Moises Villlegas Gil
Expediente 641/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/07/2016
Partes del expediente
- Moises Villlegas Gil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 145 a la 160), donde se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara firme para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en el entendido que deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, pues en resolución de treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 145 a la 160), se negó el amparo y protección de la Justicia Federal (punto vigésimo primero, inciso IV). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En el entendido de que si las autoridades a quien deba comunicarse la presente determinación gozan de su periodo vacacional, se comisiona al Actuario para hacer entrega de los oficios respectivos, cuando éstas reanuden labores, sin necesidad de ulterior acuerdo, los cuales deberán quedar bajo su resguardo y responsabilidad hasta en tanto sean entregados.
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II.Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Moisés Villegas Gil, mediante el cual autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a diversas personas y solicita copia simple de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, del informe justificado y anexos remitidos por la responsable y de la sentencia respectiva. Ahora bien, en atención a la solicitud del quejoso y a la certificación de cuenta, ténganse por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de la materia a Edwing Lovera Cruz y Flavio González Maruri, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que a Magdalena Alanuza Hernández, únicamente para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrada en el referido sistema, limitación que perdurará hasta en tanto se registre y lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional mediante promoción diversa. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente únicamente copias simples de todo lo actuado en el presente juicio de amparo y del anexo remitido por la responsable como anexo a su informe justificado, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos, en el entendido que quien se presente a recibirlas, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. En el entendido de que no ha lugar a expedir del informe y de la sentencia por separado, pues el derecho tutelado en favor de la parte promovente se satisface al otorgar copia simple de todo lo actuado en el expediente. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la tesis I.10o.C.13 K con número de registro 174117, visible en la página 1374, Tomo XXIV, Octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia: Común, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se advierte que el juzgador tenga la obligación de expedir a las partes más de un tanto de las copias del documento o constancia que al efecto soliciten, pues dicho numeral sólo dispone que las partes podrán solicitar, en todo tiempo y a su costa "copia certificada" de cualquier constancia o documento que obre en autos, derecho que pueden ejercer en el momento que convenga a su interés jurídico, sin que sea óbice que dicho numeral no haga la prohibición expresa de expedir en más de una ocasión las copias solicitadas, toda vez que la satisfacción de diversas peticiones es una facultad discrecional del juzgador en la cual debe observar si el caso lo amerita y si existe la posibilidad material de hacerlo. En consecuencia, la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto no entraña infracción ni desconocimiento del derecho previsto en el referido artículo 278, toda vez que al igual que sucede con las normas rectoras de todo procedimiento judicial, el precepto señalado tutela, a favor de las partes, el ejercicio de un derecho por una sola vez, respecto del cual, una vez agotado, operaría el principio de preclusión, lo que significa que no podría volverse a ejercer tantas veces como se quiera, puesto que su verdadera razón de ser estriba en que las partes interesadas tengan a su alcance copia certificada de las constancias que deseen para el ejercicio de cualquier otro derecho, lo que se logra colmar cuando éstas se expiden por primera vez o en un solo tanto". De la misma manera justifica lo anterior la tesis IX.1o.7 K (10a.) con número de registro 2007376, visible en la página 2387, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época, que a la letra dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Lo dispuesto en el artículo citado, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. acerca de que las partes, en cualquier asunto judicial "pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos", no significa que la petición pueda hacerse varias veces, sino sólo que ello puede acontecer en cualquier estado procesal. Lo anterior es así, toda vez que el derecho ahí previsto debe interpretarse, juntamente con el propósito de la expedición de copias, que no es otro, que el interesado obtenga copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en el expediente de amparo para que éste conozca plenamente una decisión judicial y, en su caso, hacer valer un derecho en diversos procedimientos. En consecuencia, ese derecho se respeta cuando, ante una solicitud de un determinado número de copias, se autoriza su expedición, en un solo tanto, o bien, en una ocasión."
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VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil dieciséis (foja 2) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, en Toluca, México, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORA LA C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, con domicilio en CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA DE JUÁREZ KILÓMETRO 4.5, PRECISAMENTE EN LA TORRE DOS CORRESPONDIENTE AL JUZGADO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE ALMOLOYA, ESTADO DE MÉXICO. COMO EJECUTORAS: El C. Director del Centro Preventivo de Readaptación Social en Almoloya de Juárez, Toluca, Estado de México, con domicilio en: CARRETERA TOLUCA-ALMOLOYA DE JUÁREZ KILÓMETRO 4.5, PRECISAMENTE EN LA TORRE DOS, AUN COSTADO DE LOS JUZGADOS DE CONTROL Y DE JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. IV. ACTO RECLAMADO. DE LA C. JUEZ DE CONTROL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, como Autoridad Ordenadora reclamo el auto de plazo constitucional dictado en fecha CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS, emitida dentro de la carpeta administrativa marcada con el número ********************en donde se dictó AUTO DE VINCULACION A PROCESO en contra del ahora Quejoso ******************** Y OTRO, POR EL HECHO DELICTUOSO DE SECUESTRO CON MODIFICATIVAS AGRAVANTES DE HABERSE LLEVADO ACABO EN UN CAMINO PÚBLICO, OBRAR EN GRUPO DE DOS O MAS PERSONAS, EMPLEARSE LA VIOLENCIA Y QUE LA VÍCTIMA SEA MAYOR DE SETENTA AÑOS DE EDAD, auto de vinculación que me fuera notificado en fecha CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, por lo que dicho Acto de Autoridad constituye el Acto Reclamado. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA, reclamo la ejecución del fallo antes identificado con todas las consecuencias legales". SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS El quejoso estimó violados los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, el ********************se registró bajo el expediente ********************, y el nueve de mayo siguiente, se previno al quejoso, dio cumplimiento y el dieciséis de mayo del año en curso, se admitió; se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (foja 119), se ordenó emplazamiento a los terceros interesado, el cual se realizó el treinta y uno de mayo (foja 131) y el seis de junio de dos mil dieciséis (foja 137). Una vez integrado el expediente, se celebró la audiencia constitucional el veintiocho de junio de dos mil dieciséis; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama un acto que afecta la libertad personal emitido por una autoridad que se encuentra dentro del territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que los actos reclamados se hacen consistir en: Auto de vinculación de ********************, emitido por la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dentro de la carpeta administrativa ********************, por la probable participación del quejoso en el hecho delictuoso de SECUESTRO CON MODIFICATIVAS AGRAVANTES (AL HABERSE LLEVADO A CABO EN UN CAMINO PÚBLICO, OBRAR EN GRUPO DE DOS O MÁS PERSONAS, EMPLEARSE LA VIOLENCIA Y QUE LA VÍCTIMA SEA MAYOR DE SESENTA AÑOS DE EDAD), cometido en agravio de PERSONA DE IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES ********************. , ilícito previsto y sancionado en los artículos 9 fracción I inciso a y 10 fracción I incisos a, b, c y e de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6 párrafo primero, 7 párrafo primero fracción II, 8, 9 párrafo primero y 13 fracción III del Código Penal Federal. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (foja 78) y el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiguito" (foja 72), al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las actuaciones de la carpeta administrativa ********************y contenida en pieza escrita y en los discos compactos en formato de videograbación, que la juez responsable remitió al sumario, a las cuales se les otorga valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, al tratarse de actuaciones judiciales; y las segundas -relativas a los discos ópticos en formato de videograbación (DVD)- deben ser consideradas como adelanto de la ciencia; máxime que contienen la certificación de la fecha y lugar en donde fueron practicadas, así como de los hechos que contienen. Es aplicable la jurisprudencia 1ª. /J. 43/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Tomo 1, Libro XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto del año dos mil trece, Décima Época, con número de registro 2004362, que en su rubro refiere: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hicieron valer causa de sobreseimiento o improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna otra de oficio, razón por la cual se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. QUINTO. ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Se procede al estudio de la determinación reclamada consistente en el auto de vinculación a proceso que pesa sobre el impetrante, a la luz de los conceptos de violación hechos valer, los cuales serán suplidos en su deficiencia, conforme a la fracción III, inciso a) del artículo 79, de la Ley de Amparo. Refiere el quejoso que el auto de vinculación dictado por la juez de Control de Toluca, es violatorio de la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso establecidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales, además de que no se llevaron las formalidades de ley En principio, es dable destacar que la resolución impugnada se analizará de conformidad con el nuevo sistema penal instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correspondiente reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Ello es así, pues de la carpeta administrativa de la cual deriva el acto reclamado, se aprecia que tuvo su origen en la formulación de la imputación que realizó el Agente del Ministerio Público Investigador, por hechos acaecidos el siete de abril de dos mil dieciséis; es decir, después del uno de octubre de dos mil nueve; por ende, es evidente que en el caso particular se debe estar a las disposiciones constitucionales y legales adjetivas relativas al nuevo sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial. Establecido lo anterior, es importante destacar que existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, en el nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio siendo los siguientes: El auto de vinculación a proceso no vulnera en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues fue emitido cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se constata del análisis de las constancias que integran el sumario, al advertirse que en la especie, se le dio al imputado la oportunidad de rendir su declaración inicial; estuvo asistido por el defensor privado; se le permitió aportar las pruebas que consideró adecuadas para su defensa, se hizo de su conocimiento los derechos que a su favor consagra el artículo 20, apartado B de la Carta Magna; dentro del plazo constitucional ampliado, previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resolvió su situación jurídica y se le brindó la oportunidad de impugnar la determinación que se emitió en esa diligencia (auto de vinculación a proceso). Para corroborarlo, es oportuno tener en cuenta el contenido del citado precepto, que dice: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. - - - Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. - - - En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. - - - En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". La transcripción precedente, permite sostener que dicho numeral contiene tres derechos fundamentales en materia penal, a saber: 1) La prohibición de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna; 2) El derecho de audiencia previa al acto privativo; y, 3) La estricta aplicación de la ley en las resoluciones judiciales. Al respecto, conviene señalar que en el particular, no se advierte que se hubiere aplicado retroactivamente en detrimento del quejoso ley alguna; tampoco que se le haya ocasionado menoscabo en su derecho de audiencia, en mérito a que de autos se desprende que se le brindó la oportunidad para que declarara ante la autoridad judicial, estuvo asistido en esa audiencia del defensor particular que designó, se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas, se resolvió dentro del plazo legal su situación jurídica y se le brindó la oportunidad de impugnar la resolución que ahí se emitió, lo que se traduce en respeto a las formalidades esenciales que se deben observar en el procedimiento; ello, sin prejuzgar sobre el hecho de que se trata sólo de un acto de molestia y no privativo, amén de que se le consignó ante un tribunal previamente establecido y la determinación que se controvierte se ajusta a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos, dado que se le aplicó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el hecho delictivo que se le imputa y el código adjetivo penal del Estado de México que regula el procedimiento; motivo por el cual, no se vulneraron en su perjuicio esos derechos fundamentales. Al respecto, sirven de apoyo las consideraciones que informan la jurisprudencia P./J. 47/95, con registro 200234, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Por otra parte, es infundado que el auto de vinculación a proceso vulnere lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que este juzgador considera que la autoridad responsable respetó los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica de la ley penal, en virtud de que citó las normas legales que consideró aplicables al problema jurídico sometido a su potestad, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva (fundamentación); además, vertió los razonamientos y argumentos jurídicos por los que igualmente estimó que la conducta desplegada por el activo encuadraba en el hecho delictuoso de secuestro (motivación). Por ello, resulta válido aseverar que el auto de vinculación a proceso está fundado y motivado, acorde con los requisitos que para todo acto de autoridad ordena el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente, en los aspectos torales que lo rigen, a saber, el delito imputado al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, la existencia de la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones que informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, con registro 176546, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que en su rubro dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Establecido lo anterior, ahora se analiza si en la especie fueron satisfechos los requisitos que exige el ordinal 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, a fin de constatar si efectivamente la resolución reclamada, en cuanto a su contenido de fondo -regido por los lineamientos que marca el dispositivo constitucional en cita-, no vulnera los derechos fundamentales del quejoso. En ese sentido, conviene mencionar en principio, que para dictar un auto de vinculación a proceso, el referido artículo 19 Constitucional exige que se colmen los siguientes requisitos: 1. Que en dicho auto se exprese el delito que se impute al indiciado. 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 3. Los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, 4. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Al respecto, se debe señalar a manera de preámbulo, que en el nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral que rige el procedimiento de origen, no se exige al juzgador valorar los datos que obran en la carpeta de investigación, pues la tasación o justipreciación respectiva se hará hasta la fase de juicio oral, siendo por tanto suficiente que el Ministerio Público al formular la imputación exprese verbalmente los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que los mismos, a juicio del juzgador, establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para que dicte el auto de vinculación a proceso, sin que se exija algún otro requisito o se imponga alguna otra condición más que la de exponer los hechos de manera verbal. Esto es, en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, el Juez de Control al resolver sobre la vinculación o no del imputado a proceso, de acuerdo con el principio que anima a la oralidad, sólo debe analizar los argumentos que exponga el Ministerio Público, pues éste actúa bajo los principios de lealtad y buena fe, es decir, con rectitud y apegado a la verdad, lo que indica que la imputación la endereza bajo un ámbito de credibilidad y no de falsedad; y, en consecuencia, al resolver el juzgador examinará si en dicho acto se aplicó la ley, si se violaron los principios reguladores de la valoración de los datos de prueba o se alteraron los hechos. Precisado lo anterior, resulta factible señalar que el primero de los requisitos aludidos se encuentra satisfecho en el particular, ya que en el auto de vinculación a proceso se estableció que el hecho delictuoso imputado al quejoso es el de SECUESTRO CON MODIFICATIVAS AGRAVANTES (AL HABERSE LLEVADO A CABO EN UN CAMINO PÚBLICO, OBRAR EN GRUPO DE DOS O MÁS PERSONAS, EMPLEARSE LA VIOLENCIA Y QUE LA VÍCTIMA SEA MAYOR DE SESENTA AÑOS DE EDAD), cometido en agravio de PERSONA DE IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES ********************., ilícito previsto y sancionado en los artículos 9 fracción I inciso a y 10 fracción I incisos a, b, c y e de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6 párrafo primero, 7 párrafo primero fracción II, 8, 9 párrafo primero y 13 fracción III del Código Penal Federal. Del mismo modo, se encuentra colmado el segundo de los requisitos a que alude el artículo 19 Constitucional, ya que en el auto de vinculación a proceso se precisó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho delictivo que se le atribuye al inconforme, bajo los siguientes términos: "Que el día jueves siete de abril del año dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las diecinueve horas con veinte minutos, la víctima fue privada de la libertad por parte de los sujetos activos con el fin de obtener un rescate, toda vez que cuando éste se dirigía a su domicilio sito en calle sin nombre y sin número, paralela a la ********************, Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; antes de abrir la puerta de su domicilio, lo arriba en forma intempestiva una camioneta de la marca ********************, de la cual descienden ********************, amenazándolo con armas de fuego; quienes lo suben en la cabina trasera de la camioneta, diciéndole ********************"súbase cabrón, rápido", y hecho esto trasladan a la víctima hasta un inmueble utilizado como casa de seguridad en donde permaneció en cautiverio hasta el día domingo diez de abril del presente año y en esa temporalidad, el hijo de la víctima de iniciales ********************. el día viernes ocho de abril de dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las diez de la mañana recibió una llamada a su teléfono celular ******************** registrándose el número ********************propiedad de la víctima en donde la voz de un sujeto del sexo masculino le dijo que tenía a su padre y que quería que le reuniera la cantidad de seiscientos mil pesos, que los necesitaba ese día por la noche, que no diera parte a la policía porque si no le mandaba a su padre en pedazos y si no irían por alguno de sus tíos; dando inicio las negociaciones a cambio de la libertad de la víctima ya que las subsecuentes llamadas las recibió su otro hijo de iniciales ********************quien negoció desde el teléfono celular ********************recibiendo llamadas del número ******************** acordando el ofendido ********************. con los secuestradores el pago por la cantidad de ciento veinte mil pesos de los cuales solo logró reunir ciento diecinueve mil ochocientos ocho pesos y es el día 10 de abril del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las dieciséis horas, cuando el hermano de la víctima ********************se dirigió a realizar el pago de rescate a cambio de su libertad, ello a bordo de un vehículo de la marca Toyota y llevando consigo un maletín color negro el cual contenía la cantidad reunida, así como el teléfono celular LG con número ******************** (teléfono utilizado para la negociación) y una sudadera color azul, por lo que al llegar al lugar pactado, arroja dicho maletín en un árbol ubicado en la calle ********************, perteneciente al Municipio de Toluca, Estado de México, esto por indicaciones de los secuestradores y es ********************, quien recoge el maletín y se lo entrega a ********************, para retirarse caminando sobre la Avenida ********************, donde son interceptados por los elementos remitentes, logrando su aseguramiento y es el imputado ******************** quien llevaba el maletín con la cantidad citada, el teléfono referido y la sudadera, así como quien portaba un arma de fuego y por cuanto hace a la víctima, esta fue liberada ese mismo día a las afueras del DIF de Zinacantepec, México." El tercero de los requisitos mencionados anteriormente, también se encuentra acreditado a cabalidad, pues como bien lo adujo la autoridad responsable, los datos de prueba que obran dentro del sumario, al ser ponderados en términos del artículo 185 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, resultan idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar un hecho delictuoso, en el particular el de secuestro. En ese sentido, para efecto de sustentar por qué se encuentra acreditado este último requisito, conviene señalar en principio, que debido a que el hecho delictivo de secuestro que ahora nos ocupa tuvo verificativo el siete de abril de dos mil dieciséis, resulta procedente que su descripción típica y punibilidad sea analizada con base en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie lo hizo la autoridad responsable, ya que de acuerdo al artículo primero transitorio de esta legislación, el decreto con el que se promulgó la misma entró en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que en la especie tuvo lugar el treinta de noviembre de dos mil diez, por lo que tal legislación comenzó a ser aplicable a partir del veintiocho de febrero de dos mil once, esto es, con anterioridad a la fecha en que se cometió el injusto. Bajo ese contexto, se debe decir que el conocimiento del hecho delictivo corresponde a un órgano jurisdiccional del fuero común, porque no se actualiza ninguno de los supuestos que contempla el artículo 23, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no se trata de alguno de los casos previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; no se surten las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Código Federal de Procedimientos Penales; y, el Ministerio Público de la Federación no solicitó a la autoridad competente de la entidad federativa, que le remitiera la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, a las circunstancias de ejecución o a la relevancia del mismo, de ahí que en el particular se actualice la competencia por exclusión en favor del juzgado responsable, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley General mencionada en un principio. Al respecto, sirven de apoyo las consideraciones que informa la jurisprudencia PC. II. J/4 (10a.), con registro 2006812, sustentada por el Pleno del Segundo Circuito, publicada en la página 1324, Libro 7, junio de 2014, tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "SECUESTRO. LAS AUTORIDADES DEL FUERO COMÚN ESTÁN AUTORIZADAS VÁLIDAMENTE PARA APLICAR LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA. El 4 de mayo de 2009 se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se otorgaron facultades al Congreso de la Unión para que expidiera una ley de carácter general en materia de delincuencia organizada y de secuestro, con la intención de unificar los tipos penales previstos en el Código Penal Federal y en los ordenamientos sustantivos penales de las entidades federativas, a fin de que la Federación y los Estados se coordinaran en la lucha contra dichos ilícitos. Ahora bien, como resultado de lo anterior, se emitió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establece en su artículo 23, párrafo primero, la competencia originaria del fuero federal para conocer de dicho ilícito cuando: a) Se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; b) Se apliquen las reglas de competencia contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Código Federal de Procedimientos Penales; o, c) El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o su relevancia social. En cambio, del segundo párrafo de dicho precepto deriva que en los supuestos no contemplados en los puntos anteriores, serán competentes las autoridades del fuero común; de ahí que con base en los criterios de vigencia del referido numeral, resulta incuestionable que a partir de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, las autoridades estatales son competentes para conocer y resolver respecto de los delitos de secuestro y por tanto, están autorizadas válidamente para aplicar la mencionada legislación general, fuera de los casos de competencia de la Federación". Luego, si se considera que los hechos delictivos en estudio ocurrieron el siete de abril de dos mil dieciséis, en Toluca, Estado de México, se concluye que su investigación y prosecución judicial se debe realizar conforme al nuevo sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, que impera en esta entidad federativa, ya que de acuerdo al artículo sexto transitorio del Código de Procedimientos Penales vigente en la misma, este sistema entró en vigor en dicho municipio el uno de octubre de dos mil diez. Finalmente, conviene mencionar, que aún y cuando la competencia para conocer de los hechos delictivos recae en una autoridad del orden común, no resulta incorrecto que los apartados relativos a la participación del imputado en el hecho delictivo, el dolo y las excluyentes del ilícito, se hayan analizado con base en el Código Penal Federal, pues tal proceder se encuentra directamente sustentado en el artículo 2, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las legislaciones aplicables para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento en tratándose de los tipos penales en materia de secuestro, entre las que se encuentra el código punitivo en cita, pero no así las legislaciones sustantivas de los estados, por lo que resulta innegable que las cuestiones antes aludidas debían ser examinadas conforme a lo que establece la normatividad federal. Precisado lo anterior, se debe destacar que los imperativos de la legislación general de referencia que describen y sancionan el delito que se le imputa al disconforme son 9 fracción I inciso a y 10 fracción I incisos a, b, c y e de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia . e) que la víctima.sea mayor de sesenta años." Una vez precisado lo anterior, se prosigue con el análisis de los elementos que integran la conducta antisocial en estudio y son: a) Que el activo prive de la libertad a una persona. b) Que tal conducta se realice con la finalidad de obtener un rescate. Mientras que las agravantes del hecho delictivo que se atribuye al quejoso, son las que a continuación se destacan: Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas. Que se realice con violencia; y, Que la víctima sea mayor sesenta años Luego, fue correcto que la responsable tuviera por demostrado el hecho cierto consistente en que el siete de abril de dos mil dieciséis, aproximadamente a las diecinueve horas con veinte minutos, fue privado de su libertad al ir a su domicilio, y que ese cautiverio se extendió desde esa fecha hasta el diez siguiente, y por lo que se pidió rescate de seiscientos mil pesos inicialmente para que el ofendido obtuviera su libertad, ello se justificó con los siguientes datos de prueba: La entrevista de la víctima del delito de identidad reservada de iniciales ********************. y su ampliación de diez y once de abril de dos mil dieciséis, en las que manifestó que fue privado de la libertad el siete de abril del año en curso, al arribar a su domicilio ubicado en la calle ********************, al ser interceptado por una camioneta marca ********************, tipo Titán, de la cual descendieron los activos, uno de ellos de chamarra roja que más tarde identificara como ********************, quien le apuntó con un arma de fuego, refiriéndole "súbase, pero rápido cabrón", mientras que el otro implicado lo dirigió a la camioneta y fue como comenzaron avanzar esta y durante el trayecto fue amagado con el arma por ********************, quien le dijo que no se le ocurriera hacer alguna pendejada porque lo mataba y fue en el trayecto que tales sujetos le refirieron que iban a necesitar dinero para poder dejarlo en libertad así le quitan una libreta en la que iban anotados diversos teléfonos de su familia, su teléfono celular de la marca Alcatel con número telefónico ********************y fue posterior a ello que la camioneta se detuvo, lo bajaron y le colocaron una mascada oscura en los ojos para dirigirlo a un inmueble, donde además le amarraron las manos y es el que identifica inicialmente como el que llevaba chamarra negra, (********************) le refirió que si ya sabía porque estaba ahí, que lo habían puesto porque sabían que tenía dinero, preguntándole que cómo cuanto podían conseguir sus hijos para sacarlo de ahí y es como permanece en cautiverio. El ocho de abril del dos mil dieciséis, por la mañana comenzó a escuchar que llamaban por teléfono a sus hijos, pidiéndoles la cantidad de seiscientos mil pesos ya que escuchaba por momentos las llamadas que tenían con su familia y en un determinado momento que se le cayó la mascada observa a los activos es decir al de sudadera roja y el de la chamarra negra, así nueve de abril siguiente al encontrarse acostado durante todo el día, escuchó que las personas que estaban en la misma habitación realizaron varias llamadas telefónicas a sus hijos, ya que les gritaban y les pedían dinero a cambio de su libertad, refiriéndole sus secuestradores que hablara con sus hijos y que les dijera que reunieran el dinero y fue como en varias llamadas habló con su hijo ********************., por teléfono, ya que lo presionaban para que les dijera que por favor juntaran el dinero, así el diez de abril siguiente despertó escuchó que había entre tres o cuatro muchachos cuidándolo y ese día en varias ocasiones lo comunicaron con su hijo ********************., para que los presionara con la finalidad de que entregaran el dinero del rescate y en esa fecha lo llevaron a caminar por un monte y fue como escuchó a una mujer quien le dijo "aquí está la comida" a quien pudo visualizar y posterior a estar en aquél lugar antes de volver a llegar al vehículo le colocaron nuevamente la mascada en los ojos, circularon en el vehículo y en diferentes momentos lo hacían hablar con su hijo ********************., al que le pedía que ya pagara el dinero que le pedían y fue ya después de mucho tiempo lo liberaron donde se encuentra el DIF de Zinacantepec. Reconociendo en ampliación de su entrevista y posterior a una diligencia de confrontación de personas a los sujetos activos, toda vez que expone que ********************fue quien vestía una sudadera roja y que junto con ******************** lo subieron en la camioneta, lo amenazaron ambos con armas de fuego, lo mantuvieron secuestrado y hacían llamadas telefónicas a sus hijos, mientras que ******************** fue quien llevaba el día en que lo privaron de la libertad una chamarra negra. Lo anterior se adminiculó con la entrevista de los hijos de la víctima de iniciales ********************. de once de abril de dos mil dieciséis, de ********************., de diez y once de abril del año en curso; así como del hermano de la víctima ********************de once de abril de dos mil dieciséis, datos que corroboraron el dicho de la víctima en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en que se verificó el evento en cual se le privó de la libertad para obtener un rescate, ya que por lo que hace al mencionado en primer término ********************. informó haber recibido la primera llamada de negociación por parte de los secuestradores y refirió la forma en que se enteró por voz de su madre que se habían llevado a su papá en una camioneta, así como por el dicho de vecinos del lugar, exponiendo que estuvo buscando alrededor de su domicilio la camioneta relacionada, así como narró que el elemento de la policía ministerial del área de negociación y manejo de crisis, fue quien les brindó el apoyo y asesoría para realizar las negociaciones y que el ocho de abril de dos mil dieciséis, aproximadamente a las diez horas al encontrarse en su domicilio, sonó su teléfono celular ********************, observando que era el número de su padre de iniciales ********************. y al contestar una persona le refirió, "tengo a tu padre, quiero que me juntes seiscientos mil pesos y los necesito hoy en la noche y no te pases de pendejo, no des parte a la policía porque si no te lo mando en pedazos y si no me traigo a uno de tus tíos, o al chavo del telcel o a tus morritos", por lo que le mencionó que si le juntaría el dinero pero que no contaba con toda la cantidad que le estaba pidiendo, por lo que le dijo que le marcaba posteriormente y es después de este evento que tuvo comunicación con su hermano ********************acordando que este último llevaría a cabo las negociones pues ya se encontraba acompañado por el Agente de la Fiscalía y fue como le hacía entrega del teléfono para que se esperara las subsecuentes llamadas y para el nueve de abril ya se había juntado la cantidad de $57,500.00 (cincuenta y siete mil quinientos pesos, m.n.) la que mandó a su hermano que estaba a cargo de la negociaciones, mencionando que supo que ya se había pagado el rescate pero aun no les entregaban a su padre, lo cual aconteció con posterioridad. Lo que se constató con lo manifestado por ********************. quien denunció en un primer momento los hechos y constató que posterior al primer llamado llevado a cabo a su hermano, era él quien continuó con las negociaciones tendientes a su liberación y comenzó a recibir varias llamadas del teléfono su padre donde todo el tiempo de dos o tres sujetos del sexo masculino, quienes lo amenazaron con matar a su padre en caso de no les diera el dinero y que a él le exigieron setecientos mil pesos y fue como se dedicaron a reunir dinero y los días viernes y sábado recibió diversas llamadas en las que les seguían exigiendo el numerario y amenazando con matar a su padre, por lo que el diez de abril de dos mil dieciséis, lo presionaron para juntar por lo menos ciento veinte mil pesos, refiriéndoles que tiene noventa y siete mil setecientos pesos, pero le dijeron que les juntara ciento veinte mil pesos y fue el diez de abril de dos mil dieciséis, aproximadamente a las dieciséis horas con diez minutos recibió una llamada en la que le dijeron "mira carnal ya llego la hora necesito que se jale para Toluca sobre Tollocan y Pino Suárez en la esquina hay un matiz blanco iba a dejar el dinero en ese lugar enfrente del matiz en el piso" a lo que le contestó que sí que ahí le iba a llevar el dinero una persona en un vehículo, que no se le ocurriera ponerle un cuatro porque mataba a su padre y que cuando tuvieran ellos el dinero le llamaba para decirle dónde lo liberarían y fue como acudió al órgano investigador con la finalidad de que sea implementado un operativo al momento del pago de rescate, pidiéndole a su tío ********************. que lo entregara y este ascendía a la cantidad de ciento diecinueve mil ochocientos ocho pesos, dinero que colocaron en una mochila junto con el teléfono celular de su hermano ********************. , de la marca LG modelo 200, así como una sudadera color azul, esto por indicaciones del secuestrador y fue con posterioridad a la entrega del dinero, su tío ********************. le comentó como aventó la mochila frente a un carro blanco, se retiró y aproximadamente a las cinco y media o seis de la tarde, le llamaron a su número registrándose el número ********************, en donde la voz de una mujer le dijo de forma muy agresiva y con groserías que ya habían agarrado a su gente que iban a matar a su padre, y enseguida le volvió a marcar y le dijo que fuera a recoger a su padre a Zinacantepec, que lo encontraría enfrente del DIF, que no quería ninguna pendejada porque si no le iba a hacer un desmadre y fue como le pidió a su tío ********************. que le apoyara en recoger a su padre, quien después le aviso que ya estaba con él y que lo llevaría al Hospital. Lo que se concatenó con lo expuesto por ********************. quien mencionó que con motivo de la privación de la libertad de la víctima lo estuvieron buscando por los alrededores, y fue hasta el día siguiente que la privaron de la libertad, como se enteró por los hijos de la víctima que ya les habían pedido la cantidad de seiscientos mil pesos para liberarlo, de ahí mencionó que tuvo comunicación con sus sobrinos para saber en qué les podía ayudar y el día diez de abril de dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las dos de la tarde le dice su sobrino ********************que si los podía apoyar en ir a dejar el dinero del pago de rescate a lo cual accedió, asimismo le mencionaron que ya se le había pedido apoyo a la Fiscalía para implementar un operativo y fue aproximadamente a las cuatro de la tarde que salió de las oficinas de estaba a bordo del vehículo Toyota, llevando una mochila en la que le habían mencionado que ya iba el numerario solicitado y le explicó su sobrino donde dejar el dinero, esto es, a una cuadra antes de llegar a la ferretería la Carredana ubicada sobre Tollocan cerca de la terminal, en donde estaba un matiz blanco estacionado y que aventara la mochila frente al carro, por lo que al llegar a este lugar aventó la mochila con el dinero, retirándose de inmediato y a las cinco de la tarde o cinco y quince, le marcó su sobrino ********************., pidiéndole que recogiera a la víctima en el DIF de Zinacantepec, por lo que se dirigió a ese lugar, se percató de su presencia y lo trasladaron de inmediato al hospital Florencia en Toluca. Lo anterior se concatenó con lo manifestado por los oficiales remitentes ********************, quienes fueron acordes en manifestar lo relativo a la forma de que aseguraron a los sujetos activos momentos inmediatos a que se llevó a cabo el pago del rescate por parte del hermano de la víctima ********************, y que se les localizó teniendo en su poder la maleta que contenía éste, así como un arma de fuego, al acudir al lugar pactado como de entrega de rescate, se percataron que el vehículo Toyota conducido por G. S. R. detuvo su marcha sobre la vialidad tollocan precisamente en la esquina de Alfredo Zarate, persona que arrojó el maletín de contenía el dinero del rescate desde el interior del vehículo, el cual cayo precisamente a un costado de un árbol que se localiza en la banqueta, posterior a ello el vehículo toyota continuó su circulación sobre tollocan y ese momento visualizaron a dos sujetos del sexo masculino, siendo ********************y fue el mencionado el último término, quien levantó del piso el maletín y se lo entregó a ********************, ambos caminaron sobre Tollocan en sentido hacia ********************llevando el maletín, pero ********************notó la presencia policiaca y alertó a su acompañante ********************, por lo que descendieron de sus unidades y ******************** les aventó el maletín que cayó a un costado de la oficial ********************, momentos después de haber arrojado el maletín, este imputado sacó de la cintura lado derecho una arma de fuego tipo revolver de la marca Mendoza y fue en ese momento que al estar en riesgo la integridad física de los remitentes ********************, accionó su arma de fuego lesionando a ********************quien cayó al suelo y a lado de este el arma citada y es como fue asegurado por dicho elemento, así como el arma y al llevar a cabo una revisión, se le encontró un teléfono celular en la bolsa de su pantalón de lado izquierdo de la marca LG el cual también fue asegurado. Asimismo, ********************, alertó a los oficiales de la policía federal acerca del activo ********************, quien pretendió darse a la fuga y fue así como los oficiales de la policía federal ********************corrieron detrás de ******************** y el mencionado en primer término le dio alcance y por la parte de atrás le metió el pie, lo que motivó que el activo perdiera el equilibrio y cayera, lográndose su aseguramiento y consecuente puesta a disposición, la cual ratifican. Igualmente, se tomó en consideración oficio de puesta a disposición de los agentes captores, en la que ratificaron lo manifestado en sus entrevistas, así como informes de investigación, actas pormenorizadas de objetos puestos a disposición, así como la del lugar de pago, liberación de la víctima y de privación de la libertad, la existencia de indicios asociativos a la mecánica bajo la cual se privara de la libertad a la víctima a fin de obtener un rescate, toda vez que se confirmó que en efecto al momento de ser asegurados los sujetos activos se encontró en su poder el numerario que habían recibido como pago de rescate consistente en la cantidad de ciento diecinueve mil ocho cientos ocho pesos, dos celulares, uno de ellos asegurado a los activos y otro más que se contenía en el maletín en que se localizó el citado numerario y relacionado con las llamadas de negociación, en ese sentido se hizo constar la existencia de la sudadera y arma de fuego localizada en poder del activo ********************; de los cuales se recabó incluso su correspondiente cadena de custodia a efecto de constatar su autenticidad objetos referenciados por los policías remitentes y ********************., en cuanto al maletín. Finalmente, se dio fe de la existencia del lugar en que la víctima es liberada en Avenida ********************perteneciente al Municipio de Zinacantepec, México, donde se tuvo a la vista un inmueble destinado a oficinas del DIF de Zinacantepec, dónde refirió la víctima haber sido liberada a unos metros de las instalaciones de dicha Dependencia. Se abonaron los certificados certificado médico de estado psicofísico y lesiones, llevado a cabo por parte de la doctora KARLA PATRICIA CHAVEZ CALDERON a favor de la víctima en diez de abril de dos mil dieciséis y la documental relativa a la nota de egreso de esta con motivo de la atención médica que tuvo que recibir en relación al evento delictivo que resintió, en la que se hizo constar el estado físico de la víctima así como su edad. Datos de prueba que la juez de control, entrelazó en términos del numeral 185 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de México, para confirmar la realización del hecho delictuoso de secuestro, en perjuicio de persona determinada, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a y 10 fracción I incisos a, b, c y e de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que son idóneos, pues por su naturaleza corresponde al objeto del medio de prueba que están referidos; son pertinentes, porque del contenido se aprecia su relación con el hecho delictuoso y en conjunto suficientes para establecer la existencia de un hecho delictuoso, consistente en que a la víctima se le privó de la libertad el siete de abril de dos mil dieciséis (la cual culminó el día diez siguiente); y se pidió rescate (inicialmente de seiscientos mil pesos, pero a la postre sólo se pagó la cantidad de ciento diecinueve mil ochocientos ocho pesos); circunstancias de ejecución de un hecho delictuoso como lo es el secuestro. Se estimó correcto que la responsable tuviera como sujeto pasivo a la persona de identidad reservada, pues fue quien resintió la conducta, además es el titular del bien jurídico tutelado por la norma penal, que lo es la libertad y seguridad de las personas. Asimismo, fue correcto que la jueza de la carpeta administrativa señalara que el resultado y afectación al bien jurídico, se verificó al tener por demostrada la privación de la libertad de la víctima. Por lo que, se considera correcto que el nexo de atribuibilidad directo e inmediato, se dio entre la conducta que desplegaron, de manera distribuida, los activos del hecho delictuoso y la privación de la libertad de la pasivo, lo cual es imputable a los activos. En cuando a las agravantes. De igual manera, este órgano de control constitucional coincide con la responsable en la demostración de las agravantes atinentes en que la conducta ilícita de secuestro se realice en un camino público, con violencia, por un grupo de más de dos personas y que la víctima sea mayor de sesenta años, en virtud de que las pruebas que obran en el sumario revelan la logística empleada por los plagiarios para restringir la libertad deambulatoria del pasivo quien al caminar sobre una vía pública en Almoloya de Juárez, México, dos sujetos se acercaron y lo sometieron al subirlo a una camioneta ********************. Lo relativo a que la privación se lleve a cabo por un grupo de dos o más personas, se tuvo por cierto pues con la denuncia de la víctima de identidad reservada, la autoridad correctamente logró establecer que intervinieron mas un sujeto. Adicional que dicha privación se realizara con violencia, ello la autoridad pudo corroborarlo pues la víctima relató la forma en que fue privado de su libertad, pues hubo amagos, intimidaciones y amenazas en un primer momento con armas cortas para privarlo de la libertad, amagándolo durante el trayecto a la casa de seguridad con un arma, refiriéndole que no hiciera ninguna "pendejada" pues lo matarían. Con relación a la agravante de que el pasivo sea una persona mayor de sesenta años, se justificó con el certificado médico de estado psicofísico y de lesiones practicado por el perito médico legista. Elemento subjetivo. La juez responsable ajustado a derecho consideró que los datos de prueba señalados en su conjunto demuestran el elemento subjetivo del hecho ilícito, pues señaló que los activos de delito realizaron actos en lo individual que en conjunto constituyeron una conducta con la finalidad de obtener un rescate a cambio de dejar en libertad a la víctima del delito, pues la responsable advirtió de los datos de prueba que la pretensión económica era de seiscientos mil pesos y después se redujo a ciento diecinueve mil ochocientos ocho pesos, ello a través de la privación de la libre deambulación de la víctima. Probable intervención. Luego, fue correcto que la responsable al considerar que en ese hecho probablemente intervino el quejoso junto con otra persona, ya que el siete de abril de dos mil dieciséis, aproximadamente a las diecinueve horas con veinte minutos, la víctima de identidad reservada con iniciales ********************., fue privada de su libertad con el fin de obtener un rescate, toda vez que cuando esta se dirigía a su domicilio sito en calle sin nombre y sin número, paralela a la ********************, Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, antes de abrir la puerta, lo arribaron en forma intempestiva ******************** Y ********************, amenazándolo con armas de fuego; quienes lo subieron a una camioneta en que viajaban, diciéndole ********************"súbase cabrón, rápido", trasladándolo hasta un inmueble utilizado como casa de seguridad en donde permaneció en cautiverio hasta el día domingo diez de abril del presente año, data en la que se pagó su rescate y fue liberado. Resulta importante destacar que aun cuando la víctima no presenció el momento en que se aseguró a los activos, el Agente del Ministerio Público, llevó a cabo las diligencias de reconocimiento por fotografía, en la cámara de confrontación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en la cual se puso a la vista de la víctima en fila de cuatro personas a cada uno de los activos. En ese sentido, en cuanto a la verificación de esta diligencia, deben tutelarse cabalmente los presupuestos de los artículos 20 apartado A fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 y 270 y 273 de la Ley Adjetiva de la materia, ya que el primer artículo en mención sustancialmente establece que cualquier prueba obtenida en violación a los derechos fundamentales será nula, mientras que el artículo 21 señala que los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al proceso en la forma en como lo autoriza el Código, estableciendo del mismo modo que no tendrá valor la prueba obtenida mediante tortura, amenaza o violación a los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida a partir de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Por lo que contrario a lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación, dicha diligencia se desahogó con apego a la ley, pues se respetó a cabalidad el Derecho de Defensa de los sujetos activos por encontrarse asistidos de Defensor Público que intervino y firmó esta diligencia; asimismo los activos previo a la misma solo se encontraban identificados por sus rasgos físicos y a través de esta confronta pudo obtenerse su identidad, lo anterior es así porque se hizo constar previo a que se colocara a la vista de la víctima a los imputados que no conocía con anterioridad a sus secuestradores y posterior a la ejecución de este no los había visto, para posteriormente y al ser dirigido al grupo de personas con que se llevó la diligencia y al visualizarlos, señala en la primer diligencia sin temor a equivocarse al número dos, es decir a ********************argumentando que era quien llamaba a su familia, que tenía chamarra roja y le ayudo a subir a la camioneta, así como hablo por teléfono; mientras que en la segunda diligencia reconoce al sujeto ubicado en la posición número cuatro, es decir a ******************** narrando que es quien llevaba la chamarra negra y le refiere "súbete a la camioneta cabrón" y que era quien hablaba con su familia. Así al momento de proceder al reconocimiento de personas se destaca la contundencia del pasivo al señalar a los imputados como intervinientes en el hecho, toda vez que precisa cuál es la forma en que interviene cada uno de ellos e incluso detalla como vestían el día en que lo privan de la libertad, como bien lo refirió la responsable que existe la probabilidad de que fue el acto quien intervino junto con otro sujeto en la privación de la libertad del pasivo. Adicional, en ampliación de entrevista la víctima confirmó que reconoció haber tenido a la vista al quejoso como uno de los sujetos que lo privó de su libertad amenazándolo y manteniéndolo en cuativerio. Además, se consideró lo manifestado por oficiales remitentes ********************, quienes intervinieron en el aseguramiento de los sujetos activos en momentos inmediatos a que se llevó a cabo el pago del rescate, ya que participan en un operativo en el que finalmente al momento de hacer entrega del rescate y se logra asegurar a ******************** Y ********************, observando momento a momento el actuar de estos desde que ********************. arrojaron el maletín en el lugar del pago y este es tomado por ******************** quien se lo entregó a ********************y al percatarse de su presencia, pretendieron darse a la fuga y fueron asegurados, el mencionado en segundo término quien aventó el maletín con el numerario que se pagó como rescate. Además, como bien dijo la responsable lo anterior encuentra apoyo el artículo 13 fracción III del Código Penal Federal, es decir, como coautores que en conjunto intervinieron en su realización, porque permiten afirmar que probablemente cometieron el hecho delictuoso de manera conjunta mediante un acuerdo previo, dado que conforme a la mecánica en la que se desarrollaron los hechos, con relación al hecho delictuoso más de dos sujetos privan de la libertad a la víctima del delito, llevándolo a una casa de seguridad en donde lo mantienen cautivo por varios días; esto es de manera conjunta llevaran a cabo todos y cada uno de los actos idóneos y necesarios encaminados a privar de la libertad a la víctima con el propósito de obtener un rescate, debido a que la actividad desplegada por ******************** y otro, fue precisa e inicialmente privar de la libertad a la víctima, mantenerlo cautivo; de ahí que sea dable considerar que entre ******************** y otros existió un reparto de actividades al momento ejecutivo y consumativo del hecho; reparto de actividades encaminadas a un propósito específico que era el privar de la libertad del ofendido para obtener un rescate. Incluso es probable que ******************** sea uno de los sujetos que el día siete de abril de dos mil dieciséis, aproximadamente las diecinueve horas con veinte minutos al ir caminando la víctima hacia su casa lo sometieron para subirlo a un vehículo y luego trasladarlo a una casa de seguridad. De ahí que es infundado que no esté acreditada su participación como autor en la ejecución del mismo, pues no debe soslayarse que existe la imputación directa del ofendido en el sentido de que durante la privación de su libertad estaba el quejoso. En orden con lo anterior, los datos de prueba son suficientes para afirmar, hasta este momento procesal, a título de probabilidad, que el siete de abril de dos mil dieciséis, dos sujetos privaron de la libertad a la víctima, del que se pidió un rescate de seiscientos mil pesos; sin embargo, sólo se pagaron ciento diecinueve mil ochocientos ocho pesos para que el ofendido obtuviera su libertad, y que ********************, junto con otra persona fue quien subió a la víctima al vehículo en la que fue privado y llevarlo a la casa de seguridad donde lo mantuvieron cautivo hasta el diez de abril del año en curso. También, fue correcta la determinación de la responsable, en tanto que el activo realizó la conducta con conocimiento de la ilicitud de la conducta y quiso su realización (dolo); no se actualizó ninguna circunstancia de licitud o de justificación del delito (antijuridicidad), y tampoco, hasta este momento procesal, se advierte la existencia de alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad (culpabilidad). En razón de lo anterior, este juzgador estima que la resolución reclamada no resulta violatoria de los derechos constitucionales, en tanto se tuvieron por demostrados los elementos del hecho delictivo de secuestro, así como la probable participación del quejoso en su comisión; situación que impone negar el amparo solicitado. Por otra parte, en relación a lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación, los mismos resultan infundados por las siguientes razones. Contrario a lo manifestado por el quejoso en el sentido de que fue incorrecta la fundamentación y motivación por parte de la autoridad responsable por la ausencia de datos de prueba, la decisión reclamada se ajusta a la garantía de legalidad, pues la autoridad responsable invocó los preceptos normativos aplicables al caso y expuso pormenorizadamente las razones y motivos que tuvo en consideración para emitir el acto reclamado; además, cabe destacar que en el caso se configuran las hipótesis normativas; razón por la cual, como se dijo, el acto reclamado satisface la garantía de legalidad. De igual forma, los datos de prueba reseñados son jurídicamente aptos y eficaces para sustentar un auto de vinculación a proceso, en términos del artículo 19 constitucional, pues relacionó cada dato de prueba que consideró para llegar a dicha determinación. De lo que se colige que los argumentos vertidos por el justiciable devienen infundados toda vez que la juez responsable, analizó las actuaciones del a quo donde se determinó la existencia del hecho delictuoso de secuestro con agravante con la privación de la vida de la víctima, en donde se expuso los fundamentos y motivos para llegar a tal aserto, en observancia a lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, además que se observó lo establecido por el artículo 19 primer párrafo para la emisión del auto de vinculación de que se duele el peticionario de amparo. También resulta infundado su manifestación en el sentido de que l autoridad no expuso las razones para determinar que él participó en el hecho delictuoso, pues contrario a ello, la víctima en su entrevisto reconoció al sujeto (quejoso) como la persona que lo privó de su libertad y lo subió a la camioneta ********************, luego lo tapó con una mascada, empero no siempre estuvo tapado de los ojos. Adicional, señaló en su ampliación de entrevista que sí reconoce al sujeto de acuerdo a la diligencia de confrontación. De ahí que resulta correcto lo resuelto por la juez responsable al considerar que se cometió el hecho delictuoso de secuestro con agravantes, y la probabilidad de la comisión o participación del activo. De igual forma, contrario a lo que esgrime el justiciable como ha quedo plasmado se acreditó el hecho delictuoso que en el caso así lo describe el tipo penal, atendiendo al hecho ilícito y la probabilidad de que el implicado lo cometió o participó en su comisión, pues como bien lo refirió la juez responsable, existen datos de prueba suficiente y pertinentes para establecer que el quejoso ******************** participó en los hechos que se le reclaman. Por tanto, resultan infundados con conceptos de violación, pues conforme al artículo 185 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, en la etapa de investigación en que surge la audiencia de vinculación a proceso se debe atender a la argumentación que hace el órgano acusador de los registros que obran en la carpeta de investigación, porque la autoridad judicial no tiene a la vista el expediente ministerial, ni las actuaciones que lo conforman, razón por la cual inicialmente el juez de Control no valora los datos de prueba, sino sólo realiza un examen de lo que le fue expuesto oralmente por el órgano acusador en la audiencia, para decidir si con esos registros es procedente o no dictar un auto de vinculación a proceso, lo que evidentemente no redunda en una valoración, sino sólo un análisis, lo que tomó la responsable al dictar la resolución que constituye el acto reclamado; es decir, atendió a los datos de prueba que fueron recabados por el fiscal investigador, los que consideró idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso a los peticionarios de amparo, en los términos expuestos. Más aún que conforme a las fases procesales del juicio oral del que deriva el acto reclamado, se advierte la segunda etapa intermedia o de preparación de juicio oral, en la que el juez de control entre otras cosas, en su caso, admitirá las pruebas ofrecidas por los intervinientes, que se desahogarán en la diversa etapa de juicio oral, en la que el quejoso podrá desahogar las probanzas que estime pertinentes para desvirtuar la imputación que obra en su contra. De lo expuesto se tiene, como se dijo, que ese cuadro procesal permite, objetiva y fundadamente, desprender datos, que por ahora, involucran probablemente al hoy quejoso en el hecho que la ley señala como ilícito y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente exonerarlo, de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos probatorios que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal o no, respecto de ********************; ya que, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos convictivos expuestos en la audiencia de control de detención sirvan de apoyo a la denuncia de hechos que la ley castiga con pena privativa de libertad y exista la probabilidad de que el imputado o imputados lo cometieron o participaron en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias de autos, se actualiza. Por lo que hace al argumento del quejoso, en el sentido que con la resolución de la responsable, se viola el derecho de "pro homine" relativo a la aplicación de la norma que le otorgue mayor beneficio, lo que conculca sus derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es igualmente infundado. Debe decirse que en forma alguna fue violentado en la resolución que constituye el acto reclamado; cuenta habida que, en la especie, no se actualiza alguna antinomia de dos normas que tutelen derechos humanos, a efecto de que la autoridad responsable estuviese en posibilidad de resolver con base en la que resultara más favorable al gobernado, habida cuenta que la preferencia interpretativa extensiva, implica que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, debe optarse por aquella que conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Por ende, si la autoridad responsable no tuvo a su alcance dos normas que le permitieran hacer un estudio del cual una de ellas resultara más benéfica al quejoso, es inconcuso que el principio "pro homine" no es idóneo para sustentar la resolución que constituye el acto reclamado, como lo pretende el quejoso. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************, contra resolución de ********************, dictada en la carpeta ********************por la Juez de Control de Toluca, por el delito de SECUESTRO CON MODIFICATIVAS AGRAVANTES (AL HABERSE LLEVADO A CABO EN UN CAMINO PÚBLICO, OBRAR EN GRUPO DE DOS O MÁS PERSONAS, EMPLEARSE LA VIOLENCIA Y QUE LA VÍCTIMA SEA MAYOR DE SESENTA AÑOS DE EDAD), cometido en agravio de PERSONA DE IDENTIDAD RESERVADA DE INICIALES ********************. , ilícito previsto y sancionado en los artículos 9 fracción I inciso a y 10 fracción I incisos a, b, c y e de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6 párrafo primero, 7 párrafo primero fracción II, 8, 9 párrafo primero y 13 fracción III del Código Penal Federal. Negativa del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito" del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, toda vez que no se impugnan por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la autoridad ordenadora. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número 91, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 72, del tomo VI, del Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es el siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron el acto por razón de su jerarquía. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, 63, 73 y 74, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo y tercero y por los términos precisados en la parte final del considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió el Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil dieciséis, fecha en las que las labores de este juzgado permitieron finalizar su engrose, asistido de la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de veinticinco de mayo del presente año (fojas 119 a la 121), se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada de identidad reservada de iniciales F.S.R. y se le requirió para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, sin haber dado cumplimiento, por lo tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, y con apoyo en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, a la tercero interesada de mérito, realícese la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que deberán ser personales por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional. En otro orden de ideas, de los autos del presente juicio de amparo se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con cuarenta minutos de este día, como se ordenó en auto admisorio de dieciséis de mayo anterior (fojas 63 a la 65); sin embargo, de autos se advierte que el seis de junio anterior, se llevó a cabo el emplazamiento de la tercero interesada de identidad reservada de iniciales F.S.R., a quien se le emplazó por conducto de la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México; por tanto, aún no fenece el plazo establecido en el numeral 117 de la Ley de Amparo para que se imponga de los autos. En consecuencia, con la finalidad de dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y para su celebración se señalan las doce horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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