Monica Galicia Beltran

Expediente 1401/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1401/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • MONICA GALICIA BELTRAN y Otros.
  • Monica Galicia Beltran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 104/2016, de su índice, en la cual dicha superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veinticuatro de agosto del año en curso; por tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Acúsese recibo. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...V

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa, quedando registrado con el número de toca 104/2016 de su índice; lo que se asienta para los efectos legales conducentes...V

  3. Principal

    Visto el escrito signado por la quejosa *****, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado en veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo por improcedente; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo citada; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Penal del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, señalándole que es cierto el acto motivo de la queja, pero no las violaciones que aduce y remítanse copias certificadas del presente sumario, el original del escrito de mérito y copia del mismo...V

  4. Principal

    Visto el escrito signado por la quejosa MÓNICA GALICIA BELTRÁN, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis; y, con el oficio signado por la autoridad responsable, reservado en proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis; en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en a) la orden de comparecer a declarar dentro del proceso penal 125/2016 del índice del juzgado responsable, en calidad de testigo; y, b) el apercibimiento de multa hecho en la citada orden. A efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar hechos o abstenciones que refiere el quejoso como antecedentes del acto reclamado: Que el doce de agosto de dos mil dieciséis, la aquí quejosa tuvo conocimiento de un auto dictado el once del mismo mes y año, en el cual se solicita su presencia dentro de las instalaciones de la autoridad responsable, a efecto de que rinda declaración en calidad de testigo dentro de la causa penal 125/2016 instruida en contra de J. GENARO TIMOTEO RIVERA SALINAS por su probable responsabilidad en el delito de Violación en agravio de MA. GUADALUPE MORALES AGUILLÓN, en la cual se apercibió que de no presentarse se le impondría una multa. Siendo éste, el acto que se combate por la vía de amparo. En el caso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 6, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra citan: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual a la quejosa. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del aquí quejoso. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Así pues, en el caso se advierte que, el acto que el aquí quejoso combate, no le causa una afectación real en su esfera de derechos humanos. En efecto, la orden de comparecer ante la autoridad responsable a efecto de rendir declaración, no afecta ningún derecho fundamental de la aquí promovente, toda vez que se solicita en calidad de testigo, y no como probable responsable dentro de la causa penal. Resulta aplicable al caso la tesis, con número de registro 203374, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, visible en la página 264, que a la letra reza: "AVERIGUACION PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." Aunado a que, como se indicó, su cita es en calidad de testigo en una causa penal en la que fungió como ministerio público en la etapa de indagación, lo cual esta permitido desahogar a la defensa como se advierte del criterio que enseguida se transcribe, ello en virtud de la obligación de todas las personas de acudir a rendir testimonio cuando se les solicite, máxime que contrariamente a lo que señala la quejosa, la causa penal no se instaura en contra de la persona que menciona en su demanda en el capítulo de conceptos de violación y en la q.ue afirma también se le está investigando, sino que el citatorio emana de un asunto diverso. Sirve de apoyo la tesis 1a./J. 51/2007 sustentada por la Primera Sala visible en la página 89 tomo XXVI, Julio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PROCEDE LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LA TESTIMONIAL Y LOS CAREOS OFRECIDOS POR EL INCULPADO, A CARGO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE INTERVINIERON EN UNA DILIGENCIA DE CATEO. De la interpretación armónica de los artículos 206 del Código Federal de Procedimientos Penales y 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el juzgador está obligado a admitir y mandar desahogar las pruebas que en su defensa ofrezca el inculpado, sin otra limitación que la establecida por la ley, siempre que legalmente puedan constituirse, pues de no hacerlo así se viola su garantía de adecuada defensa, contenida en el citado precepto constitucional. En tal virtud, independientemente de que la participación del agente del Ministerio Público y de sus testigos de asistencia en el acta circunstanciada en que consta la diligencia de cateo se debe a la obligación que tienen de intervenir como parte del personal ministerial, ello no impide que el procesado ejerza su derecho a defenderse de las imputaciones que arroje el cateo, pues aunque éste conforme a lo dispuesto por el artículo 284 del citado código procesal penal, hace prueba plena cuando se desahoga con las formalidades establecidas en la ley, esto no implica que no puedan controvertirse los hechos y circunstancias derivados de él, mediante la prueba que se estime más idónea -como pueden ser los careos o la testimonial de quienes hayan intervenido en el desarrollo de dicha diligencia-; pues en este caso se considera que tiene mayor peso específico la garantía de defensa adecuada, que consagra el invocado precepto constitucional; sobre todo si se toma en cuenta que el artículo 240 del mencionado Código establece que el tribunal no debe dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes." Ahora, respecto del acto reclamado consistente en apercibimiento hecho a la parte quejosa mediante auto de doce de agosto de dos mil dieciséis; a criterio de este resolutor dicho acto de autoridad no afecta a la parte quejosa, pues su efectividad depende de su actuar. Por lo cual, no puede acudir al amparo hasta en tanto el mismo no cumpla con el requerimiento decretado en dicho auto, y se haga efectivo el apercibimiento. De ahí que se insiste, que el acto que ahora se combate, no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es aplicable tesis PC.I.L. J/14 L (10a.), Décima Época, con número de registro 2010813, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Enero de 2016, visible en la página 2321, que a la letra dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, y 6, ambos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem...V

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