Mónica Caballero Reséndiz

Expediente 58/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
58/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Basor México, S.A.P.I. de C.V.
  • Mónica Caballero Reséndiz
  • Fabiola Aguilar Guerrero
  • Juan Carlos Cifuentes Umaña y Otros.
  • Juan Carlos Cifuentes Umaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso por el que se le remitió testimonio de la ejecutoria de amparo, así como las constancias descritas en el oficio de mérito enviadas como complemento a su informe justificado.agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes.Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo, y se remitió el testimonio de dicha ejecutoria a la autoridad responsable, cuyo acuse de recibo se acuerda en el presente acuerdo; en consecuencia, ARCHÍVESE este juicio de garantías como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno.se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de tres días, otorgado en el proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós a la parte quejosa para que manifestara que a su derecho convenga en relación a la causal de improcedencia advertida de manera oficiosa por este Tribunal, sin que haya desahogado la referida vista; por tanto, en cumplimiento al citado proveído, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado Fernando Sánchez Calderón.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, P./J.5/2015, (10.), página 8, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Así, se transcriben las consideraciones en que sustenta dicho criterio y que son del tenor siguiente: "CUARTO. Sobreseimiento. En la especie, este Tribunal Colegiado de Circuito no procederá al análisis del auto reclamado ni de los conceptos de violación. Lo anterior, en virtud de que en el caso particular se advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual de suyo implica que en el presente juicio de control de regularidad constitucional aquel sobreseimiento debe decretarse. Así es, porque sea que las partes aleguen o no la actualización de alguna de dichas causales de improcedencia, éstas se tienen que examinar previamente, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 62 de la invocada legislación que rige a la materia, al involucrar cuestiones o aspectos que se consideran de orden público. El citado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.]". Acorde con dicha disposición, antes de acudir a la vía constitucional, debe cumplirse con el llamado principio de definitividad, salvo en los casos de excepción en que de una manera expresa se releva de la obligación procesal relativa. Por su parte, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, en términos del artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Cabe a la vez hacer alusión a la fracción III, inciso a), de esta última porción normativa en cita, la cual estatuye: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado.La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." [.]". [Lo destacado es de este Tribunal]. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)". Del contenido de las normas constitucional y reglamentaria antes reproducidas, se obtiene la procedencia del juicio de amparo directo: contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Del párrafo segundo del artículo 170, fracción I, de la invocada legislación reglamentaria de la materia, se colige qué se entenderá por sentencias definitivas, a saber, las que decidan el juicio en lo principal, y qué por "resoluciones que pongan fin al juicio", que son las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Por su parte, el párrafo tercero del señalado artículo de la Ley de Amparo, dispone: ".que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia.", esto por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Esto evidencia, como requisito para la procedencia del juicio de amparo directo, la necesidad de agotar previamente el recurso ordinario establecido en la ley. Recurso (o medio ordinario de defensa) por virtud del cual, la sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, pueda ser modificada o revocada, esto es, es decir, se debe cumplir con el "principio de definitividad", salvo ciertas excepciones. En el particular, no satisfechas, así como incumplido ese principio, y para justificarlo se estima necesario traer a colación los antecedentes más destacados del acto reclamado que son, a saber, los siguientes: 1. La quejosa: MÓNICA CABALLERO RESÉNDIZ, en el procedimiento de origen, demandó de Transportes Hollywood, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo medular, que se llevaran a cabo las asambleas generales de accionistas, del período comprendido entre dos mil cuatro a dos mil veintiuno, y que de no llevarse a cabo aquéllas, por la mencionada persona jurídica, sea la autoridad judicial quien hiciera las convocatorias respectivas. Para sustentar sus pretensiones, entre otros documentos, la aludida parte quejosa exhibió copia certificada de su título accionario nominativo. Es decir, el que contiene la acción "22", a su nombre "Mónica Caballero Reséndiz", como socia de "Transportes Hollywood, Sociedad Anónima de Capital Variable". 2. La autoridad judicial responsable, en el primer auto que pronunció dentro del expediente de origen, además de radicar la demanda de origen, requirió a la promovente para que, dentro de otros aspectos, presentara el certificado de depósito del título de su acción, en términos de lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 3. La quejosa, para dar cumplimiento a la obligación relativa, expresó que se había anexado al escrito inicial de su demanda, como parte de sus documentos basales, y añadió -en lo que aquí interesa- que: ".no se precisa en el artículo 205 de la Ley [sic] de Sociedades Mercantiles, que el depósito de la acción se realice ante su señoría, además, que no existe impedimento y/o prohibición legal alguna para ello; en este acto solicitó que el depósito de la acción que fue exhibida al escrito inicial quede ante su señoría, en virtud de que sería incongruente que la suscrita que reclama se realice la convocatoria de Asamblea General de Accionistas, lleve a cabo la transmisión de la acción, ya que en el supuesto de encontrarme en ese hipotético, me encuentro imposibilitada en realizar transmisión alguna, ya que la mencionada acción forma parte de los documentos base de la acción, y este documento no puedo obtener, sino hasta culminar dicho procedimiento.". 4. (Acto reclamado). Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, la juez responsable inadmitió el asunto, esto bajo las consideraciones jurídicas siguientes: "I. A sus autos el escrito y anexo que presenta MÓNICA CABALLERO RESÉNDIZ, con la personalidad que tiene acreditada en autos; vista la certificación que antecede, se tienen por desahogadas en tiempo, las prevenciones ordenadas por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. II. Sin embargo, no lo realiza en forma, ya que no exhibió el certificado de depósito del título accionario a su nombre. Cabe precisar que, pese a que el artículo 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles concatenado con la tesis aislada que cita la promovente en el de cuenta, refieren que el depósito de las acciones será ante un fedatario público o una Institución de Crédito, sin que exista impedimento legal para que se haga ante el juez correspondiente, lo cierto es que la parte actora no exhibió el original del título accionario con su demanda, sino una copia certificada de éste, por lo que no es posible hacer el depósito que solicita, el cual es requisito para ejercer su petición a fin de dar seguridad jurídica y garantizar la seriedad de la demanda, pues con ello se evita que el accionista iniciador del procedimiento respectivo transmita con posterioridad los títulos y se desatienda del proceso iniciado, en perjuicio de la sociedad mercantil, de los restantes accionistas o de terceras personas. III. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1063, 1077, y 1353 del Código de Comercio, en relación con los artículos 183, 184, 185 y 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace efectivo el apercibimiento decretado en por auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y se DESECHA su demanda. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno electrónico, que se lleva en este Juzgado. IV. ARCHIVESE el presente asunto como totalmente terminado, devuélvase a la parte actora, los documentos exhibidos, previa toma de razón que obre en autos por su recibo. V. Por otro lado, atendiendo a las medidas de higiene para evitar la manipulación innecesaria de expedientes, como medida de prevención de riesgos ante la Serie contingencia sanitaria del Coronavirus (COVID-19) en pro de la salud y bienestar de los usuarios de los servicios de administración de justicia y los servidores públicos judiciales, el presente acuerdo y los subsecuentes, únicamente serán firmados electrónicamente, agregándose dicha constancia al expediente. NOTIFÍQUESE. ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA.". Bajo este contexto, se resuelve que para que resultara procedente el juicio de amparo, en términos del tercer párrafo del artículo 170 de la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se requería que previamente a su promoción, se agotara el recurso ordinario (establecido en la ley), el cual no se interpuso y, por lo mismo, en el particular deviene patente la insatisfacción del invocado principio de definitividad. Justamente, constituía un presupuesto de procedencia el que se hiciera valer el medio de defensa a través del cual se pudiera modificar o revocar el acto reclamado, el cual, en el caso concreto lo era el recurso de apelación, previsto en el artículo 1356 del Código de Comercio, que estatuye: "Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo.". Se resuelve lo anterior, en atención a que la petición de origen, inadmitida en el acto reclamado, medularmente se hizo consistir en un solicitud para que se llevara a cabo la asamblea general de accionistas de Transportes Hollywood, Sociedad Anónima de Capital Variable, pretensión fundada en el artículo 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual tiene estrecha relación con los numerals 184, 185 y 201 del mismo ordenamiento. El artículo 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé: "Artículo 205. Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refieren los artículos 185 y 201, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante fedatario público o en una Institución de Crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales. Las acciones depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio". Los numerales a que alude la disposición transcrita estatuyen lo que a continuación se reproduce: "Artículo 185. La petición a que se refiere el artículo anterior, podrá ser hecha por el titular de una sola acción, en cualquiera de los casos siguientes: I. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos; II. Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el artículo 181. Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, ésta se formulará ante el Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios. El punto se decidirá siguiéndose la tramitación establecida para los incidentes de los juicios mercantiles". "Artículo 201. Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: I. Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de clausura de la Asamblea; II. Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución, y III. Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los Administradores o de los Comisarios". La petición a la que se refiere el numeral 185 reproducido se relaciona con el artículo 184 de la invocada Ley General de Sociedades Mercantiles, que prevé: "Artículo 184. Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al Administrador o Consejo de Administración o a los Comisarios, la Convocatoria de una Asamblea General de Accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no lo hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones". De la interpretación sistemática de las normas reproducidas se colige, en la parte que aquí interesa, que los accionistas de una sociedad mercantil podrán pedir, en cualquier tiempo, que se emita convocatoria para una asamblea general de accionistas, para tratar de los asuntos que indique la solicitud. Además, que, en el supuesto de no hacerlo, podrá realizarlo la autoridad judicial del domicilio de la sociedad mercantil de que se trate, a petición de quienes representen el treinta y tres por ciento del capital social de la correspondiente persona jurídica, esto como una regla general. Salvo -entre otras excepciones- que no se hubiera celebrado alguna asamblea general de accionistas en dos ejercicios consecutivos; supuesto en el cual la petición de convocatoria relativa podrá hacerlo el titular de una sola acción. De igual manera, que, en la vía judicial, la tramitación relativa se verificara conforme a las reglas establecidas para los incidentes de los juicios mercantiles, que, como se dijo, tratándose de incidentes, las resoluciones que los diriman serán apelables las que: ".se dicten . en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo.". En las condiciones relatadas, se itera la insatisfacción del principio de definitividad, porque de las constancias que conforman el presente asunto, que al constituir actuaciones judiciales se les debe otorgar pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con el numeral 2 de la respectiva legislación de Amparo, se advierte: Mónica Caballero Reséndiz omitió interponer el recurso de apelación, previsto por el artículo 1356 del Código de Comercio, en contra del auto por el cual se INADMITIÓ LA DEMANDA DE ORIGEN. Consecuentemente, es inconcuso que se materializa el supuesto de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, habida cuenta que el presente asunto no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) de aquella norma legal (transcrita en párrafos precedentes), que la relevara de cumplir el mencionado principio de definitividad y, por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal que rige a la materia. Al respecto cabe acotar que la inadmisión impugnada (acto reclamado), no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, ni es un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad; además no es alguna resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; tampoco decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, aún menos se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. De igual modo se indica que dicha impetrante del amparo, al ser quien incoó las pretensiones de origen, ante la autoridad judicial no puede considerarse persona extraña al procedimiento que precisamente ella inició. Además, no se trata del auto de vinculación a proceso, y la procedencia del recurso de apelación de mérito, no se sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, motivos por los cuales se colige que la impetrante del amparo no quedaba en libertad de interponer el recurso o acudir al juicio de amparo, sino que debió hacerlo valer de una forma previa precisamente a la promoción de su acción de control de regularidad constitucional. Cabe también añadir que el hecho de que contra la resolución que puso fin al juicio, proceda un recurso ordinario y éste no se agote antes de la promoción del juicio de amparo directo, incide en la improcedencia de éste, no en la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Efectivamente, este tipo de órganos jurisdiccionales colegiados son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas contra sentencias definitivas, o - como en la especie- contra resoluciones que ponen fin al juicio de origen que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, incluso cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Por tanto, se concluye que se tiene competencia para declarar la improcedencia de la demanda de amparo, conforme al citado numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, por inobservancia al principio de definitividad, que lo obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos del diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento. A lo anterior es aplicable el contenido de la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Asimismo, se cita, en atención que su contenido emanó de este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, la jurisprudencia II.4o.C. J/1 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECRETARSE SI EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA PROCEDÍA EL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE AGOTÓ (LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN). Conforme al numeral 170, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, entendiéndose por éstas, en términos del segundo párrafo del artículo en análisis, las que deciden el juicio en lo principal; empero, para la procedencia del juicio, acorde con la literalidad de su párrafo tercero, debe agotarse el recurso ordinario previsto en la ley de la materia, por virtud del cual pueda modificarse o revocarse. En ese entendido, si en contra de la sentencia definitiva procedía el recurso de apelación y éste no se agotó ni es renunciable, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal en comento, lo que impone sobreseer en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 63, fracción V, de esa propia ley, siempre que en el caso no se actualice supuesto de excepción alguno que la propia fracción XVIII del citado numeral 61 prevé. No se soslaya que la definición de sentencia definitiva que proporciona la Ley de Amparo en vigor es distinto del que se contenía en la ley abrogada, pues en la actual, se entiende por sentencia definitiva "la que decide el juicio en lo principal", mientras que la abrogada establecía por sentencia definitiva "la que decide el juicio en lo principal y respecto del cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada", dato que abona en el criterio que aquí se adopta.". Resultando también aplicable el contenido de la tesis II.1.9 K (10.), que se comparte, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que a la letra dice lo siguiente: "AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO PROCEDA UN RECURSO ORDINARIO Y ÉSTE NO SE AGOTE PREVIO A LA PROMOCIÓN DE AQUÉL, INCIDE EN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO EN LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). El artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Por su parte, el artículo 46 de la ley de la materia abrogada señalaba como requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo directo, que contra la sentencia definitiva o resolución que le pusiera fin al juicio, las leyes comunes no concedieran recurso ordinario alguno, por virtud del cual pudieran ser modificadas o revocadas. En ese tenor, la recta intelección del mencionado numeral de la ley vigente lleva a considerar que el hecho de que contra la sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio reclamada, proceda un recurso ordinario y éste no se agote previo a la promoción del amparo, incide en la procedencia del juicio y no en la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito; por tanto, dicho órgano jurisdiccional tiene competencia para declarar la improcedencia de la demanda de amparo, conforme al numeral 61, fracción XVIII, por inobservancia al principio de definitividad, que lo obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, en el nuevo contexto normativo, atendiendo al artículo sexto transitorio de la nueva ley, es inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 10, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.", pues el escenario jurídico conforme al cual se generó dicho criterio ya no es igual al que aparece en la ley vigente, en tanto que en ésta, la definitividad, que era de singular importancia para establecer la competencia, se fijó como un aspecto no de ésta, sino de la procedencia del juicio.". Ahora cabe añadir que a similares arribó el presente órgano jurisdiccional, en las ejecutorias que dieron origen a la invocada jurisprudencia II.4o.C. J/1 (10a.), empero también al resolver los juicios de amparo directo 314/2021 (sesionado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno), 393/2017 (sesionado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete); información, esta última, que se invoca como un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo dispone su numeral 2°; sobre todo que las ejecutorias en cita, constan en los conflictos competenciales mencionados, los que fueron tramitados y resueltos por el presente Tribunal Colegiado del Circuito, y, cuya consulta se puede llevar a cabo en el sistema integral de seguimiento de expedientes (S.I.S.E.) del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, sirven de apoyo el contenido de las jurisprudencias P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", y 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de ese órgano supremo, de epígrafe: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". Sin que sea óbice que la Presidencia del presente órgano jurisdiccional colegiado hubiera admitido a trámite este asunto, a través del proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, habida cuenta que los acuerdos de tal naturaleza no causan estado; de suerte que este Pleno se encuentra en aptitud de decretar el sobreseimiento del juicio, de no colmarse los presupuestos de procedencia de la vía de amparo directa. Al respecto es de invocarse el contenido de la tesis 1a. LXXIX/2010, también sustentada por la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y texto siguientes: "AUTOS DE PRESIDENCIA. A PESAR DE QUE POR REGLA GENERAL NO SON DETERMINACIONES QUE CAUSEN ESTADO RESPECTO DEL TRIBUNAL EN QUE SE DICTAN, SÍ PUEDEN QUEDAR FIRMES Y PRODUCIR CONSECUENCIAS PROCESALES DENTRO Y FUERA DEL PROCEDIMIENTO CUANDO PRECLUYE EL DERECHO A RECLAMARLOS, Y SE ASUMEN POR EL ÓRGANO COLEGIADO CONFIRMÁNDOLOS EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE. Los autos de presidencia pronunciados durante la instrucción de los diferentes procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales de composición colegiada no causan estado y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquéllos; sin embargo, lo anterior no debe entenderse de manera que toda determinación contenida en esta clase de proveídos no causa estado ni tiene consecuencias procesales. Por el contrario, dichas actuaciones no dejan de representar resoluciones jurisdiccionales emitidas por autoridad competente que pueden causar perjuicio a las partes y definir un aspecto de derecho, por eso son impugnables a través del recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, que de no interponerse ocasiona la preclusión en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que lleva a inferir que las decisiones contenidas en tales actuaciones se encuentren jurídicamente consentidas y producirían efectos procesales tanto en el procedimiento correspondiente como fuera de éste. Por tanto, si los autos de trámite de los presidentes de los tribunales colegiados de circuito no causan estado frente a las determinaciones del Pleno del órgano jurisdiccional al que pertenecen, no menos cierto es que la razón de eso es que un proveído presidencial no representa, en sí mismo, una decisión jurisdiccional definitiva de dicho órgano, en tanto no sea confirmado por la totalidad de la composición del mismo, cuyas decisiones se toman por unanimidad o mayoría de votos conforme a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que ocurre -de manera especial- después de que se interponga el recurso de reclamación confirmando la determinación presidencial, y -de manera general- cuando se dicte la sentencia colegiada por el tribunal que concluya su intervención, sin ordenarse la reposición del procedimiento o la corrección de la decisión presidencial, lo cual representa una aceptación implícita del tribunal en relación con todas las actuaciones y decisiones procesales de trámite tomadas por su presidente durante la instrucción, pues si se presentan los supuestos citados, los autos presidenciales pueden quedar firmes y regir situaciones específicas surtiendo efectos no sólo en el procedimiento en el cual se dictaron, sino fuera de éste.". [Lo subrayado es de este Tribunal]. Decisión Ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio." En esas condiciones, resulta importante destacar que la fracción IV, del artículo 11, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, a la letra dice: "Artículo 11. Para la emisión y notificación de sentencias y resoluciones se observará lo siguiente: (.) IV. Si durante la discusión del asunto se advierte de oficio la posible actualización de una causal de sobreseimiento, el tribunal publicará en lista electrónica la vista prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo respectivo para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada.". En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva. Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado Fernando Sánchez Calderón, para los efectos que en derecho corresponda.

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