Mónica Cárdenas Tamayo

Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
410/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Mónica Cárdenas Tamayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Téngase recibido el escrito presentado a través del portal de servicios en línea y con firma electrónica del licenciado Salvador Alcaraz Manjarrez, autorizado de la quejosa Mónica Cárdenas Tamayo, a través del cual realiza diversas manifestaciones respecto al incumplimiento del fallo protector y solicita se inicie el incidente de inejecución de sentencia emitida el veintiuno de junio del año en curso. Ahora bien, respecto al incumplimiento del fallo protector, se provee lo siguiente: En sentencia emitida el veintiuno de junio del año en curso, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa para efectos de que la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal de Escuinapa, Sinaloa, de inmediato diera cumplimiento a las cláusulas cuarta y sexta del convenio de cuatro de octubre dos mil veintidós, mismo que fue ratificado y aprobado dentro del juicio laboral 42-11/2018 del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Escuinapa, Sinaloa, esto es, cubriera a la quejosa un salario diario de $438.99 (cuatrocientos treinta y ocho pesos 99/100 moneda nacional), y exhibiera las diferencias acumuladas por haberle pagado un salario diario inferior de $364.11 (trescientos sesenta y cuatro pesos 11/100 moneda de curso legal), hasta el día en que su salario fuera liquidado conforme a la primera de las cantidades antes anotadas; así como para que realizara el pago de la cantidad de $834,244.44 (ochocientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 44/100 moneda de curso legal); para lo cual debería realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para tal efecto, sin demora ni intentos de retardo, con independencia de que, en su caso, existiera diversa autoridad de dicho organismo a la que le competiera efectuar dichos pagos. En auto de diez de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió al Ayuntamiento responsable diera cumplimiento al fallo protector. En acuerdo de veintiséis de julio pasado, se concedió prórroga a la citada responsable para que estuviera en posibilidad de dar cumplimiento al fallo protector, esto es, pudiera obtener recursos económicos para cumplir con el convenio laboral citado y por consecuencia acatar la sentencia de amparo. En diversos proveídos de veintiocho de agosto, doce de septiembre y dos de octubre del año que transcurre, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de sentencia, quien indicó que en el acta de sesión pública ordinaria número cuarenta y tres, celebrada el veintidós de junio de la anualidad en curso, se autorizó a la Presidente Municipal solicitar recursos económicos al Congreso del Estado de Sinaloa para poder cumplir con el convenio; sin que a la fecha hubiere acreditado las gestiones realizadas con posterioridad a la sesión de que se da noticia; por lo que en el acuerdo citado en orden final se hizo efectiva multa a la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal de Escuinapa, Sinaloa, ante su omisión. El diecisiete de octubre de la anualidad en curso, se recibió oficio signado por parte del Presidente Municipal de Escuinapa, Sinaloa, a través del cual informó que promovió incidente de nulidad del convenio de cuatro de octubre próximo pasado, ante el Tribual Municipal de Conciliación y Arbitraje de aquella municipalidad, y por ende, existía imposibilidad para acatar la ejecutoria dictada en el sumario en que se actúa. En atención a lo antes manifestado, el suscrito determinó que dicha circunstancia no impedía el cumplimiento al fallo protector, por lo que se requirió de nuevamente cuenta al Ayuntamiento Municipal de aquella localidad a fin de que en el lapso de tres días acatara el fallo protector, de lo cual quedó notificado el treinta y uno del mes próximo pasado; sin que transcurrido dicho lapso hiciera lo propio. Luego, el treinta y uno de octubre de la presente anualidad, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento al fallo protector, de lo cual quedó notificada el nueve de los cursantes, sin que a la fecha en que se emite esta determinación cumpliera con la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el numeral 238 de la Ley de Amparo, hágase efectiva la multa con la que fue apercibida en dicho acuerdo, por la suma de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenía al momento en que se emitió el citado proveído. Por consiguiente, comuníquese al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, la presente determinación, y acompáñese copia certificada del proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, para los efectos a que éste se contrae. Expuesto lo anterior, cabe precisar que los efectos de la sentencia amparadora terminada de engrosar el veintiuno de junio del presente año, fueron los siguientes: "EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO: En consecuencia, con fundamento en los artículos 74, fracciones IV, V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal de Escuinapa, Sinaloa, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, realice lo siguiente: Deberá dar cumplimiento inmediato a las cláusulas cuarta y sexta del convenio de cuatro de octubre dos mil veintidós, mismo que fue ratificado y aprobado dentro del juicio laboral 42-11/2018 del índice del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Escuinapa, Sinaloa, esto es, le cubra a la quejosa un salario diario de $438.99 (cuatrocientos treinta y ocho pesos 99/100 moneda nacional), y pague las diferencias acumuladas por haberle pagado un salario diario inferior de $364.11 (trescientos sesenta y cuatro pesos 11/100 moneda de curso legal), hasta el día en que su salario sea pagado conforme a la primera de las cantidades antes anotadas; así como para que realice el pago de la cantidad de $834,244.44 (ochocientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 44/100 moneda de curso legal); para lo cual deberá realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para tal efecto, sin demora ni intentos de retardo, con independencia de que, en su caso, exista diversa autoridad de dicho organismo a la que le competa. De ahí que, se estime que en cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, deberá iniciar los trámites, gestiones y solicitudes necesarias para el total cumplimiento a la sentencia amparadora. Por lo que, advirtiéndose de lo manifestado hasta este momento por ésta, es viable estimar que pretende eludir el cumplimiento del fallo; ello es así, puesto que, no obstante los requerimientos formulados el diez de julio, veintiocho de agosto, doce de septiembre, dos, diecisiete, y treinta y uno de octubre del año que transcurre, el Ayuntamiento Municipal de Escuinapa, Sinaloa, no ha acatado el fallo protector, pues únicamente informó que autorizó al Presidente Municipal solicitar recursos económicos al Congreso del Estado para cumplir el convenio, más no se evidencia que ésta realizara gestiones a fin de acatar dicha ejecutoria. En esa tesitura, a solicitud de la parte quejosa, se ordena remitir el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución respectivo, en virtud de que, no obstante los requerimientos formulados y la prórroga otorgada, la responsable ha sido omisa en cumplir el fallo protector, pues lo hasta ahora informado, si bien pudiera considerarse un principio de ejecución, situación que obliga a este juzgado continuar requiriendo por los trámites correspondientes, no se soslaya que la autoridad de que se trata no ha cumplido el fallo. Además, no se advierte que exista impedimento legal alguno que justifique la actitud omisiva y evasiva en que está incurriendo la responsable de mérito, pues ante un simulado principio de ejecución ha mantenido paralizado el procedimiento que nos ocupa. En efecto, de la intelección del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, se desprende que los incidentes de inejecución deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce el derecho fundamental que se estimó violado en la ejecutoria de amparo, como es el caso que nos ocupa. Por tanto, sólo al admitir la procedencia de incidente de que se habla, se hace efectivo el derecho de la parte quejosa de someter a consideración la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 8/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia Común, de rubro y texto siguientes: INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. Bajo esas premisas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, se ordena remitir en inejecución de sentencia los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito en turno, de esta ciudad, que constan en un cuaderno auxiliar formado con las constancias presentandas de manera física, para los efectos a que se contrae el aludido numeral, previa formación de un cuaderno de antecedentes con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria en mención. En el entendido que el referido cuaderno auxiliar únicamente contiene los documentos que las partes presentaron de manera física con firma autógrafa, de conformidad con los artículos 3, fracción XII, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del referido Órgano Colegiado, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo Lo anterior, en estricto cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se estableció, entre otras cuestiones, que a partir del uno de diciembre del año próximo pasado, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico. En tal virtud, la totalidad de las constancias que integran el expediente electrónico en que se actúa se encuentran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y debidamente disponible para su vinculación, consulta y obtención, en consecuencia, se comisiona al actuario adscrito a fin de que realice la integración de las constancias de notificación conducentes al expediente electrónico y a la oficial judicial "A" para que habilite electrónicamente la disposición del expediente electrónico para su vinculación. Finalmente, sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el ordinal 193 de la aludida Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Ayuntamiento Municipal de Escuinapa, Sinaloa, para que en el plazo de tres días contado legalmente, dé total cumplimiento al fallo protector, atendiendo a los lineamientos que se establecieron en la sentencia de amparo; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se impondrá una diversa multa de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tiene al momento en que se emite el presente, de conformidad con los artículos 192, 193, 238, y 258 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Téngase recibido el escrito firmado autógrafamente por los Integrantes del Ayuntamiento Municipal de Escuinapa, Sinaloa, a través del cual, en relación al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente sumario, que se exige a dichas autoridades de la cláusula cuarta y sexta del convenio celebrado con fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, entre ********************, en su carácter de trabajadora demandante y ********************, apoderado legal del anotado cabildo, relativo al juicio laboral ********************, instaurado por la referida trabajadora ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de la citada municipalidad, refieren que se encuentran imposibilitados para acatar el mismo, en virtud de que el referido convenio fue impugnado por la oficiante vía juicio de nulidad, en representación del Ayuntamiento, en contra de la trabajadora mencionada y del citado ********************, ante el mismo tribunal laboral; por lo que a su consideración, el acatamiento al fallo protector se encuentra subjúdice. En atención a lo expuesto, se hace del conocimiento de la oficiante que en el sistema jurídico mexicano la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas; por tanto, aun y cuando la autoridad responsable manifieste su imposibilidad de acatar la sentencia dictada en el presente asunto debido a que promovió diverso juicio para nulificar el convenido origen del acto reclamado, nada impide el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ello, partiendo de la base de que una sentencia al ser ejecutoriada constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes. Máxime que los argumentos esgrimidos por la autoridad oficiante a fin de no acatar la ejecutoria dictada en el expediente que nos ocupa son ajenos a la Litis ventilada en el presente asunto. Es aplicable al caso la tesis con registro digital 2020899, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, de rubro y texto siguientes: EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas."

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito presentado a través del portal de servicios en línea y firmado electrónicamente de la Presidenta del Ayuntamiento Municipal de Escuinapa, Sinaloa, a través del cual, en relación al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente sumario, que se exige a dicha autoridad de la cláusula cuarta y sexta del convenio celebrado con fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, entre Mónica Cárdenas Tamayo, en su carácter de trabajadora demandante y César Augusto Corona Prado, apoderado legal del anotado cabildo, relativo al juicio laboral 38-11/2018, instaurado por la referida trabajadora ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de la citada municipalidad, refiere que se encuentra imposibilitada para acatar el mismo, en virtud de que el referido convenio fue impugnado por la oficiante vía juicio de nulidad, en representación del Ayuntamiento, en contra de la trabajadora mencionada y del citado César Augusto Corona Prado, ante el mismo tribunal laboral; por lo que a su consideración, el acatamiento al fallo protector se encuentra subjúdice. En atención a lo expuesto, se hace del conocimiento de la oficiante que en el sistema jurídico mexicano la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas; por tanto, aun y cuando la autoridad responsable manifieste su imposibilidad de acatar la sentencia dictada en el presente asunto debido a que promovió diverso juicio para nulificar el convenido origen del acto reclamado, nada impide el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ello, partiendo de la base de que una sentencia al ser ejecutoriada constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes. Máxime que los argumentos esgrimidos por la autoridad oficiante a fin de no acatar la ejecutoria dictada en el expediente que nos ocupa son ajenos a la Litis ventilada en el presente asunto. Es aplicable al caso la tesis con registro digital 2020899, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas." En atención a lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento Municipal, con asiento en Escuinapa, Sinaloa, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, de pleno cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no dar acatar lo anterior o informar las diligencias efectivas tendentes a lograr dicho fin se le impondrá una multa de hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con el artículo 267, fracción l, de la expresada ley de la materia, consistente en la cantidad de ($10,374.00 diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 192 y 258 de la ley de Amparo.

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio número 400-53-00- 01-01-2023-3851, firmado autógrafamente por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "2", con sede en Mazatlán, a través del cual, a fin de dar cumplimiento al requerimiento formulado en el comunicado 19114/2023 de dos de agosto de la presente anualidad, solicita diversa información para el efecto de hacer efectiva la multa impuesta a la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal, con asiento en Escuinapa, Sinaloa, en el diverso proveído de diez de julio del año en curso; por tanto, una vez que este juzgado federal la recabe, se le informará por oficio lo que corresponda. Ahora bien, a fin de que la autoridad hacendaria esté en condiciones de dar cumplimiento a lo encomendado por este juzgado federal, requiérase a la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal de Escuinapa, Sinaloa, para que en el plazo improrrogable de tres días contado de manera legal, remita a este juzgado: (1) Registro Federal de Contribuyentes con homoclave del funcionario que la representa; (2) Clave Única de Registro de Población o fecha de nacimiento de éste; y (3) domicilio fiscal en territorio nacional: calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o alcaldía, según se trate. Bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo o manifestar su imposibilidad legal para ello, se hará acreedor por lo que a cada uno corresponde, a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, ello, de acuerdo a lo establecido en los preceptos jurídicos 237 y 259 del propio ordenamiento legal.

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