Monica Gordiano Morales
Expediente 1055/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Monica Gordiano Morales
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite la Magistrada Propietaria de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el que acusa recibo de la diversa misiva 16189/2015, con la que fue notificada del auto que declaró firme el desechamiento de la demanda de amparo interpuesta por *********, así como del tomo de pruebas que le fue devuelto.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, con el que acusa recibo de la diversa misiva 16190/2015, con la que le fueron devueltos dos tomos de pruebas.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de nueve de diciembre de dos mil quince, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ***********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, remítase a la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el toca 417/2015; y al Juez Segundo Civil de esta ciudad, la copia certificada de las constancias que integran el juicio especial civil C241/2014, en dos tomos, ello por resultar innecesaria su retención. Solicítense los acuses de recibo respectivos.
- Principal
Por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual remite la demanda de amparo signada por ********, contra actos de la Magistrada de la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad, así como los anexos descritos en la certificación que antecede, ello en virtud de que el tres de los corrientes el presidente de dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Por tanto, se tiene a **********, formulando demanda de amparo contra actos de la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y del Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por **********, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada, la resolución emitida el veinticinco de agosto de dos mil quince, por la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 417/2015, por virtud de la cual confirmó la audiencia de remate de fecha ocho de junio de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, en el expediente número C241/2014, relativo al procedimiento especial sumario hipotecario sobre pago de pesos, promovido por *********, contra la aquí quejosa y otro. Asimismo, de los antecedentes de los actos reclamados expuestos por la quejosa en su ocurso constitucional, bajo protesta de decir verdad, así como del toca civil número ***, y de las copias certificadas del expediente ***, con los que se ordena formar los tomos de pruebas del I al III; medios de convicción con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se advierten los siguientes datos relevantes del caso. *********, persona moral a su vez apoderada de "**********, en su carácter de fiduciario en el Fideicomiso identificado con el número "F/262757", demandó a *********, en la vía especial sumaria hipotecaria, el cumplimiento de convenio y demás prestaciones (fojas 5 a 13 tomo I de pruebas); asunto radicado en el Juzgado Segundo Civil de Partido con sede en Celaya, Guanajuato, con el número de expediente ***(foja 132 a 133 tomo I de pruebas). Seguido el juicio por sus etapas legales, la juez del conocimiento por resolución de veintidós de agosto de dos mil catorce, condenó a *********, al pago de cuatrocientos veintinueve mil, ciento veinticuatro pesos con cuarenta y tres centavos, por concepto de adeudo total vencido al quince de diciembre de dos mil trece, y al pago de intereses y demás accesorios que se sigan generando hasta el pago del débito y calculado en ejecución de sentencia vía incidental y en su oportunidad y cumplida las condiciones legales aplicables, se proceda al remate del bien hipotecado y condenó al reo a pagar las costas procesales de la instancia (fojas 171 a 177 tomo I de pruebas). Determinación que causó ejecutoria el veintidós de septiembre de dos mil catorce (foja 190 tomo I de pruebas). Posteriormente, en etapa de ejecución, el ocho de junio de dos mil quince, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de remate en primera almoneda respecto del bien inmueble embargado, declarando fincado el remate a favor de **********, en la cantidad de trescientos setenta y seis mil quinientos pesos (foja 271 tomo I de pruebas). Inconformes con dicha adjudicación, **********, interpusieron recurso de apelación; en auto de dieciocho de junio del año en curso, por una parte, el juzgado responsable admitió el recurso de apelación respectivo, mientras que por otro lado, desestimó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones procesales interpuesto por la hoy quejosa, desechándola por tanto (fojas 308 y 309 tomo I de pruebas). Por razón de turno, correspondió conocer de ese recurso a la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en Guanajuato, capital, bajo el número de toca 417/2015, el que fue resuelto el veinticinco de agosto de dos mil quince, en el sentido de confirmar la audiencia de remate de fecha ocho de junio de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, en el expediente número C241/2014, (fojas 359 a 366 del tomo I de pruebas), determinación que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. De lo anteriormente narrado, se desprende que el controvertido civil se encuentra en periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, la tesis jurisprudencial III.5o.C. J/5 (10a.), legible en la página 1454, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de rubro y texto: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Igualmente, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. " En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que únicamente en la resolución reclamada, se confirmó la audiencia de remate de fecha ocho de junio de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, resolución que no constituye la última dictada en el procedimiento respectivo. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 1a./J. 28/2010, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." También es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Novena Época, del rubro: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, lo que en el caso no ha sucedido, pues en la especie, únicamente se confirmó la audiencia de remate celebrada en el juicio de origen, según se advierte de las documentales allegadas al sumario, y aun falta por dictarse el auto que ordene la escrituración de adjudicación y la entrega del bien rematado. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Gírese oficio a las autoridades señaladas como responsables, para su conocimiento. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se tiene como autorizado en los términos amplios del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********, quien tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en los términos restringidos a que alude la última parte del citado numeral a ******** por no encontrarse en ese supuesto Finalmente, toda vez que la quejosa no precisó domicilio para recibir notificaciones, dado que designó para tal efecto los estrados del Tribunal Colegiado, hágansele esta notificación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto en esta ciudad.
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