Moisés Vázquez Hernández

Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
747/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Moisés Vázquez Hernández
  • MOISÉS VÁZQUEZ HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LOS AUTORIZADOS Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO INTERNO EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN.

  2. Principal

    CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a sus autos el escrito de la parte quejosa MOISÉS VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, mediante el cual en cumplimiento a la prevención formulada en auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, manifiesta que el acto reclamado, es: Todo lo actuado en la audiencia intermedia celebrada el siete de diciembre de dos mil veinte, celebrada dentro de la causa penal 1/2018 y su acumulada 2/2018, instruidas en su contra, que actualmente se ventilan ante el Juzgado de Juicio Oral de la Región Judicial Centro, radicada con el número 14/2021/JO/CENTRO. Escrito del cual se desprende, que la fecha de notificación del acto reclamado, se efectuó dentro de la propia audiencia. DEMANDA IMPROCEDENTE Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" Del numeral transcrito se observa que, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos contra los cuales no se promueva la demanda de garantías dentro del plazo previsto en la ley. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo de manera textual establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales transcritos se advierte la existencia de un plazo genérico de quince días para promover la demanda de garantías y cuatro reglas especiales para su promoción, cuando el acto reclamado se encuentre dentro de alguna de las hipótesis previstas en el primer arábigo. Por su parte, el segundo arábigo indica la forma en que se contará dicho plazo, el cual será desde el siguiente a aquél en que haya: I. Surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. II. Tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. III. Ostentado sabedor de los referidos actos. En el caso, para realizar el cómputo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe atender a la hipótesis precisada con el inciso a), es decir, a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la determinación controvertida, conforme a la ley del acto que se reclame. Como se precisó, el acto reclamado emana de un procedimiento de naturaleza penal regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su artículo 82, fracción I, inciso a), y en su último párrafo, dispone, en lo que interesa, que las notificaciones se practicaran de forma personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos; asimismo, dicho tipo de notificaciones surtirán efectos al día siguiente de su realización. Entonces, conforme a la ley que rige el acto, tratándose de notificaciones personal en la audiencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución controvertida, lo que en la especie ocurre el día hábil siguiente al que se realizó la notificación. En el caso, el promovente refiere que la audiencia intermedia se celebró el siete de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 1/2018 y su acumulada 2/2018, instruidas en su contra, que actualmente se ventilan ante el Juzgado de Juicio Oral de la Región Judicial Centro, radicada con el número 14/2021/JO/CENTRO, resoluciones emitidas en esa audiencia que constituye el acto reclamado. La cual, se notificó al quejoso en esa misma data, esto es, el siete de diciembre de dos mil veinte, por lo que esa determinación surtió efectos el día hábil siguiente que correspondió al ocho de diciembre de ese año. De este modo, el plazo para la presentación de la demanda en contra de dicha resolución comenzó a correr el nueve de diciembre de dos mil veinte y se suspendió el dieciocho siguiente, durante los cuales transcurrieron ocho días, reanudándose el doce de enero de dos mil veintiuno - pues con motivo de la contingencia sanitaria surgida por el brote del virus COVID-19, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal emitió la circular CAP/3/20201 de veinte de diciembre de dos mil veinte, en la que determinó adoptar medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo que, durante dicho periodo, no correrían plazos ni términos-; por tanto, los siete días restantes transcurrieron del doce al veinte de enero de dos mil veintiuno. Lapso en el que no se contabilizan los días doce, trece, diecinueve, veinte de diciembre de dos mil veinte, dieciséis y diecisiete de enero de dos mil veintiuno, al ser inhábiles. Por lo que, la demanda de amparo fue presentada con posterioridad al veinte de enero de dos mil veintiuno, de ahí que su presentación es extemporánea, pues se depositó en el buzón judicial y recibida en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el tres de agosto de dos mil veintiuno. Además, no se actualiza algún supuesto de excepción al plazo de quince días para presentar la demanda. Sin que haya lugar a entrar al estudio de la legalidad de la notificación realizada a la parte quejosa, cuenta habida que esta no fue impugnada en esta vía de amparo, pues este juzgado federal no puede ir más allá de lo pedido por las partes, por lo que al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no se puede estudiar o analizar la legalidad de la notificación de la resolución combatida, por lo que debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas. Tiene aplicación por analogía a lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inserto en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 5/2014 (10a.), publicada en la página 461 del Libro 4, correspondiente al mes de marzo de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." Atento al cómputo antes realizado, se estima procedente desechar de plano la demanda de amparo que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 248/2014 contenido en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), cuyo rubro y texto son el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFICACIONES QUEJOSO Ahora bien, toda vez que la parte quejosa MOISÉS VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, se encuentra interno en el Centro de Penitenciario del Estado de Puebla; por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado notifique personalmente al mencionado quejoso, el presente proveído. Por lo que, se instruye al actuario encargado de practicar la referida notificación personal que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Con independencia de que dicha notificación deberá realizarse a sus autorizados mediante las listas, como lo solicitaron en su escrito de demanda. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y autorizados mediante lista.

  3. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Moisés Vázquez Hernández, contra los actos del Juez de Control de la Región Sur-Oriente en el Estado de Puebla, con sede en el Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 747/2021. PREVENCIÓN Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, específicamente en el capítulo concerniente al acto reclamado, el quejoso refiere: "Se reclama de las autoridades responsables, lo acordado en la audiencia intermedia, celebrada dentro de las causas acumuladas 1/2018 y 2/2018, que actualmente se ventilan ante el Juzgado de Juicio Oral de la Región Judicial Centro, en las que, no obstante de percatarse, de la manifiesta y sistemática incapacidad técnica de las personas que hasta ese momento me patrocinaron, omitieron salvaguardar el derecho fundamental de debida defensa que le corresponde a toda persona imputada o acusada en un procedimiento penal, con el consiguiente menoscabo al debido proceso al que tengo derecho." Así mismo, en el capítulo concerniente a los antecedentes del acto reclamado refirió: ".Es preciso mencionar, que inicialmente, se celebró una audiencia intermedia, concerniente a ambas causas acumuladas, en la que la Juez del Juzgado de Control de la Región Sur Oriente en el Estado, con sede en el Distrito Judicial de Teziutlán, Estado de Puebla, determinó la falta de capacidad técnica de los profesionistas que en ese momento me patrocinaban, por no ser acorde, el ofrecimiento de diversos medios de prueba que se pretendían desahogar en el juicio, lo que ocasionó que se me asignara un defensor público en esa etapa procesal, suspendiéndose ese acto. Con posterioridad a ello, se determinó la acumulación de causas y se ordenó la remisión de las mismas al Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Puebla, autoridad que se declaró competente para conocer de esas causas acumuladas y convalidó lo realizado por su similar de la Región Sur Oriente de esta Entidad Federativa, omitiendo realizar el estudio que la ley le señala, para verificar las razones por las que se habían desechado los medios de prueba que se habían ofertado ante el Juzgado de la Región Sur Oriente, por lo que, se continuó lesionando con ese proceder, el debido proceso que le corresponde a todo acusado, bajo la vertiente de su derecho a una defensa técnica." Lo cual genera incertidumbre respecto a cuál es el acto en específico que por esta vía pretende reclamar y a qué autoridad se lo atribuye, pues por una parte refiere la celebración de la audiencia intermedia celebrada por el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, y por otra la convalidación que realizó de la misma el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, derivada de la incompetencia planteada por el primero de los citados. En tales condiciones, a efecto de acordar lo conducente, respecto de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción IV, en relación con el artículo 108 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente auto, mediante escrito aclaratorio, realice lo siguiente: Precise en específico cuál es el acto que por esta vía reclama y a qué autoridad se lo atribuye. Pues como se precisó en párrafos precedentes únicamente refiere de manera general "lo acordado en la audiencia intermedia celebrada dentro de las causas acumuladas 1/2018 y 2/2018", sin especificar qué parte conducente de la misma le causa perjuicio. Aunado a que en sus antecedentes hace referencia a que dichas causas penales fueron remitidas a diverso juez de control, el cual efectuó una convalidación de actuaciones, sin precisar cuál de ellas le causa una molestia. De ahí que resulte necesario la especificación del acto reclamado y la autoridad a quien se lo atribuye. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que se llevó a cabo cada uno de los actos que por ésta vía reclame y, por ende, cuándo le fue o fueron notificados los mismos. Precise el número con el que fueron radicadas las causas penales 1/2018 y su acumulada 2/2018 ante el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro en Puebla. Bajo protesta de decir verdad, manifieste el estado procesal que actualmente guardan las citadas causas penales. Lo anterior es así, ya que del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierten datos suficientes de los cuales se advierta lo antes requerido. Ello con la finalidad de que este juzgado federal se encuentre en aptitud de proveer lo conducente en relación a su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Se apercibe al quejoso que de no cumplir íntegramente con lo requerido dentro del plazo indicado, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas a los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por contar con registro en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública que los acreditan como licenciado en Derecho. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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