Moises Zamora López

Expediente 1532/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1532/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
02/01/2019

Partes del expediente

  • Moises Zamora López

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tal motivo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. Se notifica por lista al quejoso el auto de 11/diciembre/2018, por no comparecer al Juzgado a notificarse, no obstante el AVISO, que le fue dejado en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 64), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Acorde a lo anterior, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de inconformidad 40/2018, determinó lo siguiente: "[.] No obstante lo anterior, este órgano de control constitucional no comparte esa determinación, pues es evidente que la autoridad administrativa policial, no especificó puntualmente el fundamento y los motivos que la llevan a concluir que el quejoso no tiene derecho a que se le entregue la información solicitada prístinamente. Se afirma tal aserto, pues si bien es innegable que citó como fundamento de su actuar el artículo 19, fracción XXI, de la Ley de la Policía Federal; también lo es que, esa porción normativa fue citada desde el oficio primigenio reclamado en el juicio de derechos fundamentales, pues justamente partió de la premisa de que el quejoso no tiene derecho a recibir esa información (como lo refiere la norma en comento20), en virtud de que no tiene certeza de que el ahora recurrente haya suscrito el escrito de petición relacionada con información sobre los exámenes de control de confianza de los cuales fue objeto en esa institución policial. Sin embargo, del oficio a través del cual, la autoridad responsable pretende cumplir la sentencia de amparo, se advierte que vuelve a reiterar los motivos por los cuales considera que el quejoso no tiene derecho a recibir esa información, esto es ".debido a que no se cuenta con algún dato que demuestre su personalidad o que sea integrante activo de la Policía Federal"; y por: ".haber incertidumbre de saber si la persona solicitante es la dueña de la información o que es personal activo de la Policía Federal, ocasiona que no se tenga derecho a ella". De ahí que este tribunal en pleno considere que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida en sus términos. A mayor abundamiento, se estima que si el motivo fundamental es que la Institución policial no tiene certeza de que quien suscribió el oficio de petición generador del juicio de derechos sustantivos, sea la misma persona que lo solicita, esto es, el quejoso Erico Valdez Cienfuegos, entonces válidamente puede llevar a cabo las diligencias necesarias para verificarlo, como son entre otras, la ratificación del escrito de mérito ante esa autoridad, o bien requerirle para que se identifique como tal, ante esa autoridad. En el entendido de que, si el motivo principal de la autoridad policial para negarle la información solicitada se reduce a que el quejoso no es un miembro activo, entonces deberá fundamentar legalmente esa determinación, esto es, citar expresamente la disposición legal que le prohíbe entregar información a los miembros de esa corporación que ya no se encuentran activos, para lo cual, dicha institución deberá además demostrar que el solicitante de la protección constitucional ya no se encuentra activo. Atento a las consideraciones expuestas, procede dejar insubsistente el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, y devolverse los autos al Juzgado de origen para los efectos precisados con antelación; esto es, para que requiera a la autoridad responsable haber dado cumplimiento de manera total a la sentencia de amparo, lo cual se traduce en que precise los motivos por los cuales considera que el suscriptor del escrito de petición no corresponde al aquí quejoso Erico Valdez Cienfuegos." Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: ? Precise los motivos por los cuales considera que el suscriptor del escrito de petición no corresponde al aquí quejoso Erico Valdez Cienfuegos. ? En el entendido de que si la responsable no tiene certeza de que quien suscribió el oficio de petición generador del juicio de derechos sustantivos, sea la misma persona que lo solicita, esto es, el quejoso Erico Valdez Cienfuegos, entonces válidamente puede llevar a cabo las diligencias necesarias para verificarlo, como son entre otras, la ratificación del escrito de mérito ante esa autoridad, o bien requerirle para que se identifique como tal, ante esa autoridad. ? Así también, en la inteligencia de que si el motivo principal de la autoridad responsable para negarle la información solicitada se reduce a que el quejoso no es un miembro activo, entonces deberá fundamentar legalmente esa determinación, esto es, citar expresamente la disposición legal que le prohíbe entregar información a los miembros de esa corporación que ya no se encuentran activos, para lo cual, dicha institución deberá además demostrar que el solicitante de la protección constitucional ya no se encuentra activo. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio número PF/DGAJ/DGAA/DA/19296/2018 de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, registrado con el folio "19720" (foja 176), el Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial y de la Dirección General de Control de Confianza, y por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos, todos de la Policía Federal, remitió, entre otros, copia certificada de las siguientes documentales: ? Oficio número PF/SG/CSDP/DGCC/17382/2018 de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 178 a 180). ? Acta de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 182 y 183). ? Credencial de elector a nombre del quejoso, con número de folio 1085115595026 del Instituto Federal Electoral (foja 181). Ahora del contenido de las anteriores documentales, se advierte que la autoridad responsable llevo a cabo las diligencias necesarias, a efecto de que el quejoso se constituyera en las instalaciones de la autoridad responsable; cuestión que realizó el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en las oficinas de la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal, en donde ratificó el escrito de petición recibido el trece de octubre de dos mil diecisiete; acto en el que le fue notificado de manera personal el oficio PF/SG/CSDP/DGCC/17382/2018 de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en respuesta a su solicitud de información. Constancias que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO ? Acta de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 182 y 183) y Credencial de elector a nombre del quejoso, con número de folio 1085115595026 del Instituto Federal Electoral (foja 181). ? Precise los motivos por los cuales considera que el suscriptor del escrito de petición no corresponde al aquí quejoso Erico Valdez Cienfuegos. ? En el entendido de que si la responsable no tiene certeza de que quien suscribió el oficio de petición generador del juicio de derechos sustantivos, sea la misma persona que lo solicita, esto es, el quejoso Erico Valdez Cienfuegos, entonces válidamente puede llevar a cabo las diligencias necesarias para verificarlo, como son entre otras, la ratificación del escrito de mérito ante esa autoridad, o bien requerirle para que se identifique como tal, ante esa autoridad. (fojas 181, 182 y 183, respectivamente) CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO ? Oficio número PF/SG/CSDP/DGCC/17382/2018 de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 178 a 180). EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL. ? Así también, en la inteligencia de que si el motivo principal de la autoridad responsable para negarle la información solicitada se reduce a que el quejoso no es un miembro activo, entonces deberá fundamentar legalmente esa determinación, esto es, citar expresamente la disposición legal que le prohíbe entregar información a los miembros de esa corporación que ya no se encuentran activos, para lo cual, dicha institución deberá además demostrar que el solicitante de la protección constitucional ya no se encuentra activo (fojas 178 a 180) Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que: llevo a cabo las diligencias necesarias, a efecto de que el quejoso se constituyera en las instalaciones de la autoridad responsable; cuestión que realizó el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en las oficinas de la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal, en donde ratificó el escrito de petición recibido el trece de octubre de dos mil diecisiete; acto en el que le fue notificado de manera personal el oficio PF/SG/CSDP/DGCC/17382/2018 de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en respuesta a su solicitud de información. Documentales con las que proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 197), este órgano jurisdiccional, le dio vista a la parte quejosa con las documentales referidas en párrafos que anteceden, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo; cuestión que fue omisa en desahogar. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la Materia vigente, a fin de realizar la notificación personal ordenada en el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    (80) Requiérase a la(s) autoridad(es) referida(s). Se apercibe(n).

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