Mónica Guadalupe Osornio Salazar y otros

Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
620/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Mónica Guadalupe Osornio Salazar y otros

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado actual de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Ahora bien, cabe precisar que en la sentencia de doce de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "(.) DÉCIMO PRIMERO. Estudio de fondo. Análisis de los conceptos de violación respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil quince. (.) De manera que el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, viola los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, toda vez que al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad administrativa dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3. Lo que significa que con dicha remisión la autoridad excedió los límites de la habilitación legal que le fue conferida a través del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, al encomendar al consorcio referido la labor de desarrollar las disposiciones correspondientes para hacer operativo el sistema; lo que además de la insubordinación jerárquica que esa actuación provoca, ocasiona inseguridad jurídica al gobernado, al obligarlo a cumplir con ciertos lineamientos emitidos "por una comunidad internacional" y no por una autoridad competente, bajo algún procedimiento de creación normativa o bajo determinadas exigencias mínimas de fundamentación y motivación. Máxime que, al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, tenía la obligación de hacerlo en idioma castellano o español, a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al permitirles conocer plenamente la forma de operar los formatos establecidos al efecto, lo cual no se hizo, ya que al ingresar a la página de internet http://www.w3.org., se advierte que su contenido está en el idioma inglés. Así, lo expuesto con antelación, conlleva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Anexo 24 de la Resolución de Miscelánea Fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil quince. (..) DÉCIMO SEGUNDO. Efecto de la concesión del amparo. En relación con el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. " Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. En relación con el Anexo 24 de la Resolución de Miscelánea Fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil quince. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada se concede para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica, la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, durante el periodo que estuvieron vigentes dichas resoluciones. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 160/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015. El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el Anexo referido es el de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español." La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y séptimo. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, por conducto de su representante legal, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto y por los motivos expresados en el noveno considerando de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, por conducto de su representante legal, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto, por los motivos expresados y para los efectos precisados en los considerandos décimo, décimo primero y décimo segundo de esta sentencia. " REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si la quejosa ***********, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." RESPECTO DEL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2015 Asimismo, respecto de la citada quejosa también la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, realice respecto de los actos reclamados consistentes en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil quince, lo siguiente: a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, en el periodo que estuvieron vigentes dichas resoluciones. La concesión del amparo no implica ni constituye derecho a favor de la parte quejosa, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en la sentencia dictada en el presente juicio. Ahora bien, existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince. Es menester, a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 160/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015. El efecto que debe imprimirse a la sentencia que concede el amparo contra el Anexo referido es el de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español." Todo lo anterior, en el entendido de que: Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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