Mónica Arredondo Aragón
Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mónica Arredondo Aragón
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Mónica Arredondo Aragón, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. FLAVIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.0b 13/05/23 15:01:14 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 224/2021 Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE...MESA 4
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de donde se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa Mónica Arredondo Aragón, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que desahogara las prevenciones formuladas en dicho auto, notificado por correo a la quejosa el seis de los corrientes y habiendo hecho una búsqueda en el libro de correspondencia de este juzgado no se encontró promoción alguna tendente al respecto. En consecuencia, este Juzgado de control constitucional hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, ello en virtud de que el promovente de amparo, no desahogo los requerimientos formulados; ante ello, téngase por no presentada la demanda de amparo promovida por Mónica Arredondo Aragón, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese...MESA 4
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Mónica Arredondo Aragón, contra actos que reclama del Juez Primero en Materia Civil de Primera Instancia para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al Octogésimo Juzgado y otra autoridad. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 224/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 184 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copia por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De la transcripción anterior se desprende que, el citado numeral no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda solo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracciones IV y V, en relación con el diverso 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, y para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Bajo protesta de decir verdad deberá desahogar los siguientes requerimientos: a) Manifieste, de forma clara, sucinta y cronológica cuáles son los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado donde tuvieron intervención las autoridades que señala como responsables. b) En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, precisar la denominación correcta de las autoridades responsables, lo anterior, toda vez que señala de manera genérica Juez Primero en Materia Civil de Primera Instancia para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al Octogésimo Juzgado Sin que ello implique dejarlo en estado de indefensión, y la finalidad de esta medida es evitar constantes e inútiles dilaciones procesales que haría interminable el juicio de amparo con prevenciones indefinidas hasta que descubran o quieran poner el nombre acertado de las autoridades responsables dado que únicamente hace referencia al Octogésimo Juzgado, ello, para una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.. c) Asimismo, deberá exhibir tantas copias como sean necesarias de su escrito aclaratorio para el completo de los traslados a las partes que intervienen en el presente juicio, toda vez que forman parte integral de la demanda, en términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento a la parte quejosa. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con el requerimiento formulado en el presente proveído, en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. En relación al correo electrónico que proporcionan la parte quejosa en su escrito de demanda lic.jf@hotmail.com, a fin de que por esa vía se realicen las notificaciones, debe señalarse que si bien, el correó electrónico no es una de las formas de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Amparo, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de resguardar la integridad y salud del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional y de las partes, realícese por única ocasión la notificación del contenido del presente acuerdo a través del correo electrónico señalado por los promoventes, por lo tanto se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que realice las gestiones correspondientes; sin que con lo anterior se contravenga lo acordado en párrafos que preceden, respecto a la notificación por lista. Autorizados Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 4 INCIDENTE 224/2021 Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Apertura del incidente de suspensión. Como esta ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por Mónica Arredondo Aragón, contra actos que reclama del Juez Primero en Materia Civil de Primera Instancia para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al Octogésimo Juzgado y otra autoridad; al efecto se acuerda, con fundamento en los artículos 125, 128, 135, 136, 138, 140 y 147 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión solicitado. Requerimiento de informes previos. Entréguese mediante correo electrónico oficial copia simple de la demanda de amparo a las autoridades señaladas como responsables y solicítesele su informe previo, el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, lo anterior con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo. En esa tesitura, dígasele a la autoridad señalada como responsable que deberá rendir dicha información, en el correo oficial de este órgano jurisdiccional 8jdo2cto@correo.cjf.gob.mx ello en atención a la naturaleza del presente asunto y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Requerimiento a las responsables para que señalen correo electrónico para recibir notificaciones. Sin perjuicio de lo anterior, dadas la circunstancias expuestas, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, requiérase a las autoridades responsables, para que informen en el mismo plazo de quince días antes indicado, si cuentan con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual para su uso requiere únicamente de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas antes mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda . Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, proporcionen algún correo institucional al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio, ello en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III1, y 30 de la Ley de Amparo, así como en el oficio CE./006/1791/2020, signado por el Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal de tres de junio de dos mil veinte, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 y, precisamente, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en las instalaciones de las autoridades y evitar su propagación del como una medida de prevención sanitaria. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tenga para ello, se impondrá al faltante una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. En ese tenor, mientras solicita su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien lleva a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas, una vez proporcionada la información últimamente indicada y en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que reciban toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los siguientes medios electrónicos: En el entendido de que, independientemente de ello, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debiendo en todo momento dar preferencia a la presentación a través de los medios digitales ya precisados, no reconociéndose como válidas las promociones provenientes de correos personales diversos a los de las autoridades responsables. Apercibimiento a la parte quejosa en relación a la denominación de las autoridades responsables. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la quejosa tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; por lo que, se le apercibe para una vez enterada que dicha denominación de las autoridades señaladas como responsables, sean incorrectas o bien, aquellas sean inexistente, deberá corregir o aclarar el nombre que designó, con el apercibimiento que de ser omisa a esa eventualidad, se le sancionará declarándolas inexistentes, lo anterior, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.153/2019 (10ª), de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2021029, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." De la audiencia incidental. Ahora, por lo que respecta a la audiencia incidental, se señalan las catorce horas con dieciséis minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo, en el entendido que se llevará en términos de la Segunda Sección del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, en el que con motivo de la actual situación de emergencia que impera en el país, se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegié la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del acuerdo general citado en el párrafo precedente, se previene a la parte quejosa, autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que en un plazo de de dos días o bien veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia, señalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por videoconferencia en su representación; asimismo, deberán señalar un correo electrónico para el envió del citatorio respectivo, en el entendido de que el referido citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se entenderá que no es su deseo intervenir a la videoconferencia, llevándose a cabo entonces la audiencia correspondiente de manera tradicional (escrita), sin que ello implique que no puedan presentar escritos el día de la fecha señalada para dicha diligencia judicial. Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimación para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, deberán contar con su identificación debidamente escaneada en el equipo en el que se conecten a la videoconferencia para que la exhiban a través de la herramienta "compartir pantalla", lo mismo acontecerá con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, esto para conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita al órgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparación. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder ingresar a dicha plataforma deberán contar con un equipo de comunicación (pc, celular o tableta) con cámara y micrófono, conexión a red wifi; asimismo, deberán realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipación a su celebración, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logística operacional, asimismo podrá ingresar a: https://help.webex.com/es-co/n62wi3c/Get-Started-with-CiscoWebex-Meetings-for-Attendees, y https://help.webex.com/ldnyw95a4CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings#Get-Started En donde se encuentran los tutoriales y requerimientos técnicos de la plataforma. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia incidental se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional incluidas o las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción 1, y 28 de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, sin embargo el diferimiento de la audiencia incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminadas a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realizó en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesaria girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª ./J.176/2012 (10ª), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Consideraciones previas que se deben tomar en cuenta para decretar la suspensión provisional Ahora, para el otorgamiento de la medida suspensional, el juez de distrito debe tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada y realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, es decir, que debe asomarse anticipadamente al fondo del juicio principal, asomo que es provisional, sólo para efectos de la suspensión, realizando un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Se niega suspensión provisional. En ese contexto, por lo que respecta a la suspensión provisional solicitada de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes esencialmente en el ilegal emplazamiento en el Juicio Ejecutivo Mercantil 114/2014-II, del índice del Juez Primero en Materia Civil de Primera Instancia para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al Octogésimo Juzgado, respecto del inmueble ubicado en Lote Número diecisiete, de la Manzana cuarenta y cinco, guion "E" de la Zona Oriente, denominado Valle Ceylan, en Tlalnepantla, Estado de México, por lo que hace a los efectos y consecuencias de dichos actos, se niega la suspensión provisional solicitada en atención a las siguientes consideraciones: En primer lugar, cabe desatacar que resultaría por demás improcedente conceder la suspensión provisional para que se paralice el procedimiento del cual emana el acto reclamado, porque siendo el procedimiento judicial de orden público, no debe paralizarse; y el interés general radica en que no se entorpezca la tramitación de cualquier procedimiento y de hacerlo se violaría lo dispuesto en el artículo 128, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVI, Quinta Época, que es del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DEL. Es improcedente la suspensión cuando por medio de ella se pretende paralizar o impedir la tramitación de un juicio, porque siendo el procedimiento judicial de orden público, no debe paralizarse; y el interés general radica en que no se entorpezca la tramitación de cualquier procedimiento judicial, y de hacerlo se violaría lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, aun cuando el quejoso alegue que al no concederse la suspensión, se dará lugar a que se tramite un juicio ilegal, cuya secuela es motivo del amparo, dejando, por lo tanto, a éste sin materia." A dicha conclusión se llega, en virtud de que para el otorgamiento de la medida suspensional, el juez de distrito debe tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada y realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, es decir, que debe asomarse anticipadamente al fondo del juicio principal, asomo que es provisional, sólo para efectos de la suspensión, realizando un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P.J.15/96, visible en la página 16, del Tomo III, Abril de 1996, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Ahora, al proveer sobre la medida cautelar solicitada, primeramente, se debe de tomar en consideración que los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe reunir, para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la quejosa con su ejecución; c) Los daños y perjuicios que la suspensión origine a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1.P.141 P, visible en la página 2042, del Tomo XXII, Agosto de 2005, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA ES FACTIBLE ANTICIPAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Es posible adelantar los efectos propios de la sentencia de amparo en la medida cautelar solicitada; cuando el motivo de queja lo constituya la determinación judicial atinente a la libertad provisional bajo caución, dada la naturaleza del acto y el derecho subjetivo público reclamado como violado; ello, a fin de evitar que se causen al quejoso perjuicios de imposible reparación, en razón de que, mientras se tramita el juicio de amparo y causa ejecutoria la sentencia permanecerá privado de la libertad, en caso de que incumpla con los requisitos exigidos para gozar de su libertad provisional; de ahí que sea válido apreciar la inconstitucionalidad del acto reclamado, si con ello se evitan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación por el peligro en la demora." En consecuencia, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que puede decretarse mientras no se falla en definitiva y por sentencia firme el amparo y tiene por objeto: a) Mantener viva la materia del juicio o sea el acto reclamado, evitando que llegue a consumarse de modo irreparable y sea necesario decretar el sobreseimiento del amparo; b) Impedir que la quejosa siga sufriendo los daños y perjuicios causados por el acto reclamado, hasta el punto de hacerlo irreparable. La medida cautelar exige, por ello, un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que es el que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales, es decir, sobre la existencia de la apariencia de un derecho; así, cuando existe la presunción de que la demanda es fundada, el juez debe acogerla provisionalmente, pues es suficiente, en tal supuesto, la invocación de un derecho justificado a primera vista de la demanda. En ese tenor, en el caso que nos ocupa, atendiendo a la apariencia del buen derecho se advierte que el acto que en esta vía se reclama, consistente esencialmente en el ilegal emplazamiento en el Juicio Ejecutivo Mercantil 114/2014-II, del índice del Juez Primero en Materia Civil de Primera Instancia para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al Octogésimo Juzgado, respecto del inmueble ubicado en Lote Número diecisiete, de la Manzana cuarenta y cinco, guion "E" de la Zona Oriente, denominado Valle Ceylan, en Tlalnepantla, Estado de México; en consecuencia, la parte quejosa solicita la suspensión a efecto de que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran y no se realice ningún acto de ejecución. Sin embargo, resulta improcedente decretar la medida cautelar, toda vez que la quejosa no demuestra ni presuntivamente que sea titular de los derechos que dice se le afectaron, es decir, no acredita contar con el interés suspensional, y con ello demostrar que sea poseedora o propietaria respecto del inmueble que defiende en esta vía. Por ello, la quejosa no acredita que como consecuencia de las actuaciones que reclama se vaya a afectar su esfera jurídica, pues no aporta constancia con la que demuestre el interés suspensional, ni indiciariamente el derecho legítimo de propiedad o posesión que dice tener sobre el bien en controversia ubicado en Lote Número diecisiete, de la Manzana cuarenta y cinco, guion "E" de la Zona Oriente, denominado Valle Ceylan, en Tlalnepantla, Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 4/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXIX, Abril de 2009, consultable en la página 515, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." En tal virtud, del análisis anterior, se evidencia que hasta este momento la quejosa no acreditada ni presuntivamente su interés suspensional para acudir al amparo, por tanto lo procedente es negar la suspensión solicitada. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Notifíquese.MESA 4
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