Mónica Lilian Figueroa Navarro

Expediente 994/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
994/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Mónica Lilian Figueroa Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual solicita la vinculación del presente juicio de amparo en relación con el juicio de amparo 3/2023-VII-A, de su índice, por los motivos que expone.En su atención, instrúyase a la Oficial judicial "A" (antes Analista Jurídico SISE), para que realice las gestiones necesarias y efectúe la acción de vinculación del presente sumario constitucional con el diverso juicio de amparo 3/2023-VII-A, de la estadística del Juzgado oficiante y se habilite en el referido sistema la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico de este asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    EL PRESENTE ASUNTO HA CAUSADO ESTADO. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, ESTIMÁNDOSE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa Mónica Lilian Figueroa Navarro, por propio derecho, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO En mérito de lo anterior, se tiene por desahogada la prevención formulada y, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Mónica Lilian Figueroa Navarro, por propio derecho, contra actos de la Rectora de la Universidad de Ecatepec, Asociación Civil y otra autoridad. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo y escrito aclaratorio que nos ocupa, se advierte que las autoridades y los actos reclamados en la presente instancia constitucional son los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: En términos a lo estipulado por el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo señaló como autoridades responsables a: 1. Rectora de la persona jurídica denominada Universidad de Ecatepec, Asociación Civil, . 2. Encargado de Control Escolar de la persona jurídica denominada Universidad de Ecatepec, Asociación Civil, ." "IV.- ACTOS RECLAMADOS: se reclama de la responsable: Negativa de gestionar a mi favor, la expedición del título de licenciatura en derecho. Omisión de inscribirlo ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Omisión de entregar a la suscrita, el título y la cédula correspondientes." Ahora bien, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "5º. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ..." Al respecto es conveniente destacar que la fracción I, del artículo 1° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado de mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5°, en su fracción II, de la citada ley, señala que la autoridad responsable es la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De ahí que, para considerar a los particulares como autoridad responsable para los efectos del amparo, se deben considerar los siguientes elementos: a) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. b) Que omitan actos que, de realizarse, crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. c) Que esas funciones estén determinadas en una norma general. En relación con este punto, pero vinculado con la actuación de las instituciones educativas privadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 408/2017, sostuvo: ".De acuerdo con lo ya determinado por esta Sala, los elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son:  Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.  Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas.  Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general. Tomando en cuenta estos elementos, debe decirse que un contrato de prestación de servicios educativos privados no genera actos de autoridad por parte de la institución, sino que origina una relación de coordinación, derivada de un acuerdo de voluntades, en la que las partes actúan en un plano de igualdad. Esto es, los directivos de la universidad privada no realizan acciones investidos de imperio ni por mandato de una norma general. Es verdad que el derecho humano a la educación contenido en el artículo 3o. de la Ley Suprema es de esencial importancia social, de conformidad no sólo con nuestra Constitución, sino con lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales; sin embargo, la estructura jurídica creada para satisfacer tal derecho es compleja, y no sólo el Estado actúa para brindar el servicio, sino también los particulares, a quienes se autoriza a impartir educación, en los términos en que nuestra Carta Magna y las leyes respectivas lo disponen (tal como ocurre en muchos otros países). Es así que el Estado y los particulares pueden impartir educación, en términos de la Constitución Federal, pero los particulares, al hacerlo no se equiparan a una autoridad. La relación que surge entre un instituto educativo privado y los alumnos no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato de prestación de servicios educativos que al respecto firman, y conforme al cual la institución privada determina los requisitos inherentes al servicio que presta. Contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (institución educativa y alumno). Cuando se contrata la prestación privada de servicios educativos las partes fijan de común acuerdo una retribución económica, y quien contrata el servicio acepta someterse a las disposiciones internas de la institución educativa, en una especie de contrato privado de adhesión para recibir un servicio y no en una norma general. Las determinaciones que tome una universidad privada con respecto a sus alumnos trascienden en el ámbito privado a los derechos y obligaciones para con la propia institución, pues el origen está en la voluntad de las partes y en la normativa interna que fue aceptada voluntariamente por quién solicitó el servicio. La universidad privada no ejerce un poder público frente a sus alumnos, sino que actúa conforme a su regulación y al acuerdo de voluntades aceptado por las partes. Esto es así, porque: 1 El origen de la relación alumno-escuela privada es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil de prestación de servicios y no el cumplimiento de un mandato establecido en ley. 2 La relación jurídica que surge entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo que firmaron. Es verdad que para impartir el servicio de educación se requiere contar con autorización del Estado, en términos de las leyes y reglamentos correspondientes; sin embargo, ese hecho no le da el carácter de autoridad a quien presta un servicio educativo privado, pues no sólo en este ramo, sino en muchos otros, el particular requiere obtener una autorización estatal para dedicarse a la actividad que le acomode, y esa condición (contar con autorización del Estado) no lo equipara a una autoridad. Por todo esto es que, como en un inicio se apuntó, las universidades privadas no son autoridades para efectos del juicio de amparo. .". Las consideraciones precedentes se asumen como propias por este Juzgador como sustento de la determinación adoptada, de lo que resulta inconcuso que las autoridades que el quejoso señala como responsables, no les reviste tal carácter para efectos del juicio constitucional, virtud a lo cual resulta manifiesta e indudable su improcedencia. Resulta aplicable, por identidad de razón, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 56, Tomo I, julio de dos mil dieciocho, página 647, Materia Común, Décima Época, de rubro: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Bajo esa óptica, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Mónica Lilian Figueroa Navarro, por propio derecho, por las razones antes expuestas. Sin que obste a lo anterior que la peticionaria de amparo refiere que actualmente no existe relación contractual con la institución educativa privada, puesto que ya concluyó sus estudios y como consecuencia dejó de tener el carácter de alumna, debido a que los actos reclamados derivan de la relación contractual que se originó del acuerdo de voluntades mediante el cual contrató los servicios de una institución privada, para obtener el reconocimiento académico como licenciada en derecho, del que derivan los actos de omisión reclamados; de ahí que se considere aplicable el criterio jurisprudencia antes invocado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de octubre de dos mil veintiuno.RADICACIÓN Y PREVENCIÓN VISTA la demanda de amparo promovida por Mónica Lilian Figueroa Navarro, por propio derecho, contra actos de la Rectora de la Universidad de Ecatepec, Asociación Civil y otra autoridad; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 994/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, en relación con el 108 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Mónica Lilian Figueroa Navarro, por propio derecho, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente bajo protesta de decir verdad: 1) Precise si peticionó por escrito y en su caso presentó todos y cada uno de los documentos que sean necesarios para que las autoridades responsables estuvieran en aptitud de darle el trámite a efecto de expedirle su título y cédula profesional de la licenciatura en derecho, y de ser el caso cuándo los presentó y sí le dieron alguna respuesta, ya sea afirmativa o negativa. Se dice lo anterior, debido a que en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, señala lo siguiente "Hecho lo anterior, comuniqué el logro al área de control escolar de dicha institución privada, sin que a la fecha la suscrita cuente con la culminación del proceso de titulación, porque las responsables no han realizado las gestiones para cumplir con su obligación delegada por la Secretaría de Educación en el sentido de realizar todos los trámites respectivos a propósito de expedir mi título como licenciada en derecho, para así inscribirlo ante la Secretaría." Lo que provoca confusión en cuanto a si la promovente ya presentó el trámite y documentos completos y necesarios para que las responsables puedan expedirle su cédula y título profesional y en su caso inscribirlo ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; ya que únicamente menciona que comunicó el logro al área de control escolar de dicha institución privada, no así que haya reunido y presentado todos y cada uno de los documentos y requisitos para tal efecto, lo cual obstaculiza que se pueda fijar de manera adecuada la litis, circunstancias las anteriores que generan confusión a este Juzgado. Esto, a fin de tener debidamente precisado el acto o los actos que se combaten en el presente asunto e integrar debidamente la litis constitucional. Tiene aplicación la tesis número 227,883, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio 1989, página 54, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." 2) Asimismo, deberá exhibir tres copias de su escrito aclaratorio, para distribuirse de la siguiente manera: una para el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, y dos para las autoridades responsables. Cabe precisar que la exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba a la promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, qué acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE.". 3) De igual forma, deberá exhibir dos copias del escrito de desahogo, a fin de integrar el incidente de suspensión que solicita. Se apercibe a la promovente del amparo que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en los incisos 1) y 2), dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo; y, de no exhibir las copias especificadas en el inciso 3), el efecto será que se postergara la apertura del incidente de suspensión, como lo establece el último párrafo del citado numeral 114, hasta en tanto se cumpla con esa exigencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado. También, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, se tiene por autorizados de la parte quejosa a Lázaro Jesús Peña Quevedo, Paola García Antonio, Javier Ladrillero Martínez y Mario Alberto Meza Martínez, quienes de momento sólo podrán oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho y su respectiva cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A CONTIUNAR EL JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN A LAS PARTES Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. TRANSPARENCIA En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa mediante lista, publicada en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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