Monica Araceli de la Cruz Rocha
Expediente 1283/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1283/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Monica Araceli de la Cruz Rocha
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Como según certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, en la que desechó la demanda de garantías promovida por ..., sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó el juicio de amparo en que se actúa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por -, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, exhibe copia cotejada del instrumento número - de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, pasado ante la fe del notario público número -, con ejercicio de sus funciones en esta ciudad, contra actos de la Cuarta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-1283/2022-1. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, Agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Se cita en apoyo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.41 K, visible en la página 1275, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 186294, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE" Ahora, la parte quejosa, reclama esencialmente en la presente vía de amparo: La sentencia interlocutoria de cuatro de noviembre del año en curso, dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, registrado bajo el número -, del índice de la Cuarta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, determinó desechar de plano el incidente de objeción en cuanto alcance y valor probatorio de las pruebas documentales ofrecidas por el Director General de Investigación de la Auditoría Superior de Michoacán . En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), este último interpretado en sentido contrario, de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del estudio del último artículo transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento seguido en forma de juicio, a saber: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se traten, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se aprecia la regla de procedencia consistente en que es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva y si lo perjudica, podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Ahora bien, como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierta en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva del procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de la Materia, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. La resolución interlocutoria reclamada no se trata de una resolución definitiva y tampoco de un acto por el que se afecten derechos sustantivos, toda vez que de la misma se advierte que unidamente tiene efectos procesales, pues versa sobre la objeción formulada al Informe de responsabilidad administrativa que forma parte de las pruebas ofrecidas por las autoridades en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Al respecto, en el artículo 209 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, establece el procedimiento de responsabilidad administrativa: Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de Particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo. Las Autoridades Substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones: I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la Audiencia Inicial, la Autoridad Substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal encargado de la resolución del asunto; II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo a la Autoridad Substanciadora que corresponda para que continúe el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior; III. De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad Investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días hábiles; IV. En caso de que la Autoridad Investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder. En este caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa; V. Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del expediente; VI. Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; VII. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; VIII. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello; y, IX. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. De dicho numeral se advierte que el procedimiento se compone de las siguientes etapas: a) Citación y notificación de inicio de procedimiento. b) Audiencia. - Etapa de pruebas - Etapa de desahogo de pruebas. - Etapa de alegatos. c) Resolución. De lo anterior, se advierte que el procedimiento de responsabilidad administrativa, comprende diversas etapas entre ellas la etapa de pruebas y desahogo de pruebas, en el presente se advierte que el quejoso reclama la resolución interlocutoria de cuatro de noviembre del año en curso, dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, registrado bajo el número -, del índice de la Cuarta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, determinó desechar de plano el incidente de objeción en cuanto alcance y valor probatorio de las pruebas documentales ofrecidas por el Director General de Investigación de la Auditoría Superior de Michoacán. En tales condiciones, se advierte que la resolución incidental en cuestión fue formulado en relación a la objeción de pruebas, derivado del procedimiento administrativo número -, sin embargo dicho acto no es de imposible reparación, toda vez que únicamente dilucida cuestiones procesales. Cabe precisar que el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional define que los actos intermedios de imposible reparación son aquellos que pueden afectar materialmente algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. La interpretación de esta norma requiere diferenciar entre los derechos sustantivos y los derechos adjetivos. Los derechos sustantivos son los que se derivan de preceptos destinados a regir bienes jurídicos protegidos más allá de los límites formales del juicio; como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, la educación, el trabajo, el patrimonio, la intimidad, entre otros. La afectación de alguno de esos derechos derivada de un acto intraprocesal se considera de imposible reparación, porque deja una impronta en la esfera jurídica material del gobernado que no podría desvanecerse mediante el dictado de una ulterior resolución favorable. En oposición a los derechos sustantivos, los derechos procesales se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos. Este tipo de derechos tutelan intereses meramente instrumentales, que sólo implican beneficios formales dentro del procedimiento; es decir, situaciones y oportunidades adjetivas que por sí mismas no trascienden los límites del juicio; como los derechos a que se emitan oportunamente las resoluciones; ofrecer, preparar y desahogar pruebas; intervenir en las actuaciones; alegar; recibir notificaciones; entre otros. En este contexto, los actos intraprocesales que afecten materialmente derechos sustantivos son de imposible reparación y, por ende, podrán impugnarse inmediatamente a través del amparo indirecto. En cambio, los actos intermedios que únicamente incidan sobre derechos adjetivos no son considerados de imposible reparación, por lo que el afectado sólo podrá impugnarlos en sede constitucional como violaciones procesales, a través del amparo que, en su caso, se promueva contra la resolución que ponga fin al procedimiento respectivo. La referida interlocutoria no tiene efectos de imposible reparación, pues no afecta materialmente algún derecho sustantivo, sino que únicamente incide en el derecho procesal de las partes a que se incorporen legalmente la prueba documental consistente en el informe de presunta responsabilidad administrativa. Por tal motivo, se evidencia que los actos combatidos en esta instancia, se tratan de actos dentro de procedimiento, luego, se colige que los mismos no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional, sino en conjunto con la respectiva resolución definitiva; esto es, hasta en tanto la autoridad competente, después de haber llevado a cabo la substanciación del procedimiento emita la resolución correspondiente. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento del promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento; sin embargo, como lo solicita el impetrante de amparo, se ordena la reserva de sus datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Por otra parte, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que el promovente proporciona el usuario -gabrielenriquemontiel - a fin de que tenga acceso al expediente electrónico, así como para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se ordena a la analista jurídico (SISE), proceda a dar de alta al citado usuario, a fin de que acceda al expediente y se le notifique electrónicamente por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, todo lo relacionado con el presente juicio de amparo; asimismo, se le tiene proporcionando en su libelo constitucional, un correo electrónico y número de teléfono, para establecer contacto en caso de que este Órgano Jurisdiccional lo considere necesario. Finalmente, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, toda vez que se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
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