Moisés Sacal Galante

Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
12/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Moisés Sacal Galante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se ordenó acordar lo relativo. Al efecto, se acuerda. ARCHIVO De conformidad con el artículo 20 fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del cuaderno incidental. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente se negó la suspensión definitiva, se determina que el mismo es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la fracción III, del artículo 20 del citado acuerdo, y, a lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciar en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal de los cuadernos incidentales se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. F. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de veinticinco de agosto dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los párrafos penúltimo y final, del numeral 20 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Provéase lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las diez horas con veinte minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitréshora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 12/2022-IX, promovido por ******************** por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas ********************se levanta la presente acta ante la presencia de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario de juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes o de quien legalmente las represente. La Secretaria Encargada del Despacho declara abierta la audiencia y se da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las cuales destacan las siguientes: # CONSTANCIAS 1 Escrito de la demanda de amparo 2 Auto admisorio de catorce de enero de dos mil veintidós 3 Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito 4 Emplazamiento de las autoridades responsables 5 Informes justificados de las autoridades responsables 6 Acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós por el que se le dio vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo 7 Proveído de veinte de abril siguiente por el que se tuvo por ampliada la demanda de amparo 8 Informes justificados respecto de la ampliación de la demanda 9 Audiencia constitucional de ocho de junio de dos mil veintidós, terminada de engrosar el veintinueve de esa misma mensualidad 10 Acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa 11 Resolución de sesión de nueve de junio de dos mil veintitrés dentro del amparo en revisión 396/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, por el que revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento. 12 Acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés por lo que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se regularizó el procedimiento, se tuvieron por recibidos los informes justificados y se volvió a dar vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo. Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe, de la misma manera, que el término de quince días otorgado a la parte quejosa el proveído de quince de julio del año en curso, para que ampliara su demanda de amparo transcurrió del diecisiete de ese mismo mes al cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad responsable Sentido Auto Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas con residencia en esta ciudad Niega 10/02/2022 Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad Niega (se desvirtúa) 10/02/2022 La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo, y respecto de la omisión de la parte quejosa de ampliar su demanda de amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de julio del año en curso, y no se tiene por ampliada la demanda de amparo, por lo que el presente asunto se analizará de acuerdo a los actos reclamados precisados en la demanda de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que la autoridad responsable ofreció el siguiente medio de convicción: Parte Pruebas Auto Parte quejosa Diversas constancias relacionadas con el acto reclamado 14/01/2022, 18/02/2022, 22/02/2022, 25/02/2022 Y 03/03/2022. Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad Copias certificadas de diversas constancias derivadas del cuadernillo administrativo PF/SLAJ/1252/2021 10/02/2022 La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza jurídica. Sin más pruebas que desahogar, se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; razón por la cual, se cierra esta fase. Por último, el secretario de juzgado certifica que no existen diligencias, promociones o medios de prueba pendientes de proveer o desahogar; en consecuencia, se procede a emitir la sentencia constitucional. Sentencia Constitucional VISTOS, para resolver el juicio de amparo 12/2022-IX, promovido por ******************** por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Moisés Sacal Galante. R E S U L T A N D O: Primero. De la demanda. ******************** por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas ********************mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto que en seguida se precisan. Segundo. Admisión y trámite. Por cuestión de turno tocó conocer del asunto a este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se registró la demanda de amparo con el número 12/2022-V, y previo al cumplimiento de la prevención mediante auto de catorce de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se requirió a las responsables su informe justificado; y se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Ampliación. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda de aparo, respecto de nuevos conceptos de violación y se requirió el informe justificado de las autoridades responsables; asimismo, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, se verificó el de ocho de junio de dos mil veintidós, terminada de engrosar el veintinueve de esa misma mensualidad, en el que sobreseyó en el juicio de amparo. Cuarto. Revisión. Inconforme con la sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que por resolución de sesión de nueve de junio de dos mil veintitrés dentro del amparo en revisión 396/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula Puebla, revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento. Quinto. Reposición del procedimiento. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en acuerdo de diez de julio del año en curso, se regularizó el procedimiento, se tuvieron por recibidos los informes justificados y se volvió a dar vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Sexto. No se tuvo por ampliada la demanda. Al no dar cumplimiento a la prevención antes señalada, en la audiencia que antecede se hizo efectivo el apercibimiento decretado y no se tuvo por ampliada la demanda de amparo, verificándose la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; con relación al 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que la ejecución del acto reclamado tendría lugar en el territorio en el cual tiene jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis aislada cuyo rubro y epígrafe señalan: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama: Del 1. Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas con residencia en esta ciudad. La omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas por la parte quejosa mediante escritos recibidos el veinticuatro de septiembre y siete de octubre de dos mil veintiuno, en los que se le propuso un convenio judicial respecto al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada de treinta de enero de dos mil diecisiete y de la resolución interlocutoria de liquidación de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas en autos del expediente 116/2014, del índice del Juzgado tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla. Del 2. Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: El oficio número SH/PF/0601/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por el que dio respuesta a dichas peticiones. Tercero. Certeza o inexistencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En consecuencia, según constancia de autos, se advierte lo siguiente: Son ciertos los actos reclamados al 1. Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, y 2. Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, ambos con residencia en esta ciudad, aun cuando al rendir su respectivo informe justificado lo hayan negado, pues de sus manifestaciones se evidencia la certeza del mismo. Es aplicable en ese sentido, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 391 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, que dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad responsable 2. Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en apoyo a su respectivo informe justificado, consistentes en copias certificadas del cuadernillo administrativo PF/SLAJ/1252/2021, mismas a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, segundo párrafo, pues se trata de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Resulta aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Así también el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Las circunstancias anteriores, permiten establecer la certeza del acto reclamado y tenerse así para los efectos legales procedentes. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Del numeral transcrito en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa en su calidad de parte actora en el expediente 116/2014, del índice del Juzgado tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, al 1. Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, y 2. Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, ambos con residencia en esta ciudad, se hace consistir en la omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas por la parte quejosa mediante escritos recibidos el veinticuatro de septiembre y siete de octubre de dos mil veintiuno, quien es parte demandada en dicha contienda, en los que se le propuso un convenio judicial respecto al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada de treinta de enero de dos mil diecisiete y de la resolución interlocutoria de liquidación de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictadas en ese expediente. Asimismo, reclama el oficio número SH/PF/0601/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se le dio respuesta a dichas peticiones, y en el que se le propone llegar a un arreglo armonioso para la liquidación de la deuda establecida en la sentencia e interlocutoria de liquidación. Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables en su calidad de parte demandada en el juicio ordinario civil 116/2014, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación. Lo anterior es así, ya que el reclamo que realiza el impetrante del amparo, hacia el 1. Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, y 2. Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, ambos con residencia en esta ciudad, es en su calidad de prestador de servicios con la citada dependencia y en el cual piden el cumplimiento de sus obligaciones de pago derivados de esa relación administrativa que tienen con ella. En este orden de ideas, si el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsable, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo de trabajo, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duele el quejoso, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúnen las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es aplicable, la tesis P./J. 42/2001, cuyo rubro y texto es: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. Cabe destacar que en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 14/2000-PL que dio origen a la citada jurisprudencia 42/2001, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el estudio de dicha contradicción se circunscribía a determinar si el derecho de petición consagrado por el artículo 8º Constitucional, implica la obligación de funcionario o servidor público de dar contestación a la petición que un particular le formule en torno a una relación en que no actúe como sujeto de derecho público y sí, por ende, la relación existente entre el funcionario y el particular es relevante para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo, como medio de salvaguarda de las garantías individuales consagradas en la Carta Magna. En ese sentido, de acuerdo con esa jurisprudencia, es indispensable que la petición se dirija al servidor público en calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gorbernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Consecuentemente, el acto reclamado por el quejoso a las autoridades responsables 1. Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, y 2. Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, ambos con residencia en esta ciudad, consistió en la falta de respuesta a su escrito en el que en su calidad de contra parte, solicitó que se analizaran la propuesta de convenio de pago de las sentencias ejecutoriadas dictadas en el juicio ordinario civil de origen; por lo que, es evidente que no se trata de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino de un derecho de petición dirigido a una autoridad que no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que proviene de una relación de coordinación entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano. No se soslaya que el conflicto que pudiera derivar de la falta de respuesta a su solicitud puede ser reclamada ante las autoridades ordinarias del orden común competente. Apoya a lo anterior, la Tesis II.3o.A.32 A (10a.), cuyo rubro y texto dicen: NEGATIVA FICTA. CUANDO SE ACTUALIZA POR LA FALTA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN DE UN POLICÍA PARA QUE SE LE ASIGNE SERVICIO EN EL CARGO Y SE LE PAGUEN LOS SUELDOS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE DEJÓ DE PERCIBIR, EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBE, ADEMÁS DE RESOLVER SI SE CONFIGURÓ, PRONUNCIARSE RESPECTO DE LAS DEMÁS PRETENSIONES DEDUCIDAS PARA FIJAR CORRECTAMENTE LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece que las peticiones que se hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal en la referida entidad, deberán ser resueltas, por escrito, dentro de un plazo que no exceda de treinta días posteriores a la fecha de su presentación o recepción; en caso contrario, los interesados podrán solicitar a la autoridad ante la que presentaron su petición, la certificación de que ha operado en su favor la afirmativa ficta, que importa una presunción de decisión favorable a los derechos e intereses legítimos de los peticionarios. Tal certificación deberá expedirse dentro de los tres días hábiles posteriores y, de no ser así, los peticionarios acreditarán la existencia de la afirmativa ficta con el acuse de recibo que contenga el sello fechador original de la dependencia administrativa o con la constancia de recepción con la firma original del servidor público respectivo, siempre que no se trate de temas excluidos de su configuración por el propio precepto, en los cuales el silencio se considerará, contrariamente, como resolución negativa ficta. Así, ésta se actualiza por la falta de respuesta a la petición de un policía para que se le asigne servicio en el cargo y se le paguen los sueldos y demás prestaciones que dejó de percibir, por lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad debe, además de resolver que sí se configuró la negativa ficta, pronunciarse respecto de las demás pretensiones, para fijar correctamente la litis, lo cual implica considerar los aspectos derivados del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, así como de las tesis 2a. LIX/2011, 2a. LX/2011, 2a./J. 119/2011, 2a. LXX/2011 y 2a. LXIX/2011. En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado al 1. Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, y 2. Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, ambos con residencia en esta ciudad. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas ********************contra los actos precisados en el considerando segundo reclamado al 1. Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, y 2. Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, ambos con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando del presente instrumento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que el plazo de quince días concedidos al quejoso en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, para que ampliara la demanda de amparo, transcurre del diecisiete de julio a esta data, toda vez que fue notificado electrónicamente el catorce de esa misma anualidad. Asimismo, del estado de autos se advierte que el día de hoy está señalado para la celebración dela audiencia constitucional. Al efecto, se acuerda: En ese tenor, para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se procede a fijar las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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