Mónica Margarita Figueroa Martínez

Expediente 397/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
397/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Mónica Margarita Figueroa Martínez
  • Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobresee ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó el presente juicio de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    once de noviembre de dos mil veintiuno. A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L. En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las diez horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 397/2020 promovido por Mónica Margarita Figueroa Martínez, por conducto de su apoderado Rufino Lucas Luna; estando en audiencia pública Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Enseguida la Secretaria da cuenta al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, dentro del cual se da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, con la presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones y con las remitidas por la Presidenta, Síndico Procurador, Tesorera y Cabildo del Municipio de Pilcaya, Guerrero, al rendir su informe justificado. A lo anterior, el Juez Primero de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Acto continuo, la secretaria: certifica que no existen pruebas por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. El Juez Primero de Distrito, acuerda: atento a la certificación de cuenta, se culmina la etapa probatoria y se continúa con la de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que la parte quejosa no formuló manifestaciones y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito sí presentó pedimento. El Juez Primero de Distrito acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y al Agente del Ministerio Público formulando manifestaciones. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, para dictar la resolución que en derecho proceda. VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 397/2020, promovido por Mónica Margarita Figueroa Martínez, por conducto de su apoderado Rufino Lucas Luna, contra actos del Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, y otros, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, remitida ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Mónica Margarita Figueroa Martínez, por conducto de su apoderado Rufino Lucas Luna, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero. Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Pilcaya, Guerrero. Síndico Procurador del Ayuntamiento Constitucional de Pilcaya, Guerrero. Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Pilcaya, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "1.- DEL CABILDO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. SANDRA VELAZQUEZ LARA, SINDICO PROCURADOR C. JOAQUIN LEONEL AGUILAR LEGUIZAMO Y TESORERO MUNICIPAL TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PILCAYA, GUERRERO; 1.1.- LA OMISIÓN DE INCLUIR EN EL P´RESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO DOS MIL VEINTE, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL PARA CUBRIR EL MONTO DEL LAUDO DE 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO DEL 2013 (DOS MIL TRECE), EN EL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 235/2010, POR EL MONTO TOTAL DE $1,033,933.19. 1.2.- LA OMISIÓN DE CUBRIRME LA CANTIDAD TOTAL ADEUDA DE $1,033,933.19, QUE LE FUE REQUERIDA EN DILIGENCIA DE 07 (SIETE) DE ABRIL DEL 2013 (DOS MIL TRECE), ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS DE FECHAS 26 (VEINTISÉIS) DE MAYO, 11 (ONCE) DE AGOSTO DEL 2014 (DOS MIL CATORCE), 27 (VEINTISIETE) DE ENERO DEL 2015 (DOS MIL QUINCE), 11 (ONCE) DE NOVIEMBRE DEL 2016 (DOS MIL DIECISÉIS), 13 (TRECE) DE FEBRERO, 22 (VEINTIDÓS) DE MAYO, 01 (UNO)DE AGOSTO, 23 (VEINTITRÉS) DE AGOSTO DEL 2017 (DOS MIL DIECISIETE), 19 (DIECINUEVE)DE FEBRERO, 22 (VEINTIDÓS) DE MARZO, 05 (CINCO) DE JUNIO, 31 (TREINTA Y UNO) DE JULIO DEL 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), 11 (ONCE) DE MARZO, 03 (TRES) DE JUNIO, 27 (VEINTISIETE) DE JUNIO, 09 (NUEVE) DE AGOSTO, 09 (NUEVE) DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) Y 06 (SEIS) DE MARZO DEL 2020 (DOS MIL VEINTE). SEGUNDO. Admisión y trámite. El tres de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; al Agente del Ministerio Público de la Federación se le dio la intervención que le compete; se emplazó a la parte tercera interesada; se solicitó a las que fueron señaladas como autoridades responsables rindieran su informe justificado, y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Aunado a lo anterior, en el caso concreto la parte quejosa reclama un acto de omisión que imputa al Ayuntamiento patrón en el juicio laboral que se veintila en el tribunal laboral, por lo que el suscrito tiene competencia para conocer del presente asunto. Es aplicable a lo expuesto, la Jurisprudencia PC.XV. J/34 L (10a.) del Pleno del Decimoquinto Circuito, visible en el registro digital: 2017790, Décima Época, materia común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, tomo II, página 1393, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; luego, la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, así como la abstención de acatarlo, reclamados a las autoridades responsables (autoridad jurisdiccional y parte patronal en el juicio laboral), constituyen actos que no requieren de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables." SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Del Cabildo, Presidenta, Síndico Procurador y Tesorera todos del Ayuntamiento del Municipio de Pilcaya, Guerrero: La omisión de incluir en el presupuesto de egresos del año dos mil veinte, una partida especial para cubrir el monto del laudo en el expediente laboral 235/2010. La abstención de cubrir la cantidad total adeudada con motivo de dicho juicio laboral. TERCERO. Existencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, es oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos tildados de inconstitucionales, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. En el caso, como quedó visto la parte quejosa reclama del Cabildo, Presidente, Síndico Procurador y Tesorero todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, la omisión de crear una partida presupuestal a efecto de que se le cubra la cantidad que se le adeuda en el juicio laboral de origen, así como la abstención de cubrir el total de dicha cantidad. Por su parte, se tiene que las autoridades responsables al rendir su informe justificado de manera separada, esencialmente dieron los mismos argumentos para negar el acto reclamado, esto es, que sí presupuestaron recursos para pagar los laudos a los que ha sido condenado; entonces, si bien niegan los actos que se les reclama al rendir el informe con justificación en el mismo, realizan manifestaciones que evidencian su certeza. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, resultaría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En dicha tesitura, respecto de los actos atribuidos a las dependencias que la quejosa señaló como responsables Cabildo, Presidenta, Síndico Procurador y Tesorera todos del Ayuntamiento del Municipio de Pilcaya, Guerrero, quien esto juzga advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, para lo cual es menester precisar que éstas, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo. Al respecto, existe pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha considerado que las partes integrantes de los ayuntamientos, en los casos en los que se pide que cumplan con el laudo dictado en la controversia laboral de origen, no actúan como autoridades para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues sobre dichos motivos de queja, existe Jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo rubro y texto más adelante se transcriben. En efecto, el Alto Tribunal del país determinó que los demandados en su calidad de patrones en el juicio laboral, no tienen el carácter de autoridades responsables, para los efectos del juicio de amparo; ello, al resolver la Contradicción de Tesis 116/2014, en sesión de once de junio de dos mil catorce, misma que en lo que aquí interesa, dice lo siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Por lo anterior es inconcuso que en los casos en que se reclame el incumplimiento a un laudo por parte de una dependencia municipal, derivado de un juicio laboral en la que figuró como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, porque la procedencia del juicio de amparo se encuentra constreñida a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Cabe precisar también que conforme a lo establecido en el artículo 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, puede atribuírsele también el carácter de autoridad a los particulares o personas físicas cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos humanos y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. En sustento a lo antes dicho se cita la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por tanto, el concepto de autoridad, se refiere a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, lo que permite concluir que tal concepto excluye a los actos de particulares cuando se llevan a cabo en un plano de igualdad. Estos parámetros son útiles para efectos del amparo, toda vez que la autoridad, trátese de una dependencia municipal o estatal, no debe actuar como particular, sino como un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el Derecho Público, afectando la esfera del gobernado. En esa tesitura, una de las notas distintivas del acto de autoridad es la existencia del plano de supra a subordinación, ya que en este tipo de relación, el gobernado como titular de derechos, tiene la facultad de controvertir los actos unilaterales de aquélla; de ahí que para que se le pueda imputar una violación al ente municipal a esos derechos, es necesario que exista ese plano (supra a subordinación) y no uno de coordinación, como en el caso se da, puesto que el Municipio demandado en el juicio laboral de origen, actúa como particular en un plano de igualdad al trabajador actor. En ese sentido, se sostiene que si en el marco normativo de la entidad federativa de que se trate, los tribunales estatales cuentan con una gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, además que dicha autoridad laboral tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. En ese estado de cosas, resulta claro que el incumplimiento a un laudo por parte de los entes municipales, en el que figuraron como demandadas, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de la entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución. La determinación que antecede, como ya se dijo, se sustenta en la Jurisprudencia 79/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 116/2014, de rubro: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Por consiguiente, en el caso ya no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 que cita, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada y por ello, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. QUINTO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 397/2020 promovido por Mónica Margarita Figueroa Martínez, por conducto de su apoderado Rufino Lucas Luna, contra los actos reclamados al Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero y otros servidores públicos del mismo, consistentes en la omisión de incluir en el presupuesto de egresos del año dos mil veinte, una partida especial para cubrir el monto del laudo en el expediente laboral 235/2010 y la abstención de cubrir la cantidad total adeudada con motivo de dicho juicio laboral; lo anterior, en los términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; que actúa ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta. Doy fe. LA SUSCRITA BIANCA SAYURI MORA PERALTA, SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO; CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE ESTA FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DICTADA EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL JUICIO DE AMPARO 397/2020. CONSTE. LA SECRETARIA. Bianca Sayuri Mora Peralta

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Mixto de Paz del Municipio de Pilcaya, Guerrero y anexos que se acompañan, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 375/2021, mismo que fue enviado a fin de notificar los oficios 19429/2012 y 19432/2021. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes y dése de baja en el Libro de Comunicaciones Oficiales de este juzgado federal. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogarla en razón de que no ha mediado el tiempo suficiente para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por el Cabildo Constitucional y Tesorera del Ayuntamiento Municipal de Pilcaya, Guerrero, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; lo anterior, de acuerdo a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, la referida audiencia constitucional se difiere para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano