Monica Guadalupe Arias Valora

Expediente 1305/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1305/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Monica Guadalupe Arias Valora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca Morelos; veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se tiene por recibido el oficio con anexo remitido por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 45/2023; formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo. comuníquese a la parte quejosa que la Superioridad resolvió declarar infundado el proveído recurrido al tenor del siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, residente en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el cual quedó registrado con el número 45/2023; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito con seis copias, signado por la parte quejosa ********************mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintitrés de noviembre del año en curso, dictado en este juicio constitucional, en el que se desechó la demanda.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 primer párrafo y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, el original del escrito de cuenta y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, así como de las demás constancias relativas.******************** Ríndase informe ante la citada Superioridad, en el sentido de que sí es cierto el acto recurrido, toda vez que en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; como se advierte de las constancias que se remitirán a ese órgano colegiado para la calificación y consecuente substanciación del recurso de cuenta.******************** Se instruye.********************Se instruye a la Secretaria, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, dé cuenta a la titular, con la finalidad de que sea remitida copia certificada de las constancias correspondientes a la Superioridad, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar al oficial judicial encargado de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por la promovente *** , por la que subsana la prevención formulada en autos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama: -La resolución interlocutoria de cinco de julio del año en curso, emitida por el Juez Primero Civil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, que resolvió el procedimiento de medios preparatorios a juicio especial de arrendamiento. Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Asimismo, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales, deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos de la quejosa tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo vigente, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora, del análisis integral del escrito de demanda, se colige que el acto reclamado consistente en la resolución de cinco de julio del año en curso, emitida dentro del expediente ********************del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, que declaró procedentes los medios preparatorios a juicio especial de arrendamiento entablado en contra de la aquí quejosa. Precisado lo anterior, se está en presencia de actos que por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados. Ciertamente, el acto reclamado no es de imposible reparación pues tiene que ver con la resolución que declara procedentes los medios preparatorios a juicio especial de arrendamiento en contra de la aquí quejosa; lo que en forma genérica se ubica como una violación al procedimiento acorde a lo dispuesto en la fracción V, del artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis siguiente: Registro digital: 165512 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.11o.C.36 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2147 Tipo: Aislada "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS, SI LA DEMANDA DE AMPARO SE PRESENTA CUANDO YA SE HA INICIADO EL JUICIO PRINCIPAL, DEBIÉNDOSE IMPUGNAR, EN SU CASO, EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 23/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 21, de rubro: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS.", es procedente el juicio de amparo biinstancial contra la falta de emplazamiento a los medios preparatorios por considerarse como un acto dictado fuera de juicio; sin embargo, tal jurisprudencia se refiere al caso en que el afectado tenga conocimiento del mismo antes de que inicie el juicio principal que se pretende preparar, pero aquélla no resulta aplicable cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, porque en este supuesto deberá hacer valer las excepciones y defensas que procedan para combatirlo, tal y como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 131/2003-PS, en sesión de dos de junio de dos mil cuatro; en consecuencia, cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la falta o ilegal emplazamiento a los medios preparatorios y el quejoso aduce que tuvo conocimiento de él a virtud del llamamiento al juicio principal iniciado con base en tales medios, ya no tiene aplicación la jurisprudencia en comento, pues el acto reclamado deja de ser un acto dictado fuera de juicio, para convertirse en un acto dentro de juicio, y por ende, para la procedencia del juicio constitucional debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues cuando se allegan dichos medios preparatorios al juicio principal, ya integran el acervo probatorio de la parte actora, debiéndose impugnar a través de las excepciones y defensas correspondientes; procediendo su impugnación en juicio de amparo directo como violación procesal, dado que ese emplazamiento no es de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, ni en grado predominante y superior las defensas del quejoso. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." De igual, forma, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando, contra el acto reclamado procede un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, y no se hubiere agotado antes de promover la acción constitucional, siempre y cuando no opere algún supuesto de excepción. Así, el principio de definitividad en materia de amparo, estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance los gobernados, para revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo. Entonces, el legislador exige como requisitos para actualizar la causal de improcedencia invocada, los siguientes: 1. El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; 2. La ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; 3. Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; 4. Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, 5. No se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad. Ahora bien, para mejor comprensión del presente asunto, se señalan los antecedentes que guardan relación con el presente juicio en que se actúa. 1.- Con fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, ******************** señaladas aquí como terceras interesadas, promovieron medios preparatorios a juicio especial de arrendamiento en virtud de un contrato verbal de arrendamiento celebrado con la aquí quejosa, respecto al inmueble ubicado en ********************. 2.- El veinticinco siguiente, la autoridad señala como responsable Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, dio entrada a la solicitud promovida y corrió traslado a la aquí peticionaria de amparo al juicio de origen, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 3.- Asimismo, el veinticinco de marzo del año en curso, la impetrante, promovió ante la responsable incidente de nulidad por vicios en el emplazamiento. 4.- Por lo que por auto de veintiocho del mismo mes y año, la responsable tuvo por no planteado el incidente de nulidad, el cual desechó de plano. 5.- Después, previos diferimientos, el siete de junio del año que transcurre, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de confesional a cargo de la aquí quejosa, la cual no compareció, y en tal virtud, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de mayo pasado y se le declaró confesa de las posiciones previamente calificadas de legales. 6. En data de veintiuno de junio de dos mil veintidós, el juez señalado como responsable, turnó los autos para dictar la resolución respectiva, la cual se dictó el cinco de julio del mismo año, en la que declaró procedentes los medios preparatorios a juicio especial de arrendamiento promovidos por ********************contra la aquí quejosa ******************** Este Juzgado Federal estima que respecto a la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós, así como las consecuencias jurídicas de dicho acto, debe tenerse presente que la misma parte quejosa indica fue dictada dentro de los autos del expediente de origen ********************del índice de la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, del cual es parte y tal como lo manifestó en su escrito presentado el diecisiete del mes y año en curso, remitido a este juzgado federal, el dieciocho siguiente, ya se apersonó al juicio especial de arrendamiento radicado con el número ******************** del índice del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos. En ese orden de ideas, tenemos que la impetrante está en condiciones de defenderse en el juicio; que si bien alega que no se le notificaron diversos autos en el procedimiento de medios preparatorios a juicio especial de arrendamiento, lo cierto es que atendiendo a la ley que rige el procedimiento de origen, de ser el caso que la autoridad haya emitido o emita el lanzamiento, la quejosa tiene a su alcance el recurso de apelación. Sin que pase desapercibido que toda vez que forma parte del asunto también puede hacer valer los derechos correspondientes, como lo es el oponer excepciones y ofrecer pruebas, así como también solicitar de ser el caso que puede suspenderse la diligencia en cuestión, conforme a los supuestos de la ley. Al respecto, el Código Procesal Civil del Estado regula el juicio especial de arrendamiento, en los términos siguientes: "ARTICULO 636.- De la procedencia del juicio. Las disposiciones de este Capítulo les son aplicables a las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario. El Juez tendrá las más amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. A las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter civil o terceros por controversias derivadas del arrendamiento, se aplicarán las reglas de este Capítulo, en lo conducente. Igualmente se sujetará a lo dispuesto en este Título la pretensión que intente el arrendatario para exigir al arrendador el pago de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 1916 del Código Civil. ARTICULO 637.- Requisitos de la demanda. Para el ejercicio de cualesquiera de las pretensiones previstas en este Capítulo, el actor deberá exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento correspondiente, en el caso de haberse celebrado por escrito. En la demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención, las partes deberán exhibir las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieren en su poder, en los términos de los artículos 393 y 436 de este Código, y anunciar las pruebas que pretendan ofrecer en el período correspondiente. ARTICULO 638.- Admisión, emplazamiento y contestación de la demanda. Una vez admitida la demanda con los documentos y copias requeridas, se correrá traslado de ella a la parte demandada. El demandado deberá dar contestación y formular, en su caso, reconvención dentro de los cinco días siguientes a la fecha del emplazamiento. Si hubiere reconvención, se correrá traslado de ésta a la parte actora para que la conteste dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación del auto que la admita. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos para ello, el Juez concederá a las partes un plazo de cinco días para que ofrezcan las pruebas que no hubieren exhibido desde la demanda o la contestación y aquéllas que hubieren anunciado en los términos del artículo 637 de este Código. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Juez admitirá las pruebas ofrecidas conforme a derecho y rechazará las que no lo sean, fijando la forma de preparación de las mismas, a efecto de que se desahoguen a más tardar en la audiencia de Ley, que deberá celebrarse dentro de los diez días posteriores al auto de admisión de pruebas. ARTICULO 639.- Preparación y desahogo de pruebas. Desde la admisión de las pruebas y hasta la celebración de la audiencia se preparará el desahogo de aquéllas que hayan sido admitidas, de acuerdo a lo siguiente: I.- La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar a los testigos, peritos y demás pruebas que les hayan sido admitidas y sólo en caso de que demuestren su imposibilidad de preparar directamente el desahogo de algunas de las pruebas que les fueron admitidas, el Juez, en auxilio del oferente, deberá expedir los oficios o citaciones y realizar el nombramiento de perito, poniendo a disposición de la parte oferente los oficios y citaciones respectivas, a efecto de que las partes preparen las pruebas y éstas se desahoguen a más tardar en la audiencia de Ley; II.- Si llamado un testigo, perito o solicitado un documento que hayan sido admitidos como prueba, no se desahogaran éstas o más tardar en la audiencia, se declarará desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente. ARTICULO 640.- Desarrollo de la audiencia de Ley. La audiencia de Ley a que se refiere los artículos anteriores se desarrollará conforme a las siguientes reglas: I.- El Juez deberá estar presente durante toda la audiencia y exhortará a las partes a concluir el litigio mediante una amigable composición; II.- De no lograrse la amigable composición se pasará al desahogo de pruebas admitidas y que se encuentren debidamente preparadas, dejando de recibir las que se no se encuentren preparadas. La audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas; III.- Desahogadas las pruebas, las partes alegarán lo que a su derecho convenga y el Juez dictará de inmediato la resolución correspondiente. ARTICULO 641.- Pago de rentas. En caso de que dentro del juicio a que se refiere este Capítulo se demande el pago de rentas atrasadas por dos o más meses, la parte actora podrá solicitar al Juez que la demandada acredite con los recibos de renta correspondientes o escritos de consignación debidamente sellados, que se encuentra al corriente en el pago de las rentas pactadas y de no acreditarlo, se procederá conforme a las reglas del embargo precautorio. ARTICULO 642.- Domicilio legal. Para los efectos de este Capítulo siempre se tendrá como domicilio legal del demandado el inmueble objeto del arrendamiento. ARTICULO 643.- Incidentes. Los incidentes no suspenderán el procedimiento. Se tramitarán en los términos del artículo 100 de este Código, pero la resolución se pronunciará en la audiencia del juicio, conjuntamente con la sentencia definitiva. ARTICULO 644.- Trámite de las apelaciones. Para la tramitación de apelaciones respecto del juicio a que se refiere este Capítulo, se estará a lo siguiente: I.- Las resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento y que sean apelables, una vez interpuesta la apelación, el Juez la admitirá, si procede, y reservará su tramitación para que se realice, en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Si no se presentara apelación por la misma parte en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieren sido apelados durante dicho procedimiento; y II.- En los procedimientos de arrendamiento las apelaciones sólo serán admitidas en el efecto devolutivo." De lo referido, se tiene entonces que la parte quejosa tiene a su alcance los medios de defensa para hacerlos valer durante el juicio; esto es, en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la quejosa, en virtud de que los actos reclamados emanan de un juicio y se desarrolla ante una autoridad jurisdiccional en materia civil, que incluso según manifestó bajo protesta de decir verdad, el trece de octubre pasado, fue emplazada al juicio de origen ******************** y el veinte siguiente, se apersonó al mismo. Luego, conforme a la naturaleza del juicio especial de arrendamiento, si bien es cierto que es factible que desde su admisión se ordenen actos de imposible reparación como puede ser el embargo de bienes, empero, además de que no se tiene la certeza de que se haya ordenado el lanzamiento del bien inmueble descrito, tiene a su alcance un recurso legal; teniendo relevancia que aun tratándose de actos de imposible reparación debe observarse el principio de definitividad. Sirven de apoyo, por analogía, los siguientes criterios: Registro digital: 168478 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.30 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1347 Tipo: Aislada SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. LA CONSTITUYE EL AUTO DICTADO DENTRO DE JUICIO, CON APERCIBIMIENTO DE LANZAMIENTO EN JUICIO CIVIL SUMARIO DE DESAHUCIO, PARA EL CASO DE QUE LA DEMANDADA NO DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE LA FINCA ARRENDADA. Si durante la substanciación de un juicio civil sumario de rescisión de arrendamiento, se decreta la desocupación de la finca arrendada, otorgándole a la demandada un término de treinta días para el cumplimiento voluntario, con apercibimiento que en caso de no hacerlo en dicho término, se decretará la ejecución forzosa, y previa interposición del recurso ordinario que resulta infundado se promueve amparo indirecto; tal acto es susceptible de reclamarse en dicha vía, cuenta habida que la consecuencia del acto jurídico en cuestión es que quede firme la resolución que decreta la desocupación y entrega del bien alquilado, pues aun cuando éste ordena la realización voluntaria dentro de un término determinado, que de no realizarse generará que se haga efectivo el apercibimiento respectivo y se proceda a la ejecución forzosa, ello implica que la orden de lanzamiento decretada no está supeditada a circunstancia alguna, por lo que después de ésta, únicamente queda su cumplimiento forzoso que, de efectuarse, es susceptible de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales de la quejosa que tutela la Constitución, como es el derecho sustantivo de la posesión, afectación o sus efectos que no se destruyen con el hecho de que la quejosa obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreparable la violación en el disfrute de la garantía individual violada, pues aun cuando la peticionaria de garantías obtenga sentencia favorable, y se ordene la restitución en la posesión de la finca arrendada, el término que dure el desposeimiento y los perjuicios ocasionados por éste, no podrán ser restituidos; de lo que se concluye, que las consecuencias del acto reclamado constituyen una actuación que sí tiene el alcance de afectar las garantías individuales de la quejosa y por ende, procede en su contra el amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Registro digital: 2017117 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, aun en el supuesto de que la autoridad responsable haya emitido algún acuerdo u orden de desalojo del bien inmueble señalado, la aquí impetrante de amparo al momento de la diligencia podrá justificar el pago correspondiente o alguna otra cuestión que le beneficie. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese electrónicamente.

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