Moises Tapia Martínez
Expediente 1200/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1200/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Moises Tapia Martínez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Cabe señalar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Luis Alberto Romano Barrios, Tesorero del Municipio de Cuautla, Morelos, mediante el cual informa que el veintinueve de agosto del año en curso, realizó la entrega del último cheque expedido a favor de la parte quejosa, tal como lo acredita con las constancias que adjunta a su oficio de cuenta, atendiendo al convenio celebrado entre las partes en el juicio ordinario civil 23/2012-3, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con los oficios y anexos registrados con los número de folio 23155 y 25088, así como con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Árbitro, así como por la Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por formuladas las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el diecisiete del mismo mes y año, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Alfonso Fernández Miravalles solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado. ".La RESOLUCIÓN de fecha 18 de noviembre de 2021, dictado por la Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dentro del Toca Civil 315/2019-16, que deriva de un CUMPLIMIENTO DE AMPARO, promovido con motivo del recurso de queja interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria 12 de marzo de 2019, dentro del incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia, dictada por el juez segundo civil de primera instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos en el expediente 216/07-3.". SEGUNDO. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1685/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; tomando en consideración que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama: - La resolución emitida el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de los autos del expediente 315/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido, se tiene que la autoridad señalada como responsable Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir el informe justificado, por conducto de su presidenta, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, remitiendo en apoyo del mismo, copia certificada de diversas documentales que integran el toca civil 315/2019; a las cuales se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2, además de que hacen prueba plena de los hechos afirmados por la responsable. CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el ordinal 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio del asunto. En consecuencia, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los que se analizarán en conjunto dada la relación que guardan entre sí, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 76 de la Ley de Amparo, los que además, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen; en obvio de innecesarias repeticiones, ya que no existe obligación por parte de este Juzgado a transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número VI.2o. J/129, visible en la página 599, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." Así como en la diversa número 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora bien, y para un mejor conocimiento del asunto, se hace necesario señalar los antecedentes más relevantes que dieron origen al acto reclamado por el peticionario de amparo, entre los que se destacan: Ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, se tramita el juicio especial hipotecario promovido por Francisco Javier Guerrero Zarur, en contra de Alfonso Fernández Miravalles, radicado bajo el número 216/07. En el cual y seguido el procedimiento natural del mismo, el veintiocho de mayo de dos mil ocho, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó al pago de las diversas prestaciones que le fueron reclamadas. Así las cosas y en vía de ejecución de sentencia, la parte demandada, aquí quejosa, solicitó la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio 216/07; incidencia que fue resuelta por el juez de origen el doce de marzo de dos mil diecinueve, en los siguientes términos: "Primero.- Este Juzgado Segundo Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente asunto y la vía es procedente en términos de lo expuesto en el considerando (I romano) de la presente resolución. Segundo.- Se declara improcedente el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva promovido por Alfonso Fernández Miravalles, parte demandada derivado de los autos del expediente número 216/2007 relativo al juicio especial hipotecario promovido por Francisco Javier Guerrero Zarur, ahora su sucesión testamentaria en contra de Alfonso Fernández Miravalles." Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada, interpuso el recurso de queja correspondiente, mismo que le tocó conocer a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el número de toca 315/19, dictando la resolución respectiva el veintiuno de junio del año en curso. Inconforme con dicha resolución, Alfonso Fernández Miravalles promovió juicio de amparo, mismo que correspondió conocer a este Juzgado bajo el número de expediente 949/2019, y por resolución de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, otorgó la protección constitucional solicitada. En cumplimiento a dicha sentencia, el veinticinco de febrero de dos mil veinte, la Sala responsable dictó una nueva resolución, en la cual declaró infundado el recurso de queja interpuesto y por ende confirmó la resolución de primera instancia. Inconforme con dicha resolución, Alfonso Fernández Miravalles promovió juicio de amparo, mismo que correspondió conocer a este Juzgado bajo el número de expediente 513/2020, y por resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, otorgó la protección constitucional solicitada. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la Sala responsable emitió una nueva resolución en el toca civil 315/2019-16, en el cual nuevamente declaró infundado el recurso de queja promovido, y por tanto, confirmó la interlocutoria de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva del juicio especial hipotecario 216/2007. Determinación que corresponde al acto reclamado en la presente instancia constitucional. En ese contexto, como esencia de sus conceptos de violación, sostiene el quejoso que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que la sentencia carece de los principios de legalidad, exhaustividad, congruencia y claridad. Lo anterior, en razón de que como lo hizo valer desde su escrito de agravios del medio de impugnación de origen, interpuesto contra la interlocutoria de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente de origen 216/2007, en el sentido de que conforme al artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, se establece un plazo específico para la prescripción de la ejecución de sentencia, y que no puede aplicar el plazo genérico de diez años, como plazo que opere la prescripción negativa, relativa del artículo 1244 del Código Civil para el Estado de Morelos. En relación a lo anterior, refiere el quejoso en su concepto de violación vinculado con lo que estableció también sus agravios referidos, desde que se dictó sentencia de once de marzo de dos mil once, en el toca civil 1926/2010-6, hasta la fecha de presentación del incidente de prescripción de la sentencia, había transcurrido un plazo mayor de cinco años, porque la base de la pretensión lo fue el artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. El motivo de disenso en estudio resulta fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, a luz del siguiente orden de consideraciones. En principio, cabe precisar que es suficiente que el quejoso afirme que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación para que el juez de Distrito realice el análisis correspondiente y determine si efectivamente existen tales infracciones. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región en la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 7 K (9a.), publicada en la página 3769, Libro III, Tomo 5, correspondiente al mes de diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, con número de registro 160559, cuya sinopsis reza: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE AFIRMA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE TALES REQUISITOS, ES SUFICIENTE QUE ASÍ SE INVOQUE EN LA DEMANDA PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DETERMINE SI EFECTIVAMENTE SE COMETIÓ ESA INFRACCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 68/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", determinó que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que aparezcan en la demanda, siempre que expresen con claridad la causa de pedir, es decir, que sean argumentos que precisen cuál es la lesión o agravio que causa al quejoso el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio para que el Juez de amparo lo estudie. Así, al aplicar dicho criterio al amparo indirecto en el que el quejoso señala con nitidez que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, se concluye que el Juez de Distrito, en acatamiento al artículo 77 de la Ley de Amparo, debe analizar si la autoridad responsable cumplió con la garantía de legalidad, bajo la cual estaba obligada a fundar y motivar su acto, es decir, cuando se afirma que el acto impugnado carece de tales requisitos, es suficiente que así se invoque en la demanda de garantías para que el juzgador federal determine si efectivamente se cometió esa infracción, sin que para ello deba exigirse al peticionario de garantías que exponga las razones por las que la autoridad responsable no cumplió con la citada garantía, ya que ello constituye una carga excesiva que no encuentra sustento legal alguno y que, por el contrario, llevaría materialmente a una denegación de justicia al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción en contravención al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Como se adelantó, el motivo de disenso en estudio resulta fundado; para así considerarlo, resulta pertinente transcribir, en lo conducente, el artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." En el precepto constitucional antes citado, se denota implícito el principio de legalidad; es decir, que todo acto de autoridad que cause molestia al gobernado, deberá, por mandato constitucional, revestir los elementos enmarcados por el ordinal en comento, a saber: 1. El acto se efectúe por escrito. 2. Provenga de una autoridad competente, un ente y persona jurídicamente facultados para ordenar el acto de molestia, facultades que pueden ser legales o constitucionales. 3. Dicha determinación se encuentre debidamente fundada y motivada. Así, se entiende por fundamentación, la precisión del precepto legal o disposición normativa aplicable al caso a que se contrae el acto, es pues, el fundamento con que cuenta la autoridad no sólo para emitir el auto, sino que también prevé la situación de hecho o supuesto en que se encuentra el gobernado para ser objeto de la aplicación de determinada norma jurídica. En tanto que, la motivación es relativa al establecimiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por otra parte, dichos motivos invocados deben ser reales y ciertos; además, conforme a los preceptos citados, resultar acordes para justificar la expedición o emisión del acto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de Nuestro Alto Tribunal del país, localizable en la página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, que a continuación se inserta: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En conclusión, todo acto de autoridad debe contener, además de la formalidad y competencia aludidas, las razones especiales del caso concreto que lo llevaron a tomar la determinación reclamada, señalando además el fundamento jurídico aplicable al particular que sustente su proceder, existiendo adecuación entre aquéllos motivos aducidos para la emisión del acto y el soporte normativo invocado en la especie y, en su caso, el soporte documental respectivo. Asimismo, los tribunales de la federación han sostenido que se debe distinguir entre la falta y la indebida fundamentación y motivación. De esta manera, por lo primero (falta de fundamentación y motivación), se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la segunda hipótesis (indebida fundamentación y motivación) se actualiza cuando en la resolución o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a este. Las anteriores consideraciones están contenidas en la jurisprudencia I.6o.C.J/52, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2127, Tomo XXV, enero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, la cual dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste.". Además, existe la obligación en el sentido de que las autoridades deben atender a la integridad de lo solicitado por el gobernado. Tal exigencia supone, entre otros requisitos, la congruencia y exhaustividad que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente. Cabe precisar que la congruencia externa consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto en un juicio, recurso o en la respuesta dada por la autoridad, con la litis planteada por las partes o lo peticionado por el interesado, en la demanda o escrito respectivos y en el acto, resolución o respuesta objeto de impugnación, sin omitir cuestiones planteadas o introducir aspectos ajenos a la controversia. Por su parte, la exhaustividad impone a los juzgadores el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo en sus pretensiones. Si se trata de un medio impugnativo es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación. De tal manera que si una autoridad al proporcionar respuesta a la petición que le fue formulada, introduce elementos ajenos, resuelve cuestiones no aducidas o propuestas o deja de resolver sobre lo planteado, o bien, decide algo distinto a lo que en realidad se le solicitó, incurre en el vicio de incongruencia y transgrede el principio de exhaustividad, por lo cual dicho acto (respuesta de la autoridad) resultaría contrario a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Constitución General de la República. En ese orden de ideas, se estima que la determinación reclamada presenta el vicio de incongruencia y transgrede el principio de exhaustividad; en consecuencia, no cumple con los postulados señalados en el artículo 16, párrafo primero, así como en el diverso 17, ambos de la Carta Magna, tal como quedará evidenciado a continuación. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario precisar que la autoridad responsable en la resolución reclamada determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "[...] mediante auto de trece de mayo de dos mil once, la A quo ordenó a la parte demandada incidental diera cumplimiento voluntario dentro del plazo de cinco días a la Interlocutoria dictada en el Incidente de Ejecución Forzosa del Sexto punto resolutivo de la sentencia definitiva dictada en el juicio principal, con el apercibimiento que de no hacerlo así, la Juzgadora Primera firmaría en su rebeldía la Escritura de Adjudicación del bien inmueble embargado al demandado. Sobre el particular, resulta pertinente mencionar que el demandado incidentista fue notificado del auto antes mencionado, el diecisiete de mayo de dos mil once, por conducto de JUAN CARLOS RUBÍ ESTRADA, persona autorizada por éste, visible a foja (110) vuelta del Incidente de Ejecución Forzosa del Sexto punto resolutivo de la Sentencia definitiva dictada en el Juicio principal. Bajo esa línea de pensamiento, el demandado en lo principal ALFONSO FERNÁNDEZ MIRAVALLES, promovió el ocho de febrero de dos mil diecinueve, el incidente de Prescripción de la Sentencia definitiva dictada en el Juicio que nos ocupa, el cual se admitió a trámite en auto del once de febrero de dos mil diecinueve, ordenándose dar vista y emplazar a la parte demandada incidentista FRANCISCO JAVIER GUERRERO ZARUR (hoy su Sucesión), cuya Albacea CARIME ZARUR MENEZ, dio contestación a la citada incidencia, por lo que, mediante auto del once de marzo de la anualidad de referencia, se proveyó respecto de su escrito de contestación a dicha incidencia, y se ordenó turnar para resolver, lo que así ocurrió a través de la Resolución Interlocutoria del doce de marzo de dos mil diecinueve, en la cual la A quo resolvió improcedente de prescripción de la Ejecución de la Sentencia Definitiva dictada en el Juicio Especial Hipotecario. En el indicado panorama teniendo con claridad la secuencia de los actos procesales realizados en el Juicio que nos ocupa, y atendiendo los motivos de disenso del Quejoso, se advierte que son totalmente infundados, en razón de lo resuelto interlocutoriamente por la Aquo el doce de marzo de dos mil diecinueve, en el Incidente de prescripción de la Ejecución de la Sentencia definitiva dictada en el Juicio Especial Hipotecario, es correcto, por las siguientes razones: En el caso resulta pertinente mencionar que el tema gravita en torno a la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, la forma en que opera el plazo de diez años previsto en el artículo 1244 del Código Civil del Estado y la necesidad de que exista o no, en la etapa de ejecución, un impulso procesal a cargo del ejecutante para interrumpir el plazo de la prescripción, esto, pues tal institución tiene como finalidad satisfacer el derecho humano de seguridad jurídica que tienen las partes que intervinieron en el juicio, tanto del actor para que esté en aptitud de conocer hasta qué momento puede hacer valer el derecho adquirido con el dictado de la sentencia Definitiva, como del demandado que debe saber hasta cuándo está sujeto a las obligaciones derivadas de lo sentenciado. Bajo esa tesitura, cabe señalar que la prescripción en términos de lo dispone el artículo 1223 del Código Civil del Estado, establece que la Prescripción es un medio de adquirir bienes o derechos, o de perder estos últimos, así como de liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la Ley. De lo antes señalado se colige, que el único derecho adjetivo susceptible de prescribir es el de acción, pues si bien otros derechos procesales distintos pueden extinguirse por su no ejercicio oportuno, ello ocurre por la actualización de otra institución conocida como la preclusión. Es en esa parte que radica una de las diferencias fundamentales entre la prescripción y la preclusión, pues mientras la primera se refiere a la extinción o pérdida de la "acción ", entendida ésta como la facultad que corresponde a todo ciudadano de obtener intervención del Estado para hacer efectivas las relaciones jurídicas concretas, la segunda encuentra su fundamento en los principios de economía procesal y de seguridad jurídica y opera, únicamente, respecto de los derechos de carácter procesal que la Ley concede a las partes dentro de las diferentes fases procedimentales. En efecto, la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso Civil, el cual está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, con el impedimento de regresar a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; esto es, en virtud de principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejercerse nuevamente, de manera que tal institución tiende a regular el desarrollo de la relación procesal, le otorga precisión y firmeza para hacer posible la declaración definitiva de los derechos y para garantizar su exacto cumplimiento, pues se parte del supuesto de que el desarrollo del proceso debe estar sometido a un orden, lo que supone, a su vez, que el mismo esté dividido en etapas previamente definidas y si las partes no cumplen con la carga de hacer valer su derecho dentro del plazo que para tal efecto dispone la ley adjetiva, pierden la oportunidad para ejercerlo posteriormente, o bien, cuando las partes llevan a cabo una actividad que sea incompatible con el ejercicio de otra, o bien, cuando esa facultad se ha ejercicio previamente, supuestos en los cuales ya no existe la posibilidad de hacer valer el derecho al existir cosa juzgada, de manera que el concepto de preclusión está íntimamente ligado con los aspectos temporales del proceso. De acuerdo con todo lo anterior, es pertinente mencionar que el plazo de prescripción, mismo que empieza a contar a partir del día en que haya vencido el término judicial para el cumplimiento voluntario, de la manera que la Ley dejó al vencedor en libertad para elegir el momento, para ejercitar a través de la ejecución de la sentencia, sea que su contenido sea líquido o ilíquido. En relación con ese tópico, en el caso el cómputo del plazo prescriptivo (artículo 714 del Código Procesal Civil del Estado) de la Sentencia definitiva dictada en el Juicio principal data del veintiocho de mayo de dos mil ocho, modificada en el Toca Civil 1404/2008-15-11, causando Ejecutoria por Ministerio de Ley, en términos de los resolución emitida el seis de noviembre de dos mil nueve, por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito negó al impetrante ALFONSO FERNÁNDEZ MIRAVALLES el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, inicio en términos de que prescribe el imperativo legal 714 de la Ley Instrumental Civil, en primer momento a partir del día en que venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado, esto es, a partir de la obligación se encuentra en ejecución, en el caso concreto seguida la secuela procesal el diez de noviembre de dos mil diez, en EJECUCIÓN FORZOSA DEL SEXTO PUNTO RESOLUTIVO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA CON DATA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL OCHO DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, se aprobó el Remate en Primera Almoneda respecto el bien inmueble. .en la interlocutoria impugnada no se encuentra limitada al plazo de una década que prescribe el artículo 1244 del Código Civil de esta Entidad Federativa, pues dicho lapso corresponde al que se otorga al beneficiario de la condena para ejercer los derechos contenidos en la sentencia definitiva. A partir de esa proposición como se advierte de autos la Juzgadora primaria consideró que, en el caso justiciable, no se actualizó la prescripción del derecho del actor para ejecutar lo sentenciado, en virtud de que éste fue ejercido antes de que concluyera el plazo de diez años, como se corrobora con la instrumental de actuaciones consistente en el Incidente de Ejecución Forzosa del Sexto Punto Resolutivo de la Sentencia Definitiva del veintiocho de mayo de dos mil ocho, específicamente la Interlocutoria dictada el diez de noviembre de dos mil diez, misma que fue confirmada en el Toca Civil 1926/10-6, en Sentencia emitida el once de marzo de dos mil once, por los entonces Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, medios de prueba que se les concede plena eficacia probatoria en términos de lo que establece el ordinal 490 del Código Procesal del Estado.". De lo expuesto, se tiene que es evidente que la respuesta emitida por la autoridad responsable transgrede los principios de congruencia y exhaustividad, puesto que omitió precisar la razones y fundamentos, así como la respuesta completa a los agravios hechos valer en contra de la determinación del A quo de doce de marzo de dos mil diecinueve, y se limitó a resolver en el sentido de la inoperancia de la prescripción, particularmente las razones por las cuales consideró que el plazo previsto en el artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos no es aplicable para la ejecución de las sentencias definitivas; circunstancia que se corrobora con base en la transcripción del acto reclamado. Además, con dicho proceder por parte de la responsable, se estima que ésta no abordó el estudio íntegro de los argumentos expresados por el ahora quejoso en su escrito de expresión de agravios relativo al recurso de queja en contra de la resolución interlocutoria de doce de marzo de dos mil diecinueve, dentro del expediente de origen 216/2007, índice de la Juzgadora primaria No obstante todo lo anterior, en la resolución reclamada, y como se precisó no se refirió al tema toral planteado en sus agravios por el hoy quejoso en el recurso de queja de mérito, sobre las razones y fundamento de la prescripción de la ejecución de la sentencia hecha valer en autos del natural y que confirma la determinación del Aquo; de lo que resulta evidente que el acto reclamado transgrede los principios de congruencia y exhaustividad, pues en su emisión la autoridad responsable dejó de resolver sobre lo planteado. Cabe mencionar que tales deficiencias, a pesar de ser advertidas por el juzgador constitucional, no pueden ser subsanadas en el juicio de amparo, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive de manera debida su determinación. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia IX.2o. J/14, del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 59, Número 82, octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, de texto y rubro siguientes: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCION NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACION DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El juez de Distrito y, en general, la autoridad de amparo, no puede subsanar las deficiencias de motivación y fundamento legales de que adolezca el acto emitido por una autoridad, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive debidamente su resolución; por tanto, para considerar que es constitucional el acto reclamado, no basta que existan las circunstancias específicas y las razones particulares o causas inmediatas que se puedan tener en consideración para la emisión de dicho acto de autoridad y que estén vigentes las disposiciones legales aplicables a ellas ya que, para ese efecto, es necesario, además, que tales datos se mencionen con toda precisión en el documento mismo que contiene el acto de autoridad y no en otro diverso, mucho menos, en la resolución dictada en el juicio de amparo cuyo análisis debe referirse, específicamente, a la satisfacción de esos requisitos. Consecuentemente, no es correcto que al resolver el juicio de garantías, la autoridad de amparo, motu proprio, exprese las consideraciones de motivación y fundamento que no se contienen en el acto reclamado, para concluir, con base en ellas, que dicho acto de autoridad está apegado a las normas que lo rigen, pues, con ese proceder, aparte de agravar la situación jurídica del quejoso, suple la deficiencia legal de ese acto, el cual, lejos de ser corregido por la potestad de amparo, debe ser anulado por ésta mediante sentencia que conceda la protección constitucional.". En las condiciones apuntadas, la determinación que constituye el acto reclamado es violatoria de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución federal; en consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección a la parte quejosa. SEXTO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en virtud de los razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Alfonso Fernández Miravalles, la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca civil 315/2019-16. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución, pero de manera fundada y motivada, en la que atienda a los principios de congruencia y exhaustividad, subsanando las deficiencias formales que fueron analizadas y destacadas en el presente fallo; esto es, deberá exponer las razones por las cuales considera que el plazo del artículo 714 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, en su caso no resulta aplicable en el tema de la ejecución de las sentencias definitivas. Asimismo, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede emitirla nuevamente en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de incongruencia que la afecta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 77, 117 y 119 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la parte quejosa Alfonso Fernández Miravalles, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por los motivos, fundamentos y para los efectos invocados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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