Mónica Josefina Garibi Ramos

Expediente 2394/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2394/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Mónica Josefina Garibi Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Destino expediente principal. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2394/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y recibido el diecisiete de ese mismo mes y año en este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Mónica Josefina Garibi Ramos, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 8 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se registró bajo el número 2394/2022, se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a que se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento del orden familiar y reclamarse actos de autoridades residentes en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que lo es: De la Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: a) La omisión de proveer el escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. b) La negativa de dar acceso al expediente 691/2008, del índice de la responsable. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado marcado con el inciso b) del segundo de los considerandos, atribuido a la Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, aunque fue omisa en pronunciarse respecto de ello en su informe justificado, no opera la presunción de certeza de tal acto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, sobre todo si se toma en cuenta que la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, lo cual no quedó acreditado en el presente asunto, de ahí que no se surta la presunción de certeza de dicha negativa. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a páginas 77, Tomo 80, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, con el rubro y texto siguientes "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que hace a ese particular. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado marcado con el inciso a) del segundo de los considerandos, atribuido a la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, relativo a la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Cobra aplicación en el caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por la promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Sobre el particular, quien ahora resuelve advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". De la interpretación literal de la porción normativa transcrita, se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, es oportuno mencionar que la cesación de efectos se ha interpretado como aquélla situación o circunstancia que acontece cuando del acto reclamado dentro del juicio constitucional, cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o acontece una causa accesoria que provoca que aquél deje de tener existencia, de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de su derecho fundamental. Además, es importante recordar que el juicio de amparo tiene como objetivo, al ser una garantía jurisdiccional, la obtención de la reparación constitucional, es decir, la restitución del agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental vulnerado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso concreto que se estudia en este apartado, la parte quejosa reclama que la autoridad responsable ha sido omisa en proveer su escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, lo cual, por cierto, quedó demostrado en el presente juicio. Sin embargo, ya en el curso de este juicio la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, informó que mediante proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós por la aquí quejosa, lo que acredita con la copia certificada de dicha determinación, la que merece eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una actuación emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, resulta evidente que el acto reclamado a la autoridad responsable, ha dejado de tener efectos, al desaparecer en forma total e incondicional, en la medida en que la responsable proveyó el escrito presentado por la parte quejosa, lo constituye parte de la materia de reclamo en el presente juicio. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que no se puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto de que se trata. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia V.2o. J/15, registro: 220705, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, Materia(s): Común, página: 115, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado" Sin que sea necesario realizar pronunciamiento alguno respecto de los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, pues no forman parte de la Litis. Apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J.27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mónica Josefina Garibi Ramos, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable, precisada ésta y aquellos en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. Nuevo domicilio. Visto el ocurso de cuenta suscrito por la autorizada de la parte quejosa y en cuanto a su contenido, se tiene señalando nuevo domicilio el que indica, revocando el anterior. Consulta electrónica. Como lo solicita, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal; y, 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, al usuario "Prisbarba". Sin que dicha autorización implique que las notificaciones que deban ser personales se realicen de esa forma, en razón de que la parte quejosa solicitó expresamente se realizaran en el domicilio físico señalado para tal efecto. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se hace del conocimiento a las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, Alva Miranda Ramírez funge como nueva titular de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. En el entendido de que, atento a los motivos expuestos en el criterio jurisprudencial 2a./J.176/2012 (10a.), la notificación de esta determinación a las autoridades responsables se realizará por medio de lista de acuerdos, conforme lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo lo anterior, en los razonamientos que dieron origen a la tesis que establece lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Interposición de recurso. Ténganse por recibido el escrito signado por ********************, representante de los intereses de la menor de identidad reservada ********************, atento a su contenido con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos. Distribución del escrito de agravios a las partes. Distribúyanse las copias de los agravios respectivos a las partes y dentro de los tres días sucesivos, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, el escrito de cuenta. En el entendido de que a efecto de que la Superioridad conozca lo actuado en él, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), razón por la cual no se ordena la remisión física de constancia alguna. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Alva Miranda Ramírez, Jueza Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistida por la secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe.

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