Mónica Anzures Serna
Expediente 2943/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2943/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/12/2022
Partes del expediente
- Sara Elena Robles González
- Paulina Elizabeth Fernández García
- Mayra Paola Nájera Delgado
- MÓNICA ANZURES SERNA y Otros.
- Mónica Anzures Serna
- Judith Jáquez Baeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa en auto de catorce de noviembre de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Decisión que no fue combatida vía revisión y que causó ejecutoria el tres de noviembre de dos mil veintidós. El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 24792 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a las quejosas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y por lista a la quejosa en cumplimiento a lo acordado el uno de diciembre de dos mil veintidós.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que las autoridades responsables Secretaría de Bienestar, Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Políticas Sociales y Dirección General de Seguimiento, todos como Integrantes del Comité Técnico del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadores, no fueron emplazadas correctamente al presente juicio de amparo, en atención a que los oficios a ellas dirigidos fueron entregados en la ciudad de Chihuahua, siendo que su domicilio se encuentra en la Ciudad de México, por lo cual la Secretaría de Bienestar que fue señalada por la parte quejosa en su escrito inicial y las diversas Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Políticas Sociales y Dirección General de Seguimiento, todos como Integrantes del Comité Técnico del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadores, las cuales fueron señaladas como autoridades responsables en el escrito de ampliación de demanda no fueron emplazadas a juicio. Por tanto; y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, con copia del escrito inicial de demanda y copia de la ampliación, respectivamente, requiéraseles a la Secretaria de Bienestar, Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Políticas Sociales y Dirección General de Seguimiento, todos como Integrantes del Comité Técnico del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadores, para que dentro del plazo de quince días contados a partir del momento en que queden notificadas del presente proveído rindan su informe justificado, respecto del escrito inicial de demanda y la ampliación de demanda , respectivamente, señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas. De igual manera, se solicita a las autoridades responsables que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señale el último período vacacional del que gozó, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendió sus labores, desde la emisión del acto reclamado hasta la fecha de la presentación de la ampliación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a la citada autoridad que en caso de que omita rendir su informe justificado, o bien, no remita las constancias correspondientes, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad en cita para que, en el supuesto de que tenga conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Por otra parte, visto el estado procesal que transcurrió el plazo de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído dictado el veinte de octubre del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si a su interés legal convenía atribuirle como acto reclamado al Presidente de la República la promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil diecinueve; sin que a la fecha haya desahogado dicho requerimiento. No obstante lo anterior, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución de dieciocho de agosto de la presente anualidad, en la contradicción de tesis 102/2021, de su índice, concluyó que sí existe contradicción de los criterios analizados, y que el criterio que debe prevalecer es en el sentido de que en aquellos juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y la parte quejosa no haya señalado al Presidente de la República como autoridad responsable, el Juez de Distrito debe precisar en primer término, que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad ya que promulgó (implícitamente) el decreto controvertido, tal y como se analizó en la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.), para luego solo requerir al promovente la exhibición de una copia de la demanda para así poder llevar a cabo su respectivo emplazamiento, debiéndose precisar cómo apercibimiento, que en caso de no desahogar tal requerimiento, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento. Por lo que, en el caso, no resulta procedente hacer efectivo a la parte quejosa el apercibimiento establecido en auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno. Ello es así, ya que en el presente asunto, la parte quejosa, por una parte sí señaló como acto reclamado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil diecinueve, y por otro lado, señaló diversas autoridades responsables, entre ellas, al Presidente de la República, lo anterior, con motivo de que dicha autoridad fue la que promulgó el presupuesto controvertido, en atención a ello, la indicada autoridad fue debidamente emplazada con la copia de demanda que se exhibió para tal efecto, por lo que el titular del Ejecutivo Federal rindió su respectivo informe justificado en el cual aceptó la existencia de la citada promulgación. De lo anterior se puede advertir que no se está en el supuesto indicado, ya que la parte quejosa sí señaló como autoridad responsable al Presidente de la República, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil diecinueve. En consecuencia, dadas las razones expuestas, como se dijo, no resulta procedente hacer efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, respecto del proveído de veinte de octubre del año en curso, por lo que en el juicio de amparo en que se actúa resulta dable concluir que si resulta procedente tener como autoridad responsable al Presidente de la República, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil diecinueve por cuanto hace a la promulgación que realizó de dicho decreto, lo cual será precisado en la sentencia definitiva que se emita en el juicio de amparo en el que se actúa. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 2a./J. 11/2021 (11a.), de la Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 05 de noviembre de 2021, con registro digital 2023749, de rubro siguiente: "LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. EL APERCIBIMIENTO QUE DEBE FORMULARSE A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO HAYA SEÑALADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, CONSISTIRÁ EN NO TENER COMO ACTO RECLAMADO DICHO ORDENAMIENTO, EN CASO DE QUE NO EXHIBA LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA." Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte de la lectura integral del escrito inicial de demanda de amparo que la parte quejosa señaló entre otros, como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: ... De las anteriores imágenes se advierte que la parte quejosa no le atribuyó al Presidente de la República el acto reclamado consistente en la promulgación del Decreto mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, lo que crea incertidumbre al suscrito; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 111, fracción II, y segundo párrafo y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo y, de ser así, realice lo siguiente: Deberá precisar si al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, le reclama la promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil diecinueve. Cuestión que debe ser precisada por la parte promovente en su demanda y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la totalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales y las autoridades responsables, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Asimismo, se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención formulada, dentro del término concedido para ello, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento (Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve), lo que se analizará al momento de celebrar la audiencia constitucional. Son aplicables también los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." De igual forma cobra aplicación, por analogía, la Jurisprudencia 2ª./J. 11/2020 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 28 de febrero de 2020, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA." En el entendido de que el desahogo de la prevención realizada deberá ser promovida cumpliendo con los requisitos previstos en artículo 108 de la Ley de Amparo, para lo cual, deberán indicar a qué autoridades atribuyen los nuevos actos y exhibir una copia del escrito de ampliación de la demanda, por cada nueva autoridad que señale como responsable o para aquellas que ya han sido señaladas como responsables y atribuyan esos actos; asimismo, una más para dar intervención a la representación social. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse en el presente caso personalmente, por así haberse solicitado-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de quince días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía electrónica a la parte quejosa.
- Incidental
Ciudad de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al que anexa los autos originales del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 2943/2019 del índice de este juzgado, formado con motivo de la demanda de amparo presentada por *********** y otros., contra actos del Presidente de la Republica y otras autoridades. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Finalmente, glósense al presente cuaderno original las actuaciones que en original obran en el duplicado para la debida integración del cuaderno en que se actúa. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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