Mónica Martínez Pacheco

Expediente 1678/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1678/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2016

Partes del expediente

  • Mónica Martínez Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En otro aspecto, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, las constancias que allegó en apoyo a su informe justificado; previo glose que se haga de la carátula del cuaderno que se formó. Finalmente, se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el original de la demanda de amparo, promovida por ***, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil en Querétaro, y otra autoridad, así como los autos que integran el juicio sumario hipotecario 575/2012 (constante de un tomo), del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Acúsese recibo de estilo al Superior. Ahora bien, con las constancias que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe justificado, fórmese por separado el cuaderno de pruebas correspondiente, el cual para su mejor manejo, será identificado como tomo I. Por otra parte, de las constancias remitidas se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo en cuestión, estimando que se surtía la competencia de un juez de distrito, al reclamarse actos que no es una sentencia definitiva, ni una que ponga fin al proceso civil de origen. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República; 1o. fracción I, 37, 45, 107 y relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del juicio de amparo en cuestión, para los efectos ordenados en la ejecutoria que se menciona. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1678/2016; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado: Los proveídos de seis de noviembre del año dos mil trece, y veinticinco de agosto del año en curso, relativos a las fechas para la verificación de la orden de remate respecto del bien inmueble ubicado en la calle Salvador Moreno, número 329 Lote 11, Manzana XIII, Fraccionamiento Reforma, de esta ciudad, dictada dentro de los autos que integran el juicio sumario hipotecario 575/2012, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en su primera y segunda almoneda pública. Así como las consecuencias de los actos anteriormente señalados. Así, de la demanda de amparo, se desprende lo siguiente: HSBC México, Sociedad Anónima; Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, promovió juicio sumario hipotecario, en contra la aquí quejosa Mónica Martínez Pacheco. Del tal contradictorio conoció el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de este Distrito Judicial, quien le asignó el número de expediente 575/2012. Seguidas las etapas del juicio, se dictó sentencia el quince de abril de dos mil trece, contra la demandada. En la fase de ejecución de sentencia, se dictó el auto de seis de noviembre de dos mil trece, en el que se ordenó el remate del bien inmueble en litigio, en primera y pública almoneda. Asimismo, en diverso proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se ordenó el remate en segunda y pública almoneda del bien inmueble en cuestión. Siendo estas dos últimas determinaciones las que constituyen el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del juicio amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la referida ley, expresamente dispone que en tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo; y que tratándose de remates, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en la fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo -relativa a que en los procedimientos de remate solo procede el juicio de amparo contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio constitucional se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Sobre ese tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que basta que se emita una sola de ellas, es decir, ya sea la orden de escrituración o entrega del bien, para considerar actualizada la última resolución del remate. Ahora, los actos que se reclaman en la demanda de amparo, consistentes en los acuerdos de seis de noviembre de dos mil trece, y veinticinco de agosto del año en curso, en donde se ordena el remate del bien inmueble señalado anteriormente, en el juicio sumario hipotecario 575/2015 no son la última resolución a que se refiere el párrafo segundo, de la fracción IV, del al artículo 107, de la Ley de Amparo, dado que se trata de actos tendentes a fin de que tenga verificativo el remate en su primera y segunda y pública almoneda, mas no se trata de modo alguno de la orden de escrituración ni la entrega del bien; de ahí que dichas actuaciones no se ubiquen en el supuesto de procedencia del juicio de amparo a que se ha hecho alusión. Entonces, las determinaciones que destacaron como actos reclamados la quejosa en la demanda, son sólo una decisión en el procedimiento de remate, pero no se trata de aquellas que ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación en sentido contrario del supuesto de procedencia previsto en el segundo párrafo fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria en mención, con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. No es obstáculo que se aduzca el reclamo de diversos artículos del Código Civil del Estado tildándose de inconstitucionales, toda vez que ello no implica que se soslaye el estudio de las causales de improcedencia, pues no se advierte que con ello se violen directamente derechos sustantivos del quejoso. Lo anterior es así, toda vez que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del amparo, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. De ahí que si ya se analizó la improcedencia del juicio de amparo en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, las resoluciones de seis de noviembre de dos mil trece y veinticinco de agosto del año en curso, resulta innecesario que se realice un diverso análisis en cuanto a los preceptos que el quejoso tilda de inconstitucionales. Asimismo, la Jurisprudencia correspondiente a la Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, página: 210, de rubro y texto: USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los juzgados. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRUEBAS. Tomando en consideración que el presente asunto fue remitido por razón de incompetencia, se ordena formar por separado un tomo de pruebas el cual será identificado con el número I, con las constancias que la autoridad responsable anexó en apoyo a su informe de ley. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.

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