Mónica Elizabeth Hernández Colmenares
Expediente 748/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mónica Elizabeth Hernández Colmenares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, en virtud de que el treinta y uno de agosto de este año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo y que dicha determinación causa estado con esta fecha. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Finalmente, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a los terceros interesados Ana Beascoechea Trisgueros, Mercedes Trisgueros Gaisman y Comunidad Educativa San Francisco Javier, sociedad anónima, por sí y como responsable de la fuente de trabajo ubicada en Alfredo M. Terrazas 810, colonia Tequisquiapan, de esta ciudad, mediante proveído de tres de agosto presente año, a efecto de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo hayan hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Razón actuarial. Asimismo, glósese la razón actuarial de cuenta signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado en la cual manifiesta su imposibilidad de notificar a los terceros interesados Ana Beascoechea Trisgueros, Mercedes Trisgueros Gaisman y Comunidad Educativa San Francisco Javier, sociedad anónima, por sí y como responsable de la fuente de trabajo ubicada en Alfredo M. Terrazas 810, colonia Tequisquiapan, de esta ciudad, el acuerdo de treinta y uno de agosto de este año, por las razones expuestas en la misma; en tal virtud, en términos del párrafo que antecede, túrnense los presentes autos al Actuario Judicial adscrito para que proceda a notificar dicha determinación por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. "agréguese el informe justificado rendido por la Presidente interino de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que manifiesta que no es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de calificar las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 17904/2019/1. Estado de los autos Ahora bien, vista la totalidad de las actuaciones que obran en el presente juicio es posible establecer que la parte quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de calificar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 17904/2019/1. De igual forma, de la determinación de dos de agosto del año en curso, que la responsable remitió como justificación de su acto, se advierte que acordó lo correspondiente a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes, en los autos del expediente laboral 17904/2019/1. Documento al cual se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Causal de improcedencia Al respecto se estima ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. El numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Caso concreto Acorde con tal premisa, se estima que el acto reclamado de la autoridad responsable, consistente en la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de calificar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 17904/2019/1, cesó en sus efectos de manera total que permite considerar como desaparecida la violación al principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de la determinación de dos de agosto del año en curso, que la autoridad responsable remitió como justificación de su acto, se advierte que acordó lo correspondiente a la calificación de pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 17904/2019/1. Con base en la justipreciación de las indicadas constancias es posible concluir que la omisión de calificar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 17904/2019/1, de lo que se quejó la parte quejosa, cesó en sus consecuencias al haberse emitido el acuerdo correspondiente. De ahí que las cosas se restituyeron al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, como se adelantó, no es factible emprender estudio sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que éste cesó en sus consecuencias y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, por las razones jurídicas que la integran, la tesis aislada I.2o.P.4 K (10a.), del texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que la responsable no exhibió la constancia de notificación a la parte quejosa del acuerdo de dos de agosto del año en curso, dictado en los autos del expediente laboral 17904/2019/1; sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita, debe decirse que con el dictado de dicho auto se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna, y la solicitud planteada por la quejosa tuvo lugar en los autos del juicio laboral 17904/2019/1. Sobreseimiento fuera de audiencia. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, y se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente."-
- Principal
agréguese el informe justificado rendido por la Presidente interino de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que manifiesta que no es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de calificar las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 17904/2019/1. Estado de los autos Ahora bien, vista la totalidad de las actuaciones que obran en el presente juicio es posible establecer que la parte quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de calificar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 17904/2019/1. De igual forma, de la determinación de dos de agosto del año en curso, que la responsable remitió como justificación de su acto, se advierte que acordó lo correspondiente a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes, en los autos del expediente laboral 17904/2019/1. Documento al cual se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Causal de improcedencia Al respecto se estima ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. El numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Caso concreto Acorde con tal premisa, se estima que el acto reclamado de la autoridad responsable, consistente en la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de calificar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 17904/2019/1, cesó en sus efectos de manera total que permite considerar como desaparecida la violación al principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de la determinación de dos de agosto del año en curso, que la autoridad responsable remitió como justificación de su acto, se advierte que acordó lo correspondiente a la calificación de pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 17904/2019/1. Con base en la justipreciación de las indicadas constancias es posible concluir que la omisión de calificar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 17904/2019/1, de lo que se quejó la parte quejosa, cesó en sus consecuencias al haberse emitido el acuerdo correspondiente. De ahí que las cosas se restituyeron al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, como se adelantó, no es factible emprender estudio sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que éste cesó en sus consecuencias y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, por las razones jurídicas que la integran, la tesis aislada I.2o.P.4 K (10a.), del texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que la responsable no exhibió la constancia de notificación a la parte quejosa del acuerdo de dos de agosto del año en curso, dictado en los autos del expediente laboral 17904/2019/1; sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita, debe decirse que con el dictado de dicho auto se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna, y la solicitud planteada por la quejosa tuvo lugar en los autos del juicio laboral 17904/2019/1. Sobreseimiento fuera de audiencia. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, y se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el apoderado jurídico de la parte quejosa, mediante el cual proporciona domicilio donde puede ser emplazado al presente juicio de amparo Comunidad Educativa San Francisco Javier, sociedad anónima, por sí y como responsable de la fuente de trabajo ubicada en Alfredo M. Terrazas 810, colonia Tequisquiapan, de esta ciudad parte tercera interesada, en atención a su contenido se provee: En tal virtud, se comisiona al Actuario de la adscripción para que proceda a emplazar a Comunidad Educativa San Francisco Javier, sociedad anónima, por sí y como responsable de la fuente de trabajo ubicada en Alfredo M. Terrazas 810, colonia Tequisquiapan, de esta ciudad por conducto de su diversa apoderada jurídica, en el domicilio ubicado en Pascual M. Hernández 570, Barrio de San Miguelito, de esta ciudad. Al efecto deberá correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo; requerirlo para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, señal domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de ese Juzgado Federal, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; y hacerle de su conocimiento que se encuentran fijadas las nueve horas con veinte minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.
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