Monica Gabriela Noble Garcia Prieto

Expediente 5/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
5/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Monica Gabriela Noble Garcia Prieto
  • Diana Lorena Zapata Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No fueron exhibidos. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, inciso b), del citado acuerdo. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de junio de dos mil veintiuno. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. En las relatadas condiciones, al resultar evidente que se violan en perjuicio de la parte quejosa, diversos derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, del que se deriva la orden de restituir a la parte promovente en el pleno goce de derechos humanos violados, así como a lo indicado en el artículo 78 del propio ordenamiento, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, para los siguientes efectos: Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 7° de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California, 143 y 144 del Código Civil del Estado de Baja California, en las porciones normativas que precisan las referencias al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución matrimonial. Con motivo de dicha declaratoria de inconstitucionalidad, no podrán aplicarse a las promoventes en el presente ni en el futuro, por lo que se vincula a todas las autoridades del Estado de Baja California a tomar en consideración la inconstitucionalidad del contenido de los preceptos impugnados, por lo cual no podrán utilizarlo como base para negar a las quejosas beneficios o establecer cargas relacionados con la regulación del matrimonio. En este orden de ideas, las peticionarias de amparo no deben ser expuestas al mensaje discriminador de las normas inconstitucionales en cuestión, tanto en el presente como en el futuro. Finalmente, cualquier órgano del Estado que, de manera directa o indirecta, pudiese tener participación en el cumplimiento de este fallo protector estará obligada a su acatamiento, a pesar de no tener el carácter de autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, registro 172605, Novena Época, materia Común, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Protección constitucional que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad responsable Oficial 01 del Registro Civil del Ayuntamiento de Mexicali, de Baja California, al no reclamarse por algún vicio propio. [.]" Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 213/2020. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de cinco de abril del presente año, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que desechó el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa y se requirió el cumplimiento del mismo. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 7° de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California, 143 y 144 del Código Civil del Estado de Baja California, no debían aplicar a la quejosas en el presente ni en el futuro las porciones normativas de dichos numerales que precisaban las referencias al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución matrimonial. Con motivo de lo anterior, las autoridades del Estado de Baja California no podrían utilizar dichos preceptos como base para negar a las quejosas beneficios o establecer cargas relacionados con la regulación del matrimonio; por lo que las peticionarias no debían ser expuestas al mensaje discriminador de las normas inconstitucionales en cuestión, tanto en el presente como en el futuro. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio acordado en proveído de seis de mayo del año en curso, se tuvo a la Delegada de la Oficial del Registro Civil 01 del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, remitiendo copia certificada del acta de matrimonio que celebraron las quejosas Mónica Gabriela Noble Gorda Prieto y Diana Lorena Zapata Delgado, signada por las mismas,, así como por la Oficial del Registro Civil 01 del XXIII Ayuntamiento de Mexicali. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable remitió constancia donde acredita que las quejosas contrajeron matrimonio civil el veintisiete de junio de dos mil veinte, en donde no se aplicaron la porciones normativas de los artículos 7° de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California, 143 y 144 del Código Civil del Estado de Baja California, que precisaban las referencias al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución matrimonial; asimismo, no se advierte que hubieren utilizado dichos preceptos como base para negar a las quejosas beneficios o establecer cargas relacionados con la regulación del matrimonio, ni fueron expuestas al mensaje discriminador de las normas inconstitucionales en cuestión. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de mayo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la delegada autorizada de la Oficial del Registro Civil 01 del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; por medio de los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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