Mónica Lizet Vernet Valdés

Expediente 422/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa. 40 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
422/2020
Año
2020
Actuaciones
40
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Mónica Lizet Vernet Valdés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. En razón de que el presente juicio se encuentra concluido, se ordena remitirlo al archivo de expedientes de trámite Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a) del ya citado Acuerdo General, se estima que el presente expediente al no ser de relevancia documental, se le otorga valor de destruible. Finalmente, resulta innecesario conservar las constancias que se recabaron de manera oficiosa al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; por tanto, se ordena remitir mediante oficio un tomo de pruebas, a fin de que la responsable provea lo que estime pertinente.

  2. Principal

    Vista la razón elaborada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que no le fue posible llevar a cabo la notificación de la sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre del año en curso, a la parte quejosa **, ni a la parte tercera interesada **, toda vez que, por cuanto hace a la quejosa, dicha parte señaló vía electrónica se realizaran las notificaciones, sin que se hubiera efectuado la notificación correspondiente a través de dicha vía, mientras que, por lo que respecta a la tercera interesada no señaló domicilio procesal en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. Atento a lo anterior, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta; y visto que se autorizó que las notificaciones personales a la parte quejosa se realicen por la vía electrónica; se ordena practicar la notificación de la sentencia de treinta de septiembre del año en curso a la quejosa Mónica Lizet Vernet Valdés, por la vía electrónica, misma que a continuación se inserta para tal efecto: RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL Mazatlán, Sinaloa, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Una vez revisadas las constancias del juicio de amparo 422/2020, promovido por Mónica Lizet Vernet Valdés, se dicta sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda En proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 10301/2020, del Actuario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, al que adjuntó los autos del juicio de amparo 382/2020, de su índice, en el cual, informó que no aceptaba la competencia de separación de autos propuesta por este órgano en el juicio de amparo 212/2020, de nuestro índice, en el que Mónica Lizet Vernet Valdés, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa y otras autoridades. Segundo. Admisión y trámite Por razón de turno, a este Juzgado de Distrito le correspondió conocer de la demanda de amparo, por lo que en proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, se ordenó formar el expediente y registrar la demanda con el número 422/2020; se admitió a trámite por los que correspondió conocer a este Juzgado; se requirió a las responsables por su informe con justificación; dar la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se señaló que le resultaba el carácter de tercero interesada a Munsa Molinos, Sociedad Anónima de Capital Variable, razón por la cual, se ordenó su emplazamiento a juicio. Tercero. Audiencia constitucional El día veintiocho de junio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta respectiva. CONSIDERANDO: Primero. Competencia Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Segundo. Precisión del acto reclamado En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a cumplir con la obligación de fijar de manera clara y precisan los actos reclamados en este juicio de amparo. Se precisa que la parte quejosa Mónica Lizet Vernet Valdés, en su escrito de demanda y respectivo aclaratorio, reclama lo siguiente: - La omisión de aplicar en materia de asentamientos humanos la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, específicamente en sus artículos 1, fracción VII y X, 2, fracción VIII, 4 fracción XIX, 63 fracción IX, 70 fracción IX, 260 y 261, al permitir la construcción de silos metálicos industriales de la empresa Munsa Molinos, S.A. de C.V. - La omisión de aplicar el Reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, específicamente en su artículo 116 fracción I, II y III, en virtud de que siguen autorizando la expansión de dicha industria como silos metálicos industriales, en un polígono habitacional. - La omisión de establecer como medida de mitigación de riesgos antropogénicos, los límites máximos permisibles para el establecimiento de Máquinas Industriales que trabajan con gas LP y otras propiedades dañinas, dentro de las zonas urbanísticas, como lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, del Estado de Sinaloa y la Ley General de Asentamientos Humanos, en sus artículos 2, 4 fracción VIII y 11 fracción XXIV. - La omisión de atender los estudios y dictámenes emitidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Ayuntamiento de Mazatlán, Directora de Ecología y Medio Ambiente; Subdirector de Dictamen Urbano y Seguimiento; Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Publicas, todas del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en Ciudad de México; y Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa; pues tales autoridades negaron su existencia al rendir sus informes justificados. Pese a lo manifestado por las autoridades responsables de referencia, la parte quejosa no aportó al presente juicio, prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados, lo cual conlleva a sobreseer en el juicio por ser inexistentes los actos reclamados. Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, a quien correspondía la carga de la prueba a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado, es a la parte quejosa y no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. En efecto, la parte quejosa no exhibió probanza que acreditara la existencia de los actos reclamados; más aún, que en proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento formulado y se declararon desiertas las pruebas de inspección judicial, pericial en materia ambiental e informe de riesgo de desastre a cargo del Centro Nacional de Prevención de Desastre. Máxime que, de la documental que exhibió junto a su escrito inicial de demanda, consistente en oficio DPDUS/AJ/047/2020, firmado por el Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, dirigido a la aquí quejosa, se advierte que se indica lo siguiente: "... hago de su conocimiento, que en fecha 04 de diciembre del año 2014, la empresa Munsa Molinos, S.A. de C.V., ingreso a esta Dirección de Planeación, solicitud con los anexos requeridos para un permiso de construcción de dos silos para almacenar grano, realizando el pago de dicho permiso, sin embargo previo al otorgamiento de la licencia de construcción, la empresa antes referida inicio los trabajos de construcción, razón por la cual se inició el oficio de comisión número 101/04/2015, de fecha catorce de abril del año 2014, por estar infringiendo el Reglamento de construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, abriendo procedimiento administrativo número 002/15, en el cual se dictó resolución ordenando imponer una multa de 20 salarios mínimos, así como la demolición de dos silos de almacenamiento de granos. Posteriormente la empresa Munsa Molinos S. A. de C.V., inició juicio ante la Sala Regional Sur del Tribunal Contencioso Administrativo, en contra de la Dirección de Planeación, el cual quedó radicado bajo el número 1294/2015, dictándose resolución el día veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, ordenando el sobreseimiento del juicio, sin embargo, la empresa referida presentó recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, recayendo bajo el número de expediente 2016/2016, dictándose sentencia el día tres de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual revoca la sentencia dictada por la Sala regional Sur, en el expediente de origen 1295/2015, declarando la nulidad del oficio de comisión número 101/04/2015 y el procedimiento administrativo derivado del mismo. En razón de lo anterior, la Sala Superior ordenó a esta Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, levantar la suspensión de la obra y también, que se le otorgara la Licencia de construcción solicitada mediante solicitud, número 104494 de fecha 04 de diciembre de 2014, ya que la sala Superior considero que la empresa Munsa Molinos, S.A. de C.V., cumplió con los requisitos del Reglamento de Construcción para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, en virtud de que transcurrieron más de cuatro años, era imposible emitir la licencia, con fecha retroactiva por lo que se acordó emitir solo la terminación de obra número T29672, de fecha 19 de noviembre de 2019, a favor de la empresa Munsa Molinos, S. A. de C.V., lo anterior debido a que la obra ya se encontraba terminada. Por los hechos antes narrados, no es posible suspender y cancelar dicha obra como lo solicita en virtud de que no existe licencia vigente en la actualidad en el predio ubicado en el predio ubicado (sic) en Avenida de las Torres número 10,000 Fraccionamiento Paseo de los Olivos, propiedad de la persona Moral denominada Munsa Molinos, S. A. de C.V." Así también, la diversa autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al rendir su informe justificado señaló de una revisión al archivo de esa Secretaría, encontró la existencia de: "...Licencia Ambiental Única con oficio No. SUBSRIA.MARN/544/20219 de fecha 12 de diciembre de 2019 a nombre de la persona moral MUNSA MOLINOS S.A. DE C.V. de vigencia indefinida. Así mismo obra en dichos archivos, Autorización Condicionada en materia de Impacto Ambiental con No. de Resolución SMARN/DNA/DIRAA/115/2019 de fecha 04 de noviembre del 2019 a nombre de la persona moral denominada MUNSA MOLINOS S.A. DE C.V., para llevar a cabo las actividades de construcción (ampliación), operación y mantenimiento de planta de elaboración de harina de trigo, con una vigencia de dos años". Además, anexó prueba documental para apoyar su informe. Por consiguiente, es evidente que la parte quejosa, no aportó elemento de prueba fehaciente tendiente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados, lo cual conlleva a sobreseer en el juicio por ser inexistentes los actos reclamados Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por ilustrativa la jurisprudencia de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS". "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO".1" Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, fracción V, y 73, todos de la Ley de Amparo, se resuelve en los términos siguientes: RESOLUTIVO: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 422/2020, promovido por Mónica Lizet Vernet Valdés, por los actos y contra las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo y tercero de esta resolución, respectivamente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Claudia Isabel Mendoza Regalado, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe, el treinta de septiembre de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe." Por otra parte, si al día de hoy, la parte tercero interesada de referencia incumplió con la obligación de señalar domicilio procesal, es inconcuso que lo procedente es ordenar que las notificaciones que deben practicársele se realicen por medio de lista de acuerdos. En efecto, el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, a la ley de la materia, a la letra dice: "Artículo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial." En adición a lo anterior, la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: ... III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y ..." En este contexto, de los numerales transcritos, se destaca la obligación procesal de las partes de señalar domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones en el lugar del juicio, y a contrario sensu, se establece que lo procedente en caso de no satisfacer ese requisito es realizar la notificación de los proveídos y resoluciones por medio de lista de acuerdos. Consecuentemente, se ordena que la notificación de la sentencia de treinta de septiembre del año en curso, la del presente proveído y las subsecuentes de carácter personal, se notifiquen a la tercera interesada Munsa Molinos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta que cumpla con dicho requisito.

  3. Principal

    Único. Se sobresee el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos se advierte que en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió y apercibió al tercero interesado a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Ahora, si al día de hoy, incumplió con la obligación de señalar domicilio procesal, es inconcuso que lo procedente es ordenar que las notificaciones que deben practicársele se realicen por medio de lista de acuerdos. Consecuentemente, se ordena que las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se notifiquen a la parte tercero interesada ****, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que, mediante proveído de nueve de mayo del presente año, se tuvo por recibido el oficio 5738/22, del Actuario de la Sala Regional Zona Sur, de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintiocho de abril de dos veintidós, remitió copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio de nulidad 1294/2015, de su índice; de las cuales por su volumen, se ordenó formar un tomo de pruebas por separado. En esa medida, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dése vista a las partes quejosa y tercero interesada con las citadas documentales, para que dentro del término de tres días contados a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las diez horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós.

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