Moises Velez Cano y Otros.
Expediente 334/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Moises Velez Cano y Otros.
- David Cruz Celaya y Otros.
- Moises Velez Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.
- Principal
León, Guanajuato, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que los quejosos no recurrieron dentro del plazo legal el auto dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación2 , dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Christian Caballero Hernández, secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el ocho de mayo de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta con dos oficios registrados en el libro de correspondencia bajo los números 7479 y 7445. Conste.León, Guanajuato, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Autoridad designa defensor público. Agréguese el oficio signado por la titular de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en el auto que antecede, pues designa a * para que asuma la defensa del quejoso *. II. Defensor público acepta y protesta el cargo conferido. Agréguese el escrito signado por **, en su carácter de defensor público del referido justiciable, mediante el cual acepta y protesta el cargo que le fue otorgado. Por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, téngasele apersonándose a juicio en su carácter de defensor público federal del referido peticionario, pues acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogado al tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Igualmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del citado profesionista el siguiente: * Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico. Finalmente, comisiónese al actuario adscrito para que notifique al referido defensor la determinación de diecisiete de marzo pasado en que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente al defensor público el presente acuerdo y el previo de diecisiete de marzo pasado.Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Alexandra Peña Becerra, secretaria que da fe. Doy fe. Firmado electrónicamente. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA AL DEFENSOR SALOMÓN ARATH GÓMEZ VERA, EL DIVERSO AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN RESUMEN DICE: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como cuestión inicial resulta necesario precisar que de la lectura integra de la demanda se desprende que consiste en: La omisión de las autoridades responsables de proporcionar atención médica a los quejosos en relación con infecciones y dermatitis. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato" y otra autoridad. Al respecto, se considera que en relación con los actos reclamados, de forma manifiesta e indudable, se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Lo anterior, debido a que los quejosos no agotaron el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se podía revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo ? principio de definitividad?. Previo a desarrollar el estudio correspondiente, se informa que los razonamientos que se expondrán a continuación derivan de la ejecutoria de la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia en cita. En su ejecutoria, la Primera Sala explica que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como al citado artículo 18 y 1º Constitucional, publicada el diez de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Tales modificaciones introdujeron un verdadero control judicial en el sistema penitenciario, pues se delimitó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones, mientras que al Poder Judicial se le confirió la potestad de ejecutar lo juzgado a través de los "jueces de ejecución de sentencias". De esta forma, con el nuevo sistema penitenciario, corresponde a las autoridades judiciales en materia penal y en especial a los jueces de ejecución ?tanto en el ámbito federal como local?, supervisar, conocer y resolver todas las cuestiones de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, las controversias que se produzcan en los centros de reinserción social, así como controlar las decisiones que adopte la administración penitenciaria sobre la ejecución. Lo anterior, para velar que en todo momento se garanticen y efectivicen los derechos humanos. Precisamente, dichas atribuciones contribuyen para lograr los objetivos de las reformas constitucionales de referencia, consistentes en: terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en la ejecución de las sanciones, que el Poder Judicial vigile el cumplimiento estricto de la pena, evitar el rompimiento de la secuencia derivada de la propia sentencia, así como la consolidación de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario nacional ?el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte?. En ese orden de ideas, la Primera Sala consideró que para lograr la consolidación del nuevo sistema, se hizo patente la necesidad de crear una ley única y de aplicación en toda la República, que unificara los procedimientos y criterios correspondientes. Esto, para dotar de certeza y seguridad jurídica en condiciones de igualdad a los justiciables, así como para garantizar un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente. En adición a que la ley debía contribuir: i) al cumplimiento de las medidas dictadas por un juez calificado; ii) a que los centros de reclusión contaran con medios de prevención, seguridad y de adecuado funcionamiento; y iii) a la necesidad de que el Estado respetara y cumpliera los medios de reinserción social en beneficio de las personas privadas de su libertad, evitando que vuelvan a delinquir. Metas que solo se lograrían con una normativa que auxiliara a concretar la figura del juez de ejecución al señalar expresamente las cuestiones que serían competencia exclusiva de la autoridad judicial ?como la imposición de las penas, su modificación, su duración, entre otras?, y que de igual forma delimitara las funciones de las autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y el internamiento preventivo. Entonces, se propuso la creación de una ley que reglamentara los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social, siendo una de sus bases la protección de los derechos humanos de los internos. Así, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente. Por lo que a partir de su vigencia y de acuerdo a su artículo 2, la norma aludida es de observancia general en todo el territorio nacional ?en el fuero federal o local?, respecto de los actos relativos a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias privativas de la libertad, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. Aunado a que el transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estableció que con su entrada en vigor, quedarían abrogadas las normas que regularan la ejecución de las sanciones penales en las entidades federativas y la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Sumado a que los procedimientos que aún se encontraran en trámite, debían sustanciarse conforme a la legislación aplicable a su inicio, pero con la aplicación de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley, de acuerdo con el principio pro persona. En ese contexto, según el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, su objeto es establecer las normas e implementar los mecanismos para resolver las controversias que se susciten, en relación con el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en un marco irrestricto de derechos humanos. De modo que, la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que: "97. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. 98. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad." Posteriormente, en la ejecutoria se desarrolló el tema sobre el mecanismo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se reclaman las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad. En un primer momento, la Primera Sala estableció que de acuerdo a la norma antes citada, deben entenderse como condiciones de internamiento: "[.] cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación [.]". Y señaló que del análisis del marco constitucional y normativo anterior, se advertía que "[.] cuando los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta [.]". Entonces, debido a que corresponde a las autoridades penitenciarias la administración, operación, supervisión de seguridad y funcionamiento de los centros de reclusión; nos encontramos ante un acto u omisión que deriva de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En ese sentido, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé que previo a promover el juicio de amparo, los quejosos están obligados a agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios que permitan modificar, revocar, nulificar o confirmar el acto reclamado; debido a que el juicio constitucional es un medio de control de carácter extraordinario. Asimismo, para que opere el principio de definitividad, el recurso ordinario debe encontrarse previsto en la ley aplicable y la norma no debe exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo ni en un plazo mayor, para el otorgamiento de la suspensión del acto. Además, no existe obligación de agotar el principio en cita, si el acto carece de fundamentación o en caso de que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sin embargo, la Primera Sala consideró que en caso de que un recluso desee inconformarse por las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, éste debe dirigir su reclamo a través del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y agotar los recursos en él establecidos, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En la inteligencia de que el procedimiento previsto por la ley en cita, permite que los internos y otras personas legitimadas, formulen peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual se pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En la ejecutoria se explica que el título cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "Del Procedimiento de Ejecución", capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", regula un mecanismo de control que tiene como objetivo, que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o si se afectaron los derechos de terceras personas; pues en caso de existir, se habrá de subsanar tal afectación. El procedimiento inicia con la presentación de una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria ?no urgente? o ante el juez respectivo ?urgente?, la cual puede ser formulada por la persona privada de su libertad, sus familiares, su defensor, entre otras personas. Asimismo, las peticiones administrativas se tramitan, según la modalidad que elija el promovente y del carácter apremiante de la solicitud, ya que pueden ser no urgentes o urgentes. Las peticiones administrativas no urgentes se formulan por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentre recluida la persona, con la posibilidad de que el solicitante se desista de su petición en cualquier momento. En la petición se puede aportar la información pertinente para atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; además, en caso de que el interno lo solicite, la autoridad administrativa lo debe auxiliar para formular su escrito. La substanciación de las peticiones no urgentes se encuentra prevista en los artículos 111 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procedimiento que fue sintetizado por la Primera Sala de la siguiente manera: Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda. La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento. Ésta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistirse de la acción, siempre que dicho desistimiento no implique la renuncia a un derecho fundamental. Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Por su parte, las peticiones administrativas urgentes, son aquellas de carácter apremiante y deben ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia. En la ejecutoria, se resumió el trámite de estas solicitudes de la siguiente forma: El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que es necesario agotar el mecanismo de control que inicia con la denominada petición administrativa ante la autoridad correspondiente ?según su carácter de no urgente o urgente?. En el entendido de que el referido mecanismo de control ofrece una asistencia continua al interno, permite que la omisión reclamada sea reparada, prevé que se impugne la omisión de atender las solicitudes, le otorga al promovente la facultad de optar por la petición administrativa no urgente o la urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto sea suspendido o cese de inmediato. Pero además porque: "[.] constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos, de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto" Razones por las que la Primera Sala sostuvo que el mecanismo de control previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal "[.] ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente [.]". Máxime que la suspensión ahí establecida no exige mayores requisitos ni un plazo mayor al contenido en la Ley de Amparo. Por lo que agotar dicho procedimiento y los medios de impugnación ahí previstos ?cumplir el principio de definitividad?, le da funcionalidad, ejecución y coherencia a las reformas constitucionales que implementaron el nuevo modelo penitenciario de reinserción social, su judicialización y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través de los jueces penales correspondientes. En esa tesitura, debido a que en el caso, los peticionarios reclaman omisiones relativas a las condiciones de internamiento ?que tiene como consecuencia la falta de atención médica?y no se agotaron el procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal ni sus medios de impugnación; es inconcuso que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo y se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues la propia norma en análisis prevé que inclusive, ante la falta de respuesta de la petición administrativa, los internos pueden acudir directamente al juez de ejecución; procedimiento que en el caso, no se advierte que haya sido agotado. Por último, esta juzgadora no inadvierte que aunque los quejosos reclaman expresamente en su demanda de amparo la negativa de la autoridad penitenciaria de brindarles atención médica, sin embargo, más adelante en el capítulo de antecedentes también relatan que desde hace varios meses han solicitado por medio de peticiones administrativas que les proporcionen atención médica para tratar sus padecimientos; empero, eso no es obstáculo para determinar que la improcedencia de la demanda es notoria y manifiesta, debido que aun ante ese escenario debe agotarse el sistema de impugnación previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal que quedó descrito, ya que de subsistir la inconformidad, o bien, ante la omisión atender la petición (como relatan en sus antecedentes que es el caso) los internos pueden plantear controversia ante el Juez de Ejecución. Más aún, de tratarse de casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo su vida e integridad física, pueden acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Incluso, el propio sistema de impugnación no culmina con tales mecanismos, sino que la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse aún mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Por todo ello, tales manifestaciones a manera de antecedentes, no modifican el estado de cosas en cuanto a que el presente juicio de amparo deviene improcedente de manera notoria y manifiesta y, por tanto, la demanda debe desecharse con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe agregar que la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 57/2018, es aplicable incluso cuando en el juicio de amparo se reclaman cuestiones vinculadas con derechos sustantivos, como es el caso particular, donde se reclama una omisión relacionada con la atención médica. Pues se destaca como hecho notorio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la diversa contradicción de tesis 304/2018, que versaba precisamente sobre ese punto en particular ?determinar si se actualizaba o no, una excepción al principio de definitividad al alegarse una posible violación al derecho a la salud y la reinserción social, consagrados en los artículos 4 y 18 Constitucionales?; de donde se advierte que el motivo por el que se declaró sin materia, fue que ya se había resuelto la contradicción de tesis 57/2018 sintetizada en la presente resolución. Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo.
- Principal
León, Guanajuato, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Tribunal remite testimonios de recurso de revisión. Agréguese los oficios signados por la secretaria de acuerdos adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante los cuales remite los testimonios de las resoluciones de trece de abril de dos mil veintitrés, los que concluyeron con los siguientes puntos resolutivos, Incidente en revisión civil 86/2022: "PRIMERO.- Se confirma la interlocutoria sujeta a estudio. En consecuencia: SEGUNDO.- Se Niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto del acto reclamado al Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, consistente en la resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el exhorto ********************." Incidente en revisión civil 179/2022 "ÚNICO. Se declara sin materia el presente recurso de revisión" Se instruye a la secretaria que da fe del presente acuerdo, para que dentro del día hábil siguiente a su publicación, acuse recibo a la Superioridad vía interconexión. Notifíquese.Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Alexandra Peña Becerra, secretaria que da fe. Doy fe. Firmado electrónicamente. CCA
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