Monica Maria Miron Rodriguez
Expediente 1351/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Monica Maria Miron Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Mexicali, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada y, como lo solicita, se hace de su conocimiento que el tercero interesado José Kuri Gutiérrez López, fue emplazado en el domicilio ubicado en ********************, en ******************** Asimismo, se le hace saber que mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veintitrés, únicamente autorizó en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada ********************, proporcionando el número de teléfono ******************** y correo electrónico ********************, para contacto, pero no señaló domicilio procesal y el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Actuario de la adscripción hizo constar que, al comunicarse con ********************, le hizo saber que ya no representa al tercero interesado. En virtud de lo anterior, el cuatro de octubre de dos mil veintitrés se ordenó que las subsecuentes notificaciones se le efectuaran por medio de lista. A fin de que el órgano jurisdiccional oficiante esté en aptitud de consultar la totalidad de las constancias que integran este expediente, se instruye a la Oficial Judicial A de la adscripción que realice las gestiones necesarias para habilitar la vinculación del expediente electrónico. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el juicio en el que se actúa se encuentra debidamente integrado para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. En consecuencia, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, para que esté en aptitud de resolver lo que en derecho proceda, solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que habilite la vinculación del expediente electrónico, a fin de que el órgano colegiado esté en aptitud de visualizar las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
...En consecuencia, proceda la persona Actuaria de la adscripción a notificar a la parte tercero interesada en comento, la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo...Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Carlos Adrián Becerra Santamaría, asesor jurídico de los quejosos y, como lo solicita, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer en contra de la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, como lo dispone el artículo 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes el escrito de expresión de agravios y una vez que el presente expediente se encuentre integrado, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, el original y copia del escrito de agravios, así como el presente juicio, para la substanciación del recurso relativo. Fórmese el cuadernillo de antecedentes relativo con las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Carlos Adrián Becerra Santamaría, asesor jurídico de los quejosos y, como lo solicita, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer en contra de la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, como lo dispone el artículo 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes el escrito de expresión de agravios y una vez que el presente expediente se encuentre integrado, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, el original y copia del escrito de agravios, así como el presente juicio, para la substanciación del recurso relativo. Fórmese el cuadernillo de antecedentes relativo con las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 1351/2022-8, promovido por Juan José Mirón Rodríguez, Mónica María Mirón Rodríguez y Corporativo Rocas del Valle, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su asesor jurídico Carlos Adrián Becerra Santamaría, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado electrónicamente el treinta de agosto de dos mil veintidós, recibido el treinta y uno siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y, finalmente, receptado el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, Juan José Mirón Rodríguez, Mónica María Mirón Rodríguez y Corporativo Rocas del Valle, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su asesor jurídico Carlos Adrián Becerra Santamaría, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, Tercera Sala y Quinta Sala de dicho Tribunal, todos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados "(1) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con domicilio conocido en Mexicali, Baja California de conformidad con las últimas dos oraciones del artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de quien reclamo: a. El auto de radicación de fecha 09 de agosto de 2022 mediante la (sic) cual decide la incompetencia por declinatoria interpuesta en su contra; (2) Los Magistrados de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con domicilio conocido en Mexicali, Baja California, de conformidad con las últimas dos oraciones del artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de quien reclamo: b. La sentencia de fecha 22 de agosto de 2022 mediante la cual se declara infundado el recurso de queja hecho valer en promoción de 03 de agosto de 2022 ante el Juez de control de primer grado; (3) Los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con domicilio conocido en Mexicali, Baja California, de conformidad con las últimas dos oraciones del artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de quien reclamo: c. El auto de fecha 15 de agosto de 2022 mediante la cual se declara infundado el recurso de queja hecho valer en promoción de 03 de agosto de 2022 ante el Juez de control de primer grado. Es cierto que el 30 de agosto de 2022 se interpuso recurso de revocación en contra de dicho proveído, sin embargo, pido se haga una ponderación en torno a si dicho recurso es o no, el recurso idóneo para tal efecto, de conformidad con las jurisprudencias P./J. 144/2000 del Pleno y 1a./J. 77/2012 (10a.) de la Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Mediante auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda relativa, quedando registrada bajo el expediente 1351/2022-5 y en la propia fecha, se determinó que este Juzgado de Distrito carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda relativa. Cuarto. En sesión de quince de diciembre de dos mil veintidós, el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito resolvió el conflicto competencial 52/2022 y determinó que este Juzgado Federal era legalmente competente para conocer de la demanda relativa. Quinto. En virtud de lo anterior, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda relativa; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que en derecho le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, constitucionales; 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y las constancias que obran en autos, se aprecia que los actos reclamados consisten en: -Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California: El auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se turnó a la Quinta Sala de dicho Tribunal, el recurso de queja presentado el dos de agosto de dos mil veintidós, en relación con la omisión del Juez de Control de enviar la incompetencia hecha valer en forma oral el uno de agosto de dos mil veintidós en el cuaderno preliminar 360/2021. -De la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California: La resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós dictada en el toca penal N-22/2022, en la que se declaró infundado el recurso de queja presentado el dos de agosto de dos mil veintidós, en relación con la omisión del Juez de Control de enviar la incompetencia hecha valer en forma oral el uno de agosto de dos mil veintidós en el cuaderno preliminar 360/2021. -De la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California: El auto de quince de agosto de dos mil veintidós dictado en el incidente N-0005/2022, en el que se proveyó sobre el oficio NSJP/ENS/06722/2022 remitido por el Juez de Control del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, al que adjuntó dos escritos presentados por los quejosos. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente, Quinta Sala y Tercera Sala, todos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir sus respetivos informes justificados y ello quedó corroborado con las documentales consistentes en copia certificada del toca penal N-22/2022 e incidente N-0005/2022, de sus respectivos índices, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Aun ante la existencia del acto reclamado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, consistente en el auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V -aplicado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, debido a que no se trata de un acto de imposible reparación, como se demuestra enseguida. Los preceptos invocados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo no será procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, es pertinente tener presente que el Máximo Tribunal del País ha señalado que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Únicamente en forma ilustrativa y en lo conducente, se cita la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011428, de rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora bien, en el caso concreto, el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consiste en el auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se turnó a la Quinta Sala de dicho Tribunal el recurso de queja presentado el dos de agosto de dos mil veintidós interpuesto contra la omisión del Juez de Control de enviar la incompetencia hecha valer en forma oral el uno de agosto de dos mil veintidós en el cuaderno preliminar 360/2021. Actuación que, conforme a lo antes expuesto, no puede considerarse como de imposible reparación, debido a que, por su naturaleza y en términos del numeral 39 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, dicho proveído constituye una determinación de mero trámite que tiene como finalidad distribuir el asunto a la Sala Penal correspondiente, para que sea ésta quien se pronuncie sobre la cuestión planteada en asunto que le sea turnado. En efecto, en él la autoridad responsable sólo se limita a repartir la carga de la labor judicial conforme a reglas administrativas que no implican la extensión de la función jurisdiccional, sino un sistema interno de distribución de asuntos. Incluso, lo anterior se corrobora con el contenido del proveído impugnado, en el que la autoridad responsable expresamente señaló que se turnaba el recurso de queja a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, para que fuera dicho órgano jurisdiccional el que se pronunciara sobre la admisibilidad del medio de impugnación relativo, como se desprende de la transcripción siguiente: "Mexicali, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintidós. [.] Ahora bien, con fundamento en el artículo 39, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, túrnese la resolución recurrida (sic) y los antecedentes a la QUINTA SALA del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ha quedado integrada por los LICENCIADOS SONIA MIREYA BELTRÁN ALMADA, GUSTAVO MEDINA CONTRERAS y MIRIAM NIEBLA ARÁMBURO, a fin de resolver de plano la admisibilidad o no del medio de impugnación aludido, de conformidad con lo establecido por el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en su caso, resolver el asunto como corresponda. Fórmese y regístrese incidente bajo número N-0022/2022." En ese tenor, es claro que el acuerdo de referencia no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, pues será, en todo caso, la Sala resolutora quien resuelva la procedencia y, en su caso, sobre el fondo de la cuestión planteada en el recurso de queja relativo, de modo que será la determinación que se emita al respecto, en su caso, la que podrá generar una afectación de imposible reparación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Esto es así, porque -se insiste- tal actuación únicamente genera la consecuencia de que se continúe el trámite del medio de impugnación de referencia, en el cual la parte interesada podrá obtener un resultado favorable a sus intereses. De manera que el acuerdo de turno sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de un acto meramente adjetivo y no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, puesto que la quejosa está en aptitud de comparecer a dicha instancia y hacer valer todas las consideraciones que estime pertinentes para obtener un fallo favorable. En tales condiciones, al estar demostrado que el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, consistente en el acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, es claro que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V -aplicado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, en términos del numeral 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Al margen de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que respecto del acto reclamado antes indicado también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad. En efecto, se estima que, en este caso, dado que el acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós es una resolución de mero trámite que se resuelve sin sustanciación, en contra de aquel procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2022001, de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Entonces, si la parte quejosa no agotó el referido medio ordinario de defensa, previo a acudir a esta instancia constitucional, es claro que no cumplió con el principio de definitividad y, por ende, como se indicó, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Quinto. No obstante la existencia del acto reclamado a la Tercera Sala Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, consistente en el auto de quince de agosto de dos mil veintidós tampoco se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, debido a que dicho proveído fue sustituido procesalmente, por la determinación dictada el dos de diciembre de dos mil veintidós con motivo de la impugnación que se hizo valer en su contra, como a continuación se verá. En principio, es dable destacar que la razón que justifica la improcedencia por cesación de efectos es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese sentido, tratándose de actos emitidos dentro de procedimientos -jurisdiccionales o administrativos- dicha causal puede actualizarse cuando el acto inicialmente reclamado es sustituido procesalmente por la resolución dictada en el medio ordinario de defensa -idóneo- interpuesto contra esa determinación, pues en estos casos, la primera providencia deja de tener efectos legales propios, lo que impide analizar dicha actuación a través de la vía constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002188, que señala (énfasis añadido): "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva. Contradicción de tesis 83/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 27 de junio de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Vázquez Moreno. Tesis de jurisprudencia 77/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha de ocho de agosto de dos mil doce. Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 21 y Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 50, respectivamente." Ahora bien, en el caso concreto, de las constancias que obran en autos se desprende que el quince de agosto de dos mil veintidós la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California determinó agregar al incidente 0005/2022 el oficio NSJP/ENS/6722/2022, mediante el cual el Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada remitió dos escritos signados por los aquí quejosos y sus asesores jurídicos relativos a la solicitud de incompetencia por declinatoria planteada respecto de dicho Juez. Inconforme con esa decisión, la parte quejosa solicitó que se corrigiera el acuerdo de mérito, desglosara el oficio de referencia, se radicara y turnara a la Sala correspondiente, como un nuevo asunto, el incidente de incompetencia por declinatoria que se planteó ante el Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada. A dicha solicitud le recayó el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, en el que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California determinó que no asistía razón a la parte inconforme, en esencia, porque el planteamiento de incompetencia relativo debió efectuarse ante el Juez de la causa (tratándose de declinatoria) o ante el Juez que se estimara competente (tratándose de inhibitoria) y, por ende, no resultaba procedente tramitar el incidente de incompetencia hecho valer ante dicha Sala. Con lo hasta aquí expuesto, es dable colegir que el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, fue sustituido procesalmente por la determinación emitida el dos de diciembre del propio año, en la que se resolvió que no era procedente tramitar el incidente de incompetencia planteado por la parte ofendida, lo que implica que la primera decisión (de únicamente agregar al expediente el escrito en el que se promovió la incidencia relativa) dejó de tener efectos legales propios lo que impiden su análisis a través de esta instancia constitucional. No es obstáculo para la anterior conclusión que la impugnación formulada por la parte quejosa ante la Sala responsable no constituya un recurso per se, pues la forma sui generis en que se planteó impide establecer, de manera fehaciente, que se trató de un recurso de revocación. Sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de desconocer que, en este caso, la solicitud planteada por la parte interesada resultó idónea para lograr que la Sala responsable se pronunciara sobre la procedencia del trámite del incidente de incompetencia multimencionado, lo que resulta suficiente para estimar que la determinación de dos de diciembre de dos mil veintidós sí sustituyó procesalmente el proveído de quince de agosto del propio año. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, consistente en el acuerdo dictado en el incidente 0005/2022. Sexto. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia respecto del diverso acto reclamado consistente en la resolución emitida el veintidós de agosto de dos mil veintidós y este órgano jurisdiccional, de oficio, no advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que se procede al examen de los motivos de inconformidad. Séptimo. Los conceptos de violación expuestos en contra de la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós son, en una parte inoperantes y, en lo demás, infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. En el motivo de inconformidad identificado como primero, la parte quejosa sostiene, en esencia, que la resolución reclamada transgrede el principio de legalidad, debido a que la Quinta Sala del Tribunal Superior del Estado de Baja California carece de competencia legal para resolver el recurso de queja interpuesto en contra de la abstención del Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada de tramitar la incompetencia por declinatoria que se hizo valer el uno de agosto de dos mil veintidós. Ello es así, -explica- debido a que, en términos del artículo 26 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales se actualizó la competencia por razón de "prevención" y, en virtud de ello, correspondía a la diversa Tercera Sala de dicho Tribunal conocer del recurso de queja relativo. En efecto, -expone- tomando en consideración que la Tercera Sala previamente había conocido de la recusación 5/2022 hecha valer en el cuaderno preliminar 360/2021, correspondía a dicha Sala, ahora, conocer del recurso de queja interpuesto en el propio cuaderno preliminar, por derivar de la misma secuela procesal. Los anteriores argumentos son inoperantes, pues la cuestión de competencia (o distribución de asuntos -sistema de turno-) que plantea la parte quejosa no puede ser analizada en esta instancia constitucional. Esto es así, en principio, porque de estimar que el turno del recurso de queja constituye un tópico de naturaleza administrativa que sólo está vinculado con la distribución interna de las cargas laborales -como se indicó en el considerando cuarto de este fallo- la parte promovente debió impugnar el acuerdo de turno de nueve de agosto de dos mil veintidós a través del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, al no haberlo realizado, se estima que ha precluido el derecho para impugnar aquella determinación. En segundo término, debido a que, de estimar que el turno del recurso de queja sí constituye un aspecto relacionado con la competencia del órgano jurisdiccional, entonces dicha cuestión debió hacerse valer conforme al procedimiento previsto en el artículo 25 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las cuestiones de competencia se deben promover por declinatoria e inhibitoria. Es decir, en el supuesto de que la parte quejosa considerara que la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California carecía de competencia legal para conocer del recurso de queja multimencionado, debió proceder en términos del numeral aludido proponiendo la incompetencia por declinatoria ante dicha Sala, o bien, la inhibitoria ante la diversa Tercera Sala. Entonces, al estar demostrado que la cuestión que aquí se propone no fue dilucidada ante la instancia ordinaria, a través de los procedimientos expresamente previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta patente que existe un impedimento técnico para que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre dicho aspecto; de ahí, la inoperancia de los argumentos relativos. En virtud del origen de la inoperancia invocada, resulta innecesario emitir pronunciamiento en cuanto a la aplicabilidad de las tesis que cita la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con registro 160604, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA." En el diverso concepto de violación identificado como segundo, la parte quejosa señala, medularmente, que la Sala responsable interpretó en forma inexacta el contenido de los artículos 27 y 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que de ellos se advierte que una cuestión competencial puede producirse simplemente con motivo del planteamiento de incompetencia por declinatoria formulada por alguna de las partes y la postura del juez en el que sostiene su competencia. En efecto, -explica- el conflicto competencial no sólo se actualiza en los supuestos indicados en la resolución reclamada, pues cuando una de las partes promueve incompetencia por declinatoria y el juez del proceso sostiene su competencia resulta patente que existe un desacuerdo competencial que debe ser dilucidado por el Tribunal de Alzada en términos de los artículos 63 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 50 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. Para apoyar sus consideraciones, cita la tesis de rubro: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA. CORRESPONDE AL SUPERIOR INMEDIATO DEL JUEZ RESOLVERLA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)." No participa de razón, ya que, como legalmente lo determinó la Sala responsable, en el caso no existió un conflicto competencial que obligara al Juez de Control a remitir los autos al Tribunal de Alzada, pues en términos de la legislación aplicable, los conflictos competenciales sólo se suscitan entre órganos jurisdiccionales y no entre éstos y las partes. Para avalar la postura que antecede, en principio, es necesario destacar que, conforme a la libertad configurativa con la que cuenta el legislador, corresponde a él diseñar los procesos jurisdiccionales como mejor lo advierta, con las limitaciones constitucionales respectivas. De este modo, es dable afirmar que el legislador está facultado para establecer libremente las reglas para tramitar las cuestiones de competencia que se susciten durante los procedimientos judiciales, sin tenerse que sujetar a un lineamiento específico. Así, en forma ilustrativa se destaca que existen legislaciones -como el Código de Comercio- que prevén que las cuestiones de competencia, por ejemplo, la excepción de incompetencia por declinatoria debe ser resuelta por el Tribunal de Alzada; mientras que existen otras legislaciones -como el Código Federal de Procedimientos Civiles- establecen que la excepción de incompetencia por declinatoria debe ser resuelta por el propio juez que conozca del asunto. De lo anterior se sigue que el trámite de una cuestión de competencia atenderá, necesariamente, a la regulación específica que para tal efecto haya previsto el legislador ordinario. Ahora bien, las cuestiones de competencia de los asuntos penales que se tramitan conforme al sistema de corte acusatorio están reguladas en los artículos 25 a 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen lo siguiente (énfasis añadido): "Artículo 25. Tipos o formas de incompetencia La incompetencia puede decretarse por declinatoria o por inhibitoria. La parte que opte por uno de estos medios no lo podrá abandonar y recurrir al otro, ni tampoco los podrá emplear simultánea ni sucesivamente, debiendo sujetarse al resultado del que se hubiere elegido. La incompetencia procederá a petición del Ministerio Público, el imputado o su Defensor, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico y será resuelta en audiencia con las formalidades previstas en este Código." "Artículo 26. Reglas de incompetencia Para la decisión de la incompetencia se observarán las siguientes reglas: I. Las que se susciten entre Órganos jurisdiccionales de la Federación se decidirán a favor del que haya prevenido, conforme a las reglas previstas en este Código y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y si hay dos o más competentes, a favor del que haya prevenido; II. Las que se susciten entre los Órganos jurisdiccionales de una misma Entidad federativa se decidirán conforme a las reglas previstas en este Código y en la Ley Orgánica aplicable, y si hay dos o más competentes a favor del que haya prevenido, o III. Las que se susciten entre la Federación y una o más Entidades federativas o entre dos o más Entidades federativas entre sí, se decidirán por el Poder Judicial Federal en los términos de su Ley Orgánica. El Órgano jurisdiccional que resulte competente podrá confirmar, modificar, revocar, o en su caso reponer bajo su criterio y responsabilidad, cualquier tipo de acto procesal que estime pertinente conforme a lo previsto en este Código. Dirimida la incompetencia, el imputado, en su caso, será puesto inmediatamente a disposición del Órgano jurisdiccional que resulte competente, así como los antecedentes que obren en poder del Órgano jurisdiccional incompetente." "Artículo 27. Procedencia de incompetencia por declinatoria En cualquier etapa del procedimiento, salvo las excepciones previstas en este Código, el Órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que considere competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado. La declinatoria se podrá promover por escrito, o de forma oral, en cualquiera de las audiencias ante el Órgano jurisdiccional que conozca del asunto hasta antes del auto de apertura a juicio, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y que remita el caso y sus registros al que estime competente. Si la incompetencia es del Órgano jurisdiccional deberá promoverse dentro del plazo de tres días siguientes a que surta sus efectos la notificación de la resolución que fije la fecha para la realización de la audiencia de juicio. En este supuesto, se promoverá ante el Juez de control que fijó la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, sin perjuicio de ser declarada de oficio. No se podrá promover la declinatoria en los casos previstos de competencia en razón de seguridad." "Artículo 28. Procedencia de incompetencia por inhibitoria En cualquier etapa del procedimiento, la inhibitoria se tramitará a petición de cualquiera de las partes ante el Órgano jurisdiccional que crea competente para que se avoque al conocimiento del asunto; en caso de ser procedente, el Órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que se determine competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado. La inhibitoria se podrá promover por escrito, o de forma oral, en audiencia ante el Juez de control que se considere debe conocer del asunto hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio. Si la incompetencia es del Tribunal de enjuiciamiento, deberá promover la incompetencia dentro del plazo de tres días siguientes a que surta sus efectos la notificación de la resolución que fije la fecha para la realización de la audiencia de juicio. En este supuesto, se promoverá ante el Tribunal de enjuiciamiento que se considere debe conocer del asunto. No se podrá promover la inhibitoria en los casos previstos de competencia en razón de seguridad." "Artículo 29. Actuaciones urgentes ante Juez de control incompetente La competencia por declinatoria o inhibitoria no podrá resolverse sino hasta después de que se practiquen las actuaciones que no admitan demora como las providencias precautorias y, en caso de que exista detenido, cuando se haya resuelto sobre la legalidad de la detención, formulado la imputación, resuelto la procedencia de las medidas cautelares solicitadas y la vinculación a proceso. El Juez de control incompetente por declinatoria o inhibitoria enviará de oficio los registros y en su caso, pondrá a disposición al imputado del Juez de control competente después de haber practicado las diligencias urgentes enunciadas en el párrafo anterior. Si la autoridad judicial a quien se remitan las actuaciones no admite la competencia, devolverá los registros al declinante; si éste insiste en rechazarla, elevará las diligencias practicadas ante el Órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica respectiva, con el propósito de que se pronuncie sobre quién deba conocer. Ningún Órgano jurisdiccional puede promover competencia a favor de su superior en grado." De los preceptos legales transcritos, en lo que al caso atañe, se desprenden las premisas siguientes: 1. La incompetencia por declinatoria podrá plantearse a petición del Ministerio Público, el imputado o su Defensor, la víctima u ofendido o su Asesor jurídico. 2. La petición puede realizarse por escrito, o de forma oral, en cualquiera de las audiencias ante el órgano jurisdiccional que conozca del asunto hasta antes del auto de apertura a juicio, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y que remita el caso y sus registros al que estime competente. 3. Si el órgano jurisdiccional considera que carece de competencia legal remitirá el caso y sus registros al que estime competente. 4. Si la autoridad judicial a quien se remitan las actuaciones no admite la competencia, devolverá los registros al declinante. 5. Si el órgano jurisdiccional declinante insiste en rechazarla, elevará las diligencias practicadas ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica respectiva, con el propósito de que se pronuncie sobre quién deba conocer. Como se ve, la legislación procesal penal establece que el planteamiento de incompetencia por declinatoria constituye una petición que puede ser formulada por cualquiera de las partes y que será resuelta por el propio órgano jurisdiccional que conozca del asunto, quien determinará si continúa conociendo del asunto o lo remite al órgano jurisdiccional que se estima competente. De lo anterior se sigue que el planteamiento de incompetencia por declinatoria no constituye un conflicto competencial, pues sólo se trata de una solicitud que una de las partes eleva al órgano jurisdiccional para que éste se pronuncie sobre su competencia legal, pero sin que ello implique que se ha suscitado una controversia entre la parte solicitante y la persona juzgadora, pues debe tenerse presente que esta última es la directora del proceso y no se ubica en un plano de igualdad con las partes. Además, como lo ha reconocido el Máximo Tribunal del país, para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 184186, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA." En ese sentido, se precisa que el artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite establecer cuándo existe un conflicto competencial (tratándose de la incompetencia por declinatoria) a saber, cuando la autoridad a quien se declina la competencia no la acepta y, a su vez, la autoridad declinante insiste en dicha declinatoria. En efecto, de dicho precepto legal claramente se desprende que la controversia en materia de competencia se suscita cuando los órganos jurisdiccionales que pueden conocer del caso se niegan a hacerlo y, por ello, se justifica la intervención del Tribunal de alzada para determinar, conforme a las reglas de competencia, cuál es el órgano jurisdiccional que deberá conocer del asunto. Lo anterior se corrobora con el contenido de los artículos 63 fracción II de la Constitución Local y 50 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, que invoca la parte quejosa, pues de ellos se advierte que corresponderá al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California -actuando en Pleno o en Salas, según corresponda- resolver cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces y entre las autoridades judiciales del fuero común. Con lo hasta aquí expuesto es dable colegir que, opuesto a lo manifestado por la parte quejosa y como legalmente lo resolvió la Sala responsable, el planteamiento de incompetencia por declinatoria que formuló el uno de agosto de dos mil veintidós ante el Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada y la subsecuente decisión del órgano jurisdiccional de sostener su competencia legal no suscitó una cuestión (conflicto) competencial, toda vez que, como se demostró, dicha hipótesis sólo se actualiza entre órganos jurisdiccionales. Por ende, como se indicó en la resolución reclamada, el Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada no estaba obligado a remitir el asunto al Tribunal de alzada para que se pronunciara sobre su decisión de competencia. Sin que en el caso resulte aplicable la tesis que cita la parte quejosa de rubro: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA. CORRESPONDE AL SUPERIOR INMEDIATO DEL JUEZ RESOLVERLA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).", pues en ella se analiza una legislación distinta a la que resulta aplicable a este asunto, aunado a que, como explicó, tratándose de las reglas para el trámite de las cuestiones de competencia debe atenderse, necesariamente, a la regulación específica que para tal efecto haya previsto el legislador ordinario. En ese tenor, se concluye que el Juez de Control no incurrió en la omisión que se le atribuyó, pues para resolver la cuestión de competencia que le fue planteada bastaba que emitiera su decisión al respecto, por lo que la decisión de la Sala responsable de declarar infundado el recurso de queja relativo es acorde al principio de legalidad y no vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa; de ahí, lo infundado de los conceptos de violación relativos. En tales condiciones, ante la ineficacia de los motivos de inconformidad, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Quinta Sala Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós dictada en el toca penal N-22/2022, en la que se declaró infundado el recurso de queja presentado el dos de agosto de dos mil veintidós, en relación con la omisión del Juez de Control de enviar la incompetencia hecha valer el uno de agosto de dos mil veintidós en el cuaderno preliminar 360/2021. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan José Mirón Rodríguez, Mónica María Mirón Rodríguez y Corporativo Rocas del Valle, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su asesor jurídico Carlos Adrián Becerra Santamaría, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en los considerandos cuarto y quinto de este fallo, por las razones ahí expuestas. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Juan José Mirón Rodríguez, Mónica María Mirón Rodríguez y Corporativo Rocas del Valle, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su asesor jurídico Carlos Adrián Becerra Santamaría, contra el acto reclamado a la autoridad responsable indicados en el último considerando de esta sentencia, por los motivos ahí señalados.
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