Mónica Itzel Montalvo Neri

Expediente 431/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
431/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • Mónica Itzel Montalvo Neri

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 431/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el tres de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 "CPS FEMENIL MORELOS", remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 431/2018-III, promovido por MÓNICA ITZEL MONTALVO NERI; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada a este juzgado federal en la misma fecha, MÓNICA ITZEL MONTALVO NERI y otra persona, por derecho propio, promovieron demanda de amparo contra actos de las autoridades, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS" y otras autoridades (fojas 9 y 10). SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el número 411/2018-II, se ordenó la suspensión de plano de los actos reclamados y la separación de autos (foja 3 a 7). Seguido el trámite, el catorce de marzo de dos mil dieciocho, este juzgado federal radicó la demanda de amparo promovida por MÓNICA ITZEL MONTALVO NERI, con el número 411/2018; se desechó parcialmente la demanda de amparo por cuanto al acto reclamado cambio o falta de entrega de tenis o calzado suave flexible, en seguida se admitió a trámite la demanda de amparo por los restantes actos reclamados, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen observancia en la entidad federativa en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la omisión de proporcionarle atención médica general, atención médica especializada en odontología y la omisión de proporcionarle dieta alta en fibra y sin mariscos. Tales actos los atribuye a las autoridades, Directora General, Encargado del Área Médica, Titular del Área Técnica, Directora de Seguridad y Custodia, Subdirectora de Seguridad y Custodia y Encargado del Área de Administración, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Río, Morelos, al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos que se les reclaman y que consisten en la omisión de proporcionarle atención médica general, atención médica especializada en odontología y la omisión de proporcionarle dieta alta en fibra y sin mariscos. Sin que en el caso, la negativa de las autoridades responsables haya sido desvirtuada por la parte peticionaria del amparo, a más que aquéllas exhibieron fotocopias certificadas del expediente médico de la quejosa, MÓNICA ITZEL MONTALVO NERI, del que se advierte que, incluso, se le ha proporcionado atención médica. Entonces, desde un punto de vista conceptual, no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo, es imprescindible que exista la obligación de realizar una conducta y que alguien la haya incumplido a fin de que pueda exigírsele que obre en el sentido que ese deber le impone. Situación que en la especie no se surte, porque la peticionaria de amparo no demostró haber observado el procedimiento legalmente establecido en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, elevando una petición administrativa a las autoridades responsables para recibir atención médica en la específica materia que narra en la demanda, y que éstas lo hayan negado o en su caso omitido atender. En efecto, en el auto de admisión de la demanda este tribunal de amparo requirió a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", para que informara si MÓNICA ITZEL MONTALVO NERI, había realizado peticiones por escrito solicitando la atención médica cuya omisión reclama en este juicio; quien informó al momento de rendir su informe justificado, que la ahora quejosa no ha realizado peticiones por escrito solicitando atención médica, lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente médico de la quejosa que a su informe justificado anexaron las autoridades responsables (anexo I). A las documentales de mérito, se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Por lo tanto, al no demostrarse la existencia de la petición administrativa que hubiera sido omitida, realizada a la Directora del Centro de Reclusión, ni a las diversas autoridades, no puede considerarse que existiera un deber incumplido ni, por ende la omisión que se combate. Es aplicable la jurisprudencia de la décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Luego, de acuerdo a lo explicado en los párrafos que anteceden, se concluye que no quedó acredita la omisión que se combate al no demostrarse la existencia de peticiones expresas para la atención médica señalada por la quejosa, siendo que a ella le corresponde acreditar esa circunstancia, de acuerdo al nuevo paradigma de la ejecución penal judicializada y la existencia de un procedimiento para obtener atención médica y demás requerimientos para la vida digna dentro de los centros de reclusión, a través de las peticiones administrativas que realice al Director del Centro respectivo y, en su caso, al Juez de Ejecución. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2016370, Tesis III.2o.P.135 P (10a.), que dispone: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Observando que, por cuanto hace a la aplicabilidad del procedimiento referido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no incide el sistema mixto o acusatorio bajo el cual se haya decretado el acto que mantiene a la quejosa privada de la libertad; de ahí que éste sea vigente y aplicable. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016366, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h, Materia(s): (Penal), Tesis: I.2o.P. J/3 (10a.), del tenor siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2014072, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.VII.P. J/3 P (10a.), Página: 1096, que a continuación se trascribe: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada.". Sin embargo, a criterio de quien resuelve, la jurisprudencia de mérito, versa sobre el reclamo de la omisión total de atención médica por las responsables, al no velar por la salud física y mental de los internos, al abstenerse de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo; tal como ahí se establece; pero en el caso particular, no es tal acto el que se combate, máxime que se demostró que sí existe el aludido diagnóstico médico inicial de la quejosa. Entonces, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MÓNICA ITZEL MONTALVO NERI, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el resultando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy tres de mayo de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de alegatos que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, una vez que sea emitida sentencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo y 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de cuatro de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por las autoridades responsables precisadas en dicho auto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INTERNA...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que por auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha vista. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Elda Gabriela Domínguez Flores, también conocida como Gabriela Domínguez Flores, para el efecto siguiente: "En consecuencia, al resultar fundados los anteriores conceptos de violación, procede conceder la protección constitucional a Elda Gabriela Domínguez Flores, también conocida como Gabriela Domínguez Flores, para que la Juez Octavo Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deje sin efecto la resolución dictada el diez de julio de dos mil diecisiete, en el recurso de revocación dictado en el expediente 418/2012, y emita otra, en la cual: Resuelva con libertad de jurisdicción, pero tomando en cuenta los razonamientos expuestos en esta sentencia, allegándose del caudal probatorio que estime pertinente para conocer de la pensión del treinta por ciento; así como por qué resultan aplicables los artículos 2790 del Código Civil Federal; así como los numerales 8 y 159 de la Ley del Seguro Social y la norma que establece las disposiciones que deberán observar los servicios de prestaciones económicas en materia de pensiones, rentas vitalicias, subsidios y ayudas para gastos de funeral y matrimonio en el Instituto Mexicano del Seguro Social, inciso 7.8.32 y 7.8.33." Por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de la resolución de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente relativo a la controversia del orden familiar 418/2012, derivada del recurso de revocación interpuesto por la quejosa. Constancia que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es documento público al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del análisis de la citada documental, se advierte que la autoridad responsable, en acatamiento a la sentencia de mérito realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución interlocutoria de diez de julio de dos mil diecisiete. Con libertad de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la cual analizó y declaró fundados los agravios planteados por la quejosa; en razón de que indagó sobre la titular beneficiaria del treinta por ciento de pensión, así como los conceptos por los cuales le fue otorgada. Requirió las constancias que sustentaron suspender la pensión del treinta por ciento y, solicitó que lo acreditara y justificara legalmente, para garantizar el derecho de la menor Gabriela Domínguez Flores. Finalmente, requirió al Sistema de Enajenación de Bienes explique el motivo por el cual resultan aplicables los artículos 2790 del Código Civil Federal, así como los numerales 8 y 159 de la Ley del Seguro Social y la norma que establece las disposiciones que deberán observar los servicios de prestaciones económicas en materia de pensiones, rentas vitalicias, subsidios y ayudas para gastos de funeral y matrimonio en el Instituto Mexicano del Seguro Social, inciso 7.8.32 y 7.8.33. Por consiguiente, al haber dejado insubsistente la resolución de diez de julio de dos mil diecisiete, y con libertad de jurisdicción dictar una nueva en la que declaró fundados los agravios planteados por la quejosa en el recurso de revocación interpuesto en la controversia del orden familiar 418/2012, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; háganse, las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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