Mónica Georgina Sánchez Gallardo

Expediente 1244/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1244/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Mónica Georgina Sánchez Gallardo

Actuaciones

  1. Principal

    - Vista la certificación que antecede se desprende . . . . se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO . . . archívese este asunto como total y legalmente concluido . . . .

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    "...NOTIFIQUESE PERSONALMENTE..."

  4. Principal

    CITATORIO. SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA., MÓNICA GEORGINA SÁNCHEZ GALLARDO, EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 11/10/2018, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 10/10/2018, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. ".Visto el escrito de cuenta signado por. fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 1244/2018-V, que es el que le corresponde. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde".Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto que la parte quejosa señala como acto reclamado., El auto de veinticinco de septiembre del año en curso, pronunciado dentro de la causa penal 152/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, instruida en contra de José Luis Martínez Nieto, mediante el cual se admitieron los medios de prueba ofrecidos por el inculpado de mérito, consistentes en la ampliación de declaración de la incidentista, así como careo procesal, señalándose para su desahogo las trece horas y las trece treinta horas, del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. De lo que resulta, que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano., por las siguientes consideraciones. De tal suerte que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Por tanto, encontramos que la característica de los actos irreparables, está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a manera de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito., afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que tratándose de los actos reparables, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Cabe precisar que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. La concurrencia de estas circunstancias imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva. Aunado a lo anterior, existe un segundo criterio, considerado como complementario del anterior, el cual establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, pues no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas. Esto es, aunque ciertas violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva; existen otras que pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse alguno de esos criterios, en el orden previsto, el juicio de amparo indirecto resultará improcedente y el quejoso deberá esperarse hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Por otra parte, los artículos 173, apartado A, fracciones VII y XIV, y 171 de la Ley de Amparo, en lo conducente establecen. "Artículo 173. En los juicios del orden penal se consideraran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso. Con base en lo anterior, se precisa que, sí mediante el auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el Juez responsable tuvo por admitida la ampliación de declaración a cargo de la quejosa de mérito, así como el desahogo del careo procesal entre la misma y su contraparte en el juicio de origen, no constituye un acto de imposible reparación, porque en principio no es susceptible de afectar alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías para la protección de tales derechos, toda vez que dicha determinación no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, en términos del artículo 113 de la misma Ley. En otro orden de ideas, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su escrito de demanda. Con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente.."POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN DICHO AUTO, ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.

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