Moises Rivera Flores
Expediente 1133/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1133/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Moises Rivera Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1133/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por *** contra actos que reclama de la Directora del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. (...) SEXTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En el presente asunto, se advierte la actualización de dos causales de improcedencia, por tanto, se abordarán en apartados diferentes. I. Causal de improcedencia respecto la falta de contestación y/o respuesta al escrito de siete de febrero de dos mil veintitrés. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que en consecuencia, conforme al numeral 63, fracción V de la indicada legislación, se debe sobreseer en el juicio de amparo. En efecto, de las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado, se advierte que el veinticinco de abril del año en curso la Directora Estatal del Programa Jóvenes Construyendo al Futuro en el Estado de Yucatán emitió el oficio UPJCF/DGAT/DEY/001/2023 mediante el cual le dio respuesta al escrito de siete de febrero de dos mil veintitrés del quejoso presentado en la misma fecha. En consecuencia, si el acto combatido en esta vía constitucional se hizo consistir en la omisión de dar contestación al escrito de siete de febrero de dos mil veintitrés, presentado en la misma fecha, mediante el cual solicitó vincularse al Centro de Trabajo denominado "Despacho Jurídico Méndez & Asociados" con folio de registro 831191, y durante la tramitación de este juicio de amparo, la responsable dio contestación a dicho escrito, el cual le fue remitido vía correo electrónico al aquí quejoso, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas se encuentran en el estado en que estaban hasta antes de la aludida violación, como si se hubiera concedido el emparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto el acto reclamado consistente en la falta de contestación al escrito de siete de febrero de dos mil veintitrés. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: (.) II. Causal de improcedencia respecto la baja como aprendiz del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la implementación de la estrategia escalonada en dicho programa y discriminación por su edad (30 años). Respecto el acto reclamado consistente en la baja como aprendiz del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la implementación de la estrategia escalonada en dicho programa y discriminación por su edad (30 años), el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen lo siguiente: (.) De los dispositivos antes reproducidos, se advierte que, para efectos del juicio de amparo, la autoridad responsable es el ente de hecho o de derecho, que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para ello, se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto de: A) Las relaciones jurídicas de coordinación; B) Las de supra a subordinación; y, C) Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional lo es el juicio de amparo. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa y jurisdiccional, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, el acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Lo anterior, quedo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: (.) Ahora, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo dispone, por regla general, que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general." Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. De esta forma, si bien es verdad que los actos provenientes de particular, por regla general, no son susceptibles de control constitucional por vía de amparo, lo cierto es que dichos actos de particular, por excepción, sí pueden ser materia del juicio constitucional cuando su contenido pueda equipararse a los actos de una autoridad, y de la interpretación sistemática de lo señalado en el precepto 5, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que esa situación equiparable se presenta cuando se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria. Así, los elementos esenciales para reconocer a una autoridad respecto al comportamiento de los particulares susceptible de control constitucional por vía del amparo indirecto se presentan cuando un particular en agravio de otro le crea, modifica o extingue situaciones; además, esas situaciones creadas por el particular respecto del otro tienen un contenido jurídico, es decir, se basan en el marco normativo, y además son impuestas de forma unilateral y obligatoria. En el caso, como se dijo se expuso anteriormente, los actos reclamados por la parte quejosa consistentes en la baja como aprendiz del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la implementación de la estrategia escalonada en dicho programa y discriminación por su edad (30 años), no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, debido a que se advierte que la parte quejosa suscribió una carta compromiso el pasado dieciséis de junio de dos mil diecinueve, para acceder al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que, se sometió a los lineamientos para la operación del referido programa de manera coordinada, sin que exista relación laboral entre las partes; de ahí que lo que reclama no constituye actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ello en razón de que las autoridades responsables no actúan con el imperio de su soberanía, sino realizan actos, que se ubican en el mismo plano de coordinación que éstos. De ahí que deviene la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, ello pues los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Por lo expuesto, la relación que existe entre la autoridad responsable y la parte peticionaria de amparo, no se ubica en un plano de supra a subordinación ya que no deriva de una relación de trabajo; de ahí que los actos atribuidos no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que dicha organización no emitió el acuerdo reclamado ni realiza actos tendientes a ejecutarlo; de ahí que no es factible tenerla como autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I. 6º. T. J/28 (10ª), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, Décima Época, registro 2011343, que a la letra señala: (.) En las relatadas condiciones, toda vez que los actos que reclama el quejoso no son de autoridad, se considera actualizada la causa de improcedencia antes invocada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo. Aunado al hecho, que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se advierte que si bien formó parte del referido programa, durante ese periodo no se encontraba prestando sus servicios en algún centro de trabajo registrado ni tampoco fue vinculado a alguno de ellos. Por lo anterior, resulta innecesario estudiar los conceptos de violación formulados por el accionante del amparo, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: «SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO». Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra actos de la Directora del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por los motivos expuestos los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso se agregaron al presente asunto los informes justificados rendidos por la Titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Yucatán de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y por el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, promoviendo en ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos y en representación de la Directora del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la citada secretaría, con sede en la Ciudad de México. Ahora bien, del informe de la última autoridad en cita, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en la falta de contestación y/o respuesta al escrito de fecha 07 de febrero del año 2023 el cual fue presentado ese mismo día en las oficinas que ocupa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social", dicha autoridad refiere que sí se le dio trámite a su petición y la misma fue atendida oportunamente mediante oficio******************** de veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Sin que se advierta que se haya ordenado la notificación personal de dicho acuerdo, ni que se hubiera prevenido a la parte quejosa a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo derivado de la vista del aludido informe justificado. Por tanto prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste si desea ampliar su demanda de amparo respecto el oficio******************** de veinticinco de abril de do mil veintitrés (con el cual se le dio contestación a su escrito presentado el siete de febrero de la misma anualidad). Apercibida que, de no cumplir con lo requerido en el término concedido, se seguirá el trámite del presente juicio respecto de las autoridades y por los actos señalados inicialmente en su escrito de demanda y conforme a las constancias que obren en autos. En el entendido que de ser afirmativa su respuesta, deberá presentar el escrito correspondiente cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. Cabe citar, respecto a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA." Por lo antes acordado, a fin de dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
MESA II. MESA II. Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no tiene documentos originales ni se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, ya que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo que se ordenó formar, con las constancias remitidas por la FISCAL INVESTIGADORA ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES (AGENCIA SEXUAL UNO), DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por quien suscribe en representación de Comisión Federal de Electricidad, Distribución, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, como solicita, toda vez el usuario ********************se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Asimismo, ténganse como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el señalado su informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo. De igual manera, téngase por señalado el correo electrónico que proporciona en su escrito, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, para ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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