Mónica Ligia Huacuja Castelo
Expediente 1426/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1426/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mónica Ligia Huacuja Castelo
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato, dos de marzo de dos mil dieciocho. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, ya que: Se desechó de plano la demanda de amparo. No obran documentos originales. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 14 DE FEBRERO DE 2018, QUE REZA; SE DESECHA DEMANDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 01 DE FEBRERO DE 2018, QUE REZA; Se reasume competencia. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que causó estado el proveído de quince de enero de dos mil dieciocho, a través del cual determinó no aceptar la competencia del presente asunto; asimismo, remite el original del juicio de amparo 1426/2017-IV del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo de estilo. Glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes correspondiente, pues se estiman innecesarias las diversas que en copia certificada lo integran, dado que sus originales constan en el expediente en que se actúa. Por otra parte, atento a lo resuelto por la superioridad en su acuerdo de quince de enero de dos mil dieciocho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito reasume la competencia de la demanda de amparo y se avoca al conocimiento de la misma, en consecuencia, se provee: II. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones II y IV, en relación con el 108, fracción V de la Ley de Amparo vigente; requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Indique si a la fecha de la presentación de su demanda de amparo (nueve de noviembre de dos mil diecisiete), la autoridad responsable ante quien se declinó competencia ya había aceptado ésta. Lo anterior, toda vez que del oficio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, se advierte que lo que la quejosa reclama no es un auto de desechamiento de demanda, como aduce en su libelo constitucional, sino la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en la que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa confirmó el recurso de reclamación en contra del diverso auto emitido por el Magistrado de la Segunda Sala del referido tribunal, mediante el cual la aludida sala se declaró incompetente para conocer de la demanda de origen y declinó la competencia a la Junta de Conciliación y Arbitraje en turno, con residencia en León. Para lo anterior, es aplicable la tesis I.7o.A.100 Kvisible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Hágase del conocimiento de la parte quejosa que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibida que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUE REZA; Parte quejosa. ******************** II. Autoridades responsables. Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y otra autoridad. III. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 1426/2017-IV. IV. Se remite por incompetencia la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, se advierte que la quejosa tilda de inconstitucional la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que resolvió el toca número 330/17 PL, relativo al recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, dentro del proceso administrativo 1155/2° Sala/17, en el que se desechó la demanda de nulidad; determinación que en términos de lo dispuesto en el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al procedimiento administrativo antes referido, la cual resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 170, fracción I, y 176 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán, carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." "Artículo 176.- La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento.". Por su parte, el artículo 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;." De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, teniendo como característica que las sentencias definitivas o laudos, deciden el juicio en lo principal; mientras que las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido. En la especie el acto reclamado constituye una resolución que confirma el auto que desecha una demanda en la vía administrativa, de modo que participa de la naturaleza de las resoluciones que ponen fin al procedimiento natural, porque impide su continuación, sin decidirlo en cuanto al fondo del asunto; puesto que la Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. Por ende, dicho acto debe ser reclamado en la vía de amparo uniistancial. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 87/98, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, con registro número 194715, cuyo rubro establece: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." En efecto, como la competencia se erige como un derecho fundamental de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los juicios de amparo directos, resulta cierto, que para defender el enunciado de principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado destacado la resolución de veintisiete de septiembre que confirmó el auto de veinte de junio, ambos del presente año, en el que la autoridad responsable desechó el escrito inicial de la demanda; en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 a Enrique Morales Ruiz Esparza y José Enrique Morales Vargas en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del mismo numeral y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a Nazareth Getsemaní Ovando Pérez, por así haberlo solicitado. VI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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