Moisés Ramos Uribe
Expediente 520/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2019
Partes del expediente
- Moisés Ramos Uribe
- Gobernador del Estado de Chiapas
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso signado por el quejoso Moisés Ramos Uribe, mediante el cual solicita la devolución del documento que exhibió en este juicio anexo a su escrito de demanda y autoriza a Roxana Montesinos Cruz para recogerlo; en atención a ello, se provee: Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, hágase la devolución del documento a que hace alusión el quejoso, teniéndose por autorizada para recibirlo a la persona que menciona, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto, deberá acudir a este Juzgado con copia de su identificación, en día hábil, preferentemente dentro del horario comprendido entre las diez y trece horas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Alejandro Sánchez de la O, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la comisión otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal al Juez José Antonio Lozano Batarse, titular de este Juzgado de Distrito, mediante oficio SEADS/242/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de adscripción; así como el diverso CJ/ST/707/2019, del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, ambos del citado Consejo; asistido de la secretaria que autoriza Liseth del Carmen Suárez Vidal, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.CLCG
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de abril de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del: 1. Gobernador del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 520-2019-III. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a Que exista un motivo de improcedencia y b Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional: " a.- A la autoridad señalada como responsable, le reclamo el haberme hecho nugatorio el derecho de petición, al no contestarme el escrito que presenté el día 22 veintidós de marzo de la presente anualidad, no obstante el tiempo transcurrido desde que lo presenté ante la Oficialía de Partes, hasta la presente fecha hay un lapso considerable de tiempo, pues si bien es cierto que Nuestra Carta Magna, no establece el tiempo preciso, cierto es también, que ante la gravedad de las circunstancias en que me encuentro no amerita dilación alguna, habida cuenta que se encuentran en mi predio personas completamente armadas, con rifles de alto calibre, como se puede apreciar a simple vista de las copias de las fotografías que al efecto acompaño, sin permiso de autoridad competente dejándome en completo infortunio, cuando es un deber del estado, hacer valer el estado de derecho." Ahora bien, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". . "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." . "ARTÍCULO 18.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, organismo descentralizado o paraestatal resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." Del artículo 8 Constitucional, deriva el derecho humano de petición, cuyo titular es el gobernado en general, o sea cualquier persona física o moral que tenga tal carácter, lo que deriva como derecho subjetivo público individual consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna; esto es, cualquier gobernado tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular determinada petición, siempre y cuando ésta se haga como sigue: a Por escrito; y, b De una manera pacífica y respetuosa. Solicitud que deberá ser contestada en breve término por la autoridad ante la cual se haya presentado. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquélla se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 470, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, visible en el Apéndice de 1975, Parte III, Sección Administrativa, página 767, registro digital 395221, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 390, registro digital 213551, cuyo epígrafe y texto dicen: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si en la ley que rige el acto reclamado, se encuentra reglamentado el ejercicio del derecho de petición, de modo tal que exista disposición expresa en relación con el término en que la autoridad de que se trate, debe dar respuesta a la petición formulada, y solo se considerará que se transgrede el artículo 8º de nuestra Carta Magna, si no se observa el término que la ley que rige el acto reclamado, otorga a la autoridad para atender una petición presentada ante ella. En el caso concreto, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, la falta de respuesta a su petición efectuada mediante escrito presentado ante la responsable con sello de recibo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Luego, atendiendo a los numerales 1 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, los cuales dicen lo siguiente: "ARTÍCULO 1.- las disposiciones del Libro Primero de esta Ley son de orden e interés Públicos, y se aplicaran a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal, a los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado o los Municipios presten de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el Estado o los municipios." . "ARTÍCULO 18.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, organismo descentralizado o paraestatal resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo." Por ello, debe decirse que, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el promovente antes de acudir al juicio de amparo, debió adecuarse a los términos que establece el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, toda vez que dicha ley es la que corresponde resolver los actos y procedimiento y resoluciones administrativas en la cual se evidencia, que corresponde a los organismos Públicos del Estado, la obligación de resolver lo que corresponda a las peticiones que se les formulen, lo cual no podrá exceder de tres meses; de ahí que este juzgador estime aplicable al caso el término antes aludido para que la autoridad atienda la petición elevada ante ella. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el quince de abril de dos mil diecinueve, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta reclama, se realizó el veintidós de marzo del año en curso; en tal razón, el juicio constitucional fue promovido habiendo transcurrido menos de un mes después de haberse elevado la solicitud de mérito ante la autoridad responsable. En estas circunstancias, si se toma en cuenta que el quejoso debió adecuarse al plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, esto es, al término específico para que las responsables, deban dar contestación a su escrito dentro del término de tres meses el cual no podrá exceder de dicho término, a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había transcurrido. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la tesis aislada XIX. 1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IV, septiembre de 1996, página 633, registro digital 201387, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. ." Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto negativo reclamado; por tanto, si en un plazo de tres meses, el promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágase del conocimiento a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que las omisiones en que incurren las autoridades son de tracto sucesivo. Lo anterior, para que este juzgador esté en aptitud de determinar la actualización del caso de excepción establecido en la jurisprudencia 48-2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, esto es, que en el caso existe una abierta dilación del procedimiento. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que no se tiene la certeza de la ejecución o realización del acto referido y se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. .". Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda, que señala en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***toda vez que su cédula no se encuentra en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente; sin que sea el caso tener como representante común al primero de los autorizados, toda vez que la designación a que alude el artículo 13 de la Ley de Amparo, se refiere a los quejosos, terceros interesados y no a los autorizados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http:--www.cjf.gob.mx-consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes FESE cuya liga es htlp:--www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1-2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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