Monica Lucia Gabina Medina Puerto
Expediente 767/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Monica Lucia Gabina Medina Puerto
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa el contenido del proveído dictado el diecisiete de octubre del año en curso, en el amparo en revisión 849/2023 de su índice, del que se advierte que acusa recibo de las constancias remitidas y que desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los autos y la primera certificación de cuenta; se advierte que feneció el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo la Ley de Amparo para que la parte promovente interpusiera el recurso de queja contra el auto por el que se desechó de plano la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada determinación ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Recurso de Revisión. Por otro lado, visto el escrito presentado por la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra del auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, atento a su contenido, agréguese a los autos y de conformidad con los artículos 81 fracción I, inciso d), 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra del acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés que dio origen a este asunto, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Tramítese dicho recurso, y de conformidad con los artículos 84 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese copia del mismo a este expediente y sin ulterior acuerdo, en cumplimiento a lo ordenado en el punto quinto del Acuerdo General, del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el artículo 3 del Acuerdo CCNO/1/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el cuaderno principal de este sumario, el escrito de expresión de agravios y copia para el Agente del Ministerio Público, al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia Común. Sin que al caso haya a lugar a correr traslado con copia del escrito de agravios a las partes, toda vez que al haberse desechado la demanda de amparo, la única parte al momento en que se actúa es la que interpone el recurso de que se trata. De conformidad con las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión, una vez integrado este expediente para el envío del recurso de mérito, fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con copia del escrito de agravios y copia autorizada del presente proveído; en virtud que, la totalidad de las constancias de este sumario se encuentran digitalizadas en el expediente electrónico que se lleva en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE). Del mismo modo, se hace del conocimiento del Tribunal que corresponda conocer del medio de impugnación que nos ocupa, que el expediente electrónico relativo a este asunto, se encuentra disponible para su consulta en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE), lo cual, se advierte de la certificación de cuenta. Y que a efecto de poder visualizarlo, el órgano revisor en el expediente electrónico que corresponda al recurso antes especificado, deberá vincular el asunto mediante la ruta [Buscar expediente electrónico - Buscar expediente - Relacionar con expediente de origen] con los criterios de búsqueda [Primer circuito - Auxiliares - la denominación de este juzgado y el número de expediente de este asunto]. Finalmente, en mérito de lo expuesto, se reserva realizar pronunciamiento respecto del archivo de este asunto, hasta en tanto se resuelva el citado medio de impugnación en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito presentado de manera electrónica mediante el cual la parte promovente desahoga el requerimiento formulado el tres de agosto del año en curso, por lo tanto, agréguese a los autos y se provee: Procedencia de la demanda. A fin de resolver sobre la admisión o desechamiento de la demanda que nos ocupa, es necesario destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se desprende que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la debe desechar; en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aunque se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia 4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese orden de ideas, la peticionaria del amparo señala como autoridades responsables y actos reclamados sustancialmente, los siguientes: I. Aprobación, expedición y promulgación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de do mil veintiuno, la cual por tratarse de una Ley Heteroaplicativa, para actualizar las violaciones que se hacen valer, requirió de los actos cuya aplicación se presume mismos que se detallan a continuación. II. Como efecto y consecuencia inmediata de la ley impugnada, el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023. III. Como efecto y consecuencia mediata de la ley impugnada y efecto y consecuencia inmediata del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. IV. La cancelación de facto de las prestaciones laborales a favor de los quejosos, consistentes en: Servicio Médico Subrogado Póliza de gastos Médicos Mayores Fondo de Ahorro Club Deportivo Actos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, actuando por conducto del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Vicepresidente de Administración y Planeación Estratégica y Director General de Organización y Recursos Humanos, respectivamente. Pues bien, de lo anterior se desprende que los actos reclamados destacados consisten en diversos artículos a que se refiere a Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 y el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federa, con motivo de su aplicación, que según indica la quejosa tuvo conocimiento de la aplicación en su contra, con la notificación de la sentencia interlocutoria de cinco de julio del presente año, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1386/2019 del índice de este juzgado de distrito. Expuesto lo anterior, debe decirse que este Juzgado de Distrito, estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17, primer párrafo, y 18, ambos de la Ley de Amparo vigente, a la letra estatuyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclamen una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primer precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Además, el artículo 17 transcrito, señala como plazo genérico para presentar la demanda de amparo, el de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. Finalmente, el ultimo precepto invocado establece, que los plazos comenzaran a correr desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; o a partir de su entrada en vigor, cuanto se trate de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo, en que será de treinta días. Así, la causa de improcedencia expuesta deriva del consentimiento de los actos reclamados, cuando por regla general el gobernado no promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días siguientes a los que tiene conocimiento de los actos de autoridad que afectan su esfera jurídica. Sin embargo, el consentimiento de los actos reclamados en tratándose del amparo contra normas generales no se entenderá, cuando a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino solo cuando tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Esto es, en el amparo contra normas existen dos momentos para impugnarlas, el primero, con motivo de su entrada en vigor; y el segundo, cuando se aplica dicha norma en la esfera jurídica del gobernado -como sucede en el caso que nos ocupa-. Y solo cuando en ninguno de esos dos momentos se impugna dicha norma, se puede reputar como consentida la misma. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de nuestro Máximo Tribunal, distinguió las hipótesis que se pueden presentar con motivo de la aplicación del artículo 17, en los términos precisados por el numeral 18 de la Ley de Amparo, en cuanto al conocimiento del acto reclamado, a saber: 1. Al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo reclamado. 2. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. 3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedora de los actos que le afecten. Cabe indicar que los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; igualmente, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de la quejosa respecto de los actos reclamados, toda vez que, para que ésta se haga sabedora de dichos actos puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que éstos son medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, y que deben ser idóneos para cada caso. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286 del tomo XXV, Mayo de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." Ahora bien, en el caso, como ha quedado precisado con antelación, la quejosa reclama el Decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucional, publicada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 y el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federa, así como la aplicación de éstos, que aduce se tradujo en la cancelación de las prestaciones laborales consistentes en Servicio Médico Subrogado, Póliza de Gastos Médicos Mayores, Fondo de Ahorro y Club Deportivo, de lo cual aduce tuvo conocimiento con la notificación de la sentencia interlocutoria de cinco de julio del presente año, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1386/2019 del índice de este juzgado de distrito. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, se advierte que tuvo conocimiento de los actos que hoy reclama el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, día que le fue notificado por lista el auto de veintisiete de junio del presente año dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1386/2019 del índice de este juzgado, en el cual se agregaron a los autos los oficios signados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales realizaron alegatos en relación al incidente de modificación a la suspensión promovida en dicho juicio que en la parte que nos interesa manifiestan lo siguiente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ".. Luego entonces, si la parte quejosa no impugno la normatividad vigente en los ejercicios 2020. 2021 y la que abrogó la Ley Federal de remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018 aplicable al ejercicio anual de 2022, es indiscutible que los efectos de la suspensión no pueden prorrogarse respecto de normas no impugnadas, en la inteligencia de que el Juzgador puede conceder la suspensión para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por la parte quejosa, pero no por actos no reclamados. .. De ahí, resulta evidente que si lo que se pretende es obtener una suspensión respecto de actos de aplicación en concreto, debió ampliar su escrito inicial de demanda o bien, promover una nueva demanda, puesto que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018 dejó de tener vigencia." Secretario de Hacienda y Crédito Público. PRIMERO, PROCEDE REVOCAR LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA A LA QUEJOSA, EN ATENCIÓN A QUE LA SUSPENSIÓN CONCEDID HA QUEDADO SIN MATERIA, DERIVADO DE LA CESACIÓN DE EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PUBLICADA EN EL DOF EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON MOTIVO DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL DOF EL 12 DE ABRIL DE 2019 Y CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PUBLICADA EN EL DOF EL 19 DE MAYO DE 2021. ... SEGUNDA. PROCEDE REVOCAR LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA Y NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCIO FISCAL 2019, AL HABER QUEDADO SIN EFECTOS, CON MOTIVO DE LA PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 Y SUBSECUENTES, POR LO QUE BAJO EL PRINCICPIO DE ANUALIDAD HAN CESADO LOS EFECTOS DEL MISMO Y NO EXISTE MATERIA PARA LA SUSPENSIÓN. . Lo anterior se cita como un hecho notorio para este órgano, en términos del artículo 88 de la ley adjetiva, el cual además de tenerse a la vista, se encuentra disponible en el sistema integral de seguimiento de expedientes de este juzgado, lo cual le otorga el carácter de hecho notorio y, por tanto, puede invocarse como tal, en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Entonces, tomando en cuenta que la quejosa tuvo conocimiento de la aplicación de las normas reclamadas el veintiocho de junio del dos mil veintitrés, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, en el caso, aplica el segundo supuesto de conocimiento de los actos reclamados, es decir: "2. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución.", por tanto, el cómputo para la interposición del juicio de amparo, comenzó a correr el veintinueve de junio siguiente y transcurrió de la forma siguiente: junio 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 25 26 27 28 29 Conocimiento del acto 30 DÍA 1 1 INHÁBIL julio 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 DÍA 2 4 DÍA 3 5 DÍA 4 6 DÍA 5 7 DÍA 6 8 INHÁBIL 9 INHÁBIL 10 DÍA 7 11 DÍA 8 12 DÍA 9 13 DÍA 10 14 DÍA 11 15 INHÁBIL 16 INHÁBIL 17 DÍA 12 18 DÍA 13 19 DÍA 14 20 DÍA 15 FIN DEL PLAZO 21 22 INHÁBIL 23 INHÁBIL 24 25 26 27 28 29 30 31 Así, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del treinta de junio al veinte de julio del presente año, descontándose de ese cómputo los sábados y domingos, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, 74 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó de manera electrónica hasta el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y Centro Auxiliar de la Primera Región, resulta que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y por ende, debe estimarse que los referidos actos combatidos fueron tácitamente consentidos; motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por los numerales 17 y 61 fracción XIV, del mismo ordenamiento legal. Aunado a lo anterior, debe destacarse que los ordenamientos reclamados produjeron efectos jurídicos a partir del inicio de su vigencia, esto es, obligan a todos los destinatarios de la norma, sin que pueda alegarse su desconocimiento atendiendo al principio que establece que -la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Resulta aplicable, por analogía y en lo conducente, la tesis con registro IUS 232213, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, volumen 193-198, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Es igualmente aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También es aplicable la jurisprudencia 419, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 447, del tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte -SCJN, tercera sección- plazos y notificaciones, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, quinta época, cuyo texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." De igual forma es aplicable en lo conducente la tesis número I.4o.A.269 A, visible en la página mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que textualmente establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por Mónica Lucia Gabina Medina Puerto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México; a tres de agosto de dos mil veintitrés. Procedencia de la demanda. Visto el escrito de demanda promovida por Mónica Lucia Gabina Medina Puerto, por su propio derecho, en atención al citado Acuerdo General 04/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número 767/2023. Así, previamente a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, en relación con el diverso 108, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la legal notificación que se le haga del presente proveído, aclare, su demanda en relación a lo siguiente: Especifique el artículo o artículos en particular que refiere le fueron aplicados del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; lo anterior, dado que únicamente indica de forma genérica que con motivo de la aplicación de ese ordenamiento se le causa perjuicio (sin precisar el artículo en particular que le fue aplicado). Especifique el artículo o artículos en particular que refiere le fueron aplicados de los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023; lo anterior, dado que únicamente indica de forma genérica que con motivo de la aplicación de esos presupuestos se le causa perjuicio (sin precisar el artículo en particular que le fue aplicado). Especifique de que anualidad reclama el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, lo anterior en virtud de que refiere de manera genérica el manual, sin señalar el año que impugna. Al respecto resulta aplicable por el criterio que la orienta, la tesis 2ª. CXLIV/97, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, SI NO SÓLO EL PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO DEL LEGISLADOR Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS". Bajo ese contexto, el planteamiento sobre la inconstitucionalidad del de los ordenamientos que la promovente pretende impugnar, no le da derecho a reclamar todas sus disposiciones, sino únicamente aquellas en cuyas hipótesis se ubique o que le causen perjuicio sobre su esfera jurídica y , en esa medida, es que sus planteamientos puedan ser analizables. Cuenta habida de que al resolver los planteamientos de fondo contenidos en la demanda de amparo, si fuera necesario analizar disposiciones de los ordenamientos reclamados como sistema normativo, de ser procedente, esta juzgadora realizará el estudio correspondiente. Copias del escrito aclaratorio. La quejosa deberá remitir copias del escrito aclaratorio que resulten necesarias, debiendo tomar en cuenta que corresponden una para cada autoridad señalada como responsable y una más para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y Copias para la suspensión del acto reclamado. Se le requiere para que exhiba una copia de su escrito aclaratorio para que, de ser el caso, se realice el pronunciamiento que solicita respecto del incidente de suspensión. En el entendido de que si el desahogo se presenta vía electrónica, no serán necesarias las copias de traslado de los documentos descritos. Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo solicitado en los incisos a, b, c y d se tendrá por no presentada su demanda; y de no cumplir con lo ordenado en punto "e", se postergará el pronunciamiento que solicita se realice en el incidente de suspensión de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 penúltimo y último párrafos de la Ley de Amparo. Autorizados para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Octavio Alejandro Gaitán Manuel y Gerardo Solano Melgarejo, toda vez que como se advierte de la primera certificación de cuenta no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otro lado, en lo que respecta a Marcela María Esther Astorga Escolano y María Dolores Bermúdez Rubio, se tienen como autorizados, en los términos que precisa y para los fines que indica. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el sitio ubicado en: "el inmueble marcado con el número cuarenta y dos, ubicado en las calles de Tlaltecutli, Colonia Ajusco, Alcaldía Coyoacán, en esta ciudad.". Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones. Se hace del conocimiento a las partes que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copias de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello. También quedan a la vista de las partes los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; salvo documentos reservados o confidenciales, en atención a lo señalado en la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 (TRES) DE ABRIL DE 2013 (DOS MIL TRECE)." Igualmente, dígase a las partes que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Transparencia y datos personales. Con fundamento en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el consejo; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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