Moises Velazquez Cuevas
Expediente 2532/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2532/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Moises Velazquez Cuevas
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta RAN/YUC/SR/DJ/0056/2022, de la Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la encargada del despacho de esa Delegación, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Mediante el cual informa las gestiones que está realizando con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este juicio; de lo que se advierte que el mismo se encuentra en vías de ejecución. Circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
NOT. ELECT. Mérida, Yucatán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Moisés Velázquez Cuevas, contra los actos que reclama de las autoridades siguientes: Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La expedición del Acuerdo 4/2018, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el once de enero de dos mil diecinueve, por el que se delegan facultades en el Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. De la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad: Los acuerdos SAF 43/2021 y SAF 44/2021, por medio de los cuales desincorpora dos bienes inmuebles de la Secretaría de Administración y Finanzas. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 2532/2021-V-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107 Constitucional. De los citados preceptos se desprende que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar sentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo. Los que deben entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, el juicio de amparo pretendido es improcedente porque no existe un acto que produzca esa afectación personal y directa al promovente; esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de quien acude a esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° fracción I y 5°, ambos de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que si bien el promovente señala como actos reclamados, la expedición del Acuerdo 4/2018 y su aplicación mediante el Acuerdo SAF 43/2021, en el que se declaró la desincorporación del predio urbano marcado con el número de tablaje dieciséis mil novecientos treinta y seis, de la ciudad y Municipio de Mérida, Yucatán, con una superficie de tres hectáreas. Así como el Acuerdo SAF 44/2021, por el que se declaró la desincorporación del predio urbano número doscientos treinta y nueve, de la calle veintiséis, de la colonia Montes de Amé, de la ciudad y Municipio de Mérida, Yucatán, con una superficie de dos mil setecientos metros cuadrados, inscrito al folio electrónico 578668, según se advierte de la publicación de los acuerdos en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. En ese sentido, es de concluirse que los referidos actos no producen una afectación personal y directa al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio en su esfera jurídica de derechos sustantivos públicos, por lo que no puede ser sujeto al análisis en el juicio de amparo intentado. Pues esta vía constitucional se encuentra reservada a aquéllos actos que produzcan una afectación material a los derechos del gobernado, lo que en la especie no acontece, ya que a través de la actuación que se atribuye a las responsables, no se violentan los derechos fundamentales del promovente, ya que si bien aduce que es residente de esta ciudad de Mérida, Yucatán, desde el día treinta de octubre de dos mil veinte, lo cierto es que dichos actos en modo alguno le generan una afectación a sus derechos fundamentales. Se afirma lo anterior, puesto que los actos que reclama, guardan relación con los referidos predios urbanos, el primero marcado con el número de tablaje dieciséis mil novecientos treinta y seis, y el segundo con número doscientos treinta y nueve, de la calle veintiséis, de la colonia Montes de Amé, ambos de la ciudad y Municipio de Mérida, Yucatán, de los cuales el quejoso no es poseedor o propietario, lo que claramente se advierte de las manifestación que el promovente efectuó en su demanda de amparo; de ahí, que no sea dable considerar que se afecta su esfera de derechos, al no haber un impacto personal y directo sobre éstos. Asimismo, este Juzgador no soslaya que el quejoso acude al juicio de amparo, ostentándose con interés legítimo para reclamar los actos que estima violatorios; sin embargo, debe de acreditar la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico reclamado, o bien la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, sostuvo que "el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso", en el entendido de que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, personal, de salud pública o cualquier otra." Posteriormente, el Pleno de la Suprema Corte mantuvo una línea argumentativa similar en la contradicción de tesis 111/2013, en la que señaló que el interés legítimo supone "una legitimación intermedia entre interés jurídico e interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquiera pueda promover la acción", de tal manera que "el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico." En dicho precedente también se explicó que el interés legítimo implica "un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto", aclarando que "esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple" En ese sentido, debe decirse que en el caso, el impetrante de amparo, en modo alguno acredita tal afectación como un interés legítimo, habida cuenta que el hecho de que sea residente en esta ciudad, ello no produce de manera actual, real e inminente un menoscabo que pueda tener en concreto con la emisión de los acuerdos SAF 43/2021 y SAF 44/2021, en el que se declaran la desincorporación de los multicitados predios. De ahí que a fin de tener por demostrado el interés legítimo, en todo caso, debe existir una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad. Esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, lo que en la especie no acontece, habida cuenta que se insiste, el hecho de que sea residente en esta ciudad, no le afecta algún derecho objetivo como tal, la desincorporación de esos bienes inmuebles ni los actos derivados del aludido predio; de ahí que el sólo hecho de desincorporar del dominio público esos predios, en nada le afecta, hasta este momento. Se afirma lo anterior, pues si bien a través del interés legítimo, permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, precisando que dicho interés se actualizará en la mayoría de los casos cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano. Ello, en el caso no acontece, dado que el hecho de que sea residente de esta ciudad, en modo alguno lo ubica en el supuesto de encontrarse en una especial situación frente al ordenamiento para combatir los Acuerdos reclamados, y que sea susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo, motivo por el cual, se advierte que sólo cuenta con un interés simple. Lo anterior rencuentra sustento en la jurisprudencia 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la suprema corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, sirve de apoyo a los anteriores razonamientos, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En estas condiciones, se reitera, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107 Constitucional; procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Moisés Velázquez Cuevas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, en cuanto a su solicitud de que se autorice el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones del presente juicio se realicen vía electrónica por medio del usuario "MvelazquezC79""; al efecto, con fundamento en el artículo 3 de la misma Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 37, 38, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como se solicita, se otorga autorización al referido usuario para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, así como para presentar promociones por esta misma vía, y las notificaciones del presente asunto se realicen por la vía electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, proceda la Secretaria a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMUNICACIONES NO PROCESALES Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por proporcionados el número telefónico y correo electrónico que indica la parte promovente en su escrito de demanda, a efecto de establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario, por esas vías. Sin embargo, en relación a su solicitud para que las notificaciones del presente juicio se le realicen por medio esas vías, no ha lugar a acceder favorablemente a lo solicitado; lo anterior, toda vez que dichos medios electrónicos no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 55, en relación con el 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 21/2021; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 21/2021. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I, del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 21/2021, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 21/2021, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte promovente y cúmplase.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Moisés Enrique Rodriguez Castillo705/2018
- Moises Flores Cob620/2015
- Moises Gerson Chable Torres1492/2023
- Moises Israel Preciado Pech2129/2021
- Moisés Jafet Fuentes Morales538/2021
- Moises Uc Canche69/2019
- Mónica Aleida González Villalobos1690/2021
- Monica Alejandra Fernandez Canto440/2023
- Mónica Alejandra Fernandez Canto2244/2022
- Monica Alejandra Fernandez Canto1862/2023
- Mónica Aurora Melendez Polanco1849/2021
- Mónica Aurora Melendez Polanco2190/2022