Mónica Iliana Flores Castro

Expediente 211/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
211/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
19/05/2017

Partes del expediente

  • Mónica Iliana Flores Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Francisco Javier Soto Moreno, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de tres de mayo del año en curso, causó estado el diverso de cuatro de abril último, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo; en tal virtud, al no existir diligencia alguna por desahogar con fundamento en el ordinal 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por medio de lista y a la autoridad responsable y tercero interesado por oficio. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    El tres de mayo de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió del diecisiete al veintiocho de abril del año en curso, dentro del juicio de amparo número 211/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Dentro del expediente en que se actúa, no se tramitó incidente de suspensión. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra el auto dictado por este Juzgado el cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA Y A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO POR OFICIO. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. Olivia

  3. Principal

    El cuatro de abril de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el folio 4628 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en alcance a su informe justificado rendido por oficio 0257/2017, recibido en este órgano jurisdiccional el quince de marzo del actual, acordado en dieciséis de dicho mes y año, al que adjunta copia certificada de las constancias de notificación a las partes del auto de admisión de pruebas dictado en fecha veintiuno de enero de dos mil diecisiete, que se acompañó a dicho informe. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la omisión de dictar el auto relativo a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente número 98/2016, y como consecuencia de ello su retardo en la impartición de Justicia; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna, tal y como se aprecia en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, de la copia certificada adjuntada al oficio 0257/2017, del auto de veintiuno de enero del año en curso dictado por la autoridad responsable, dentro del expediente 98/2016 de origen y notificado a la quejosa el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado por la moral quejosa, toda vez que en dicho auto se desprende que se aceptan de la parte actora cada una de sus pruebas, cuya omisión en su dictado constituye el acto reclamado. En consecuencia, es dable concluir que, ha cesado el acto reclamado a la Junta Especial Número 53, de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con el dictado del auto de veintiuno de enero de dos mil diecisiete y notificada el veintiocho de marzo del año en cuso, dentro del expediente número 98/2016; razón por la que resulta incuestionable que la omisión incurrida por la responsable ha desaparecido en forma total e incondicional. Por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del mencionado acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la propia ley de la materia. Es aplicable por analogía jurídica, la tesis aislada emitida en la novena Época, por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, de noviembre de 2005, tesis: V.5o.1 K, página 845, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio.". En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las diez horas con cincuenta minutos del seis de abril de dos mil dieciséis, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el auto admisorio de demanda se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, sin embargo a fojas diecinueve obra la constancia de que a quien se emplazó fue al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, el hecho de que no se haya emplazado a la parte tercero interesada dentro del presente sumario, no es óbice para llegar a la anterior determinación, pues como se expuso, se actualizó una causa de sobreseimiento. En efecto, la causa de sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que únicamente es la forma de conclusión del juicio de amparo instrumentada por el legislador que impide, sin abordar la cuestión de fondo, concluir la instancia misma, de modo que las partes vinculadas al procedimiento natural, no podrían verse afectadas con la resolución que en su caso se llegare a dictar. Al respecto, cabe invocar en apoyo a lo expuesto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 575, que reza: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." Notifíquese; mediante oficio a la autoridad señalada como responsable y personalmente a la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 en la fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 04 DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "El cuatro de abril de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el folio 4628 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en alcance a su informe justificado rendido por oficio 0257/2017, recibido en este órgano jurisdiccional el quince de marzo del actual, acordado en dieciséis de dicho mes y año, al que adjunta copia certificada de las constancias de notificación a las partes del auto de admisión de pruebas dictado en fecha veintiuno de enero de dos mil diecisiete, que se acompañó a dicho informe. Ahora bien, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente en la omisión de dictar el auto relativo a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente número 98/2016, y como consecuencia de ello su retardo en la impartición de Justicia; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna, tal y como se aprecia en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, de la copia certificada adjuntada al oficio 0257/2017, del auto de veintiuno de enero del año en curso dictado por la autoridad responsable, dentro del expediente 98/2016 de origen y notificado a la quejosa el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado por la moral quejosa, toda vez que en dicho auto se desprende que se aceptan de la parte actora cada una de sus pruebas, cuya omisión en su dictado constituye el acto reclamado. En consecuencia, es dable concluir que, ha cesado el acto reclamado a la Junta Especial Número 53, de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con el dictado del auto de veintiuno de enero de dos mil diecisiete y notificada el veintiocho de marzo del año en cuso, dentro del expediente número 98/2016; razón por la que resulta incuestionable que la omisión incurrida por la responsable ha desaparecido en forma total e incondicional. Por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del mencionado acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la propia ley de la materia. Es aplicable por analogía jurídica, la tesis aislada emitida en la novena Época, por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, de noviembre de 2005, tesis: V.5o.1 K, página 845, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio.". En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las diez horas con cincuenta minutos del seis de abril de dos mil dieciséis, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el auto admisorio de demanda se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, sin embargo a fojas diecinueve obra la constancia de que a quien se emplazó fue al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, el hecho de que no se haya emplazado a la parte tercero interesada dentro del presente sumario, no es óbice para llegar a la anterior determinación, pues como se expuso, se actualizó una causa de sobreseimiento. En efecto, la causa de sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que únicamente es la forma de conclusión del juicio de amparo instrumentada por el legislador que impide, sin abordar la cuestión de fondo, concluir la instancia misma, de modo que las partes vinculadas al procedimiento natural, no podrían verse afectadas con la resolución que en su caso se llegare a dictar. Al respecto, cabe invocar en apoyo a lo expuesto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 575, que reza: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." Notifíquese; mediante oficio a la autoridad señalada como responsable y personalmente a la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 en la fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano