Moisés Rodríguez Montes de Oca

Expediente 210/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
210/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Moisés Rodríguez Montes de Oca
  • Legislatura del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional la transcripción del proveído de tres de los cursantes, del que se advierte que, se admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por la persona quejosa **********, por propio derecho, contra el proveído de diecisiete de marzo de la presente anualidad, emitido por esta Juzgadora, mismo que quedó registrado bajo el número 242/2023 de su índice; circunstancia de la que toma conocimiento este órgano de control constitucional.

  2. Principal

    Estado de autos. Se encuentra integrado el expediente en que se actúa; esto es, que se han realizado las notificaciones a las partes respecto de los proveídos de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, así como del diverso de trece de abril del año en curso, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la persona quejosa ..., contra dicho auto. En consecuencia, previo desglose de autos y copia que se deje en su lugar del escrito de agravios, así como el juicio de amparo en que se actúa, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Turno, para su sustanciación.

  3. Principal

    La persona quejosa ...interpone recurso de revisión contra el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el presente asunto. Revisión. se tiene por interpuesto el recurso de referencia. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, esto es, que obren las constancias de notificación a las partes tanto del proveído recurrido, así como del presente auto; remítase el escrito de agravios y el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la sustanciación del medio de defensa hecho valer, al cual se anexará una copia del escrito de agravios para el fiscal federal adscrito a ese órgano colegiado.

  4. Principal

    la Titular de la Notaría Pública número Noventa y Cuatro del Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual en cumplimiento al proveído de nueve de marzo del año en curso, remite diversas constancias de las que se advierte el pago realizado por la persona quejosa XXXXXXX, ante dicha Notaría por concepto de honorarios, impuestos y erogaciones por la emisión de la escritura pública número treinta y nueve mil quinientos noventa y dos de su protocolo, otorgados ante la fedataria el veinte de diciembre de dos mil veintidós. Hecho del cual toma pleno conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la persona quejosa reclama el siguiente acto: Decreto por el que se promulgo el Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicado el nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la "Gaceta del Gobierno", Periódico Oficial de Gobierno del Estado de México, específicamente en cuanto al artículo 95, en su fracción I, numeral 6, y en su fracción II, numeral 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios y, sus reformas relativas a los rangos de valor de los actos a inscribir relativos a bienes inmuebles o contra actos mercantiles. En este sentido, este Juzgado Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de este ordenamiento legal. Ciertamente, los preceptos legales referidos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como quedo precisado en párrafos que anteceden, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Ahora bien, los plazos para promover el juicio de amparo se encuentran normados por el numeral 17 de la propia ley, el cual establece que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones allí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, para determinar la forma en que debe computarse dicho plazo, debe acudirse al artículo 18 del mismo ordenamiento1, que previene tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el término para la promoción del juicio, a saber: a) La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. b) La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Como puede verse, el aludido numeral 18 de la ley de la materia, prevé las diversas reglas para computar el plazo de quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda para tenerla oportunamente recibida, según la fecha en que el promovente haya tenido conocimiento de la existencia de los actos reclamados, tales como: la notificación, el conocimiento o la confesión. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el apartado a), es necesario que esté acreditado que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al promovente la resolución o acuerdo que combate, pues sólo de esta manera el lapso de quince días que concede el mencionado artículo 17, para promover la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación. Sin embargo, cuando se trata de las hipótesis referidas en los apartados b) y c), su actualización implica que el quejoso tenga conocimiento de cualquier manera de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; casos en los cuales no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días referido deba computarse a partir del siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Sentado lo anterior, se advierte que la demanda de amparo, mediante la cual la persona quejosa reclama el decreto por el que se promulgo el Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicado el nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la "gaceta del gobierno", Periódico Oficial de Gobierno del Estado de México, específicamente en cuanto al artículo 95, en su fracción I, numeral 6, y en su fracción II, numeral 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, consistente en el cobro de la cantidad pagada por concepto de derechos registrales por inscripción del contrato de compra-venta del inmueble ubicado en calle XXXXXXXX Estado de México, protocolizado ante la Notaría Pública Número Novena y cuatro del Estado de México, a través del testimonio que contiene la escritura treinta y nueve mil quinientos noventa y dos, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, resulta extemporánea. Para efecto de corroborar tal aseveración, se traen a contexto las constancias remitidas por la Titular de la Notaría Pública número Noventa y Cuatro del Estado de México, con residencia en Toluca, consistentes en: a) Recibo de depósito a cuenta de cheques por la cantidad de $XXXXXXX), de veinte de diciembre de dos mil veintidós; b) Recibo de depósito a cuenta de cheques por la cantidad de $XXXX), de veinte de diciembre de dos mil veintidós; y, c) Factura con número de folio CFD 0045433 de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, expedida a favor de la persona quejosa XXXXXX, por la cantidad de XXXXXXXXX). Constancias, a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Aunado a lo expuesto, es dable precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 945/2018, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, determinó: "(.) Es decir, si una norma general se controvierte en amparo con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero, la procedencia del juicio estará condicionada a que la demanda se haya presentado en tiempo respecto de ese acto el cual, tratándose de normas que regulan los elementos de un tributo, exige analizar si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, tradicionalmente cuando se trata de una retención que se lleva a cabo con motivo de la deuda que el tercero tiene con el contribuyente; o bien si los recursos respectivos se encuentran bajo el resguardo del contribuyente y con motivo de la realización del o de los hechos generadores debe entregarlos por concepto del tributo respectivo a un tercero que en auxilio de la administración lo recauda y lo entera a la hacienda pública. En este último caso se ubica el pago realizado por la parte quejosa a la Notaría Pública Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos con motivo de la entrega de los recursos correspondientes para cubrir las cantidades relativas al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y a los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como de sus respectivos adicionales. Ante ello, debe destacarse que el referido pago se realiza con la concurrencia de la voluntad del contribuyente ya que al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, es él quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación patrimonial en perjuicio de éste en la que se concreta lo previsto en las leyes tributarias que son fuente de esa afectación patrimonial. Por tanto, el inicio del cómputo del plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente, en tanto que éste tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, tiene lugar al día siguiente al en que el contribuyente entrega esos recursos al referido tercero auxiliar, pues en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial respectiva. Cabe resaltar que en el caso del pago de los impuestos sobre adquisición de inmuebles, en su caso del adicional que corresponda, y de los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, realizado por conducto de un notario público, éste no actúa con el carácter de autoridad, ya que la afectación patrimonial que genera al adquirente no se da en una relación de supra a subordinación donde unilateralmente éste modifica la esfera jurídica del adquirente, máxime que no se da sobre recursos que aquél tenga bajo su resguardo; por el contrario, para que se dé esa afectación patrimonial es indispensable que el adquirente acepte el monto que debe entregar al notario por un concepto diverso al del costo del inmueble, de allí que en esa afectación patrimonial realizada por un notario público en auxilio de la administración, concurre la voluntad del adquirente del inmueble respectivo. De esta circunstancia se sigue también que si la voluntad del contribuyente es determinante para que se dé el pago de esos tributos y, por ende, para que se dé la afectación patrimonial que puede servir de base para acudir al amparo para controvertir las normas generales que regulan el o los tributos respectivos, resulta indudable que al momento en el que se da la entrega de recursos al notario público, el adquirente del bien tendrá noticia plena de la afectación patrimonial, es decir, a partir de ese momento tendrá conocimiento de ésta. En ese orden de ideas, si el contribuyente pretende impugnar una norma general con motivo de su aplicación generada por un tercero en auxilio de la administración, es necesario que el amparo se promueva dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél al en que tuvo conocimiento pleno del acto en el cual se dio la respectiva afectación patrimonial, atendiendo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que si en la denominada "retención" realizada por el notario público concurre la voluntad del contribuyente, en cuanto a decidir el momento en el que entrega los recursos que tiene a su disposición, resulta indudable que éste tuvo noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decidió entregar el monto correspondiente y, por ende, el plazo de quince días para acudir al amparo con motivo de ese acto, con el objeto de controvertir las normas generales que se pudieron concretar en aquél, inicia al día siguiente al en que entregó el monto del tributo al notario público. En efecto, al realizar la contribuyente -en un plano de coordinación- el pago de los tributos respectivos, es decir, al llevar a cabo las erogaciones correspondientes con base en recursos que se encuentran a su disposición, de ello se sigue que se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración como retenedor o recaudador, hace de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación patrimonial respectiva, en la inteligencia de que al provenir los recursos de su patrimonio, es indudable que al momento de realizar el entero de los tributos respectivos al referido tercero, tuvo conocimiento pleno de la existencia de esa afectación patrimonial, por lo que si considera que la fuente legal de dicha afectación es inconstitucional, a partir de ese momento inicia el cómputo del plazo de quince días para controvertir en amparo la validez del sustento normativo de dicha afectación. Sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes que son aplicadas a partir de un pago realizado con recursos que se encuentran a su disposición, sin necesidad de un acto proveniente de una autoridad, en tanto que a pesar de que la afectación patrimonial respectiva tendrá lugar cuando concurra la voluntad de la contribuyente que erogará el tributo respectivo, el plazo para la impugnación de la normativa que rija esa prestación patrimonial no comenzaría a partir de que conoce a plenitud esa afectación, sino sólo desde el momento en el que decida conocer la fuente jurídica de su obligación, aun cuando pudo optar por no sufrir el impacto patrimonial respectivo en tanto no tuviera noticia plena de esa fuente normativa. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la circunstancia de que en el documento en el que conste el referido acto de retención o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se hubieren citado las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que la quejosa tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello, decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo lugar, porque la participación del notario público que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, de donde sigue que este último no impone su voluntad al contribuyente. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos por inscripción en el registro público de la propiedad con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de quince días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación. Bajo esa perspectiva, resulta indiscutible que por lo menos desde el día veinte de diciembre de dos mil veintidós, fecha en la cual la persona quejosa ingresó los pagos de derechos a través de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat -según se advierte de los recibos de depósito a cuenta de cheques por las cantidades de XXXXXXXXX) ambos de veinte de diciembre de dos mil veintidós-, constituye la data en la cual tuvo conocimiento de su afectación patrimonial; aunado a que el impetrante expone que la escritura fue firmada el veinte de diciembre de dos mil veintidós. De ahí que, el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, contaba a partir del día siguiente de ese hecho, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal citado. Es decir, el plazo para combatir el acto de aplicación reclamado transcurrió del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, al diez de enero del año en curso, lo anterior, sin contar los días inhábiles. Se arriba a lo anterior, en virtud de que el contribuyente es quien tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos para el pago del entero respectivo, por lo que, se reitera, el plazo de quince días para presentar la demanda inició el día siguiente a aquel en que entregó esos recursos al tercero que actuó en auxilio de la administración (Notario Público); además, la persona quejosa se encontraba en la posición jurídica y material de exigir al tercero auxiliar, que hiciera de su conocimiento la norma aplicable al caso, por lo que si optó por realizar el pago respectivo, sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible a la propia contribuyente. Entonces, si la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, el diez de febrero de dos mil vientitrés, como se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de dichos juzgados, resulta extemporánea su presentación, actualizándose así la causa de improcedencia invocada. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el decreto por el que se promulgo el Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicado el nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la "Gaceta del Gobierno", Periódico Oficial de Gobierno del Estado de México, específicamente en cuanto al artículo 95, en su fracción I, numeral 6, y en su fracción II, numeral 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios y, sus reformas relativas a los rangos de valor de los actos a inscribir relativos a bienes inmuebles o contra actos mercantiles; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional; estos es, las once horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación.

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