Moises Salazar Espino

Expediente 1703/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1703/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Moises Salazar Espino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Declaración de estado Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días al que se refiere el artículo 86 Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Fundamento: Artículos 81, fracción I inciso d), 86 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el oficio de cuenta enviado por la Delegada del Centro Nacional de Control de Energía; por medio del cual formula manifestaciones en vía de alegatos, respecto de diversas causales de sobreseimiento en el presente asunto; agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. Archivo del asunto Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado; por ende, archívese el asunto como concluido. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Para tales efectos, los cuadernos incidentales derivados del presente juicio obrarán por separado, para su mejor manejo y custodia. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. Es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de destrucción, en virtud de que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. Fundamento: Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción. Fundamento: artículo 18, inciso c), del acuerdo general antes citado. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión del presente acuerdo. Fundamento: Artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general. Devolución de documentos En virtud de que la parte quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, para lo cual, quien acuda deberá exhibir su identificación oficial y copia simple de ésta, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Con motivo de lo anterior, y a efecto de cumplimentar las bases establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 21/2020, que se encuentren en el supuesto de que, el juzgado federal requiera la presencia de una de las partes para el desahogo de un requerimiento, se estará a lo siguiente: "Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. f) La o el titular deberá determinar los casos en que los citatorios a una de las partes deban notificarse a las otras partes, para que, si así lo desean, puedan presenciar dicha comparecencia a través de videoconferencia". Al respecto, dígase a los quejosos, que se pone a su disposición como medio de contacto las direcciones de correo electrónico siguientes: armando.gonzalez@correo.cjf.gob.mx y mario.perez.islas@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono 51338100, ext. 1006 y 1025, a efecto de que se comuniquen a este juzgado de distrito y soliciten el día y hora en que desean comparecer en las instalaciones de este juzgado a ratificar los escritos de cuenta dentro del plazo señalado, informándoles que dicho horario es el comprendido de lunes a viernes de ocho de la mañana a una de la tarde. Atento a lo anterior, una vez agendada dicha cita se generará un Código QR para permitirles el acceso a las instalaciones de este juzgado, mismo que estará disponible en el módulo de vigilancia y se dará aviso a la administración del mismo con la fecha y horarios de su cita, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: mario.perez.islas@correo.cjf.gob.mx. y/o armando.gonzalez@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese y por lista a la parte quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestará si era su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto de la promulgación del decreto combatido y la aplicación de las Modificaciones del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, aprobadas mediante Acuerdo número CA-018/2019-27, emitido por el Consejo de Administración en su vigésimo séptima sesión extraordinaria de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, sin que a la fecha haya realizado pronunciamiento alguno; por tanto, se hace efectivo el percibimiento decretado en el auto antes mencionado. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente, conviene imponerse del contenido de los 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción II y 108, fracciones III y IV, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Dichos artículos, en lo que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (. . .) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (. . .)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (. . .) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (...)" En el primero de los artículos, se advierte las causales de improcedencia. El segundo de los dispositivos en consulta prevé las partes en el juicio de amparo, entre ellas, la autoridad responsable. Por otro lado, el tercer precepto establece como requisito de la demanda de amparo cuando se impugnan normas generales, la obligación del quejoso de señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. Atento lo anterior, se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente contra la totalidad del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, porque la parte quejosa no señaló como acto reclamado la promulgación de dicho decreto ni señaló como autoridad responsable al Presidente de la República. Conforme a las facultades que tiene este juzgado en tanto rector en el procedimiento constitucional, se requirió expresamente a la parte quejosa en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno para que manifestara si a su interés convenía señalar como autoridad responsable al Presidente de la República, sin que hiciera manifestación alguna al respecto pese a encontrarse oportunamente notificado para tal efecto, como se observa a foja 476 (reverso), por lo que en los párrafos precedentes se le hizo efectivo el apercibimiento y, en consecuencia, no se encuentra debidamente integrada la litis. Ahora bien, si bien no se desprende que tanto la aprobación como la promulgación del decreto impugnado fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó, no obstante no haber sido llamada a juicio. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación, por lo que era necesario que la parte quejosa lo señalara como acto reclamado y como autoridad responsable al Presidente de la República. Son aplicables los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." Por lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II y 108, fracciones III y IV, todos de la Ley de Amparo, al no encontrarse debidamente integrada a litis en el presente asunto, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior es así, ya que a ningún fin práctico tiene el obligar al Juez de Distrito a esperar a que se celebre la audiencia constitucional en este asunto, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de sobreseimiento subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, y lo único que originaría es retardar la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es aplicable al caso, la tesis publicada en la página 345 del Informe de 1932, relativo a la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. Ningún objeto tiene que se siga tramitando el juicio de amparo cuando de una manera clara y manifiesta aparece un motivo de improcedencia que no se tuvo a la vista cuando se admitió la demanda, debiendo, en consecuencia, sobreseerse, sin que sea necesario ir a la audiencia constitucional, pues así lo dispone la fracción III del artículo 44 de la Ley de Amparo. La tramitación del juicio en estos casos, ocasiona perjuicios, no sólo a las partes, sino a la administración de justicia." En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto para celebrarse a las trece horas con cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: mario.perez.islas@correo.cjf.gob.mx y/o armando.gonzalez@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la promulgación del decreto combatido y la aplicación de las Modificaciones del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, aprobadas mediante Acuerdo número CA-018/2019-27, emitido por el Consejo de Administración en su vigésimo séptima sesión extraordinaria de fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, a fin de dar margen a que transcurra el plazo antes concedido y no violar las reglas del procedimiento en el presente asunto, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, este resolutor considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado dicha audiencia, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: mario.perez.islas@correo.cjf.gob.mx. y/o armando.gonzalez@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado en representación del Presidente de la República, por medio del cual manifiesta que no es procedente seguir el trámite del presente asunto mediante el juicio en línea, toda vez que solo cuenta con la e.firma para el envió de promociones, sin que ello implique que pueda recibir las notificaciones vía electrónica; agréguese a los autos y se toma conocimiento de dicha circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: armando.gonzalez@correo.cjf.gob.mx y/o mario.perez.islas@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.

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