Mónica Higinia Santos Vázquez

Expediente 137/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
137/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Mónica Higinia Santos Vázquez
  • Mónica Higinia Santos Vázquez y Otros.
  • Centro Laboral Federal de Conciliación y Registro Laboral, con domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos, número 1968, piso 4, colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01010, de la Ciudad de México. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de veintisiete de abril pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Mónica Higinia Santos Vázquez, contra el acto reclamado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Tabasco. El veintidós de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recibido el veintisiete de abril de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de veinticinco del precitado mes, relacionado con el cumplimiento al fallo protector. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal a la quejosa para que la autoridad responsable: De manera inmediata dictara el acuerdo que en derecho proceda, en atención a la solicitud registrada con el folio TAB/3568/2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 684-E y 684- D, de la Ley Federal del Trabajo. Con la constancia remitida, la responsable demostró que el veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictó acuerdo en relación a la solicitud registrada con el folio TAB/3568/2022. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Director de la Oficina Estatal de Tabasco del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del proveído de veinticinco de abril actual, del que se obtiene que dictó acuerdo en relación a la solicitud registrada con el folio TAB/3568/2022. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; de la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Mónica Higinia Santos Vázquez; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.]De manera inmediata dicte el acuerdo que en derecho proceda, en atención a la solicitud registrada con el folio TAB/3568/2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 684-E y 684- D, de la Ley Federal del Trabajo. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 137/2022-5, promovido por **********, contra el acto que reclama del Centro Laboral Federal de Conciliación y Registro Laboral, con domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos, número 1968, piso 4, colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01010, de la Ciudad de México, y otra autoridad, por estimarlo violatorio del artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido a través del buzón judicial el uno de febrero de dos mil veintidós, y recibido el tres siguiente, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Mónica Higinia Santos Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "La violación deliberadamente por parte de la Autoridad responsable, que ha negado a la suscrita quejosa, el derecho de petición consagrado en el artículo 8vo. Constitucional, ante la negativa de la responsable de poder agotar el procedimiento de conciliación prejudicial previsto en el artículo 684-B y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, derivado de la solicitud de conciliación con folio TAB/3568/2022, ya que indebidamente la autoridad responsable, negó a la suscrita quejosa, ratificar la solicitud de conciliación previamente generada en línea, bajo el argumento que la suscrita se encuadra dentro de los supuestos del apartado "B" artículo 123 constitucional y no del apartado "A", siendo esto incorrecto, lo que es violatorio de las garantías constitucionales de la suscrita, por lo tanto me acarrea perjuicio y violación a la esfera jurídica de la suscrita." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Centro Laboral Federal de Conciliación y Registro Federal. Pedro Humberto Haddad Bernat (Encargado de la oficina estatal del Centro Laboral Federal de Conciliación y Registro Federal Centro Laboral Federal de Conciliación y Registro Federal). SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, registrada bajo el expediente 137/2022-5; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: La omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación prejudicial, registrada el veinte de enero de dos mil veintidós, con folio TAB/3568/2022. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Encargado de la Oficina Estatal del Centro Laboral Federal de Conciliación y Registro Federal, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de dicho Centro, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación prejudicial, en relación a la solicitud registrada con el folio TAB/3568/2022, de su índice; sin embargo, de la documental que adjuntó al mismo, consistente en copia certificada del acuse de la aludida solicitud registrada el veinte de enero de dos mil veintidós, se advierte su existencia. Constancia a la que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las citadas autoridades responsables al encontrarse corroborado con la documental precitada. Sin que haya ha lugar a tomar en consideración al momento de resolver el presente asunto el informe justificado rendido por la Subdirectora de lo Contencioso del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en la Ciudad de México, en virtud de que no le reviste el carácter de autoridad responsable en el presente juicio al no haber sido señalada como tal por la parte quejosa. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Es esencialmente fundado el concepto de violación propuesto por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, en atención a lo que establece el artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. A fin de demostrar lo anterior, resulta pertinente transcribir el segundo párrafo, del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es del siguiente tenor: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto trascrito, se desprende la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1.- Justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2.- Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3.- Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4.- Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, tiene por objeto garantizar que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales previamente establecidos y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. Asimismo, se aprecia que las garantías constitucionales señaladas, están encaminadas a asegurar que las autoridades encargadas de aplicar la ley, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; por lo tanto, es claro que las autoridades del trabajo, se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, incluyendo la de pronta administración de justicia que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Resulta aplicable, la tesis número 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia, visible en la página 299, Tomo XV, mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por otro lado, la garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Es aplicable, la Jurisprudencia: 1ª/J. 90/2017 (10ª); sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 213, Tomo I, Libro 48, Noviembre de 2017, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 19/J. 42/2007, de rubro: 'GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.', deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." Luego, los artículos 684-C y 684-D, de la Ley Federal del Trabajo, a la letra disponen: "Artículo 684-C. La solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos: I. Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del Centro de Conciliación al que acuda, para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; el Centro facilitará los elementos y el personal capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante. En caso de que el solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser identificado por otros medios de que disponga el Centro; II. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial; III. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará, y IV. Objeto de la cita a la contraparte. Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde prestó sus servicios. Los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. La información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación, no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación y, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre, en cuyo supuesto el Centro de Conciliación deberá remitir en forma electrónica al Tribunal que corresponda los documentos referidos, mismos que deberán contener los nombres y domicilios aportados por las partes, acompañando las constancias relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado la Autoridad Conciliadora y los buzones electrónicos asignados. El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia, al momento de presentar su solicitud. Para agilizar el procedimiento de conciliación, el solicitante podrá auxiliar al Centro de Conciliación para llevar a cabo la notificación de la audiencia de conciliación a la persona, sindicato o empresa que se citará. Artículo 684-D.- El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales." De los citados preceptos legales, se infiere que una vez registrada la solicitud de conciliación se impone la obligación al Centro de Conciliación, de notificar al justiciable la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación al momento de presentar su solicitud o del acuerdo de incompetencia. Por su parte, el artículo 684-D, de la Ley Federal del Trabajo, establece que el procedimiento de conciliación no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales. De esta manera, es fácil advertir que el legislador estableció como obligación a cargo de los Centros de Conciliación, la de estar expeditos para impartir justicia de manera pronta; es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad, y que en el caso particular no se ha respetado. En este contexto, para mayor proveer se inserta la digitalización del acuse de la solicitud de conciliación folio TAB/3568/2022, registrado por la quejosa: Luego, de la lectura que se realiza del acuse de la solicitud de conciliación registrada el veinte de enero de dos mil veintidós, con folio TAB/3568/2022, se advierte que la autoridad responsable impuso a la directo impetrante la obligación de ratificar la solicitud de conciliación a más tardar el veinticinco de enero de dos mil veintidós, apercibida que de no presentarse en esa fecha la solicitud se tendría por no presentada, aplicando con ello una carga procesal que no se encuentra prevista en la Ley Federal del Trabajo. Así pues, del análisis del aludido acuse se evidencia que el centro responsable no se ajustó a lo establecido en los artículos 684-E y 684-D, de la Ley Federal del Trabajo; puesto que, en primer término, fijó la fecha para que el justiciable se presentará a ratificar la solicitud de conciliación, la que como se dijo es imponer una carga procesal a la quejosa que no se encuentra prevista en la legislación laboral y segundo, aún no fija fecha para la celebración de la audiencia de conciliación prejudicial o bien se pronuncie respecto a la incompetencia legal para conocer de la misma, por lo que es inconcuso que sobrepasó los términos que establecen los preceptos normativos recién citados. Resulta aplicable al caso la tesis II.2o.T.6 L (11a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Segundo Distrito, Materias(s): Laboral, publicada el viernes 18 de marzo de 2022 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY PARA EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO DEBEN RESPETARSE DE MANERA ESTRICTA, PORQUE SU CELEBRACIÓN ES OBLIGATORIA PARA LAS PARTES DE MANERA PREVIA AL INICIO DEL JUICIO LABORAL, CON LAS EXCEPCIONES DE LEY (REFORMA LABORAL DE 1 DE MAYO DE 2019). Los artículos 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 684-A a 684-E de la Ley Federal del Trabajo, establecen que antes de acudir a los Tribunales Laborales los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente, la cual no deberá rebasar 45 días naturales. Así, los plazos que prevé la legislación laboral son los siguientes: i) se inicia con la solicitud firmada por el solicitante o por el representante legal tratándose de un sindicato o empresa; ii) dentro de los 15 días siguientes a la solicitud debe celebrarse la audiencia conciliatoria, la que debe ser notificada a la contraparte con cinco días de anticipación; iii) en los casos en que ambas partes acudan conjuntamente a solicitar la conciliación, se fijará en forma inmediata fecha para la audiencia, sin perjuicio de poder celebrarse en ese mismo acto; iv) una vez concluida la instancia conciliatoria, se entregará al solicitante la constancia de haberla agotado, con lo cual puede acudir, si lo desea, a los Tribunales Laborales respectivos para iniciar el juicio correspondiente; y, v) excepcionalmente, las partes conjuntamente pueden solicitar una nueva fecha, la cual nunca rebasará los 45 días naturales. Por tanto, los plazos previstos para el procedimiento en la etapa conciliatoria deben ser respetados de manera estricta, para hacer efectivo el derecho de acceso pronto a la justicia, porque por mandato constitucional la celebración de esta etapa es obligatoria antes de acudir a los Tribunales Laborales, la cual no deberá rebasar 45 días naturales." En consecuencia, su actuación transgrede el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue garantizado por el Constituyente a fin que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia de manera pronta, completa e imparcial, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad que los particulares se hagan justicia por sí mismos. La reserva de ley, en virtud de la cual el precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esa reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas, etapas previas o dilaciones no previstas en el texto constitucional, lo que quiere decir que las autoridades jurisdiccionales deben tener a su alcance, los medios adecuados para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones. De tal suerte que, la garantía de seguridad jurídica establecida en dicho precepto en favor de los gobernados, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades jurisdiccionales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos, dentro de los términos consignados en las leyes procesales respectivas, dado que la prontitud establecida en el precepto constitucional en comento, comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, pues la obligación del estado que se deriva de este derecho humano de seguridad jurídica es eminentemente positiva, ya que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de resolver los negocios en que éste intervenga, con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia. Luego, la función de conciliación que compete a los centros, es llevada a cabo a través de la realización de diversos actos procedimentales; de ahí que la ley laboral les imponga la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mejor economía, concentración y sencillez del procedimiento de conciliación prejudicial; sin que la responsable haya acatado, en la especie, tales disposiciones. En razón de lo anterior, la falta de señalamiento de fecha a efecto que se lleve a cabo la audiencia de conciliación prejudicial o bien, la emisión del acuerdo de incompetencia en atención a la solicitud registrada con número de folio TAB/3568/2022, resulta en una afectación al derecho sustantivo fundamental contenido en el precepto Constitucional aludido. Por tanto, se transgredan en perjuicio de la quejosa los principios de inmediatez y celeridad que rigen el procedimiento laboral, pues se insiste, con ello se viola el contenido del artículo 17 de la Constitución General de la República, en el que se garantiza a favor de todo gobernado el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial, mediante el cumplimiento, por parte de las autoridades correspondientes, de los plazos y términos de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo en comento. Así la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica trasgresión en perjuicio del justiciable a la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, la Tesis XXXI.4 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en la página 1105, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:. "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SE RESPETA EN LA MEDIDA EN QUE SE ATIENDEN LOS ASPECTOS FORMAL Y MATERIAL EN QUE SE MANIFIESTA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: 'GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.', definió la garantía a la tutela como '... el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión ...'. Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica 1969), relativo a la protección judicial, señala que 'toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. ... que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención.', asimismo, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. De lo anterior se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental; sin embargo, para que éste realmente se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, es necesario precisar que se manifiesta en dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. El aspecto formal del acceso a la justicia se refiere a la obligación de las autoridades de dar respuesta de manera pronta, completa, imparcial y gratuita a las solicitudes de los particulares (partes en un procedimiento) respetando las formalidades del procedimiento; desde luego que ello no significa que necesariamente se resolverá en forma favorable a los intereses del justiciable, sino sólo en los casos que en derecho proceda. Por su parte, el aspecto material del derecho de acceso a la justicia, complementa al primero, pues se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. Por tanto, no es posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de 'ejecución de resoluciones' o de 'justicia cumplida', que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, ya que, de otra manera, la prerrogativa constitucional y convencional primeramente indicada, tendría sólo carácter adjetivo o procesal." De ahí, que lo procedente sea conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, contra el acto que reclamó al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Tabasco. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Tabasco: De manera inmediata dicte el acuerdo que en derecho proceda, en atención a la solicitud registrada con el folio TAB/3568/2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 684-E y 684- D, de la Ley Federal del Trabajo. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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