Monica Garduño Suarez
Expediente 1098/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Monica Garduño Suarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurre el término de quince días otorgado a las autoridades responsables pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, a fin de que rindan su informe justificado; lo anterior, en virtud de que fueron notificadas el siete de noviembre del año en cita. DIFERIMIENTO Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se señalan las doce horas con quince minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. Cotejó: Paola Lizzette Acosta Campos muss
- Incidental
Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1098/2023-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Substanciación del incidente. Por auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda y ordenó formar el incidente de suspensión; requirió los informes previos y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O; PRIMERO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Autoridad responsable Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de México ACTO RECLAMADO La resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, dictado por la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México y su ejecución. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México y Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de México, al rendir su informe previo, negaron el acto que se le reclama. Sin que la parte quejosa ofreciera prueba idónea para desvirtuar la negativa de las responsables. Es aplicable la jurisprudencia 286, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 237, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, materia común, Quinta Época, con número de registro 917820, que establece: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por tanto, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva solicitada, respecto a dichas autoridades al no existir materia sobre la cual decretarla. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, al rendir su informe previo aceptó el acto el acto reclamado, haciendo la aclaración que el dictamen que emitió derivado del expediente DAFA/002/2023-AS fue de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés CUARTO.DETERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR CUANTO HACE A LA EMISIÓN DEL ACTO. Si bien es cierto, el acto reclamado consiste en un acto que con su solo dictado se consumó; sin embargo, esta característica por sí sola no tiene como consecuencia que se niegue la suspensión definitiva; toda vez que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, también se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión. De ahí que, para determinar la procedencia de la suspensión definitiva no es de relevancia si el acto reclamado es de carácter declarativo, ya que ésta hipótesis debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.C.84 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023184, que establece: "SUSPENSIÓN DE ACTOS DECLARATIVOS EN EL JUICIO DE AMPARO. ESA CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, POR SÍ SOLA, NO PRODUCE SU NEGATIVA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto, señalando como acto reclamado las órdenes de búsqueda y/o localización y/o presentación y/o detención y/o aprehensión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que la naturaleza declarativa del acto reclamado, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión en el juicio de amparo. Justificación: Lo anterior, porque aun cuando fue criterio de los tribunales del Poder Judicial de la Federación que los efectos de la suspensión sólo consistían en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues eso sería darle efectos restitutorios, lo que sería materia exclusiva de la sentencia en el juicio de amparo cuando se concede la protección constitucional y, como consecuencia de lo anterior, surgieron diversas tesis en el sentido de que en la suspensión no puede estudiarse provisionalmente el fondo, como las de rubros: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO." (VI.2o. J/347), "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA.", "ACTOS NEGATIVOS." y "ACTOS CONSUMADOS.", esa línea argumentativa partía del hecho de que los requisitos para la suspensión solamente derivaban del artículo 124, fracciones I y II, de la Ley de Amparo abrogada, en el que se establecía que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; sin embargo, a partir de la reforma constitucional y de amparo de 2011, se agregaron diversos elementos para resolver sobre la suspensión, como son: la apariencia del buen derecho y su ponderación con el orden público e interés social, así como el relativo a que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, también se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión. Por tanto, en la regulación originada con la reforma constitucional señalada carece de relevancia considerar si el acto reclamado es declarativo, a efecto de resolver si se concede o no la medida cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, lo relevante para conceder la medida debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, sostuvo que para determinar el otorgamiento de la suspensión no debe atenderse, por sí misma, a la naturaleza del acto reclamado, sino analizarse la apariencia del buen derecho y las posibles afectaciones al interés social, en virtud de que la suspensión puede adelantar los efectos de una eventual sentencia protectora de amparo. En ese sentido, la naturaleza declarativa de los actos, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión, pues debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado". En ese tenor, por lo que respecta al acto declarativo consistente en la resolución de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado por la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México y su ejecución, con fundamento en el artículo 140, de la Ley de la materia, se niega la suspensión definitiva solicitada; toda vez que por sí misma no le irrogan un perjuicio susceptible de suspensión al quejoso, pues en su caso serán los efectos y consecuencias derivadas de dicha determinación lo que deberá ser objeto de análisis para determinar la suspensión que solicita el peticionario de amparo, mismo que se estudiara en los párrafos siguientes. QUINTO. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. En ese orden, con sustento, en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129, 132, 136, 138, 139, 166 y 168 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva desde este momento ponderando los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta y los requisitos que el peticionario de amparo debe reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, a saber: 1) que la solicite el quejoso; 2) la no afectación del interés social; 3) la no contravención de disposiciones de orden público; y, 4) ponderar la apariencia de buen derecho, además que de no otorgarse dicha providencia cautelar, con su ejecución se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación. Al efecto, es aplicable por similitud jurídica, la tesis 2ª.XXIII/2016 (10ª), publicada en el tomo CV, materia común, tesis, página 1330, visible en el Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA" en la que estableció que para conceder la suspensión definitiva se requería que expresamente la solicitara la parte quejosa, que hubiera certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se reclama, los cuales debían ser susceptibles de suspensión, que no se siguiera perjuicio al interés social ni se contravinieran disposiciones de orden público, y que se analizara el asunto bajo la apariencia del buen derecho. Las anteriores consideraciones, aplicadas al caso, conllevan a establecer que debe concederse la suspensión definitiva, dado que reúne los requisitos que establece la ley de la materia, sólo respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado. Los efectos de la medida de suspensión concedida son para que la autoridad responsable, de conformidad con los artículos 139, 163, 165 y 166 de la Ley de Amparo, observe lo siguiente: Que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, esto es, que no se ejecute la resolución de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la que se ordenó la suspensión de empleo, cargo o comisión por un periodo de noventa días naturales sin goce de sueldo, a la parte quejosa. Lo anterior no significa que este juzgado se pronuncie en relación con el fondo del asunto, pues su propósito es cumplir con el objeto de la suspensión del acto reclamado, que es el de mantener viva la materia del amparo y evitar al agraviado el perjuicio que la ejecución del mismo, en tanto se resuelve y dicta la sentencia definitiva que decida sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, impidiendo, además, que el acto que la motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el quejoso la protección de la justicia federal, cuando en un Estado de derecho, debe promoverse la tutela cautelar como condición para la eventual restitución real en caso de que un acto de autoridad resulte inconstitucional. Con ello, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en atención a que lo reclamado afecta únicamente a los intereses jurídicos del impetrante de amparo y, en su caso, de los terceros interesados y de llevarse a cabo la ejecución de los actos reclamados se causarían daños y perjuicios de difícil reparación. Bajo ese esquema, se concede la suspensión definitiva solicitada, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el cuaderno principal del cual deriva la presente incidencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo previsto en los artículos 138, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se niega a Mónica Garduño Suarez, la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado y las autoridades responsables mencionados en los considerandos primero y tercero, para los efectos expuestos en los considerativos segundo, y cuarto. SEGUNDO. Se concede a Mónica Garduño Suarez, la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado y las autoridades responsables mencionados en el considerando tercero, para los efectos expuestos en el considerativo quinto. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Incidental
Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMES PREVIOS Intégrense los oficios de cuenta mediante los cuales, las autoridades que los suscriben pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México, rinden informe previo, mismos que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, serán tomados en cuenta al momento de resolver la suspensión definitiva. DELEGADOS Y DOMICILIO De conformidad con lo previsto en los artículos 9° y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas señaladas y como domicilio el indicado por las autoridades responsables. AUTORIZACIÓN USUARIO Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico con nombres de usuarios "arturoramirezpalma" "Rlopezv" "ucabrerap" y "RAULAD"; en virtud de que dichos usuarios que proporcionó, se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, en cuanto a su solicitud de utilización de herramientas tecnológicas para la consulta del expediente físico, se faculta a la autoridad responsable emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Incidental
L. Toluca, Estado de México; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que la audiencia incidental se encuentra prevista para celebrarse en esta data..............se difiere y en su lugar se señalan las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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