Monica Guadalupe Rodriguez Cruz

Expediente 907/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
907/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Monica Guadalupe Rodriguez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente documento alguno susceptible de devolución exhibido por la parte quejosa. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"RAZÓN. En diez de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la demanda de amparo registrada con el número de control interno 11186. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Mónica Guadalupe Rodríguez Cruz, contra el acto del Juez Cuarto de Distrito en el Estado; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 907/2019-VI, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que en el presente caso se reclama del Juez Cuarto de Distrito en el Estrado, el auto dictado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil 8/2014-II. Y como violación cometida durante el procedimiento de remate la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en el referido juicio ejecutivo mercantil. Luego, bajo tal premisa, respecto de los referidos actos reclamados, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los citados dispositivos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.]." De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Del segundo de los dispositivos legales en comento, se desprende que éste regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos. a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". b) Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Cabe destacar que el referido artículo precisa lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución, y en el caso de remate, tiene esa calidad la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, determinaciones que podrían ser coetáneas o no, es decir emitirse en un solo acuerdo o por separado. Respecto a lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a/J13/16, que se reproduce más adelante, estableció que basta que se emita indistintamente una sola de ellas para considerar la última resolución en la etapa de remate. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Con lo anterior se pretende evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Ello, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva, por regla general, de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente. Ahora bien, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia invocada, resulta pertinente señalar lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su escrito de demanda, así como lo actuado en el juicio de amparo 23/2019-VI y su acumulado 35/2019-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; de los que se desprenden los siguientes antecedentes: a. El tres de junio de dos mil catorce, se emplazó a la demandada Mónica Guadalupe Rodríguez Cruz, aquí quejosa, al juicio ejecutivo mercantil 8/2014-II, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estrado, promovido por Adrián Rodríguez Cruz, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de José Santos Rodríguez Galarza, señalándose como garantía el inmueble ubicado en calle Tulias, número 233, colonia Valle de Dalias, en esta ciudad, lote 35, manzana 15. b. El cinco de agosto de dos mil quince se dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ".PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio. SEGUNDO. La vía ejecutiva mercantil en que se tramitó este juicio ha resultado procedente. TERCERO. Toda vez que el actor probó los elementos de su acción, en tanto que la demandada no justificó la improcedencia de la misma, se le, se le condena a pagar la cantidad de $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, por el importe del pagaré exhibido como base de la acción. CUARTO. Se codena a la demandada a pagar al actor los intereses moratorios generados por dicho documento a la tasa del 2% por ciento mensual pactada, computado a partir de que legalmente fue exigible, esto es, a partir del día siguiente del vencimiento del título y hasta la total solución del adeudo, previa su liquidación en ejecución de sentencia. QUINTO. Se condena a la demandada a pagar los gastos y costas del juicio, previa su regulación en el incidente respectivo. SEXTO. Se concede a la demandada, el término de tres días contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria esta sentencia, para que haga pago al actor de la cantidad liquida a que ha resultado condenad, con apercibimiento legal que de no hacerlo dentro del término concedido, se procederá al embargo de bienes de su propiedad, para que con su producto se haga el pago a la parte actora" c. En contra de dicha sentencia se promovió el amparo directo 795/2015, del índice del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el cual fue negado a través de la ejecutoria de diez de diciembre de dos mil quince. d. En la etapa de remate el ocho de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo el perito valuador designado otorgando el valor de $414,025.08 (cuatrocientos catorce mil veinticinco pesos 08/100 moneda nacional), al inmueble ubicado en calle Tulias, número 233, colonia Valle de Dalias, en esta ciudad, lote 35, manzana 15. e. El trece de diciembre de dos mil dieciocho, se celebró la segunda almoneda respecto del inmueble precisado en el punto que antecede, compareciendo como postora Mayela del Rocío Martínez Barrera, cuya postura fue calificada de legal, y por resolución de diecinueve de diciembre siguiente, se resolvió no aprobar dicha almoneda f. En contra de tal resolución se promovieron los juicios de amparo 23/2019 y su acumulado 35/2019, y a través de la sentencia terminada de engrosar el dos de mayo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección, la cual causó ejecutoria por auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve. g. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el cinco de junio de dos mil diecinueve, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, resolvió sobre la segunda almoneda celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, determinando lo siguiente: "PRIMERO. Se aprueba la segunda almoneda de remate. SEGUNDO. Se adjudica a favor de Mayela del Rocío Martínez Barrera el bien inmueble cuyas características, medidas y colindancias han quedado descritas en el cuerpo de esta resolución. TERCERO. Requiérase a la demandada, para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, dentro de los tres días siguientes, otorgue el título de propiedad correspondiente al inmueble que se adjudica, apercibida que de no hacerlo, este juzgado lo hará en su rebeldía. CUARTO. Prevéngase a la postora Mayela del Rocío Martínez Barrera, para que consigne el saldo del precio del remate del bien inmueble señalado, dentro del término de tres días, apercibida que en caso contrario, se procederá a nueva subasta como si ésta no se hubiese celebrado, y perderá dicha postora el depósito que hizo. QUINTO. Comuníquese mediante oficio, el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 23/2019-VI y su acumulado, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a las partes. [.]" h. Por auto de cinco de julio del año en curso, se tuvo a Mayela del Rocío Martínez Barrera depositando la cantidad de $223,574.40 (doscientos veintitrés mil quinientos setenta y cuatro pesos 40/100 moneda nacional), para completar el resto del precio del remate, y en ese acuerdo se requirió a la aquí quejosa, Mónica Guadalupe Rodríguez Cruz, para que en el término de tres días escriture en favor del adjudicatario el inmueble ubicado en calle Tulias, número 233, colonia Valle de Dalias, en esta ciudad, lote 35, manzana 15. Actuación con la cual se concluyó la etapa de remate, atendiendo a lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) ya transcrita. i. Mediante decreto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó se expidiera la escritura correspondiente en rebeldía en favor de la adjudicataria. j. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a la aquí quejosa para que en el término de cinco días desocupe el inmueble ubicado en calle Tulias, número 233, colonia Valle de Dalias, en esta ciudad, lote 35, manzana 15, apercibida que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. Sin que se haya emitido algún acuerdo en el que se haya aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia de cinco de agosto de dos mil quince. De lo expuesto, resulta inconcuso que el acto aquí reclamado consistente en la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve, se realizó previo a concluir la etapa de remate, pues como ha quedado de relieve, la última resolución en dicha fase es la que indistintamente ordena la escrituración o la entrega del bien rematado, bastando que se emita una sola para considerar actualizada la última resolución de remate, lo cual aconteció con el acuerdo de cinco de julio del año en curso, en la que el juez responsable ordenó la escrituración del inmueble rematado en favor de la adjudicataria. Y consecuentemente, una vez concluida aquélla continua la etapa de ejecución, en la cual se encuentra comprendido el auto dictado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, por el cual, en esencia, se ordena poner en posesión material y jurídica al adjudicatario del inmueble rematado, y ante la resistencia del demandado, se proceda a su desalojo con el auxilio de la fuerza pública. De ahí que, si la resolución reclamada de cinco de junio de dos mil diecinueve, no constituye la última dictada en la etapa de remate (en el caso la de escrituración), ni el diverso reclamado (auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve) es la última resolución en etapa de ejecución de sentencia (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo como totalmente concluido), luego entonces resulta improcedente en su contra el juicio de amparo que se intenta. Lo cual se afirma, pues si como ya quedó precisado, la responsable ordenó previamente la formalización de la transmisión de propiedad, mediante la escritura pública, es claro que bastó este acto para considerar culminado el remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, dada la firmeza que ha adquirido la adjudicación del bien sujeto a remate, y que, por tanto, era en ese momento procesal cuando la hoy quejosa debió promover el juicio de amparo en su contra, precisamente de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el cual podía hacer valer como violaciones procesales de las demás actuaciones realizadas previamente, como lo es la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve. Por su parte, deviene inconcuso que la subsecuente determinación reclamada, a través de la cual se ordena poner al adjudicatario en posesión material y jurídica del bien inmueble rematado, como ya se señaló, constituye un acto emitido en la etapa de ejecución de sentencia, empero, sin que constituya la última dictada en esa fase, pues no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mucho menos ordena el archivo definitivo del expediente. Sin soslayar que de ejecutarse los actos reclamados ello conllevaría a desposeer a la quejosa del inmueble previamente escriturado a favor del adjudicatario, ya que tal circunstancia es insuficiente para estimar que se actualiza el caso de excepción a que alude la diversa jurisprudencia "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", por lo consiguiente: El Más Alto Tribunal del País, ha establecido que el juicio de amparo contra actos dictado en ejecución de sentencia es procedente, de manera excepcional, cuando: a) El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan transgredir con la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En ese contexto no puede perderse de vista que la orden de entrega de dicho bien al adjudicatario es consecuencia legal y necesaria de la determinación que aprobó el remate (datada el cinco de junio de dos mil diecinueve), la cual tiene como fin ejecutar la sentencia de cinco de agosto de dos mil quince, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 8/2014-II. Luego entonces, el auto que ordenó la entrega del inmueble rematado y su ejecución no son ajenos a la cosa juzgada en el juicio referido, sino el medio para ejecutarla. Además, respecto del acto reclamado consistente en el auto dictado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 8/2014-II, también se actualiza de forma manifiesta e indudable la diversa causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En el caso, como ya se expuso de los antecedentes narrados del juicio génesis del acto reclamado, éste se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, y la suerte principal de dicho asunto asciende a $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). En ese orden de ideas, debe precisarse que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio, el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, es impugnable en sede ordinaria mediante el recurso de revocación; ello en virtud que en términos del diverso 1340 del mismo ordenamiento, el acto reclamado no es apelable, pues la suerte principal asciende a $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual es menor a los $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 moneda nacional) que dispone dicho numeral para su procedencia. Norma lo anterior, por analogía, el criterio jurisprudencial 1a./J. 95/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 180, de rubro: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO". En efecto, los artículos del ordenamiento legal en cita, señalan literalmente lo siguiente: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. [.]". De los artículos transcritos se advierte que la revocación contra autos procede cuando el interés del juicio mercantil no exceda de $662,957.06 (seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal. Expuesto lo anterior, deviene inconcuso que el acto que por esta vía se combate, consistente en el proveído dictado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio ejecutivo mercantil 8/2014, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, debía ser previamente impugnado mediante el recurso de revocación, cuya tramitación prevé el 1334 del Código de Comercio, el cual el agraviado se encontraba obligado a agotar previo a la interposición del juicio de amparo, pues a través de dicho recurso es factible lograr la modificación, revocación o nulificación del proveído reclamado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Así como la diversa con registro 345362, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVIII, materia civil, página 1277, de rubro y texto siguiente: "EJECUCION DE SENTENCIAS EN MATERIA MERCANTIL, REVOCACION CONTRA AUTOS DICTADOS EN EL PERIODO DE. Conforme al artículo 1334 del Código de Comercio, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó; y como no se establece excepción alguna, ni al tratar del recurso de revocación, ni en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias, respecto a los autos que se dicten cuando se trate de la ejecución de una sentencia, debe entenderse que el legislador no creyó conveniente conservar en materia mercantil, la excepción que con relación a estos últimos, estableció en el procedimiento civil. Por otra parte, existiendo en el Código de Comercio, el precepto anteriormente invocado, no hay razón legal, para ocurrir, en este punto, a la legislación civil, como supletoria". Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad en contra del acto reclamado, es evidente, que se actualiza la causa de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerado como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con fundamento el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos amplios a Celerino Castillo Medina y Ma. Hermelinda Rodríguez Orta, quienes cuentan con su cédulas profesionales 3774580 y 3008232, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos a la persona que menciona expresamente para tal efecto. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto por los artículos 13 y 14 del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico. Notifíquese personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe."

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