Mónica Ancelma Cervantes Vásquez

Expediente 544/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
544/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Mónica Ancelma Cervantes Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó y negó la protección de la Justicia de la Unión, ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó y negó la protección de la Justicia de la Unión, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 17, fracción III, inciso a) del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su conservación. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su trasferencia. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Finalmente, atendiendo a lo acordado con antelación, se ordena devolver a la Directora de Comercio en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, las copias certificadas de las constancias que integran el procedimiento administrativo *** de su índice, mismas que adjuntó a su informe justificado, debido a que no es necesario su resguardo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; asimismo, que por interlocutorias pronunciadas el seis y dieciséis de junio de este año, se negó la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. AMPARO INDIRECTO 544/2023 JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA En San Bartolo Coyotepec, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en cumplimiento de las atribuciones constitucionales, requisitos y trámites establecidos en la Ley de Amparo, se emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 544/2023, promovido por ********************, en contra del Presidente Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otras autoridades. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si se actualiza la violación a los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES La quejosa refiere que utiliza una caseta de su propiedad para la venta de diversos productos, la cual se encuentra ubicada en la carretera que conduce a Monte Albán, perteneciente a la agencia de policía de San Juan Chapultepec, actividad a la que se dedica hace más de diez años. Que el veintiocho de mayo del año en curso, aproximadamente a las diez de la mañana, al acudir a abrir su caseta, se percató que tenía pegadas dos hojas con logotipo del municipio, y al preguntar a sus vecinos de las casetas contiguas, le informaron que el día anterior se presentaron dos personas a quienes no identificaron pero se percataron de que vestían chalecos con la leyenda "inspectores". Además, dejaron fijados en la caseta el oficio ********************y una cédula de notificación por instructivo, a través de los cuales le informaron que debía de retirarla en un plazo de cuarenta y ocho horas, debido a lo determinado en un procedimiento administrativo, del cual refiere que no fue notificada, y que no se le dio la oportunidad de ser escuchada y ofrecer pruebas. Agrega que desde hace dos años ha tratado de regularizar su situación y que las autoridades responsables solo se limitan a manifestar que no están otorgando permisos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se formuló mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Por cuestión de turno, se remitió a este Juzgado de Distrito, donde se registró con el número 544/2023 y se admitió por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito. Posteriormente, en proveído de nueve de junio del año en curso, se admitió a trámite la ampliación de demanda, se requirieron a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público adscrita y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, por tratarse de un acto que se atribuye a autoridades residentes en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. IV. OPORTUNIDAD Los actos reclamados se notificaron a la parte quejosa el veintisiete de mayo del año en curso, por lo que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el treinta de mayo de dos mil veintitrés y concluyó el diecinueve de junio del mismo año, descontándose del cómputo los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos. En ese orden, al presentarse la demanda el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés -como se aprecia del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito-, se considera que es oportuna. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, del escrito inicial de demanda se advierte que la intención de la quejosa es reclamar lo siguiente: Del Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez, la orden verbal o escrita para retirar la caseta metálica de la quejosa de la vía pública sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. De la Directora de Comercio en vía pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la ilegal orden de retiro de su caseta contenida en el oficio ********************, sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Del Jefe de Departamento de Regulación del Comercio en vía pública, el cumplimiento a la ilegal orden de retiro de su caseta contenido en el oficio ********************del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Además, el quejoso en su ampliación de demanda señalo diversos actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se señalan: Del Presidente Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, La desposesión del terreno y caseta que se localiza a la orilla de la carretera a Monte Alban, sin número, colonia Santa Anita, Parte Media, perteneciente a la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, contenida en el oficio ********************. De la Directora de Comercio en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, La desposesión del terreno y caseta que se localiza a la orilla de la carretera a Monte Alban, sin número, colonia Santa Anita, Parte Media, perteneciente a la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, contenida en el oficio ********************. VI. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Jefe de Departamento de Regulación del Comercio en Vía Pública, como quedó precisado en la audiencia de doce de julio del año en curso, resultó ser inexistente; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, puesto que al no existir la referida autoridad, es inconcuso que menos aún pueden existir los actos que a ella se reclama. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia número 1a./J 111/20081, cuyo rubro es el siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Por otra parte, no son ciertos porque así lo manifestó expresamente la autoridad responsable Sindica Primera del Municipio de Oaxaca de Juárez, en representación del Presidente Municipal de dicho municipio, al rendir sus respectivos informes con justificación, sin que la quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa o para acreditar su existencia, no obstante que tenían esa obligación en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 210769 de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la quejosa en su escrito de ampliación de la demanda anexó en copia simple el oficio ******************** de veintinueve de mayo del año en curso, suscrito por el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, dirigido al Agente Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez Oaxaca, sin embargo, de la lectura del mismo no se advierte una orden en el sentido de privarla de la posesión de su terreno y caseta pues en ese comunicado solamente le hizo del conocimiento la prohibición de expedir nuevos permisos para llevar a cabo actividades de comercio en la vía pública. Además, por cuanto al acto reclamado a la autoridad responsable Directora de Comercio en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la desposesión del terreno que se localiza a la orilla de la carretera a Monte Alban, sin número, colonia Santa Anita, Parte Media, perteneciente a la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, contenida en el oficio ********************, se tiene por inexistente pues de las constancias que remitió a su informe justificado no se advierte que dicha autoridad haya emitido algún acto tendente a desposeerla de dicho terreno. Entonces, por cuanto en cuanto a las citadas autoridades responsables y los actos precisados, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional (.)." Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 804176 de rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. VII. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Respecto al acto reclamado atribuido a la Directora de Comercio en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la orden de retiro de su caseta contenida en el oficio ********************, sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, así como la desposesión de la caseta que se localizan en la orilla de la carretera a Monte Albán, sin número, colonia Santa Anita, parte media perteneciente a la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, contenida en el oficio ********************. Al rendir su informe la autoridad en comento negó la existencia de los actos que se le atribuyeron. No obstante, su negativa queda desvirtuada con las constancias que adjuntó a su informe justificado a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de las mismas se infiere la emisión de los actos que la parte quejosa reclama. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VIII. PROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. En tal sentido, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano jurisdiccional no advierte la existencia de alguna causa que involucre tal improcedencia respecto del acto reclamado que se tuvo como cierto. VIII. ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Los conceptos de violación si bien no se transcriben, se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante. La quejosa esencialmente refiere que la autoridad responsable Directora de Comercio en vía pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trata de retirar ilegalmente su caseta ubicada en la carretera a Monte Alban, sin número, colonia Santa Anita, Parte Media, perteneciente a la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, lo cual le causa un acto de molestia, pues no se le hizo del conocimiento el procedimiento administrativo correspondiente y no tuvo oportunidad de defenderse, además refiere que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, lo cual vulnera lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, para dar respuesta a dichos conceptos de violación, conviene tener presente que el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el derecho fundamental de audiencia, que se integra por cuatro derechos fundamentales de seguridad jurídica, esto es, el juicio previo al acto de privación; que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales; y la decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigentes con anterioridad a la causa que origine el juicio. Para cumplir con la prerrogativa contenida en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, debe atenderse a dos aspectos, uno de forma y otro de fondo; el primero, comprende los medios previstos en el propio texto constitucional constituidos por la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento; por su parte, el segundo (aspecto de fondo), constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue el derecho fundamental, que es el de evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. Por tanto, para que una autoridad cumpla con el derecho de audiencia, se requiere que previo a cualquier acto privativo, observe las formalidades esenciales del procedimiento que dicho precepto concede, y que se traducen en la obligación por parte del Estado hacía con los gobernados para que antes de ser afectados por un acto de privación, tengan la posibilidad de conocer la instauración del procedimiento, para así acudir al proceso o procedimiento respectivo a efecto de ser oídos en defensa de sus intereses y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 47/95 (registro 200234),del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 133 del Tomo II, correspondiente a diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, esto es, durante la Novena Época, de rubro y texto siguiente: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Asimismo, conviene tener presente el contenido del artículo 44 del Reglamento para el Control de Actividades Comerciales y de Servicios en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, así como del precepto 21 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 44.- Se iniciará el procedimiento de retiro, reubicación, cancelación del permiso con: I.- La denuncia de inspectores, particulares. organizaciones e instituciones, de la cual se correrá traslado al licenciatorio o permisionario y se le emplazará para que produzca su contestación dentro del término de 15 días, apercibiéndole que en caso de no producir su contestación dentro del término concedido, se le declarará confeso de los hechos contenidos en la denuncia y se seguirá el procedimiento en rebeldía II.- Otorgar derecho de audiencia al infractor, para que en el término de tres días se apersone y en su caso, ofrezca todo tipo de pruebas, las que deberán desahogarse dentro del término de diez días hábiles contados a partir de la notificación. III- Investigación de los hechos, materia de la denuncia. IV. Cierre del término y remisión de actuaciones a la Comisión de Comercio en Vía Pública para que emita dictamen respectivo. V.- Resolución del H. Cabildo Municipal. VI.- Ejecución. ARTÍCULO 21.- El Procedimiento Administrativo General en el Estado de Oaxaca es común a todas las autoridades de naturaleza administrativa a las que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, y tiene como objetivo ampliar las posibilidades de legalidad y certeza jurídica tanto para la Autoridad como para el administrado, es supletorio a la Ley o Reglamento con la que actúa la autoridad y tiende a otorgar garantías procesales al particular, bajo los principios del procedimiento administrativo general, pudiendo tener inicio de oficio o a petición de parte interesada, sin que la autoridad pueda exigir más formalidades que las expresamente previstas en la presente Ley. Los actos y procedimientos administrativos se regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, transparencia, gratuidad, buena fe e informalidad a favor del administrado. El artículo 44, fracción II, otorga al infractor el plazo de tres días para se apersone al procedimiento administrativo que se instaure en su contra y en su caso, ofrezca todo tipo de pruebas; en ese sentido, se analizará si la autoridad responsable cumplió con ello. Se precisa que el procedimiento administrativo ********************, se radicó en atención a un escrito de denuncia de vecinos de la Agencia San Juan Chapultepec, Oaxaca, donde manifestaron que se instalaron varias casetas en la vía pública y solicitaron que se efectuara una inspección a efecto de verificar si contaban con los permisos correspondientes. Debido a lo anterior, mediante oficio ******************** se solicitó al Jefe de la Unidad del Cuerpo de Inspectores a efecto de que realizara una inspección en las casetas instaladas en la carretera a Monte Albán, sin número, colonia Santa Anita, Parte Media, perteneciente a la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec. En cumplimiento a lo anterior, en oficio ******************** de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el Jefe de la Unidad del Cuerpo de Inspectores, hizo del conocimiento que se localizaron cuatro casetas fijas, y las personas poseedoras de dos de ellas presentaron sus pagos respectivos y la otra se encontraba cerrada. Posteriormente, la Directora de Comercio en vía pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, emitió la circular ******************** de catorce de abril de dos mil veintitrés, dirigida a quienes acreditaran ser propietarios de las casetas fijas ubicadas en carretera a Monte Albán, a un costado de la ex fábrica de Triplay, San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que en el plazo de tres días hábiles, se presentaran con identificación oficial en las oficinas de la Dirección de Comercio, a efecto de que acreditaran con documento idóneo tener permiso para realizar las actividades de comercio, con el apercibimiento que de no presentarse se daría inicio al procedimiento correspondiente. Lo anterior, se notificó a la quejosa el trece de mayo del año en curso, pues así se advierte de la constancia de cédula de notificación por instructivo, la cual fue fijada en la caseta correspondiente donde ésta realiza actividades comerciales, ello debido a que el lugar se encontraba cerrado. Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte la diligencia de dieciocho de mayo del año en curso, en la cual se hizo constar la comparecencia de ********************, representante de la aquí quejosa ******************** y quien manifestó que su representada se encontraba en la mejor disposición de regularizar el permiso de la caseta correspondiente. De lo anterior descrito, se advierte que contrario a lo que aduce la quejosa, la autoridad responsable sí le notificó el oficio ******************** de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el cual se le concedió un plazo de tres días hábiles, para que acreditara con documento idóneo tener permiso para realizar las actividades de comercio en la caseta de mérito, es decir que se le concedió el derecho de audiencia para que manifestara lo que a su interés conviniera. Lo cual se confirma, con la comparecencia de ********************, representante de la aquí quejosa ******************** ante la autoridad responsable el dieciocho de mayo del año en curso, lo cual indica que sí tuvo conocimiento del oficio ******************** en el cual se le concedió su derecho de audiencia. En ese sentido, la justiciable no puede argüir ante esta instancia desconocer las causas, motivos y fundamentos que dieron origen tanto al inicio del procedimiento administrativo seguido en contra del inmueble que por esta vía defiende; por lo cual resulta infundado su concepto de violación, en el sentido de que las autoridades responsables transgredieron en su perjuicio el derecho fundamental de previa audiencia, contenido en el artículo 14 de la Constitución. En otro contexto, debe precisarse que el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de legalidad como garantía de la seguridad jurídica de los gobernados, y su eficacia reside en el hecho de que se protege todo el sistema de derecho objetivo desde la propia Constitución hasta la ley secundaria que resulte aplicable a cada caso concreto. Tal imperativo condiciona a todo acto de autoridad, a que deba reunir entre otros requisitos los de fundamentación y motivación, esto es, que justifican la validez jurídica del acto de molestia que se provoca en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, además de que dicho acto debe ser emitido por autoridad competente. La fundamentación legal del acto de autoridad que origine la molestia permitida por el artículo 16 Constitucional, debe basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta a la cual se dirige el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice, y que además, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. En apoyo se cita la jurisprudencia 139/20054 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respecto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hechos considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la lítis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Por lo que ve a la motivación de la causa legal del procedimiento, significa que la autoridad está obligada a exponer las razones, causas que la instaron para emitir el acto de molestia que a su vez encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Entonces, motivar el acto de autoridad significa adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria, al caso concreto donde vaya a operar, para lo cual, la autoridad responsable debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación de la ley al caso concreto, esto es, deben manifestarse los hechos, circunstancias y causas que de manera objetiva encuadren dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. El ponderado derecho fundamental de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa, laboral, etcétera, abarcando tanto a los actos jurisdiccionales como a los administrativos. La cita de los preceptos legales y la exposición de los motivos, deben plasmarse en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Los conceptos de fundamentación y motivación del acto de autoridad fueron definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia5 de rubro y texto siguientes: Los conceptos de fundamentación y motivación del acto de autoridad fueron definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia5 de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Aunado a lo anterior, debe decirse que el párrafo primero del artículo 16 Constitucional consagra el "principio de legalidad de los actos de autoridad", que conforma una de las bases primordiales de la existencia de un Estado de derecho, pues somete a todo ente público dotado de autoridad a que sus acciones sean, exclusivamente dentro de los límites que la ley le rige; entendiéndose por ley, a toda disposición de carácter general, abstracta e impersonal aprobada por el órgano legislativo según el nivel de gobierno. Lo que se robustece, con la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del contenido siguiente: GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Consecuentemente, se puede resumir que todos los entes públicos dotados de autoridad, se encuentran sujetos al régimen de facultades expresas, a virtud del cual, solo pueden desenvolverse y actuar en el estricto ámbito en que la norma se los permita expresamente, sobre todo cuando sus actos tienden a afectar en su esfera de derechos a los particulares, quienes a diferencia de las autoridades, pueden conducirse libremente en su actuar, siempre y cuando la norma no les prohíba o sancione. Entonces, para satisfacer el derecho fundamental de legalidad previsto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, el acto de autoridad deberá citar los fundamentos y motivos que originaron el acto de molestia, y existir adecuación entre éstos, porque se considera que la falta de estos elementos produce estado de indefensión al gobernado, lo cual le imposibilita determinar si el acto lesivo de sus intereses se dictó o no conforme al mandato constitucional. En el caso concreto, de la lectura integral del oficio ********************[acto reclamado], signado por la Directora de Comercio en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se advierte el requerimiento realizado a la quejosa para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de dicha misiva retirara de manera voluntaria la caseta metálica ubicada en la carretera que conduce a Monte Albán, perteneciente a la agencia de policía de San Juan Chapultepec, con el apercibimiento que de no cumplir con ello se procedería a la ejecución del acto que ordena su remoción. Lo anterior, en atención al procedimiento administrativo iniciado en su contra por no contar con el permiso expedido por la autoridad competente, ello de conformidad con los artículos 148 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y 8 del Reglamento para el Control de Actividades Comerciales y de Servicios en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es pertinente precisar que el artículo 3, 22 y 31 del Reglamento para el Control de Actividades Comerciales y de Servicios en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, establecen lo siguiente: Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento, se consideran actividades comerciales en vía pública, todas aquellas que se practiquen temporal o permanentemente sobre vía pública o cualquier otro espacio público y de las cuales se obtenga un lucro . A toda persona que en términos de este artículo ejerza dicha actividad se le considera comerciante en vía Pública. Artículo 22.- La actividad reglamentada en este Titulo, requiere de permiso municipal expedido por el Municipio de Oaxaca de Juárez, el cual debe ser portado por el comerciante; así como la credencial aprobada por el H. Cabildo Municipal. Artículo 31.- Conforme a lo dispuesto en la facción XVIII del artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal, todo permiso para el aprovechamiento de la vía pública, necesita para su validez legal contar con la aprobación del H. Cabildo Municipal. De los preceptos legales transcritos, se advierte que la actividad comercial en vía pública requiere de permiso expedido por el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo cual es un requisito indispensable para que las personas puedan realizar la venta de diversos productos en la vía pública, es decir, el ejercicio de la actividad de comercio está supeditada a contar con un permiso vigente para ello. Atendiendo a lo anterior, en el caso concreto, este juzgador considera que el actuar de la autoridad responsable se apegó a los preceptos señalados con antelación, pues la quejosa no cuenta con un permiso vigente emitido por la autoridad competente para realizar actividades comerciales en vía pública y por ende lo determinado en el oficio ********************[en el cual se le solicitó a la quejosa que retirara su caseta debido a que no contaba con el permiso correspondiente] no vulnera el principio de legalidad, ya que la autoridad responsable estableció los motivos y preceptos jurídicos en los que sustentó el acto que en esta instancia se reclama. Además, la responsable emitió la orden de retiro voluntario de la caseta de acuerdo a las facultades expresas que le confiere el artículo 148 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, y 8 del Reglamento para el Control de Actividades Comerciales y de Servicios en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez. Incluso en el presente juicio de amparo la parte quejosa no acreditó contar con permiso o acta de posesión vigente respecto a la caseta y predio ubicados en la orilla de la carretera a Monte Albán, sin número, colonia Santa Anita, parte media perteneciente a la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pues solamente exhibió un permiso expedido por el Agente Municipal de San Juan Chapultepec, a la que pertenece el área donde se realizó la instalación de la caseta, pero dicho documento además de ser copia simple, es un acta de posesión expedida el quince de septiembre de dos mil veintiuno, es decir, hace dos años. Aunado a lo anterior, la quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó que no contaba con el permiso correspondiente para regularizar su situación y que en su momento acreditaría que es propietaria y poseedora de la caseta de la que aduce tiene posesión en la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca, sin que a la fecha en la que se dicta la presente resolución, acreditara dicha circunstancia. Es decir, la peticionaria pretende que a través de esta instancia constitucional, no se retire la caseta de la que aduce tiene posesión, sin exhibir un permiso vigente que le permita operarla, bajo el argumento de que ello se debe ante la falta de respuesta de las autoridades responsables, a pesar de haberlo solicitado. En ese sentido, no se acredita que cuente con la licencia vigente, y la posesión del predio que refiere. Por tanto, al haberse desestimado los conceptos de violación hechos valer por la justiciable se impone negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de las autoridades responsables Jefe de Departamento de Regulación del Comercio en Vía Pública y Presidente Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por los fundamentos y motivos expuestos en el apartado VI de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por las razones expuestas en el apartado VIII de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado que rinde la Sindica Primera Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; en consecuencia, con el contenido dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano