Mónica García Vila y Otros.
Expediente 1516/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1516/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mónica García Vila y Otros.
Actuaciones
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda con evidencia criptográfica de Renée Christian..., quien se ostenta como apoderado de ..., regístrese bajo el número 1516/2023-VII. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: -La sentencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla que resolvió el toca de apelación 955/2023, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Renée Christian..., en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Francisco Javier ..., contra la interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Titular del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Fausto Salazar Carranza, expediente 1454/2016, del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. DESECHAMIENTO Por tanto, respecto al acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Lo anterior, debido a que, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Acorde a lo anterior, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicha resolución implica infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales. Atendiendo a que con tal determinación dictada en el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por Renée Christian Licona Vázquez apoderado de Francisco Javier Fernández Villanueva y Mónica García Vila -aquí quejosa-, respecto al auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, notificación realizada mediante boletín judicial número 9547 de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, que aduce que: a) fue creado, registrado, modificado y firmado por el Secretario el diez de abril de dos mil veintitrés y, b) firmado por la Jueza hasta el once de abril siguiente, por lo que estima que es materialmente imposible que la notificadora haya notificado con antelación un acuerdo inexistente al día de la publicación de la lista; determinación que con su emisión, per se, no implica que se transgredan derechos fundamentales que generen consecuencias de imposible reparación. Se afirma lo anterior, toda vez que al tener presente los efectos que produce el acto reclamado de manera objetiva, de no declararse la nulidad de la notificación del auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, realizada mediante boletín judicial número 9547 de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en su caso, tendría como consecuencia la prevalencia del auto -treinta de marzo de dos mil veintitrés-, que recayó al apersonamiento de Francisco Javier Fernández Villanueva y Mónica García Vila, como terceros interesados al juicio sucesorio (sin tener la calidad de herederos) y, que el juzgado natural continúe con el procedimiento del juicio hasta el momento de dictar la determinación que resuelva la primera etapa del juicio sucesorio; sin embargo, ello no solo está sujeto a tal proceder de la autoridad de origen, sino también a distintas circunstancias procedimentales, es decir, a cuestiones adjetivas para que seguido su cause, de no decretarse la caducidad o diversa situación que dé por concluido el controvertido, se dicte dicha resolución e incluso la sentencia definitiva, la cual, incluso, puede resultar favorable a los intereses de la aquí quejosa. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, registro 167896, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 256, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Febrero de 2009, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Así como la tesis 2a./J. 23/2008, registro 170244, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 593, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Febrero de 2008, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Lo anterior, tomando en consideración que el juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal, puesto que se integra de cuatro etapas independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado, conforme lo establecen los artículos 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 y 4.322 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dichas secciones son: 1) Primera, de sucesión; 2) Segunda, de inventario y avalúos: 3) Tercera, de administración y; 4) Cuarta, de partición. Ahora, las secciones primera, segunda y tercera no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida esas etapas, pero no resuelven en definitiva el mencionado juicio sucesorio, situación que únicamente acontece en la sección cuarta, a través de la sentencia relativa a la partición; en términos del criterio que sostuvo la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 393, de lvisible en la Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, jurisprudencia SCJN, página 330, que refiere: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." En semejantes términos se cita la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXV, página 1476, de contenido siguiente: "SUCESIONES, RESOLUCIONES EN LAS. Las sucesiones pertenecen a la jurisdicción voluntaria y pueden participar también de la contenciosa; pero no son propiamente juicios, dentro de la acepción legal que tiene esta palabra; razón por la cual, el amparo que se pida contra las resoluciones dictadas en ellas, es de la competencia de un Juez de Distrito, salvo cuando se trate de la sentencia definitiva que aprueba la división y partición, que es la que da término al juicio sucesorio." Es decir, las aludidas secciones son independientes entre sí y es por ello que no resuelven en definitiva el mencionado juicio universal sucesorio, sino que esto acontece en la sección cuarta, a través de la 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6c.fc JULIO CESAR TOLENTINO TREJO sentencia relativa a la partición de los bienes e, indudablemente, para que proceda su pronunciamiento, es requisito necesario que se encuentren concluidas las secciones que le preceden, dado que dicha sentencia definitiva parte de la base de que fueron superadas las cuestiones concernientes a la validez del testamento y la declaración de los herederos, las atinentes A LA APROBACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS DE LOS BIENES INTEGRANTES DE LA MASA HEREDITARIA, así como la CALIFICACIÓN de la rendición de cuentas de la administración de bienes (lo que no se actualiza en este caso). Por ello, se afirma que cada sección -excepto la cuarta-, culmina con el dictado de una resolución que es impugnable, una vez cumplido el principio de definitividad, en amparo indirecto, en el que podrán ser combatidas las irregularidades que hubiesen acontecido en el trámite de la sección respectiva; en tanto que la sección cuarta -cuando aprueba el proyecto de partición de los bienes-, será impugnable en amparo directo. En ese sentido, se insiste, el acto que reclama la parte quejosa no se trata de alguna de las resoluciones que den por concluida alguna de las tres primeras etapas del juicio sucesorio, y tampoco se trata de alguna resolución que por su naturaleza afecte algún derecho sustantivo del peticionario de amparo; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, debido a que la referida sentencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla que resolvió el toca de apelación 955/2023, conforme a la transcripción que realizó la parte quejosa respecto al acto reclamado, se desprende que se dictó DENTRO DE L******************** PRIMER******************** SECCIÓN DEL JUICIO SUCESORIO; por ende, la determinación reclamada, no le causa afectación a la parte quejosa, dado que no resuelve en definitiva dicha sección, ni implica una afectación directa a algún derecho fundamental, pues al declarar improcedente el incidente de nulidad de notificaciones, únicamente tiene como efecto la continuación del procedimiento en la etapa en que se encuentra, es decir, como quedó apuntado en párrafos que anteceden, en la primera de sus fases -de sucesión-; esto es, prolonga el trámite de la etapa respectiva y, por ende, no la concluye, es decir, no se trata de un fallo definitivo que decida una sección, o bien, que ponga fin a ésta. Por tanto, el acto reclamado en el caso concreto, no es de ejecución irreparable, ya que sus efectos, en todo caso, sólo constituyen violaciones intraprocesales susceptibles de combatirse en la resolución con que se concluya la sección correspondiente, siempre que ese acto guarde vinculación con el resultado de esa sección y que lo haya dejado sin defensa, trascendiendo en el resultado del fallo. Esto es, la anterior determinación no genera afectación a derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no le restringe algún derecho de propiedad que defienda con respecto al sucesorio de origen, por el contrario, tiene por objeto que se continúe con la prosecución del juicio natural, garantizando que sea sin actuaciones que paralicen su desarrollo normal, el cual es de interés público; de ahí que se considera que la sentencia interlocutoria reclamada no es susceptible de cuestionarse a través de amparo indirecto. Se invoca al efecto en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, registro 165770, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1311, Novena Época, Materias(s): Civil, de rubro y texto siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Lo anterior, si se toma en consideración que a pesar de que la parte quejosa no sea heredera, tales criterios no excluyen la posibilidad de que un tercero extraño que defiende un derecho de propiedad, se apersone ante el juicio sucesorio, incluso, así lo resolvió la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla en la sentencia reclamada al apuntar: ".al tener demostrada solo presuntivamente su calidad de terceros interesados su intervención en esta sucesión es limitada, es decir, solo podrán actuar en la segunda sección siempre y cuando justifiquen fehacientemente su derecho sobre los bienes que en el momento procesal oportuno sean inventariados." En ese orden de ideas, se considera que el dictado de la resolución señalada como acto reclamado, no da lugar a una afectación material, directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación, al tratarse de una cuestión meramente adjetiva. Por tanto, no puede estimarse que en este momento, exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; de ahí que se considera que la interlocutoria reclamada no es susceptible de cuestionarse a través de amparo indirecto. A lo anterior, resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 24/92, emita por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11, octava época, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente. Por último, resulta de suma relevancia mencionar que no se soslaya que el incidente de nulidad de actuaciones tuvo su origen en el desechamiento del recurso de revocación que los aquí quejosos interpusieron contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en el que se reconoció que un bien inmueble es propiedad del de cujus y ordenó que se pusiera en posesión del mismo al albacea; sin embargo, del propio acto reclamado que se desprende del diverso juicio de amparo 1517/2023-VIII, del índice de este órgano jurisdiccional -que se invoca como hecho notorio-, se advierte que en cumplimiento a una suspensión dictada en un diverso juicio de amparo se determinó lo siguiente: "El diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se dicta acuerdo en acatamiento a la resolución, del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil y del Trabajo del Estado de Nuevo León, deducido del juicio de amparo indirecto 1885/25022-V-A (SIC), donde en atención a que por un lado se concedió la suspensión definitiva a los quejosos FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ VILLANUEVA y MÓNICA GARCÍA VILLA (sic), para que no sean desposeídos del bien inmueble consistente en el lote de terreno 1, del plano de subdivisión Solar urbano identificado como lote siete, manzana 8, zona 3, del poblado Los Remates, Municipio de Monterrey, Nuevo León, con una superficie de 4,453.35 metros cuadrados, ni sea escriturado a nombre de persona alguna hasta en tanto se dicte la resolución constitucional que se dicte en el Juicio de Amparo principal y cumpla con el requisito de efectividad que al efecto se fije, se ordenó por tanto mantener las cosas en el estado que guardan." Lo anterior permite corroborar que por el momento, el acto reclamado en esta instancia constitucional no genera alguna afectación de imposible reparación que haga procedente -en este momento procesal- el juicio de amparo que se analiza, puesto que con su emisión no se afecta de modo actual y directo un derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano el presente juicio de amparo. Cabe precisar que el criterio aquí adoptado respecto a las actuaciones intermedias en las etapas de un juicio sucesorio, fue sustentado en la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión ******************** -al resolver el recurso interpuesto en el juicio de amparo ********************; lo que se invoca como un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de ********************mparo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el numeral 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario ******************** en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En la inteligencia que la elección de esta modalidad electrónica, debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario; en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), registro 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, Undécima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." AUTORIZADOS Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; de igual forma, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de *Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del ********************cuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del ********************cuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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