Monica Denise Rodríguez Valdes
Expediente 1179/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2023
Partes del expediente
- Monica Denise Rodríguez Valdes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Estado procesal. Según se advierte del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, para el día de hoy se señaló la audiencia constitucional del presente asunto, sin embargo, en proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, para formular conceptos de violación respecto de la negativa por parte de la responsable de entregar el pasaporte al menor quejoso; sin que, a la fecha, feneciera el plazo otorgado para tal fin. III. Diferimiento. Para dar lugar a lo anterior y no violar las formalidades del procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS Y CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de octubre de dos mil veintitrés. I. Informe justificado. Agréguese a los autos los oficios mediante los que se tiene por rendido informe justificado a la autoridad responsable siguiente: ? Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Querétaro. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, para los efectos legales conducente. II. Delegados y domicilio. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que refiere en su informe, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. III. Datos de localización. Asimismo, se tienen por proporcionados los medios de contacto que señala, de los que se toma nota para los efectos conducentes. IV. Pruebas. Además, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas las documentales que exhibe, sin perjuicio de la relación que de éstas se haga al celebrarse la audiencia constitucional. V. Resguardo de documentos confidenciales. Según se advierte de las constancias exhibidas por la autoridad responsable en sobre cerrado, éstas contienen información y datos personales del menor quejoso de iniciales ********************; por lo que se ordena formar cuaderno de pruebas por cuerda separada, el que deberá resguardarse en el secreto del juzgado; quedando expedito el derecho de las partes para consultar dichas constancias en el local que ocupa este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), consultable en el Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 28, registro 2009916, que establece: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." VI. Vista para ampliar. Ahora, de las constancias que se acompañaron al informe justificado, se desprende justamente la negativa por la cual, fue negada la entrega del pasaporte al menor quejoso. Atento a ello, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, para formular conceptos de violación respecto de la negativa por parte de la responsable de entregar el pasaporte al menor quejoso. En el entendido que, en caso afirmativo, deberá ajustar su ampliación a las formalidades establecidas en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XLI/99, consultable en el Tomo IX, Abril de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 209, registro 194333, cuyo rubro y texto se transcriben: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional." De igual modo, se precisa que tal vista sólo podrá ser evacuada por la parte quejosa, no así alguno de sus autorizados ni siquiera en términos amplios, en tanto se trata de una ampliación de demanda, la cual únicamente puede solicitarla el promovente del amparo, tal y como se ha determinado en la Jurisprudencia 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 68, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." IV. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no hacer manifestación alguna en el tiempo concedido para tal efecto, se continuará el trámite del presente juicio constitucional en los términos planteados en su escrito inicial de demanda. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *********, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales *************., por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************; contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1179/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253 , 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Protección a menores de edad. Ahora, toda vez que en el presente juicio se encuentran involucradas menores de edad, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquella, hágase a través de sus iniciales de nombres y apellidos ********************; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación). V. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE a trámite la demanda de que se trata respecto del acto reclamado. VI. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio. VII. Incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 125 y 128, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión solicitado, en términos del artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VIII. Compulsa de Documentos. En esa tesitura, a fin de que los documentos exhibidos sean objeto de análisis en el incidente de suspensión, se ordena su respectiva compulsa con la que obra en el presente cuaderno. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)." IX. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado, en el caso, no hay persona a la que asista carácter de tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo. X. Intervención al Agente del Ministerio Público. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. XI. Informes justificados. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan el informe justificado dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. XII. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. XIII. Recepción de informes provenientes de la autoridad responsable. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, para que haga llegar -debidamente escaneados y firmados- los informes o constancias que sean solicitadas o que se estimen necesarios para la resolución de este asunto, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a la autoridad responsable que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGA DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XIV. Obligación de recibir oficios. Se hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XV. Requerimiento por constancias sobre la actualización de causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XVI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XVII. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene por anunciado el domicilio procesal el ubicado en "********************", ello, en virtud de que la quejosa solicitó las notificaciones en el Portal de Servicios en Línea; asimismo, se tiene como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. XVIII. Acceso al expediente electrónico (consulta y notificaciones). Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo , se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente, así como la práctica de notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario "********************". En la inteligencia que, la autorización para la práctica de notificaciones comprende sólo aquéllas que deban verificarse de manera personal. De igual modo, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento lo anterior a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes. XIX. Pruebas. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que exhibió junto a su escrito de demanda; sin perjuicio de que se haga relación de éstas al celebrarse la audiencia constitucional. XX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XXI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XXII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos.
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