Mónica María Martínez Alday
Expediente 978/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/08/2018
Partes del expediente
- Mónica María Martínez Alday
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de nueve de agosto del presente año, en el que se tuvo por desechada la demanda de garantías; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 1.2 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.3 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil dieciocho. 1. Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 978/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridades Responsables: Fiscal General del Estado, residente en esta ciudad, Fiscal de Distrito Centro y Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, ambos con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló como tal la dilación y omisión de integrar la carpeta de investigación C.I.1003-027-0401-2016. De las constancias exhibidas se advierte que ante el Fiscal del Ministerio Público Investigador, de la Fiscalía de Distrito Centro Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, se inició la carpeta de investigación C.I.1003-027-0401-2016, por el probable delito de despojo. 3.1 Desechamiento. Lo anterior permite establecer que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concede el recurso o medio de defensa, por virtud del cual las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal podrán ser impugnadas ante el Juez de control. En ese contexto y del análisis de las constancias de autos, se llega al convencimiento que contra el acto reclamado, procede medio de impugnación, mediante el cual puede ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, el accionante de esta instancia constitucional, no lo agotó previamente, por ello se considera que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Luego, la promovente debió agotar el medio o recurso ordinario de defensa previsto en la legislación ordinaria, pues en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la abstención u omisión por parte de las responsables, es impugnable; sin embargo, al no haber agotado el medio ordinario de defensa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Esto es, la parte quejosa estuvo en aptitud legal de combatir el acto reclamado, pues en contra del mismo, debió agotar el recurso o medio de defensa que la ley le otorga, para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías, previsto por el numeral señalado en líneas anteriores, pues el Legislador Constituyente estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo en el artículo 107 Constitucional, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, pues notorio es, que el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del Orden Constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 3.2 Jurisprudencias. Resulta aplicable en lo conducente, las tesis jurisprudenciales 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10ª), respectivamente, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que surgió al resolver la contradicción de tesis 233/2017, por sesión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 10ª avenida sur oriente, manzana 15, casa 09, colonia Infonavit Solidaridad Terán, en esta ciudad. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Gerardo Enrique Cano Orantes, de quien se acordará su autorización en amplios términos del referido numeral una vez que registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 6. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 7. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil dieciocho. 1. Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 978/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes: Autoridades Responsables: Fiscal General del Estado, residente en esta ciudad, Fiscal de Distrito Centro y Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, ambos con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló como tal la dilación y omisión de integrar la carpeta de investigación C.I.1003-027-0401-2016. De las constancias exhibidas se advierte que ante el Fiscal del Ministerio Público Investigador, de la Fiscalía de Distrito Centro Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, se inició la carpeta de investigación C.I.1003-027-0401-2016, por el probable delito de despojo. 3.1 Desechamiento. Lo anterior permite establecer que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concede el recurso o medio de defensa, por virtud del cual las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal podrán ser impugnadas ante el Juez de control. En ese contexto y del análisis de las constancias de autos, se llega al convencimiento que contra el acto reclamado, procede medio de impugnación, mediante el cual puede ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, el accionante de esta instancia constitucional, no lo agotó previamente, por ello se considera que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Luego, la promovente debió agotar el medio o recurso ordinario de defensa previsto en la legislación ordinaria, pues en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la abstención u omisión por parte de las responsables, es impugnable; sin embargo, al no haber agotado el medio ordinario de defensa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Esto es, la parte quejosa estuvo en aptitud legal de combatir el acto reclamado, pues en contra del mismo, debió agotar el recurso o medio de defensa que la ley le otorga, para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías, previsto por el numeral señalado en líneas anteriores, pues el Legislador Constituyente estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo en el artículo 107 Constitucional, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, pues notorio es, que el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del Orden Constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 3.2 Jurisprudencias. Resulta aplicable en lo conducente, las tesis jurisprudenciales 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10ª), respectivamente, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que surgió al resolver la contradicción de tesis 233/2017, por sesión de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 10ª avenida sur oriente, manzana 15, casa 09, colonia Infonavit Solidaridad Terán, en esta ciudad. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Gerardo Enrique Cano Orantes, de quien se acordará su autorización en amplios términos del referido numeral una vez que registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 6. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 7. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva.
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