MOISES SANTIAGO BALTAZAR y Otros.
Expediente 1222/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1222/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MOISES SANTIAGO BALTAZAR y Otros.
- Moises Santiago Baltazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 108 a 111), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Sin que obste para arribar a lo anterior la falta de constancia que acredite que las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca y Encargado del Módulo Preventivo de la Policía Municipal del mencionado Distrito Judicial, hayan quedado notificadas del auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, las responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión cuando afecten directamente el acto que de ellas se hubiera reclamado, y en el caso, esto no ocurre, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el cual envía diversos acuses de recibo, relativos al juicio de amparo 720/2017 de su índice, el cual fue remitido a este Juzgado por razón de competencia.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Incorpórese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la constancia de notificación del auto de formal prisión dictado el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en la causa penal 42/2015 de su índice, contra MOISÉS SANTIAGO BALTAZAR, como probable responsable en la comisión del delito culposo de tránsito de vehículo cometido en perjuicio de Constantino Galdino Sánchez. Ahora, de autos aparece que: La parte quejosa ... reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, el auto de formal prisión dictado en su contra el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, así como su ejecución material a las responsables ejecutoras. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, convino en la existencia del acto reclamado (foja 18), pues indicó que efectivamente el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dictó auto de formal prisión contra la parte peticionaria del amparo, en la referida causa penal (fojas 160 a 172 del cuaderno de pruebas). Ahora bien, de la constancia de notificación del auto de formal prisión dictado en contra del impretante del amparo que remite la autoridad responsable, se advierte en lo que aquí interesa, que la resolución de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal 42/2015, que en esta instancia constituye el acto reclamado, le fue notificada al ahí procesado, quien se encontraba asistido de su defensora particular, el cinco de abril de dos mil dieciséis (foja 101). Precisado lo anterior, en el caso se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución dictada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en la causa penal 42/2015 de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por la que se le dictó auto de formal prisión al aquí quejoso Moisés Santiago Baltazar; por tanto, es evidente que la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que si bien es cierto que la determinación que resuelve sobre su situación jurídica del impetrante, es un acto cuyos efectos procesales implican afectación a la libertad del quejoso; también es verdad que ésta fue dictada dentro de un procedimiento penal, por tanto se encuentra constreñida, para su impugnación a través del juicio de amparo indirecto, al plazo general de quince días. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del análisis del citado numeral se aprecia, en lo que interesa, que el término para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente a: a) aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o b) aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución, o c) aquél en que el afectado se ostente sabedor de los mismos. Los supuestos mencionados, se excluyen entre sí y no guardan orden de prelación alguno, de donde se colige la intención del legislador de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos, debiendo para ello considerar como base la posición del quejoso respecto del acto que reclame. En este tenor, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso, presentó su demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotec, el diecisiete de julio de dos mil diecisiete. En tales condiciones, es evidente que el quejoso estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día siguiente al en que se hubiera hecho la notificación, esto es, desde el seis de abril de dos mil dieciséis, conforme al artículo 159 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, que establece que los términos se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación, lo que implica que surten efectos en la propia fecha en se realizó la notificación de que se trate. Por tanto, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del seis al veintiséis de abril de dos mil dieciséis, sin contar el nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro, del mes y año citados, por ser días inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo indirecto se presentó el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, siendo turnada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado el dieciocho siguiente (fojas 1 a 14 del juicio de amparo), quien remitió por incompetencia a este Juzgado Primero de Distrito, resulta patente que ello se hizo cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba el quejoso para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; de ahí que deba entenderse tácitamente consentido el acto reclamado, por no presentarse la demanda de amparo indirecto dentro del plazo legal de quince días, actualizándose así la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, del citado ordenamiento legal. Resulta aplicable al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. Por tanto, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 73). Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 172/2017 (auxiliar 727/2017), que resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia que sobreseyó en el juicio; acúsese el recibo correspondiente. Glósese el cuaderno de antecedentes. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal de alzada confirmó la resolución que sobreseyó en el juicio. Por lo anterior, con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, comuníquese a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- MOISES ROJAS HERNÁNDEZ y Otros.656/2017
- Moises Rojas Hernández y Otros.460/2016
- Moisés Rojas Hernández y Otros.1213/2016
- MOISES ROJAS ZAMORA y Otros.347/2021
- MOISES SANCHEZ MALDONADO y Otros.152/2021
- Moisés Santiago Baltazar868/2015
- MOISES SANTIAGO LOPEZ y Otros.159/2021
- MOISÉS TORRES AGUILAR y Otros.193/2020
- Moises Torres Baldovinos814/2015
- MOISÉS VILLANUEVA LÓPEZ y Otros.690/2019
- MONDRY MARIDZA GUAMBAÑA CONCE y Otros.1305/2021
- Mónica Aracely Rey Rojas1589/2013