Mónica Isabel Ruiz Flores

Expediente 2056/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2056/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • Mónica Isabel Ruiz Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Conforme a la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 2056/2021. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Mónica Isabel Ruiz Flores, en contra de los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, por violación a los artículos 1° y 17 Constitucionales, en atención a su contenido, se provee: Domicilio para recibir notificaciones Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. Correo electrónico y número telefónico En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que señale cuenta de correo electrónico y número telefónico para establecer contacto en el momento que se estime necesario, y no para que se le realicen notificaciones por dichos medios. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Desechamiento de la demanda Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Acto reclamado De la demanda de amparo se advierte que la promovente Mónica Isabel Ruiz Flores, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: - La omisión de acordar y notificar el auto que admite la demanda laboral presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla. Actualización de causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo Respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un procedimiento no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Cabe precisar que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral de origen, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos o laudos se estima que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos noventa días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 157 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: "ARTÍCULO 157.- La caducidad se producirá cuando cualquiera que sea el estado que guarde el conflicto, no se haya efectuado algún acto procesal o promoción durante un término mayor de noventa días naturales, así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. No operará la caducidad aun cuando el término transcurra, por el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, o por estar pendiente de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada o de oficio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, declarará la caducidad." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador ya estableció en la ley un lapso preciso (noventa días naturales) para que el Tribunal oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Por lo que el criterio general es que la demanda que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones arriba destacadas tienen sustento en la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de mayo de dos mil dieciséis, de título siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". Asimismo, se debe precisar que el eventual retardo en la administración de justicia, que pudiera entrañar el acto reclamado, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo; de tal suerte que el acto reclamado solo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en la presente vía, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, pues sus consecuencias no afectan de forma inmediata y cierta alguno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la promovente un perjuicio irreparable. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional no advierte del contenido de la demanda de amparo una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, para lo cual se justifique su procedencia, ya que como lo manifestó la propia promovente en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, se advierte que la omisión que en esta vía reclama comenzó a partir del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en la que presentó el escrito inicial de demanda ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla. Sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo que en el caso no ocurre, pues de acuerdo a los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la promovente no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio, atento que el lapso trascurre del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno al veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno -fecha en la que presentó su demanda de amparo en el Buzón Judicial- dado que ha transcurrido un lapso de veintiocho días naturales; por lo que, entre la primera y segunda fecha, no se revela la existencia de una abierta dilación en el trámite del juicio que implique su paralización. En ese orden de ideas, para que la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos o laudos, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de noventa días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 157 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción. Entonces, si el acto reclamado consiste en la omisión de acordar y notificar el auto que admite la demanda laboral presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, y la demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se advierte que ha transcurrido un lapso de veintiocho días naturales; en este sentido, al no exceder el lapso de noventa días naturales, a la presentación de la demanda, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. Desechamiento En tales condiciones, se desecha de plano la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo en cita. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Firma Electrónica (FIREL) Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 2056/2021. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Mónica Isabel Ruiz Flores, en contra de los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, por violación a los artículos 1° y 17 Constitucionales, en atención a su contenido, se provee: Domicilio para recibir notificaciones Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. Correo electrónico y número telefónico En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que señale cuenta de correo electrónico y número telefónico para establecer contacto en el momento que se estime necesario, y no para que se le realicen notificaciones por dichos medios. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Desechamiento de la demanda Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Acto reclamado De la demanda de amparo se advierte que la promovente Mónica Isabel Ruiz Flores, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: - La omisión de acordar y notificar el auto que admite la demanda laboral presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla. Actualización de causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo Respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Asimismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un procedimiento no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Cabe precisar que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral de origen, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos o laudos se estima que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos noventa días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 157 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: "ARTÍCULO 157.- La caducidad se producirá cuando cualquiera que sea el estado que guarde el conflicto, no se haya efectuado algún acto procesal o promoción durante un término mayor de noventa días naturales, así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. No operará la caducidad aun cuando el término transcurra, por el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, o por estar pendiente de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada o de oficio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, declarará la caducidad." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador ya estableció en la ley un lapso preciso (noventa días naturales) para que el Tribunal oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Por lo que el criterio general es que la demanda que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones arriba destacadas tienen sustento en la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de mayo de dos mil dieciséis, de título siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". Asimismo, se debe precisar que el eventual retardo en la administración de justicia, que pudiera entrañar el acto reclamado, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo; de tal suerte que el acto reclamado solo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en la presente vía, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, pues sus consecuencias no afectan de forma inmediata y cierta alguno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la promovente un perjuicio irreparable. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional no advierte del contenido de la demanda de amparo una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, para lo cual se justifique su procedencia, ya que como lo manifestó la propia promovente en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, se advierte que la omisión que en esta vía reclama comenzó a partir del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en la que presentó el escrito inicial de demanda ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla. Sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo que en el caso no ocurre, pues de acuerdo a los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la promovente no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio, atento que el lapso trascurre del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno al veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno -fecha en la que presentó su demanda de amparo en el Buzón Judicial- dado que ha transcurrido un lapso de veintiocho días naturales; por lo que, entre la primera y segunda fecha, no se revela la existencia de una abierta dilación en el trámite del juicio que implique su paralización. En ese orden de ideas, para que la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos o laudos, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de noventa días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 157 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción. Entonces, si el acto reclamado consiste en la omisión de acordar y notificar el auto que admite la demanda laboral presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, y la demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se advierte que ha transcurrido un lapso de veintiocho días naturales; en este sentido, al no exceder el lapso de noventa días naturales, a la presentación de la demanda, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. Desechamiento En tales condiciones, se desecha de plano la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo en cita. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Firma Electrónica (FIREL) Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. ...

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