Mónica del Rosario Vizcarra Cardeña
Expediente 707/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mónica del Rosario Vizcarra Cardeña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 707/2021, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Pérez Novelo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, constancia de notificación practicada a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a la parte tercero interesado e informes justificados rendidos por la autoridades responsables. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y las remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con su informe justificado. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas, en atención a su propia y especial naturaleza, las referidas pruebas, para ser consideradas al momento de resolver el presente asunto. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, se abre el período de alegatos en el que la secretaría le informa que obra agregado en autos el alegato ministerial 349/2021 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, el cual fue acordado en auto de once de junio del presente año. El Juez acuerda: se tiene por formulado el alegato de cuenta de conformidad con el artículo 124 de la Ley de amparo aplicable, para todos los efectos legales pertinentes; con lo cual concluye dicho período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 707/2021-VI, que promovió Mónica del Rosario Vizcarra Cardeña, en contra de actos que reclaman de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y Actuario de la misma Junta, con residencia en esta ciudad; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, Mónica del Rosario Vizcarra Cardeña, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y Actuario de su adscripción. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de veintiocho de abril del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se ordenó solicitar a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado, el cual se tuvo por rendido, por lo que se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclaman actos que tienen una ejecución material en la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el que señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas, alegatos y resolución, hasta el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio reclamatorio laboral 821/2020, es decir una fecha lejana. Del Actuario adscrito a la citada Junta responsable, reclama la omisión de realizar la diligencia de emplazamiento de las demandadas en el expediente 821/2020 del índice de la Junta responsable. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario de su adscripción, autoridades responsables en este asunto, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama en el ámbito de sus atribuciones, por lo que el mismo debe tenerse por cierto. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el presente caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En este juicio el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se hace consistir en el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el que señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas, alegatos y resolución, hasta el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio reclamatorio laboral 821/2020, es decir una fecha lejana, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo aplicable, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XVI.- Contra actos consumados de modo irreparable;." Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable, y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias jurídicas de su ejecución. Así tenemos que cuando se reclame un acto que dada la imposibilidad no sólo física, sino también jurídica no podría restituirse al peticionario en el goce del derecho violado, por virtud de que haya sido superada por alguna cuestión que fue debatida y que dada su naturaleza no podría dejarse sin efectos lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo la tesis aislada: I. 3o. A. 150 K, visible a foja 325, Tomo XIV, Materia Común, Diciembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación del texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y de todas las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama que la autoridad responsable haya fijado una fecha lejana para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio de origen 821/2020, esto es, para el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, lo cual acordó el catorce de abril del mismo año. Por tanto, si en el caso la parte peticionaria de amparo reclamó el referido acto, es inobjetable que se actualiza la causal de improcedencia de que se trata, ante la imposibilidad jurídica de restituirlo en el goce del derecho violado, toda vez que de las constancia remitidas por la autoridad responsable, a las que este Órgano de Control Constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que si bien es cierto que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, señalo las doce horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, para que tuviese verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen, también es cierto que a la presente fecha ya transcurrió la data fijada. Partiendo de las anteriores premisas, se llega a la conclusión que al haber transcurrido la fecha señalada para la citada audiencia, el acto reclamado ha sido consumado de forma irreparable, pues aun y cuando se concediera el amparo a la parte quejosa, no se podría reparar ni física, ni materialmente, debido a que la fecha ya transcurrió y con esto no sería dable restituirlo en el derecho que aduce le fue transgredido. En las relatadas condiciones, como ya se dijo, por lo que hace al acto que se analiza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVI, y lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto se refiere, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. De igual forma respecto del acto que se le reclama al Actuario adscrito a la citada Junta responsable, consistente en la omisión de realizar la diligencia de emplazamiento de la demandada en el expediente 821/2020, se tiene que del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta responsable, se advierte que la notificación a la demandada se realizó el catorce de junio de dos mil veintiuno. Esto último, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que data del veintiséis de abril de dos mil veintiuno. En esas condiciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho constitucional, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, también procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo respecto de dicho acto reclamado, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 78 de la Ley de Amparo, Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo que promovió Mónica del Rosario Vizcarra Cardeña, contra los actos de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no obra en autos constancia de emplazamiento a los terceros interesados Mónica Guadalupe Uicab Vizcarra y Carlos Rene Tuyub España, así como a la persona física o moral que resulte responsable y/o propietaria de la fuente de trabajo, ordenado en auto de veintiséis de julio del año en curso. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio de los terceros interesados en este asunto y le notifique personalmente el acuerdo de referencia, para los efectos legales que correspondan, con copia autorizada de este acuerdo, copia de la demanda de amparo y del citado proveído, se ordena la notificación personal del mismo. Para dar tiempo a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las doce horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese personalmente a los terceros interesados. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CITA . TERCERO...Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, se advierte que les asiste el carácter de terceros interesados en este asunto en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de la Materia, a Mónica Guadalupe Uicab Vizcarra y Carlos Rene Tuyub España, así como a la persona física o moral que resulte responsable y/o propietaria de la fuente de trabajo, quienes son parte demandada en el juicio de origen de los actos reclamados, respectivamente. Por lo que con fundamento en el artículo 5 fracción III, inciso e) de la Ley de la materia, se tienen como terceros interesados en el presente asunto a Mónica Guadalupe Uicab Vizcarra y Carlos Rene Tuyub España, así como a la persona física o moral que resulte responsable y/o propietaria de la fuente de trabajo, quienes deberán ser emplazados por el actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en los domicilios que se advierten del escrito inicial de demanda, haciéndoles saber que con tal carácter pueden comparecer en el presente juicio en defensa de sus derechos si así lo estimaren pertinente, entregándoles copia autorizada del presente acuerdo, del auto admisorio y de la demanda de amparo, previniéndolas para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se les señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se les harán por medio de lista autorizada que se fijen en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de ulterior acuerdo, hasta en tanto subsanen su omisión. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ponen a la vista de la referida parte tercero interesadas, el informe justificado y constancias que remitió la autoridad responsable, para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Para dar tiempo a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas con veinte minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
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