante el juzgado de origen-, así como las condiciones en que se encuentra dicho bien raíz. Lo anterior, porque indicó la agraviada, se hará constar las condiciones físicas del inmueble al momento de su recepción; sin embargo, acotó la recurrente hoy quejosa, esas condiciones probablemente serán distintas a las que regían al tiempo en que se dejó a disposición del tercero interesado, a través del juzgado de natural; máxime que han transcurrido casi once meses desde que el tercero interesado conoció que se consignó ante el juzgado la posesión del inmueble, a la fecha en que el mencionado tercero lo recibirá con intervención de actuario judicial para que certifique y haga constar cómo se encuentra y recibe la mencionada casa habitación. Además, acotó la recurrente hoy quejosa, existen indicios procesales de los que se infiere que Mauricio Zavala Díaz, posterior a la consignación judicial de la posesión del bien raíz, ha realizado actos de posesión sobre dicho inmueble, sin que de forma previa la haya recibido formalmente por parte de juzgado natural. En este sentido, expresó la recurrente hoy quejosa, es evidente que las condiciones en que entregó el inmueble, no serán las mismas después de once meses en los que Mauricio Zavala Díaz, haya tenido posesión de tal bien raíz. Así, concluyó la recurrente, que el acto impugnado mediante recurso de revocación le afecta por no haberle dado garantía de audiencia y permitirle a la recurrente su asistencia a la entrega-recepción de la referida casa habitación. De lo que antecede, se desprende que la causa de pedir estriba, en esencia, en que la contraparte de la hoy quejosa en el procedimiento de origen ejerció el derecho de posesión sobre el inmueble desde antes en que solicitara su recepción formal al juzgado; que ello evidencia que las condiciones físicas al momento de la recepción formal serán diferentes a las existentes cuando la agraviada consignó el inmueble ante el juzgado del conocimiento primario. Además, que transcurrió un lapso de más de once meses desde que lo consignó ante el juzgado, y la fecha que formalmente se entregará a su contraria; y que no le dieron participación en la providencia que ordenó dejar a disposición la ficha para la dicha entrega-recepción. Por otra parte, del sumario emerge que mediante diligencia de treinta y uno de julio de dos mil veinte, tuvo verificativo el desahogo de la diligencia de entrega posesión del multicitado inmueble en favor de Mauricio Zavala Díaz, derivada de la orden indicada el auto de veintiocho de julio de dos mi veinte. De igual forma, que por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se aprobó la diligencia de entrega de posesión en comento. De lo anterior se desprende, que el segmento de la resolución reclamada -en donde se dejó sin materia el recurso de revocación instado en contra del auto de veintiocho de julio de dos mil veinte, que ordenó dejar a disposición del tercero contraseña para que se fedatara por funcionario con fe pública la entrega-recepción del inmueble, llaves y control remoto, así como las condiciones en que se encuentre dicho bien raíz-, que reclama la solicitante de la tutela federal, por su propia naturaleza, es un acto consumado de modo irreparable materialmente; ya que el otorgamiento de la protección constitucional en contra de dicho acto, no puede lograr restituir a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado en términos del artículo 77 de la Ley de la materia, puesto que no sería factible conceder el amparo y retrotraer el tiempo para que no se realizara la entrega de la posesión del mencionado inmueble; máxime que como este ya le fue entregado al tercero interesado, ello trae como consecuencia actos de posesión sobre tal predio lo que indiscutiblemente lleva a la conclusión que las condiciones físicas del inmueble actuales muy probablemente son distintas las que imperaban al día en que las recibió; incluso a las que regían al tiempo en que la agraviada consignó la posesión ante el juzgado natural. En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditadas las causas de improcedencia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, es innecesario celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio programada para las trece horas con cincuenta minutos del diez de diciembre de dos mil veinte.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos el oficio que remite el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad, al que anexó el convenio ratificado ante su presencia, celebrado entre la quejosa xxxxxxxxxxx, a efecto de establecer régimen de guarda, custodia y convivencias de sus menores hijos de nombres con iniciales S.Z.R. y M.Z.R., ello dentro del subyacente juicio civil familiar F2368/2017. Ahora bien, del análisis a la demanda se obtiene que la quejosa acude a esta instancia constitucional en reclamo de la interlocutoria emitida el trece de agosto de dos mil veinte, en el mencionado juicio familiar F2368/2017, por la que se dirimió el recurso de revocación que dicha parte interpuso en contra de los acuerdos de nueve, veinticuatro y veintiocho de julio de dos mil veinte. En la decisión cuestionada se confirmó el auto de nueve de julio; modificó el de veinticuatro de julio, asimismo dejó sin materia el de veintiocho de julio, todos de dos mil veinte. Debe precisarse que, en lo que ahora interesa, en el auto de nueve de julio del año en curso, el juez responsable ordenó a la aquí quejosa, exhibir prueba documental relativa a certificado médico de la prueba COVID-19, a practicarse en "C.A.I.S.E.S. General Mariano Jiménez" en esta localidad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, no se proveerá sobre las convivencias que solicitó. Por su parte, en el acuerdo de veinticuatro de julio de esta anualidad -que fue modificado en la resolución que dirimió el recurso de revocación en comento-, se señaló como especialista en materia de psicología a la profesionista Morelia Ivette Piñón Hernández, para practicar el proceso terapéutico ordenado a las partes en el procedimiento de origen con sus menores hijos de nombres con iniciales S.Z.R. y M.Z.R., a efecto de trabajar sobre las cuestiones relacionadas con el restablecimiento de la confianza y el vínculo paterno filial, respeto, esclarecimiento de dudas y manejo de técnicas de comunicación entre los miembros de la familia; además, se estableció que el monto de los honorarios de la profesionista deberá ser cubierto por ambas partes -la quejosa y el tercero interesado-, en igualdad de circunstancias por cuanto ve a sus menores hijos, y por lo que hace al costo derivado del proceso terapéutico los progenitores, correrá a cuenta de cada una de estos. Ahora bien, del oficio y anexos que remitió la autoridad responsable no se desprende con claridad si con motivo del convenio judicial celebrado entre las partes en el procedimiento de origen sobre las convivencias con los menores de edad, el juez de la causa dejó insubsistente expresa o implícitamente la resolución reclamada, en específico, respecto de los puntos en que se obliga a la aquí quejosa a realizarse la prueba del Covid-19, así como lo relacionado al desahogo de un proceso de terapia familiar a efecto de que tuvieran verificativo las convivencias entre el progenitor y sus hijos. Por tanto, requiérase a la autoridad judicial en cita para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba notificación del presente proveído, precise si tales medidas quedaron insubsistentes expresa o implícitamente; información que resulta necesaria para la resolución de este asunto constitucional; incluso para constatar la eventual actualización de una causal de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia identificada como 1a./J. 163/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de enero de dos mil seis, página trescientos diecinueve, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Con apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para esta fecha se difiere, y en su lugar se señalan las trece horas con cincuenta minutos del diez de diciembre de dos mil veinte.

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