Mónica Juárez Montero
Expediente 297/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mónica Juárez Montero
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vistas las demandas de amparo promovidas por ****, ****, ****, ****y ****, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y otras autoridades, realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 296/2021-II y sus acumulados 297/2021-I, 298/2021-II, 299/2021-I y 300/2021-II. En el caso, se considera que procede la acumulación de las demandas, por los motivos que se exponen a continuación: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto; sin embargo, tal figura no fue suprimida en la intención del legislador que intervino en la creación de ese ordenamiento legal, pues cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, para evitar incurrir en sentencias contradictorias, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la ley de la materia, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo su acumulación. Así se deduce del contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/2015 (10a.), visible en la página diecinueve, Libro veintidós, Septiembre de dos mil quince, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2009910, de rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL". De la literalidad del criterio jurisprudencial citado, se advierte que para decretarse la acumulación en el juicio de amparo se requiere: a) Que exista instancia de parte o se advierta de oficio; y, b) Que los juicios de amparo sean promovidos por el mismo acto reclamado y en contra de las mismas autoridades responsables, siendo diversos los quejosos. Condiciones que se cumplen en el caso concreto, porque del contenido de las demandas que dieron origen a este juicio, se arriba a la conclusión de que si bien es verdad fueron promovidas por diversos quejosos, también lo es que del texto de sus respectivas demandas se advierte identidad de autoridades responsables y actos reclamados. En consecuencia, para proveer en un solo juicio lo conducente a los actos reclamados por los quejosos, con fundamento en lo previsto en el artículo 66 de la citada ley, se declara procedente la acumulación de los sumarios constitucionales números 297/2021-II, 298/2021-II, 299/2021- II y 300/2021-II, al juicio de amparo 296/2021-II de este órgano de control constitucional, por ser este último el más antiguo. Ahora, respecto de los actos que reclaman, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, de la Ley de Amparo. Para afirmarlo, se tiene que los quejosos señalan como acto reclamado la orden de retención de su salario desde la primera quincena del mes de octubre de dos mil veintiuno; así como su ejecución. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. Así, el concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad; por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, cobra aplicación de las propias manifestaciones de los promoventes, de las que se desprende que se desempeñan en apoyo administrativo de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, quien sin justificación alguna retuvo los salarios de la primer quincena del mes de octubre de dos mil veintiuno, de los quejosos. Como se advierte, los actos que reclaman derivan de una relación de trabajo, por consiguiente, carecen de las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de actos suscitados entre particulares, ya que, en el caso, las partes mencionadas (la quejosa y las diversas autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Taxco de Alarcón), se encuentran en un mismo plano. Ello es así, pues en la especie, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación de coordinación regulada por el derecho privado en la que el ente público actúa como particular, y no con el carácter de autoridad, pues dicha relación es de índole laboral; de manera que en el caso se está en presencia de un acto del patrón, por lo que se encuentra en aptitud de combatirlo en otra vía, mediante el ejercicio de la acción que corresponda, si se toma en consideración que la relación laboral es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona. En efecto, atento a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que los actos combatidos quedan sometidos a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, dado que se trata de una cuestión derivada de la relación entre los quejosos -como trabajadores- y las autoridades señaladas como responsables- en su carácter de patrón- y en esas consideraciones, debe atenderse al régimen constitucional que rige al vínculo laboral del cual derivan los actos en cuestión; motivo por el cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente. Así las cosas, se concluye que sólo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que, dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. Es aplicable por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 370, tomo X, Julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." En virtud de lo anterior se desechan las demandas de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como lo solicitan, realícense las notificaciones que deban ser personales en el domicilio que señalan; asimismo, se tienen como sus autorizados a las personas mencionan para los efectos que precisan. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de éste juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a los quejosos. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Citatorio. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vistas las demandas de amparo promovidas por ****, ****, ****, ****y ****, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y otras autoridades, realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 296/2021-II y sus acumulados 297/2021-I, 298/2021-II, 299/2021-I y 300/2021-II. En el caso, se considera que procede la acumulación de las demandas, por los motivos que se exponen a continuación: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto; sin embargo, tal figura no fue suprimida en la intención del legislador que intervino en la creación de ese ordenamiento legal, pues cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, para evitar incurrir en sentencias contradictorias, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la ley de la materia, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo su acumulación. Así se deduce del contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/2015 (10a.), visible en la página diecinueve, Libro veintidós, Septiembre de dos mil quince, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2009910, de rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL". De la literalidad del criterio jurisprudencial citado, se advierte que para decretarse la acumulación en el juicio de amparo se requiere: a) Que exista instancia de parte o se advierta de oficio; y, b) Que los juicios de amparo sean promovidos por el mismo acto reclamado y en contra de las mismas autoridades responsables, siendo diversos los quejosos. Condiciones que se cumplen en el caso concreto, porque del contenido de las demandas que dieron origen a este juicio, se arriba a la conclusión de que si bien es verdad fueron promovidas por diversos quejosos, también lo es que del texto de sus respectivas demandas se advierte identidad de autoridades responsables y actos reclamados. En consecuencia, para proveer en un solo juicio lo conducente a los actos reclamados por los quejosos, con fundamento en lo previsto en el artículo 66 de la citada ley, se declara procedente la acumulación de los sumarios constitucionales números 297/2021-II, 298/2021-II, 299/2021- II y 300/2021-II, al juicio de amparo 296/2021-II de este órgano de control constitucional, por ser este último el más antiguo. Ahora, respecto de los actos que reclaman, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, de la Ley de Amparo. Para afirmarlo, se tiene que los quejosos señalan como acto reclamado la orden de retención de su salario desde la primera quincena del mes de octubre de dos mil veintiuno; así como su ejecución. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. Así, el concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad; por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, cobra aplicación de las propias manifestaciones de los promoventes, de las que se desprende que se desempeñan en apoyo administrativo de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, quien sin justificación alguna retuvo los salarios de la primer quincena del mes de octubre de dos mil veintiuno, de los quejosos. Como se advierte, los actos que reclaman derivan de una relación de trabajo, por consiguiente, carecen de las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de actos suscitados entre particulares, ya que, en el caso, las partes mencionadas (la quejosa y las diversas autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Taxco de Alarcón), se encuentran en un mismo plano. Ello es así, pues en la especie, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación de coordinación regulada por el derecho privado en la que el ente público actúa como particular, y no con el carácter de autoridad, pues dicha relación es de índole laboral; de manera que en el caso se está en presencia de un acto del patrón, por lo que se encuentra en aptitud de combatirlo en otra vía, mediante el ejercicio de la acción que corresponda, si se toma en consideración que la relación laboral es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona. En efecto, atento a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que los actos combatidos quedan sometidos a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, dado que se trata de una cuestión derivada de la relación entre los quejosos -como trabajadores- y las autoridades señaladas como responsables- en su carácter de patrón- y en esas consideraciones, debe atenderse al régimen constitucional que rige al vínculo laboral del cual derivan los actos en cuestión; motivo por el cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente. Así las cosas, se concluye que sólo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que, dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. Es aplicable por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 370, tomo X, Julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." En virtud de lo anterior se desechan las demandas de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Como lo solicitan, realícense las notificaciones que deban ser personales en el domicilio que señalan; asimismo, se tienen como sus autorizados a las personas mencionan para los efectos que precisan. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de éste juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a los quejosos. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · 3,239 expedientes
- Moisés Carranza Barrera8/2016
- Moisés Delgado Ortiz348/2016
- Moisés Gómez Ruiz65/2019
- Moisés Miranda Miranda419/2015
- Moisés Valle Ramírez67/2020
- Mónica Esther Suárez Ugarte133/2016
- Mónica Leticia Preciado Palacios128/2018
- Mónica Morales Merlos146/2020
- Mónica Patricia Salcedo Quintana206/2015
- Monica Santana Huicochea57/2022
- Mónica Santana Huicochea118/2020
- Mónica Yanet Estrada Hernández19/2021