Monica Ivette Celada Ramonet

Expediente 1706/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1706/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Monica Ivette Celada Ramonet
  • Monica Ivette Celada Ramonet y Otros.
  • V. T. C.
  • H. S. T. C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. No ha lugar devolución billete de depósito. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el autorizado legal de la parte quejosa, a través del cual solicita la devolución del billete de depósito exhibido para garantizar los efectos de la suspensión provisional o definitiva decretada en este incidente; no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que en el presente incidente no fue exhibida garantía. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en la presente incidencia, esto es, copia del escrito inicial de demanda, las notificaciones a las partes, los informes previos rendidos por las autoridades responsables: Agente del Ministerio Público en la Unidad de Investigaciones Especiales Adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos Cometidos por Razones de Género. Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, ambas de esta ciudad. ( Asimismo, da cuenta con el oficio y escrito con anexo, registrados con folios 18384 y 18500 el primero remitido por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en Materias Penal y Administrativa, con sede en esta ciudad y el segundo presentado por el tercero interesado Héctor Tapia Borgo. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, por lo que respecta al oficio de la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en Materias Penal y Administrativa, con sede en esta ciudad, agréguese a los autos sin mayor determinación, en virtud de que mediante auto de veintisiete de noviembre pasado, se tuvo por recibido y se agregó a los autos el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja penal 437/2023, interpuesta en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dicho tribunal declaró fundado el citado medio de impugnación. Se apersona tercero interesado y vierte alegatos. Ahora bien, por lo que respecta al escrito presentado por el tercero interesado Héctor Tapia Borgo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) último supuesto, de la ley de la materia, téngasele apersonándose al presente incidente de suspensión con el carácter que se ostenta y por recibidos las alegaciones que vierte. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su escrito, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado; asimismo, se autorizan a las personas señalas para ese único efecto. Notificaciones electrónicas y acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "HectorTapia", el acceso al expediente electrónico, para los efectos solicitados, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. Ilustra lo anterior el criterio I. 2º.P.34 K (10ª.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En esta apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento del promovente de domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el nombre de usuario referido pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. Abierto el período de pruebas. La secretaria hace constar que la parte quejosa y el tercero interesado ofrecieron pruebas. El juez acuerda: Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que presentaron las partes en mención, las cuales se tomarán en cuenta en el apartado correspondiente al resolverse la presente incidencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. La secretaria certifica que el tercero interesado formuló alegatos, asimismo, se da cuenta al juez con el alegato ministerial con folio 18533, que presentó la representación social federal de la adscripción. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formulan las partes que exhibieron alegatos y se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1706/2023; y, R e s u l t a n d o s : Antecedentes A petición de Monica Ivette Celada Ramonet, por su propio derecho y en representación de los infantes de iniciales V.T.C. y H.S.T.C., por acuerdo de diecisiete de noviembre pasado, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual, se desarrolló conforme al acta que antecede; El veintitrés de noviembre del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de queja intentado por la parte quejosa, en contra del proveído de diecisiete de noviembre pasado dictado dentro de la presente incidencia; medio de impugnación que conoció al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo radicó como recurso de queja 437/2023. Por acuerdo de veintisiete de noviembre pasado, se tuvo por recibido el testimonio del recurso de mérito, mediante el cual el órgano revisor declaró fundado dicho recurso, revocó el acuerdo de diecisiete de noviembre pasado -suspensión provisional-, y en plenitud de jurisdicción concedió la medida suspensional; y, II. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, así como de las directrices del tribunal de alzada, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La determinación de diecinueve de octubre del año en curso, en la que el juez de Control del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno, de esta ciudad, impuso a la Fiscalía como fecha límite el treinta de noviembre de los presentes, para la realización de terapias lúdicas de sus infantes con iniciales V.T.C. y H.S.T.C. IV. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto que se les reclama al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora y agente del Ministerio Público en la Unidad de Investigaciones Especiales Adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos Cometidos por Razones de Género, ambas con sede en esta ciudad, pues el primero aceptó el acto que se le reclama y el segundo, no obstante que acepta parcialmente lo reclamado, se le tiene por cierto; ello, en razón de que de los propios argumentos que opone en su informe, se desprende la existencia del reclamo planteado por la quejosa. V. Estudio de la suspensión definitiva En primer término, es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo. Lo anterior se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que se establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver a sensibilidad el juez de distrito, ante la realidad del acto reclamado. En segundo término, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para la procedencia de la medida suspensional; por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos requisitos para la procedencia de ésta figura en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.". Señaló que el análisis de la concesión de la medida cautelar, debe realizarse conforme al orden lógico siguiente: Expresamente la solicite la parte quejosa, Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión, No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. En el caso, se advierte que se encuentra satisfecho el requisito previsto en el inciso a), porque la suspensión fue solicitada por la parte quejosa; también se satisface el requisito del inciso b), pues la naturaleza del acto así lo permite; y en cuanto al último requisito, debe decirse que también se acredita, se explica. En principio, como el acto reclamado, respecto del cual se solicita la suspensión definitiva, involucra a infantes, por lo que es necesario establecer que el interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional, implícito en la regulación de los derechos de los niños, previstos en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 4o.- (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Párrafo adicionado El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Así como el contenido de la Convención Sobre los Derechos del Niño, la cual toma consideración como principio rector del interés superior del niño, que implica que en todo momento, las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio directo y protección del niña o niño a quien van dirigidas. Lo anterior, al precisar en los artículos del 1 al 41 de la citada convención, los siguientes derechos para la niñez: A la vida y su sano desarrollo psicofísico; A la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la nacionalidad; A una atención especial en consideración a sus propios intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; A dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; A la no discriminación; A vivir en familia, que incluye la incorporación plena a una nueva familia a través de la adopción; A ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra el descuido, abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el secuestro y la trata; A que se le proporcionen los cuidados alternativos adecuados en caso de desamparo familiar; A una educación, trato y cuidados especiales en caso de impedimento psicofísico o cuando hayan sido víctimas de maltrato; A disfrutar del más alto nivel posible de salud; A la enseñanza escolarizada y a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia; Al descanso, al juego y a las actividades culturales y artísticas; el derecho a disfrutar libremente su cultura, religión o idioma, entre otros. Además, lo prescrito en los dispositivos 1, 19 y 39 de la citada Convención, que en forma preponderante constriñen las autoridades a velar por el interés superior del niño, en los siguientes términos: "Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. (.) Artículo 19. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. (.) Artículo 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. (.) En el ámbito interno, el legislador federal también ha entendido que el interés superior de la niñez es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se encarga de desarrollar los derechos contemplados en el artículo 4° constitucional. De acuerdo al Artículo 3° de este ordenamiento, el interés superior del menor, es uno de los principios rectores de los derechos del niño. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en varios criterios la importancia del principio interés superior de la infancia en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño, sosteniendo que "el interés superior del niño implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre Derechos del Niño"; dentro de los criterios destacan -en lo que al caso interesa- son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"." "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios." "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA. El derecho referido está regulado expresamente en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el numeral 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y comprende dos elementos: i) que los niños sean escuchados; y ii) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Ahora bien, la naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de los llamados "derechos instrumentales" o "procedimentales", especialidad que deriva de su relación con el principio de igualdad y con el interés superior de la infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad una protección adicional que permita que su actuación dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra sin las desventajas inherentes a su condición especial. Consecuentemente, el derecho antes descrito constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo, para ello, a los lineamientos desarrollados por este alto tribunal." "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional." Mientras que el artículo 109 penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el presente Código.(.)" Derivado del marco normativo antes expuesto, debe precisarse que cuando los juzgadores tienen que decidir una controversia que incide sobre los derechos de la niñez o adolescencia, deben tener en cuenta que estos requieren una protección legal reforzada, y que la única manera de brindarles dicha protección, implica tener en cuenta todos sus derechos y el rol que juegan en la controversia sometida a su consideración a fin de garantizar su bienestar integral y como consecuencia, se le protege de manera integral logrando el desarrollo holístico del mismo; lo anterior incluso con independencia de la litis y de los derechos de las partes del litigio. En consecuencia, se procede a conceder la suspensión definitiva solicitada, para los siguientes efectos: Que el juez de control responsable, con apoyo de un especialista en el tema de la niñez, y en cumplimiento con la normativa nacional e internacional en el ejercicio del derecho de los niños, a participar en los procesos jurisdiccionales que los afecten, así como a una debida tutela del interés superior de la niñez, determine de manera objetiva si el treinta de noviembre del año en curso, ya pueden recabarse las declaraciones de los infantes; y de ser así, ordene al fiscal que lleve a cabo el desahogo de las mismas; en caso contrario, ordene al representante social que continúe con las terapias lúdicas por el tiempo que con bases objetivas (la opinión del experto en temas de la infancia), se determine estrictamente necesarias para tal fin. En el entendido de que en todo momento, el juez de control como el fiscal, deberán de acatar los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en relación al interés superior del menor en el ámbito procesal, esto es, deberán observar la capacidad de los infantes para comprender el asunto y sus consecuencias; evitar la práctica desconsiderada del ejercicio del derecho a participar en los procesos jurisdiccionales que los afecten; evitar entrevistar a los infantes en más ocasiones de las necesarias; que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar y que garantice que su participación sea voluntaria; asimismo, para el desahogo de las diligencias, deben llevarse en forma de entrevista o conversación en la que debe intervenir directamente los menores, para lo cual, resulta conveniente que las autoridades intervinientes (juez de control y fiscal) previamente se reúnan con un especialista en temas de niñez, en la medida de lo posible deben llevar a cabo la entrevista en un lugar que no represente un ambiente hostil para los menores y debe estar presente el funcionario que tomará la decisión. Que el juez de control pondere especialmente la necesidad de designar un tutor interino, considerando las circunstancias del caso y las posturas antagónicas de los representantes legales de los menores dentro del procedimiento penal. Asimismo, durante la diligencia -que en su caso ordene- debe comparecer el especialista en temas de niñez y, siempre que los menores lo soliciten o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, garantizando que ello no genere un conflicto de intereses, de igual forma, en la medida de lo posible, debe registrarse íntegramente la declaración o testimonio de los menores, a través de los medios tecnológicos que permitan el registro del audio y video, garantizando a los menores la confidencialidad de sus declaraciones, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental, su bienestar o incluso el desahogo de entrevistas en más ocasiones que las necesarias (revictimización). Además, se precisa que el otorgamiento de la medida cautelar, atiende al peligro en la demora y el riesgo de que las violaciones se tornen difícilmente reparables, sobre el riesgo de pérdida de la materia del amparo, puesto que además la sociedad y el Estado están interesados en que tratándose de los menores de edad se les proteja y se evite que puedan sufrir algún maltrato físico o emocional en su entorno personal y social. Lo anterior no aplica que se contravenga la jurisprudencia 2ª./J. 22/2023 (11ª.), con registro digital 2026730, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL", dado que con la medida suspensional no se está ordenando que indefectiblemente se recaben las declaraciones de los infantes -lo que dejaría sin materia el juicio-; sino que se dan los lineamientos que las autoridades intervinientes deben tomar en cuenta para ello, lo cual debe acontecer antes de la fecha perentoria impuesta por el juez de control, o con posterioridad a la misma, pero en todo momento, dicha determinación debe ser tomada con bases objetivas (la opinión del experto en temas de la infancia). Máxime que de considerarse lo contario, esto es, conceder la suspensión únicamente con efectos conservativos, se podrían causar a los menores quejosos daños o perjuicios de imposible o difícil reparación ante la posibilidad de que estos sigan sujetos de manera indefinida al procedimiento de investigación a las terapias lúdicas, ante el escenario de que manifiesten su voluntad de no declarar o que objetivamente se determinen aptas para ello, por lo que debe atenderse al interés superior de los menores. En relación con las documentales que ofreció la parte quejosa, únicamente demuestran por un lado, la existencia del juicio de amparo 1087/2023, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, sin que abonen al caso pertinente de diverso acto reclamado. Por otro lado, respecto a las copias certificadas de las actas de nacimiento, sólo demuestran la relación filial de la quejosa con los infantes de iniciales V.T.C. y H.S.T.C. Por lo que respecta a las documentales y alegatos ofertados por el tercero interesado, esto es, la copia certificada de la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés y sus alegaciones, sus efectos y consecuencias se ven superados con lo que se ordena en esta resolución.. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se V. Re s u e l v e: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Monica Ivette Celada Ramonet, por su propio derecho y en representación de los infantes de iniciales V.T.C. y H.S.T.C., contra el acto que reclama a la autoridad que se precisó en el considerando III, por las razones expuestas en el diverso V de esta resolución. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables y, personalmente a la represéntate de los infantes en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Asesora jurídica acepta cargo. Glósese a los autos el escrito firmado electrónicamente por la asesora jurídica federal Marisol Jiménez Martínez, mediante el cual acepta el cargo que le fue conferido, a fin de representar la defensa de los infantes de iniciales V.T.C. y H.S.T.C. Protesta el cargo. Asimismo, mediante diligencia llevada a cabo en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre pasado, aceptó y protestó el cargo conferido, tal y como se desprende de la diligencia glosada con antelación. En ese sentido, conforme a los artículos 3, 8 y de más relativos aplicables de la Ley de Amparo, en relación al artículo 48, fracción VII de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública, con motivo de la designación de representante especial alusivo al juicio en el que se actúa, se tiene a la mencionada profesionista aceptando y protestando el cargo conferido. Autorizados. Por otra parte, en cuanto a las personas que menciona en primer término, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cuanto a los mencionados en segundo término, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Finalmente, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38,39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la asesora jurídica, con nombres de usuarios "MARYAM84" y "U208891", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica de aquellas que tengan carácter personal. Ilustra lo anterior la jurisprudencia criterio 2ª./J. 8/2023 (11a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Domicilio, correo electrónico y utilización de medios electrónicos. Se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el correo electrónico, para cuestiones no procesales. Asimismo, como lo solicita, conforme a la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos que refiere a fin de que el autorizado antes citado, reproduzca las constancias que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informes previos. Glósense a los autos los oficios remitidos por las siguientes autoridades responsables: Agente del Ministerio Público en la Unidad de Investigaciones Especiales Adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos Cometidos por Razones de Género. (of. 29163/2023) Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, ambas de esta ciudad. (of. 29162/2023) Por medio de los cuales rinden sus respectivos informes previos; por tanto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de mérito y dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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