Mónica Guadalupe Ramirez Lizarraga

Expediente 348/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
348/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Mónica Guadalupe Ramirez Lizarraga
  • MÓNICA GUADALUPE RAMIREZ LIZARRAGA y Otros.
  • Christian Javier Jiménez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Sentado lo anterior, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído veintiuno de julio del año en curso, se recibió el oficio 4167/2021, signado por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual, allegó copia certifica de audio y video de la audiencia inicial y continuación de audiencia inicial celebrada en la causa penal 251/2021, instruida contra el quejoso Christian Javier Jiménez Ramírez, por los hechos constitutivo de delito de Robo en lugar Habitado, en perjuicio del patrimonio económico de Jesús Manuel Labrador Guerrero, donde se le formuló imputación y se le vinculó a proceso, por el ilícito antes descrito. En ese contexto, se advierte que en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, Christian Javier Jiménez Ramírez hizo consistir el acto reclamado en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial. El suscrito juzgador estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, al quedar sustituido por otro cuya sola existencia introdujo un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y que provoca que las posibles violaciones cometidas en este deban estimarse irreparablemente consumadas por no poder decidir en el procedimiento constitucional de que se trate, sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente. Ese cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En la especie el quejoso reclamó la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial. Lo que se corrobora del contenido del informe con justificación rendido por las autoridades judiciales responsable y las pruebas documentales y disco compacto que acompañó al mismo -los cuales cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidos por una autoridad legalmente facultada para ello-. Lo que pone de manifiesto el cambio en la situación jurídica del justiciable, que torna improcedente el análisis de las determinaciones que inicialmente fueron reclamadas en el presente juicio de amparo. Esto es así, toda vez que la privación de libertad fuera de procedimiento judicial (que motivó este juicio de amparo) fue sustituida en virtud de la emisión del auto de vinculación a proceso, propiciando que sea ahora esa nueva determinación, es decir, el auto de vinculación a proceso, la que se traduce en un acto de molestia para el quejoso y no la referida orden de privación de libertad, cuyas posibles violaciones -en caso de que hubieran existido- deben considerarse irreparablemente consumadas, puesto que esa decisión jurisdiccional es la que actualmente rige el procedimiento natural. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, Página: 2482, registro 2017544, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada) Así como la tesis aislada II.2o.P.20 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, página 1287, registro 2002240, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados.En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, se SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, y de deja sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación en la especie la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio 4167/2021, signado por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del cual en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional remite en un disco versátil digital (DVD), las audiencias celebradas en la causa penal ********************la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se admite, la cual, dada su propia y especial naturaleza, por no ameritar formalidad alguna para su recepción, se tiene por desahogada en este acto. A su vez, tenemos que conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, adquiere el carácter de documental pública, sin necesidad de celebrar una audiencia especial para la reproducción de su contenido. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que no obra en autos constancia de notificación del oficio 11900/2021, dirigido al Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la Región Sur, con sede en esta ciudad, mediante el cual se le requirió diversas pruebas documentales, a fin de agilizar el expediente en que se actúa, se ordena reexpedir el mencionado comunicado; en consecuencia, para dar margen para que la autoridad de mérito se imponga de su contenido y atienda lo ahí solicitado, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se DIFIERE y en su lugar se señalan las diez horas del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

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