Mónica Hernández Ramírez

Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 33 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
363/2023
Año
2023
Actuaciones
33
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Mónica Hernández Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, al que acompaña el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 363/2023 del índice de este juzgado, promovido por ******************** y copia certificada de la ejecutoria dictada en el incidente en revisión 501/2023, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria dictada en el mismo; acúsese recibo. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este expediente, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del asunto. Ahora bien, advirtiéndose que el referido Tribunal Colegiado declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México, en contra de la interlocutoria dictada el nueve de junio del año en curso; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales correspondientes. Resérvese acordar lo correspondiente al archivo del presente incidente, hasta en tanto sea enviada la ejecutoria dictada en el diverso recurso de revisión ********************, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) (Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Se informa a Tribunal Colegiado. Finalmente, vista la certificación, en la que se hace constar que en el incidente de suspensión que deriva de este expediente, se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintitrés; por tanto, gírese oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca, comunicándole la presente determinación, a fin de que acuerde lo que corresponda en los incidentes en revisión 501/2023 y 502/2023 de su índice. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Ejecutoria del Colegiado. Agréguese el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el trece de octubre del año en curso, en el recurso de queja número 350/2023 de su índice, interpuesto por el Subdirector de Amparos, como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la ciudad de México, en contra del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que se admitió parcialmente la demanda de amparo, promovida por ********************. Acúsese recibo. Ahora bien, en la ejecutoria referida, el aludido órgano colegiado declaró fundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que se admitió parcialmente la demanda de amparo; al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, se provee: Se reanuda el procedimiento. Toda vez que en nueve de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó la suspensión del presente asunto hasta en tanto el Tribunal de Alzada resolviera el citado recurso de queja, y dado que el mismo ya fue resuelto, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente juicio. Auto de desechamiento. Ahora, como lo determinó el Tribunal de Alzada, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 99 y 105, Fracción II, de la Constitución Federal que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; (.)." "Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato; IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes; IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y X. Las demás que señale la ley. Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicho criterio pueda ser contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de las Ministras y Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. (.) El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. El ingreso, formación, permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y los servidores públicos que pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones jurídicas aplicables." "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (.) De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. (.) La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. (.)" Ello es así, ya que en el presente asunto los actos reclamados se hacen consistir en: La expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicado el 02 de marzo de 2023 en el DOF." De la interpretación de los citados artículos, en relación con la naturaleza del juicio de amparo, permite advertir que éste es improcedente cuando se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse mediante él cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a derechos fundamentales, siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan en el proceso electoral. En este sentido, cabe señalar que la improcedencia del juicio de amparo, conforme a los preceptos en cita, no surge por el sólo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provengan de una autoridad formalmente electoral, ni por lo que se argumente en los conceptos de violación, sino que surge por el contenido material de la norma, acto o resolución, y si su contenido es electoral o versa sobre derechos políticos, entonces estarán sujetos al control constitucional previsto por la Constitución Federal, es decir, a la acción de inconstitucionalidad, si se trata de normas generales. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación. Ahora bien, en el presente asunto, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables, la expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés. Luego, en los supuestos en que la norma, acto o resolución tengan un contenido materialmente electoral, como sucede precisamente en la especie, están sujetos al control constitucional, a saber, a la acción de inconstitucionalidad, si se trata de normas generales, o a los medios impugnativos del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de los actos o resoluciones electorales, y si éstos se fundan en leyes consideradas incompatibles con la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la atribución constitucional de inaplicarla o desaplicarla en casos concretos. En ese sentido, se concluye que las leyes electorales en ningún caso son reclamables por los particulares (fuera de los sujetos legitimados para promover las acciones de inconstitucionalidad) por su sola expedición, ya que lo que la Constitución Federal permite, es su declaración de inconstitucionalidad con efectos generales, a través de la acción de inconstitucionalidad, o bien, su inaplicación en casos concretos, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa óptica se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. En las relatadas condiciones, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual comunica el contenido del proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, dictado en el incidente en revisión 502/2023 de su índice, dictado por su Magistrada presidenta, del cual se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra de la interlocutoria dictada en este asunto, registrándolo con el número 502/2023, de su estadística; de lo cual se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.

Quedan 29 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano