Monica Juarez Martinez
Expediente 1246/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1246/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Monica Juarez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
agréguese para que obre como corresponde, el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 321/2021 del índice de aquel órgano colegiado, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***contra actos del Encargado del Despacho de la Policía Estatal Morelos en Cuautla." En atención a ello, realícense las anotaciones procedentes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y glósese el cuaderno de antecedentes; ordenándose acusar de recibo, por así requerirlo la autoridad oficiante. Toda vez que la Superioridad determinó CONFIRMAR en el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en la que se resolvió SOBRESEER en el juicio de amparo; previas anotaciones en los libros de gobierno, en su oportunidad archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1. El presente expediente principal, se considera DEPURABLE, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se CONCEDIÓ la suspensión de plano; y de conformidad con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; y a su vez al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátulas respectiva; debiendo conservar el expediente en que se actúa, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración del mismo, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Transferir el cuaderno principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículo 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Se hace constar que en presente asunto SÍ existen documentos originales aportados por las partes, consistente en copia certificada de un diverso instrumento notarial, mismo que se pone a la vista de la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo recoger el citado documento. En atención a lo anterior, para que las condiciones de trabajo lo permitan, deberá de generar en la página del Consejo de la Judicatura Federal, Servicios en Línea, una cita para acudir preferentemente en un horario de 09:00 a 14:00 horas, lo que dará lugar a un código QR para su ingreso, circunstancia que incluso deberá comunicar a este Juzgador con al menos siete días de anticipación, a fin de organizar su entrega, atendiendo al reducido número de personal autorizado para el ingreso diario a este órgano jurisdiccional. Asimismo, se hace constar que en el presente asunto no existen anexos pendientes de devolución. En el entendido de una vez que se remita al archivo el presente asunto, la secretaria (o), deberá hacer constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad. Por último, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. TRIBUNAL COLEGIADO CONFIRMA SENTENCIA SOBRESEE, ARCHIVO CONSERVABLE POR SUSPENSIÓN DE PLANO.".
- Principal
se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe la literalidad del acuerdo dictado el veintisiete de septiembre del año en curso, en los autos del Recurso de Revisión 321/2021 del índice del tribunal oficiante, en el cual se determinó admitir a trámite el referido medio de impugnación. Agréguese para que obre como corresponde, el que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
se tiene por recibido el escrito remitido por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de julio del año en curso. Por consiguiente, téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia.
- Principal
S E N T E N C I A Visto para resolver en el juicio de amparo 1246/2020, promovido por Mónica Juárez Martínez, contra actos de la Policía Estatal Morelos, en el Municipio de Cuautla, de esta entidad federativa; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, por la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, la quejosa referida en párrafos que anteceden, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que precisa en su escrito de demanda. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se reservó el señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General 14/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la suspensión de los plazos y términos procesales dadas las medidas de contingencia decretadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, entre ellas, la suspensión de las labores de los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, del veintiuno de febrero de dos mil veinte al quince de febrero del año en curso, plazo que a su vez fue prorrogado por varios periodos mediante diversos Acuerdos Generales (6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, y 15/2020, 21/2020, 25/2020, 37/2020 y la Circular CAP/3/2020). TERCERO. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veinte, visto el estado procesal de los autos se hizo constar que con motivo de la expedición de la Circular SECNI/10/2021, de la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dada la naturaleza del acto reclamado, resultaba procedente levantar la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo y, por ende, se reanudó el trámite en este procedimiento hasta su conclusión, por lo que se señaló nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud que el acto reclamado carece de ejecución al ser de naturaleza omisiva y, por tanto, es competente el órgano jurisdiccional que ejerza jurisdicción en el lugar donde el quejoso haya presentado la demanda. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el juicio, se advierte que la quejosa reclama de la Policía Estatal Morelos, en el Municipio de Cuautla, de esta entidad federativa: ? La denegación de otorgarle licencia a efecto de observar la medida de resguardo domiciliario, ya que manifiesta que pertenece al grupo vulnerable de riesgo de contagio, por cursar, al tiempo de la presentación de la demanda, un embarazo de veintitrés semanas de gestación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Debe tenerse por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, no obstante que negó su existencia al momento de rendir su informe justificado; puesto que agregó manifestaciones que evidencian su certeza, además de que remitió copia certificada de diversas documentales con las que se accede a la convicción de que el acto reclamado existe; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que cuentan con la certificación correspondiente, asentada por autoridad facultada para ello. CUARTO. Causas de improcedencia fundadas. No habrá de analizarse la constitucionalidad del acto ni los conceptos de violación, toda vez que de oficio se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la lectura de los artículos se advierte que la acción de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad. Interpretando en sentido contrario la regla contenida en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible concluir que cuando el acto reclamado no le es atribuible a una autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente. Para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Anterior a la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: o La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; o Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; o Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, o Para emitir esos actos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ese concepto de autoridad responsable se amplió, porque en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor se estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, para que el juicio de amparo proceda contra un acto de particular, se requiere: a) Que sea equivalente a los de autoridad, es decir, debe existir un particular que establezca una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que con él se afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. c) Que el acto atribuido emane de un mandato de alguna norma general. En la especie, la accionante del juicio que nos ocupa aduce que la omisión de aplicar el artículo segundo, inciso a, del "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", vulnera el derecho a la salud que le asiste, debido a que el once de diciembre de la anualidad próximo pasada, solicitó por escrito a la responsable que en acatamiento a lo anterior, se le autorizara el resguardo domiciliario, justificando sus inasistencias a su fuente de trabajo y sin afectar su salario; sin que a la fecha de presentación de demanda, se le hubiere autorizado a medida de protección solicitada. Lo anterior, no obstante que adujo cursar, al tiempo de la presentación de la solicitud, un embarazo de veintitrés semanas de gestación. Como puede advertirse, la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a la relación administrativa que existe entre patrón-trabajador, lo que se corrobora con las documentales que obran en autos, de las que se advierte que la parte quejosa se ostenta como elemento policial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, y la responsable, le reconoce tal carácter. Entonces, se insiste, el acto reclamado se circunscribe al ámbito administrativo que rige la relación de la parte quejosa con la Policía Estatal, en el Municipio de Cuautla, Morelos. Es por ello, que la omisión o negativa de la que se duele la accionante, no puede calificarse como acto de autoridad, pues deriva estrictamente de una relación administrativa que mantiene Mónica Juárez Martínez, con la Policía Estatal, en el Municipio de Cuautla, Morelos. Dicho en otras palabras, tales actos tienen vinculación con las condiciones de trabajo en donde la policía estatal actúa como patrón frente a sus empleados. Sin que ello implique desconocer que el resguardo domiciliario de aquéllas personas que se encuentren en alguno de los grupos considerados como vulnerables para que dejen de asistir a sus centros de trabajo, constituye una medida derivada de una política de salud pública dirigida a minimizar el contagio de la enfermedad que produce del virus SARS-CoV2 durante la etapa de emergencia que se vive actualmente; sin embargo, los efectos de esas medidas repercuten en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir el contagio de dicho virus. Por tanto, el cumplimiento por parte de los empleadores del Estado o de carácter privado respecto de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tiene como finalidad garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, es decir, se desenvuelve en la relación administrativa (coordinación). Incluso, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo: "(...) a juicio de esta Segunda Sala, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo". Resulta importante acotar que la contradicción de tesis se circunscribió en determinar a qué juzgado (Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo o Juzgado de Distrito en Materia Administrativa) corresponde el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo; concluyendo que es competente un Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, sin embargo, esa decisión de modo alguno implica que el juicio de amparo sea procedente, debido a que ese tópico no fue materia de análisis. Entonces, hasta lo aquí relatado se tiene que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que se reclaman (modificación de sus condiciones laborales), en virtud que la parte inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria para hacer valer sus derechos, de acuerdo con el vínculo existente entre la parte quejosa y las autoridades que señalan como responsables. En tales condiciones, si el acto reclamado no fue atribuido a una autoridad para efectos del amparo, porque su naturaleza y origen versa sobre la relación administrativa que tiene la parte quejosa con la institución médica para la que labora, el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio. Atento a lo anterior, dado el sentido del presente fallo, se tiene que no es necesario estudiar las diversas causas de improcedencia que invocan las autoridades responsables, ya que el examen de éstas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución. Al igual que lo manifestado en vía de alegatos por la parte quejosa, en el sentido de que actualmente se encuentra en periodo de lactancia, tras haber concluido su embarazo con fecha de alumbramiento quince de marzo de dos mil veintiuno, y que por ello subsiste el estado de vulnerabilidad que hace procedente el resguado domiciliario pretendido; puesto que dichas manifestaciones, si bien no se inadvierten, no varían el sentido de la determinación precedente. Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de la improcedencia que se actualiza. QUINTO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mónica Juárez Martínez, por las razones expuestas en el cuarto considerando de este fallo. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elabórese la versión pública de la presente determinación, suprimiendo los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió Isela Jayme Salas, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, con fundamento en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, como lo refiere el oficio CCJ/ST/2585/2021 del Secretario Técnico de la Citada Comisión; que actúa asistida de la Secretaria María Concepción Cerejido Guerrero, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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