Mónica Beatriz Rosales Mendoza

Expediente 1690/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1690/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • MÓNICA BEATRIZ ROSALES MENDOZA y Otros.
  • Mónica Beatriz Rosales Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    el auto de cuatro de noviembre de la presente anualidad (fojas 84 a 87), por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto como concluido. Destrucción del expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso b), capítulo octavo respecto de los expedientes destruibles, previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que únicamente sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, de conformidad con el punto 8.1.2, infine, del capítulo 8 "Consideraciones previas a la Destrucción de Expediente" del Manual para organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procédase a su destrucción material. A juicio de la suscrita por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico. Destrucción de los incidentes de suspensión. Asimismo, el original del incidente de suspensión es destruible, ya que se declaró sin materia la suspensión definitiva solicitada, por lo que en atención a lo ordenado en el artículo 21, inciso d) del referido acuerdo, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, procédase a su destrucción; misma situación que acontece respecto del duplicado del incidente de suspensión al encontrarse dentro del supuesto a que hace alusión el precepto legal 20, fracción II, inciso a), del mencionado acuerdo, por tanto, una vez que transcurran más de seis meses, procédase a su destrucción. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión.

  2. Principal

    SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SINTESIS DICE: Visto el oficio de cuenta, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 453/2022 y cuaderno original del incidente de suspensión, así como testimonio emitido en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el impedimento 1/2022 de su índice, planteado por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en la que se resolvió: "ÚNICO. Es fundado el impedimento." Se acusa recibo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a sus autos para los efectos legales procedentes, acúsese el recibo de estilo al tribunal revisor. Cumplimiento a la ejecutoria. En acatamiento a la ejecutoria pronunciada por la Superioridad, se acuerda lo siguiente: Desechamiento parcial de la demanda. En el presente caso, esta juzgadora estima que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia respecto de las siguientes autoridades: Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarlos (COFEPRIS). Secretario de Salud del Gobierno Federal. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, la suscrita advierte la actualización de la contendida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes1: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenuni0 ciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En ese orden de ideas, se considera que como el acto reclamado únicamente estriba en la falta de aplicación de la vacuna para prevenir la enfermedad covid-19, las autoridades referidas no tienen intervención alguna en dicha aplicación. Ello es así, porque quienes participan e intervienen en la aplicación del biológico en mención, son la Secretaría de Salud del Estado de México y el Director General del Instituto de Salud de México, ya que la aplicación del biológico se realiza ante las autoridades sanitarias del estado en que radica la parte quejosa, por lo que en este caso, corresponde a las del Estado de México. Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, establece que la Secretaría de Salud del Estado de México, es la dependencia responsable de las acciones en materia de salud, como lo es la aplicación de las vacunas, a través de sus dependencias, en este caso, el Instituto de Salud del Estado de México. En ese sentido, es inconcuso que las autoridades por la cuales se realiza el presente desechamiento, no tienen intervención directa en el acto tildado de inconstitucional, pues como se ha establecido, no se advierte que cuenten con atribuciones para la aplicación física de la vacuna, de ahí que no les reviste el carácter de autoridades responsables para los efectos del presente juicio de amparo. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, el hecho de que la parte quejosa de igual forma haya señalado diversos actos reclamados, consistentes en: "La omisión de aplicar de manera congruente. la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 en México. La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores de manera urgente e inmediata, el lugar , horario y fecha en que se le aplicaran las dosis de la vacuna autorizada." Lo anterior, en razón de que del estudio integro de la demanda se advierte que en esencia de lo que se duele el promovente del amparo es de la omisión o falta de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 al menor de iniciales D.V.J., lo que salvaguarda su interés superior, y permite que esta juzgadora tome las medidas necesarias para proteger su salud, vida e integridad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de las autoridades ya mencionadas. Además, tal determinación guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y, en caso de admitir la demanda de amparo por todas las autoridades indicadas por los quejosos, se retardaría la integración del asunto que se provee. ADMISIÓN. Se admite a trámite la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Se pide a las autoridades responsables su informe justificado. TRANSPARENCIA. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información.

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